Hace unos días, los ministros de Hacienda, Mario Marcel y del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, presentaron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar, y modifica otras leyes (Boletín N° 17508-05), iniciativa que ingresó con suma urgencia.
El ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo ha señalado que el reajuste que se propone, “justamente busca avanzar en un alza que durante el 2025 llegará a los $529.000 y en enero del 2026 a $539.000, que en la práctica es que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo y con la inflación proyectada a finales de nuestro Gobierno, esos montos equivalgan justamente a $500.000 de hoy, pero además que puedan justamente superar la línea de la pobreza”.
A su vez, a partir del 1º de mayo de 2025, el ingreso mínimo mensual para los(as) trabajadores(as) menores de 18 y mayores de 65 años se elevará a $394.622, y a contar del 1° de enero de 2026 a $402.082. Y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales, a partir del 1º de mayo de 2025 ascenderá a $340.988, y a partir del 1° de enero de 2026, a $347.434.
Alertaley.cl conversó con el diputado, Agustín Romero (Republicanos) y que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, sobre los alcances de la discusión en torno al reajuste del ingreso mínimo, si está de acuerdo o no y cómo observa la postura del gobierno al entregar una propuesta de $529.000
¿Qué piensa de la idea del gobierno, transmitida a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuanto al ingreso mínimo garantizado?
-Lo que ha dejado en evidencia el ministro Marcel es que las prioridades del Gobierno no están centradas en la inversión ni en el crecimiento económico, sino en cumplir compromisos políticos con la CUT y mantener el respaldo de ciertas organizaciones sindicales. Lo técnico queda supeditado a lo ideológico. Se habla de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo se comprometen recursos sin respaldo productivo, lo que es un contrasentido.
¿Cómo definiría la propuesta de ingreso mínimo del Gobierno de $529.000?
-Es una medida con buenas intenciones, pero mal ejecutada. El Gobierno parece confundir voluntarismo con buena política pública. Subir el salario mínimo sin fundamentos técnicos ni respaldo de productividad, en un contexto de bajo crecimiento, es una receta riesgosa. Es como dispararse a los pies, porque el golpe no lo va a recibir el Gobierno, lo va a recibir la pyme que no puede contratar, el joven que no encuentra trabajo y la familia que ve cómo se encarece todo, y el ministro Marcel ya no estará para dar la cara.
¿Definitivamente el incremento del ingreso mínimo impacta en el mercado laboral y cómo lo hace?
-Depende de cómo se implementa y en qué contexto. Si el salario mínimo se ajusta por sobre lo que el mercado puede absorber, termina generando informalidad, frena la contratación de trabajadores jóvenes y de baja calificación, y en casos extremos, puede llevar al cierre de pequeñas empresas. El problema es que este proyecto no se basa en una mejora de la productividad ni en una recuperación robusta de la economía. Así, el riesgo es que termine perjudicando a los mismos trabajadores que dice querer proteger.
¿Cuáles son los costos económicos?
-El costo más directo es fiscal: más de 65 mil millones de pesos en régimen, pero el verdadero costo es más profundo.
¿A qué costo puntualmente se refiere?
– Se desincentiva la contratación formal, se precariza el empleo y se obliga al Estado a subsidiar lo que el mercado no puede sostener. Es una política que puede generar más dependencia estatal sin resolver las causas estructurales del estancamiento económico.
Usted ha señalado que no basta con prometer ayuda, cuando se habla de una compensación para las miniempresas cuando el ingreso mínimo exceda la inflación.
-Efectivamente, el Gobierno contempla un subsidio condicionado para ese escenario. Pero estoy en contra de cualquier intervención de este tipo en los salarios. Sólo reconocer la necesidad de establecer un subsidio, deja claro que el alza es desmedida y que afecta a las pymes. No basta con prometer ayuda: las pymes necesitan certezas y reglas claras. Tal como está planteado, el subsidio es un parche o un placebo, no una solución estructural para mejorar las rentas.
Diputado Agustín Romero (Republicanos) y aumento del ingreso mínimo: “la prioridad del gobierno no es el crecimiento, sino cumplir compromisos políticos”
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