- Fueron 40 días de plazo para estudiar y conocer la opinión de académicos y autoridades, y así evaluar las normas propuestas en el anteproyecto de Constitución. Solo la jornada del lunes estuvo marcada por una intensa ronda de reuniones de trabajo de las bancadas para arribar a un total de 1.069 propuestas de enmiendas al texto que propuso la Comisión de Expertos.
- Tras cumplirse el plazo de las 23:59 horas del lunes 17 de julio, la secretaría del Consejo se dedicó todo el martes a revisar y compaginar los documentos, corregir errores, detectar duplicidades de propuestas, para sistematizar la avalancha de enmiendas con miras al trabajo que deberán realizar con estas las cuatro comisiones temáticas.
- El 1 de agosto comienza el periodo de debate y votación de normas en las comisiones -Derechos, Principios, Sistema Político y Función Jurisdiccional-, donde se requiere de 3/5 de sus votos para ser aprobadas y pasar así al pleno. Ese proceso durará todo el mes.
- Un elemento fundamental en este proceso es la correlación de fuerzas políticas en el Consejo Constitucional. La derecha por sí sola tiene poder de aprobación de normas, porque en conjunto republicanos, la UDI, RN y Evópoli tienen 33 votos del pleno, tres más del umbral de 3/5 que establece el reglamento para aprobar normas y que queden en la propuesta final. Son 22 consejeros republicanos, 6 de la UDI, 4 de RN y 1 Evópoli.
- Con esas cifras, no son un dato menor las 4 indicaciones que los partidos de derecha presentaron en conjunto, en las que consagran la libertad en salud, educación, pensiones y la creación de dos capítulos adiciones en el anteproyecto, uno sobre las Fuerzas Armadas y otro sobre seguridad.
- La derecha no necesita llegar a ningún acuerdo con el oficialismo para que sus cuatro indicaciones queden incorporadas en el texto final de nueva Constitución. Con esas cuatro normas -se ha criticado tanto desde el oficialismo, como juristas, analistas y comisionados- se modifica sustancialmente el sentido y enfoque original del anteproyecto, porque no solo plasman los ejes doctrinarios claves de dicho sector, sino que el texto pierde el tenor neutro que los expertos trataron de imprimir al lograr consensos transversales en todos los temas.
- En salud, la enmienda de Republicanos y Chile Vamos señala que “cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”.
- En materia de pensiones, la propuesta es: “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno».
- Sobre ambos puntos, desde el oficialismo y expertos de la comisión se ha puesto énfasis en que las enmiendas buscan “constitucionalizar a las isapres y las AFP” y que representan una “salvataje constitucional” para dos modelos privados altamente cuestionados por la ciudadanía. Puntualmente sobre las pensiones, la preocupación pasa por la consagración de la capitalización individual, sin dejar margen a avanzar a un sistema mixto ni menos un fondo solidario, que es lo que busca la actual reforma que impulsa el Gobierno en el Congreso.
- Sobre educación, la indicación de la derecha señala que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.
- En este punto, republicanos ingresó una indicación complementaria sobre el deber del Estado de asegurar “la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”, lo que apunta a prohibir constitucionalmente los paros de profesores y estudiantes.
- Sobre las Fuerzas Armadas, la derecha en bloque propuso un nuevo capítulo titulado “Defensa Nacional”, lo que implica sacar este tema del capítulo de Gobierno y Administración del Estado, donde lo propuso la Comisión de Expertos y renumerar todo el resto del anteproyecto.
- A eso se suma otro nuevo capítulo sobre seguridad interna. Sobre ese punto, republicanos ingresó una enmienda puntual para denominar dicho capítulo “Paz, Orden y Seguridad Interior” en el que se regula el funcionamiento y atribuciones de Carabineros, PDI y Gendarmería. RN y Evópoli, en tanto, incorporaron en ese nuevo capítulo de seguridad un Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.
- Si bien en días anteriores se dijo que el objetivo de la derecha era presentar un paquete de al menos unas 15 indicaciones en conjunto, finalmente solo fueron cuatro, así cada partido pudo poner énfasis en temas que les son relevantes y con los que dan señales políticas a sus electorados.
- No son pocos los que dentro y fuera del Consejo han criticado que especialmente el sector más duro y conservador de la derecha, republicanos y la UDI, están usando la plataforma del Consejo para visibilizar su ideario político, más que estar abocados a diseñar una nueva Constitución de consenso, como tanto pidieron durante el cuestionado proceso de la Convención.
- Hay otros temas en los que la derecha no ingresó enmiendas conjuntas, pero si todos presentaron indicaciones similares, por lo que se vislumbra un amplio consenso del sector a la hora de votar para modificar el anteproyecto. El mejor ejemplo es el intento de neutralización de cualquier opción de aborto, ya que la UDI presentó una enmienda que señala que “la ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto».
- El tema también fue recogido por republicanos, cuya indicación “protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad”, que tiene el mismo tenor a la de RN: “la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”.
- Cada partido puso sus énfasis en sus propias indicaciones. La bancada RN-Evópoli apuntó al control de la corrupción con mayores exigencias para el ingreso al servicio público; la muerte cívica a condenados a pena aflictiva por corrupción o terrorismo y creación de Agencia Anticorrupción.
- Uno de los puntos relevantes de la UDI fue la migración. Su indicación al respecto señala que el Estado deberá regular “el ingreso a su territorio. La ley establecerá las condiciones para una migración segura, ordenada y regular, considerando la realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país” y sanciona los ingresos por pasos no habilitados.
- Se alinearon con republicanos y también presentaron una indicación para realizar un redistritaje del país y que la Cámara de Diputados quede compuesta idealmente por 135 escaños, o un máximo de 150. Es similar a la del partido de José Antonio Kast que planteó una reducción de dicha cámara de los 155 actuales a solo 132.
- Republicanos ingresó casi 400 enmiendas, que tienen foco en la protección de la familia como «núcleo fundamental» de la sociedad, el reconocimiento de la soberanía del pueblo de Chile y del país como una nación «única e indivisible», establecer la jerarquía infraconstitucional de los tratados internacionales sobre DDHH, y mantener el nombre y rol de control preventivo del Tribunal Constitucional.
- Las indicaciones sobre derechos sociales apuntan a su desarrollo progresivo, con responsabilidad fiscal, ejercidos a través de instituciones estatales y privadas.
- Es más, se jugaron por relativizar el principio de Estado Social y Democrático de Derecho, reordenando el artículo primero, dejando la frase que el país “se organiza en un Estado social” en el quinto y último inciso, después de definiciones sobre la dignidad humana, aquella que todo ser humano es persona, la consagración de la autonomía de los cuerpos intermedios y el principio de “servicialidad” del Estado. Ese reorden es una forma de fortalecer la subsidiaridad como eje rector.
- Recogieron la propuesta de la Iniciativa Popular de Norma (IPN) que establece reclusión domiciliaria para cierto tipo de reos adultos mayores. La indicación de republicanos reza así: “Las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”.
- El tema por semanas ha generado críticas, porque beneficia a los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura, como Miguel Krassnoff que ya tiene 76 años, por lo que implica un “perdonazo velado” a estos casos.
- También plantearon la limitación de la libertad sindical y el derecho a huelga, que lo reconoce solo en el marco de la negociación colectiva y se prohíbe a miembros de las FFAA, de Orden, Gendarmería, funcionarios del Estado y de municipalidades.
- En este punto, la enmienda de la UDI apunta a lo mismo, pero apostando por mantener lo que señala la actual Constitución que tiene una mirada restrictiva: “No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.
- Ambas indicaciones van en el sentido contrario a lo plasmado en el anteproyecto, en el que “la Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado”.
- Si bien la presidenta del CC, Beatriz Hevia, dijo el martes que esta etapa «es un nuevo comienzo para debatir con todas las ideas sobre la mesa. Llamamos a las bancadas a encontrar puntos de encuentro que permitan construir un texto constitucional para todos los chilenos», lo cierto es que la realidad y los ánimos en el Consejo distan bastante de ello.
Preocupación instalada
- El panorama del oficialismo es muy complicado. Con solo 17 escaños en total, y la conciencia plena que no van a tener margen de incidencia real en el resultado final, se optó por la estrategia de aglutinar fuerzas en un solo paquete de enmiendas que busca fortalecer y profundizar las directrices marcadas por la Comisión de Expertos.
- Sus indicaciones -sobre las cuales hay casi nulas expectativas de que alguna llegue a la propuesta final- abordan el Estado con un rol rector en la prestación de salud, la democracia paritaria, la gratuidad en educación superior, el reconocimiento de trabajo de cuidados y una mayor protección del medio ambiente. Además, escaños reservados para pueblos indígenas y la fórmula de listas cerradas para las elecciones parlamentarias.
- Más allá de las declaraciones de cada sector defendiendo sus propuestas, destacó la entrevista en Radio Cooperativa de la presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, quien expresó su preocupación por el rumbo que va a tomar el debate constitucional en el Consejo a la luz de las indicaciones que se presentaron. “Por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlos”, sentenció.
- Advirtió que “más allá de las enmiendas, y en ese sentido creo que tenemos que estar bastante alertas, es que los cambios que legítimamente se puedan hacer al anteproyecto vayan en una línea, que es la línea de ofrecer al país el 17 de diciembre una Constitución en la que todos y todas podamos sentirnos reflejados y podamos vivir, y la pregunta es si la enmienda que estoy presentando van en esa dirección”.
- Puso el acento en que, si realmente se está buscando poner el acento en los puntos que unen a la sociedad o se está tratando de “imponer una visión de sociedad o una visión ideológica sobre el resto de la población, porque tenemos que saber que una Constitución es para que vivamos todos por las próximas décadas y tenemos que sentir la casa de todos y no solo de los que tienen las mayorías».
*AQUÍ UN COMPILADO POR CAPÍTULOS DE TODAS LAS INDICACIONES PRESENTADAS, ELABORADO POR LA SECRETARÍA DEL CONSEJO CONSTITUCIONAL:
TOTAL-INDICACIONES-CONSOLIDADO
