- La tensión estaba en el aire. Es que las relaciones internas en la Convención quedaron afectadas, luego del episodio del jueves en la noche, cuando se rechazó en general el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, por lo que convencionales de Movimientos Sociales y la Coordinadora Plurinacional “funaron” y acusaron de traidores a sus pares del Colectivo Socialista por rechazar o votar en contra. Una performance alimentada por sus asesores que increparon a convencionales y la prensa acreditada cuando se pidió alguna autocrítica.
- El episodio no es menor, porque las relaciones tensionadas y las confianzas políticas dañadas, pueden ser factores que compliquen la necesidad de acuerdos y consensos, tanto en la reformulación completa que debe hacer Medio Ambiente de su informe -estatutos constitucionales de las aguas, tierras, energía, minería, sistema económico y política fiscal- como en conseguir los votos para que sean aprobados en el pleno. Todo en las tres semanas que restan de trabajo a las comisiones y las votaciones de normas del pleno.
- El tema estaba instalado en la jornada de este viernes. No fueron pocos los constituyentes que opinaron del episodio, otros tantos lo cuestionaron y hasta la mesa directiva, encabezada por María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez, tuvo que hacerse cargo públicamente de lo sucedido con una débil declaración ante la prensa.
- “Sentimos mucho lo ocurrido ayer. Tenemos que respetar el diálogo que hemos impulsado por todos estos meses y seguir construyéndolo día a día es parte de la democracia. Tenemos posturas distintas y siempre las hemos sabido llevar con respeto, así que reiteramos el llamado a respetar el reglamento que nos hemos dado” dijo la presidenta de la Convención. Agregó que su llamado es extensivo “a nuestros asesores, a mantener el respeto; también disculparnos con la prensa por cosas que han ocurrido que sentimos profundamente, y vamos a velar por que esas cosas no vuelvan a ocurrir”.
- Domínguez, en tanto, acotó que “hemos tenido y seguiremos teniendo profundas diferencias. Los temas que restan discutir son probablemente los que más encienden pasiones de los sectores y tenemos que estar a la altura para discutir con argumentos y no con descalificaciones”.
- Con este contexto sesionó, desde las 9: 30 horas el pleno, para debatir y votar, en general y particular el segundo informe de la comisión de Sistema Político con 29 normas sobre probidad y transparencia, buen gobierno, Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, relaciones internacionales y Estados de Excepción.
- Tras cuatro horas de debate, el informe se aprobó en general por 106 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones. En particular, se aprobaron -total o parcialmente- 18 de los 29 artículos propuestos, los que pasaron directo al borrador de la nueva Constitución, el que llegó a las 290 normas.
- Los que fueron rechazados, volvieron a la comisión para ser reformulados para una segunda propuesta constitucional.
Probidad y Transparencia
- Con 111 votos a favor, se aprobó el artículo 1°: “Con la finalidad de garantizar la integridad pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, los órganos competentes en la materia deberán coordinar su actuar a través de la instancia o mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines, en la forma que determine la ley”.
- También fueron aprobados los artículos sobre el principio de probidad que “consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” (122 votos a favor); el principio de transparencia, que “exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera, independiente del uso que se le dé, facilitando su acceso y procurando su oportuna entrega y accesibilidad” (111 votos) y el de rendición de cuentas de los órganos del Estado y quienes ejerzan una función pública (116 votos).
- El derecho de acceso a la información pública se aprobó con 115 votos: “Todas las personas tendrán el derecho a buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad pública, en la forma y condiciones que establezca la ley”.
- Además, pasó al borrador que “el Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado e imparcial con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública” (108 votos).
- El articulo 7 sobre corrupción fue aprobado con 126 votos a favor. Señala que “la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. El Estado tomará las medidas necesarias para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción”. Y con otros 128 votos el artículo 8° en que el Estado “asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción”.
- El ejercicio de las funciones públicas se regirá “por los principios de probidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. Las autoridades electas popularmente, y las demás autoridades y funcionarios que determine la ley, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública” (115 votos) y para “las altas autoridades del Estado la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas” (119 votos).
- Lo que se rechazó en el pleno -88 votos a favor, 30 en contra y 32 abstenciones- fue el artículo 11 sobre las remuneraciones de las autoridades elegidas por elección popular fijadas por una comisión “así como de quienes sirvan de confianza exclusiva de ellas. Las remuneraciones serán fijadas cada cuatro años, con al menos dieciocho meses de anterioridad al término de un periodo presidencial. Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán garantizar una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo”.
- Además, por tres votos (100 votos a favor, 26 en contra y 22 abstenciones) se cayó la norma sobre colegios profesionales entendidos como “corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley”.
- Y por solo un voto -102 votos a favor, 2 en contra y 43 abstenciones- fue rechazado el prohibía optar a cargos públicos y de elección popular a “las personas condenadas por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar en sede penal, en los términos y por el plazo que establezca la ley”.
Fuerzas Armadas
- El artículo sobre monopolio estatal de la fuerza se rechazó con 99 votos a favor, 27 en contra y 24 abstenciones, por lo que será reformulado en la comisión.
- Sí se aprobó (106 votos a favor) que al Presidente de la República “le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la defensa nacional. La disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la Política de Defensa Nacional y la Política Militar. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán comprender los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales”.
- Con otros 108 votos, pasó al borrador de la nueva Constitución que las Fuerzas Armadas “están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas”.
- Dicho artículo añade que “deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución” y que son “instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”. Sus miembros “estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia” y “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”.
- Y con otros 108 votos que “el Congreso supervisará periódicamente la ejecución del presupuesto asignado a defensa, así como la implementación de la política de defensa nacional y la política militar”.
Seguridad Pública
- Fueron rechazados los tres artículos sobre el tema. Solo tuvo 83 votos el que al Presidente de la República “le corresponde la conducción y mantención de la seguridad pública. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la seguridad pública” y que “la disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales” (97 votos).
- Tampoco logró el umbral de 2/3 la norma que señala que las policías “dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”, que “deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución”, que son “profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes”, que estarán sujetas “a controles en materia de probidad y transparencia”, sus integrantes “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular” y que la “educación policial se funda en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.
- También se rechazó que “las policías están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones” (84 votos).
Relaciones internacionales
- Por 104 votos, se aprobó que las relaciones internacionales chilenas son la “expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados. De igual forma, se compromete con la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los Derechos Humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos”.
- Añade que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”.
- Pero se rechazó -80 votos a favor, 47 en contra y 24 abstenciones- la norma en que se deja “a la Presidenta o Presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales”.
Estados de Excepción
- De las ocho normas propuestas, se aprobaron cuatro. Una, sobre el Estado de Catástrofe que “en caso de calamidad pública, lo declarará la Presidenta o Presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a treinta días”. El Mandatario, además, “estará obligado a informar al Congreso de Diputadas y Diputados” de las medidas adoptadas, sólo podrá declararlo por un período superior a 30 días con acuerdo del Congreso y las zonas en las que se aplique “quedarán bajo la dependencia inmediata de la Jefa o Jefe de Estado de Excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por la Presidenta o Presidente de la República. Ésta asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale” (108 votos a favor).
- Con justo 103 votos, pasó al borrador la norma sobre ejecución de las medidas de excepción: “Los actos de la Presidenta o Presidente de la República o la Jefa o Jefe de Estado de Excepción, que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional, deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción, y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos. Las fuerzas armadas y policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la autoridad civil a cargo del estado de excepción”.
- Con otros 103 votos se aprobó que “una ley regulará los Estados de Excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos, en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales, ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares”. Este artículo añade que la ley regulará el modo en que el Presidente y las autoridades “que éste encomendare rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas extraordinarias adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución”.
El último artículo del informe fue sobre control jurisdiccional: “Las medidas adoptadas en ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional, podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma” (106 votos).
- Los artículos rechazados en este tema son los relacionados con la suspensión o limite del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el Estado de Asamblea, el Estado de Sitio y el que establece una “Comisión de Control dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados” que fiscalice las medidas adoptadas bajo el Estado de Excepción.
