- El aire se corta con cuchillo en la Convención después de la votación de esta tarde en el pleno, cuando se rechazó en general el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que contenía 52 artículos y 89 indicaciones sobre -entre otros temas- los estatutos constitucionales de las aguas, territorio marítimo, de la energía, minerales; derechos humanos ambientales, soberanía alimentaria, el sistema económico y la política fiscal.
- Tras cuatro horas de debate, se hizo la votación en general: 98 a favor, 46 en contra, 8 abstenciones. Por lo alcanzar el quorum de 2/3 (103 votos), el documento fue devuelvo a la comisión para que sea rediscutido y reescrito íntegramente, en un plazo máximo de 15 días.
- Un punto no menor es que este informe contenía tres bloques temáticos de la comisión, queda menos de un mes para que concluya el trabajo de las comisiones temáticas y el pleno vote las normas que irán al borrado de la nueva Constitución, el que debe estar listo el 16 de mayo.
- El resultado en el pleno fue un balde de agua fría para los coordinadores de la comisión de Medio Ambiente, Juan José Martín y Camila Zárate, como para varios de los convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.
- Además de los votos de la derecha, convencionales del Colectivo Socialista, del Colectivo del Apruebo y uno de escaños reservados rechazaron o se abstuvieron, lo que hizo caer el informe.
- La posibilidad rondó durante toda la jornada, porque desde el inicio del pleno se sabía que el informe generaba reparos en varios sectores, principalmente porque se consideraba que no había una mayor sintonía entre la mirada económica con la medioambiental.
- En las horas previas a la sesión y durante esta se comentaba en la Convención la opción de rechazar en general -tal como sucedió hace más de una semana con un informe de Sistemas de Justicia- precisamente para dar tiempo a la comisión de reformular propuestas, afinarlo y buscar un mayor consenso en torno a los artículos.
- La otra alternativa que se barajaba era aprobar en general el informe y que, al menos, la mitad de este se rechazara en articular para que fueran reformulados en la comisión. Ciertamente ese era el escenario que barajaban los coordinadores de Medio Ambiente y Modelo Económico, los que tras la sesión del pleno dieron un punto de prensa notoriamente desencajados y molestos.
- “Se le ha dado la espalda a la ciudadanía, a las comunidades, a la población y a los territorios que hace años estamos movilizándonos para lograr estas grandes reivindicaciones (…) espero que quienes rechazaron o se abstuvieron mediten, mediten lo que hicieron el día de hoy”, recalcó Zárate notoriamente molesta.
- Martin agregó que “esto es absolutamente lamentable y un revés a las confianzas que estaban depositadas en los acuerdos que trae este informe (…) confianzas que hoy no fueron cumplidas, esto por supuesto trae complejidades”. En ese punto, Zárate insistió en que “había acuerdos, conversaciones, hicimos un diálogo transversal con todas las fuerzas transformadoras”.
- Dicho eso, casi en forma de “funa” la convencional Constanza San Juan leyó ante las cámaras de televisión uno a uno los nombres de los convencionales que votaron en contra o se abstuvieron acusándolos de haber tomado una «decisión irresponsable”. Otros convencionales gritaban “traidores”, algo que ya habían hecho en el pleno al concluir la sesión.
- Un eje del informe eran los artículos sobre el estatuto constitucional de las aguas. En este se señalaba que el Estado tiene el deber de protegerlas, también su ciclo hidrológico, y que el orden prioritario de su eso es “el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas”.
- Al respecto, el Estado está autorizado a permitir el uso de las aguas, pero ese “será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento», sujeto a obligaciones de protección y a causales de caducidad y revocación.
- Uno de los artículos propone que “la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación”.
- Otro de los puntos complejos eran las normas relacionadas con la minería. “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional” rezaba el informe.
- Se especifica que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional”.
- Además, “toda actividad minera debe restaurar la Naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre o paralización”.
- En el articulado se precisó que las autorizaciones mineras no otorgan propiedad, serán temporales, con un procedimiento “transparente e informado a la ciudadanía” y la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de dichos permisos corresponderá a “un órgano administrativo”.
El debate previo
- A las 12: 30 comenzó el debate del informe en el pleno, donde quedaron en evidencia las discrepancias que generaban distintos puntos del informe.
- El convencional, Roberto Vega (RN), precisó que “en materia de alimentación, si bien se menciona un concepto que es la soberanía alimentaria, dista mucho que este pueda traer el bienestar que todos necesitamos.
- Su par del Frente Amplio, Damaris Abarca, destacó que las normas sobre el estatuto constitucional del agua permiten “avanzar hacia una nueva forma de administración hídrica” y que “es una alternativa real para hacer frente a un país que se está quedando sin agua en medio de una crisis climática”.
- La constituyente Manuela Royo (Modatima) interpeló a sus pares representantes de los sectores “que durante años han lucrado con el agua, que reparen el daño que se ha realizado y recordarle al oficialismo, que ningún programa de gobierno ni política pública, será posible si no detenemos el saqueo del agua”.
- El constituyente, Cristián Monckeberg (RN), puso el foco en el sistema económico: “¿Dónde está la persona?, ¿Dónde está la iniciativa privada? (…) nos acordamos de la persona para que contribuyan al financiamiento del gasto público, pero no decimos nada respecto del apoyo del Estado a su esfuerzo”.
- Desde la UDI, Pablo Toloza, advirtió que “si se aprueba este informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, les aseguro que no habrá ni un peso para pagar derechos sociales. Este informe lo que hace no es otra cosa que destruir el empleo en nuestro país”.
- El DC, Fuad Chahín, cuestionó a la derecha por frenar por décadas cambios importantes en materia medioambiental y económica, pero también a los colectivos de izquierda por llevar las propuestas al extremo. “Lo que ocurre con el informe es que genera un conjunto de normas que va a generar incerteza jurídica, la incertidumbre ahuyenta la inversión y sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay desarrollo y sin desarrollo los derechos van a estar en el papel”.
- La constituyente de escaños reservados, Isabel Mamani, precisó que era “trascendental que este proyecto de Constitución y que el Estado garantice de una manera especial el derecho al agua de pueblos indígenas, particularmente para aquellos que viven en zonas extremas del país, protegiendo los usos tradicionales”
