Resumen semanal: rotativa de votaciones en el pleno no convence y se instala necesidad de consensos transversales para salvar el proceso

• Esta semana el debate constitucional traspasó las paredes del Consejo y se instaló de lleno en la agenda política. En los partidos y el Congreso hay una preocupación generalizada por el tenor identitario de las normas aprobadas por el pleno hasta ahora, lo que pone en jaque la viabilidad de este segundo proceso con miras al plebiscito de salida del 17 de diciembre.

• Ha tomado fuerza la idea y necesidad de intentar fraguar un acuerdo político transversal que modere el texto que está tomando forma con la ronda de votaciones en el pleno, que permita cambiar los artículos más polémicos y populistas.

• Si bien en el pleno la derecha sigue actuando en bloque, salvo honrosas excepciones en temas complejos en los que algunos consejeros de Chile Vamos -principalmente Gloria Hutt (Evopoli), Lorena Gallardo (RN) y algunas veces el UDI, Edmundo Eluchans- se ha desmarcado de la mayoría que impone Republicanos en el pleno, fuera del Consejo la tensión en la oposición ha ido escalando.

• El dilema de Chile Vamos sigue siendo el mismo desde que se instaló el Consejo hace casi 4 meses: defender su identidad o ser el vagón de cola del partido de José Antonio Kast. Hasta ahora ha sido lo segundo, situación que está haciendo crisis puertas adentro de la UDI, RN y Evópoli, donde ven con preocupación la peligrosa tendencia que arrojan las encuestas de un nuevo rechazo en las urnas a la propuesta constitucional, pero que ahora -a diferencia de la Convención- sería de responsabilidad de la derecha.

• El debate constitucional estos días estuvo marcado por el choque entre los presidenciables Evelyn Matthei (UDI) y Kast (Republicano). Las críticas de la alcadesa de Providencia remecieron el clima en la oposición: luego de afirmar que tal como está el texto ella no pondrá su capital político a favor que se apruebe, advirtió que el proceso “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos (…) parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución”.

• Sus palabras generaron una ácida replica de Kast, que dejaron en evidencia su nerviosismo e incomodidad con la irrupción de Matthei: “Tenemos que preocuparnos por el país de manera seria y responsable y no mirar las encuestas para tomar decisiones y claramente hay personas que miran las encuestas y dicen esto va mal y quiero estar con lo que va bien. Y eso es lo que yo no he visto en Evelyn, la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable”.

• Den medio de esta discusión, el Presidente, Gabriel Boric, recalcó que espera “que las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso».

• Una de las reuniones más bulladas de estos días para sondear si “hay agua en la piscina” para un posible acuerdo fue la del timonel UDI, Javier Macaya; con su par del PS, Paulina Vodanovic; el futuro presidente de RN, Rodrigo Galilea, además de los comisionados Máximo Pavez (UDI), y Juan José Ossa (RN).

• Las críticas al tenor populista de ciertos artículos coinciden en la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda; la posibilidad que reos con enfermedades terminales cumplan arresto domiciliario, lo que beneficiaría a los condenados en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, el redistritaje, la reducción de la Cámara de Diputados, la ausencia de normas que velen por la paridad política, la objeción de conciencia institucional y la consagración de la “vida de quien está por nacer”, lo que podría afectar la aplicación real de la ley de aborto en tres causales.

• Hay puntos que desde la oposición ya ha sentenciado que son intransables, especialmente los referidos a consagrar la libertad de enseñanza de los padres, la de elección en salud y previsión social, como la propiedad y prohibición de expropiación de los fondos de pensiones.

• Entre los debates en el pleno de esta semana, lo que más marcó el clima interno en el Consejo fueron las enmiendas de la oposición para consagrar un redistritaje para que, en vez de elegir en cada uno entre tres a ocho parlamentarios según el nivel de población, sea solo de dos a seis máximos. Y eso, unido a que el Servel, encargado de dicha tarea, debe realizarla considerando una Cámara de Diputados de 138 escaños y no los actuales 155.

• Precisamente es en estos temas donde se juega buena parte de la maquinaria del sistema político y las reglas que tendrá el juego del poder.    

• El consejero (PS), Cristián Suárez, insistió que “reducir los asientos en la Cámara de Diputados, primero se había dicho de 155 a 132 asientos y después a 138, lo que propone el Partido Republicano agudizará la desigualdad electoral (…) favorecerá a los partidos de derecha”.

• Su par RN, Germán Becker, insistió en que el número de 138 escaños es un promedio entre el número actual y los 120 que había cuando se aplicaba el sistema electoral binominal: “No me preocupa tanto el número de diputados y yo sí creo que tiene que haber un equilibrio entre la gobernabilidad y la representatividad (…) no queremos más políticos, pero sí queremos tener una mejor política, y a mí me parece que con 138 diputados sería bastante bueno”.

• El delegado de la bancada de republicanos, Luis Silva, ha sido uno de los que ha liderado la defensa de la rebaja de escaños en la cámara y el redistritaje. “La rebaja de parlamentarios es una medida que no puede separarse de la reducción de escaños, son dos medidas complementarias entre sí y que apuntan a una única finalidad que es darle mayor estabilidad al sistema político por la vía de terminar o disminuir la fragmentación en el Congreso”. Los 138, añadió, “están justificados por un estudio que permite mantener la representatividad de los distintos distritos de representantes por representados, obviamente con una densidad menor en algunos casos de la que existe hoy y guardando también la simetría o proporcionalidad que tiene que existir entre los distritos”.

• El comisionado, Gabriel Osorio (PS), dijo que “se han tratado de musitar respuestas para llegar al número mágico de 138, se ha dicho que se ha escaneado los distritos, lamento que al menos para nosotros sea un conocimiento vedado, secreto, que no está de libre acceso para todas y todos, y que se encuentre -si es que existe- en algún computador de quienes llegaron a esta propuesta”. Agregó que lamenta la falta de rigor técnico que ha imperado en este debate y recordó que “siempre he estado dispuesto a ser convencido de cualquier alternativa que busque representación y gobernabilidad, pero hasta ahora solo se oyen eslogan, se musitan respuestas misteriosas, se afirma que todo esto mejorará la confianza en la política, pero ¿dónde está la evidencia?”.

Lo que viene

• Este miércoles 4 de octubre se terminan las sesiones de votación en el pleno. El día 7 se enviará la propuesta refrendada por los consejeros a la Comisión Experta, la que tendrá cinco días para agregar, modificar o suprimir normas, lo que debe acordar por 3/5 de sus 24 integrantes (14 votos).

• Es en esta fase donde se concentran por ahora las expectativas para que se generen acuerdos políticos transversales y se corrijan los errores del texto, las normas conflictivas, populistas e identitarias.

• Las observaciones y sugerencias vuelven al pleno para que sean votadas. Las que no sean rechazadas por los 3/5 de sus integrantes, pasan a ser debatidas en una comisión mixta de seis consejeros y seis comisionados, que tendrá otros cinco días para zanjar discrepancias.

• Los puntos que proponga la comisión mixta vuelven al pleno, donde nuevamente necesitan el umbral de los 30 votos para ser aprobados e incluidos en el texto.

• El 6 de noviembre está fijado el último pleno del Consejo Constitucional, donde debe aprobarse -por un quorum mínimo de 3/5- la propuesta definitiva de texto constitucional.

• El 7 de noviembre dicho texto debe ser entregado al Presidente Gabriel Boric para que sea sometida a un plebiscito -con voto obligatorio- el 17 de diciembre.

Votaciones claves del pleno

• Ya en el pleno del sábado 23 se comenzó a votar el capítulo IV sobre Congreso Nacional, lo que continuó en la jornada del lunes 25. Se aprobaron las inhabilidades para ser parlamentario (artículo 69): “los ministros de Estado, representantes del Presidente de la República en las regiones y provincias, subsecretarios y secretarios regionales ministeriales” (33 votos); tampoco “los gobernadores regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y los concejales” (35 votos) ni los miembros del Consejo del Banco Central (49 votos); jueces e integrantes de la Corte Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales (50 votos); el Contralor General (50 votos), el Fiscal Nacional, el Supraterritorial y el de Asuntos Internos, además de los regionales y adjuntos del Ministerio Público (35 votos votos). También a los comandantes en jefe de las FFAA, el director general de Carabineros y de la PDI (50 votos), ni los integrantes del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (49 votos y abstención), del Servel (50 votos) y las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial (33 votos).

• En el inciso 5, aprobado por 35 votos, se añade que perderá el cargo el parlamentario que “de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios violentos, o que comprometa gravemente el honor, la seguridad pública y la seguridad de la Nación”. Se agrega a esta lista el que “haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral”.

• Los parlamentarios solo “podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”. Se aprobó por unanimidad.

• Con otros 50 votos del pleno, se refrendó el inciso 10 que señala que cesará en su cargo el parlamentario que “en sus funciones renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura”. Con el mismo quorum se visó el artículo 75 que obliga a que “los diputados y senadores deberán observar una conducta parlamentaria intachable, de respeto mutuo, y tener un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

• La clave de ese día estuvo en las disposiciones transitorias de este capítulo. Por la unanimidad del pleno se aprobó que todos quienes se integraron el Consejo Constitucional, la Comisión Experta o del Comité Técnico de Admisibilidad “no podrán ser candidatos a las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias, gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. Tampoco a ningún otro cargo de elección popular en la primera elección que corresponda a cada cargo que se cree en virtud de esta Constitución”.

• Sobre los partidos políticos, se aprobó con 33 votos que “excepcionalmente, para acceder a la representación parlamentaria en la Cámara de Diputadas y Diputados en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución, los partidos políticos deberán obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente electos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección”.

• Se agrega que dos o más partidos políticos que concurran en una misma lista o pacto electoral que, individualmente, no hubieren alcanzado el umbral original del 5% “podrán fusionarse para acceder a la atribución de escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados si la suma de los votos válidamente emitidos a nivel nacional por cada uno de los referidos partidos políticos es suficiente para alcanzar el porcentaje requerido”. Se aprobó con otros 33 votos a favor, 14 abstenciones y 3 en contra.

• También podrán acceder a escaños “los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieren alcanzado individualmente el umbral referido en el artículo 58, en la medida que se fusionen con el partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado”. Se aprobó con 33 votos del pleno y con la misma votación se visó inciso que establece que estas medidas extraordinarias sólo regirán “para la primera elección de diputados que tenga lugar tras la entrada en vigencia de esta Constitución”.

• En las últimas semanas se ha señalado que dicho paquete de transitorias impulsadas por la oposición fueron un guiño a colectividades y movimientos como Demócratas y Amarillos, buscando alinearlos en favor del nuevo texto constitucional.

• Sobre el redistritaje aprobado el sábado, se refrendó -con los 33 votos de la oposición- que, en un plazo de un año y medio desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Servel deberá́ elaborar “una propuesta de demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad del voto, y respeto a la división política y administrativa del país en comunas, provincias y regiones, las que no podrán ser divididas o alteradas al dividir o demarcar distritos”.

• Se añade que esa propuesta será́ enviada como proyecto de ley al Congreso para ser tramitado por una comisión bicameral y que, si al cabo de dieciocho meses contados “desde el inicio de la legislatura del 11 de marzo de 2026 no es despachada por el Congreso, regirá́ la propuesta original del Servicio Electoral para la elección de los diputados del año 2029 y en adelante para las elecciones de la misma naturaleza”.

• Otra de las transitorias relevantes, que se refrendó justo con 30 votos, señala que la propuesta de demarcación de distritos que deberá efectuar el Servicio Electoral “deberá́ considerar que la Cámara de Diputadas y Diputados sea integrada por un total de 138 diputados”.

• Despachado este capítulo, se siguió con el V sobre Gobierno y Administración del Estado. Por unanimidad se aprobó que estos “corresponden al Presidente o Presidenta de la República, quien es el Jefe del Estado y el Jefe del Gobierno” y que “su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

• Agrega que “el 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno”.

• En el artículo 93, sobre el Presidente de la República y sus atribuciones, el inciso 1° que había sido propuesto por la comisión señalaba que entre los requisitos para ser Mandatario se debía tener cumplidos 40 años. Fue rechazado, ya que obtuvo solo 26 votos a favor, 17 en contra del oficialismo y 7 abstenciones, todas de Chile Vamos: Germán Becker (RN), Edmundo Eluchans (UDI), Gloria Hutt (Evópoli), Claudia Jorquera (UDI), Carolina Navarrete (UDI), Arturo Phillips (UDI) y Carlos Recondo (UDI).

• Ante eso, se aprobó -47 votos a favor y 3 abstenciones- el inciso propuesto por el anteproyecto que establece que para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena, tener cumplidos 35 años de edad y las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, en conformidad con esta Constitución.

• El tema era el nudo de la jornada y marcó casi todo el debate en el pleno. El consejero PS, Alejandro Köhler, advirtió que “el mensaje, aunque intente hacer un amague leguleyo de la neutralidad, emerge sin dificultad para cualquier observador: nunca más se debe elegir como presidente a un treintañero. Nunca más a alguien como el Presidente Boric”. El consejero republicano, Antonio Barchiesi replicó y aseguró que “lo que estamos haciendo aquí es corregir un error, se bajó la edad para ser presidente y se eligió un presidente sin capacidad, sin experiencia y sin preparación. Por eso estamos como estamos y por eso la ciudadanía lo rechaza”.

• Más allá de las declaraciones públicas, lo concreto es que la UDI se desmarcó de la propuesta como una forma de dar alguna señal al oficialismo, ante el clima tenso que hay en el Consejo y los cuestionamientos transversales al tenor de las normas que se han aprobado hasta ahora. Uno de los promotores para hacer caer este inciso fue Eluchans.

• El pleno también visó -con 50 votos- que “el Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces”.

• En este capítulo se votaron las normas sobre Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, que se consagraron en dos nuevos capítulos especiales. Ambos surgieron de una enmienda de unidad de propósitos que presentó la derecha, lo que generó críticas desde el oficialismo, porque en el anteproyecto tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros y la Policía de Investigaciones estaban integradas en el capítulo V, siguiendo la tradición constitucional hasta antes de 1980 y como una forma de remarcar su condición no deliberante.

• Por este tema el oficialismo reclamó ante la Corte Suprema, argumentando que contravenía el reglamento del proceso, pero, a mediados de agosto, una comisión especial de cinco jueces falló en contra y dio el visto bueno para discutir y votar en el pleno la propuesta.  

• El capítulo sobre Defensa Nacional señala que “las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y dependen del ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Están destinadas a la defensa de la soberanía, de la seguridad de la Nación y de la integridad territorial en conformidad a la Constitución y la ley. El Presidente de la República es el encargado de conducir la defensa nacional y asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas”. Aprobado por 50 votos.

• Además, se señala que “colaboran en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales, en tareas de seguridad e intereses territoriales, en situaciones de protección civil, en contribución al desarrollo nacional, en la cooperación internacional en operaciones de paz según el derecho internacional y en apoyo a la política exterior del Estado, en conformidad con la Constitución y la ley”. Se aprobó por 34 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.

• Por unanimidad se consagró a las FFAA como “cuerpos armados, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.

• El oficialismo presentó una enmienda para agregar a este artículo un inciso que precisa que las FFAA “deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos”, que fue rechazada. Obtuvo solo 17 votos a favor y 33 abstenciones.

• En el marco de las disposiciones generales de este capítulo, se aprobó con 33 votos a favor y 17 en contra, el artículo 117 ter propuesto por la comisión: “Las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

• En capítulo “De la Seguridad Pública”, unánimemente se aprobó que “las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile y dependen directamente del ministerio a cargo de la Seguridad Pública”. Añade que “están destinadas a dar eficacia al derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, colaboran en situaciones de emergencia y en catástrofes nacionales, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y las leyes”. Se consagra a ambas policías como “instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.

• Con 34 votos a favor, 5 en contra y 11 abstenciones se aprobó (artículo 119) que “Carabineros de Chile, como cuerpo armado, es una institución policial técnica, de carácter militar, cuya finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, y cumplir con las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

• En tanto, se define a la Policía de Investigaciones como “una institución policial de carácter profesional, técnico y científico. Sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado y el cibercrimen; debiendo, además efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes”. Se aprobó con 34 votos a favor y 16 abstenciones.

• Entre las disposiciones generales para este capítulo se aprobó por unanimidad que “el Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, la cual se ejercerá a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, conforme a esta Constitución y las leyes” que “la ley determinará el marco para el uso de la fuerza que pueda ser utilizada en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta”.

• Con los 33 votos de Republicanos y Chile Vamos se aprobó sobre el uso racional de la fuerza, que la ley determinará las “conductas o circunstancias” en que se exime de responsabilidad penal y que “se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”.

• En la norma transitoria para este capítulo, se aprobó –33 votos a favor y 17 abstenciones- que, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Presidente de la República deberá́ enviar un proyecto de ley para crear una Policía Fronteriza “encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales” y que se coordinará con los organismos públicos relacionados al control fronterizo”.

• Entre el jueves y la mañana del viernes se despachó el capítulo VI “Gobierno y Administración Regional y Local” que establece la organización del territorio en regiones, provincias, comunas y territorios especiales.

• Uno de los temas más cuestionados en este acápite fue el inciso 1° del artículo 152: “Los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces. Con todo, no se aplicará la regla anterior en caso de presentarse como candidatos en una comuna o región distinta a aquella en la que ejercía el cargo”. Fue aprobada con 34 votos del pleno.

• Durante el debate, el oficialismo acusó que la norma es “traje a la medida” para beneficiar a ediles de derecha que en la próxima elección ya no podrían postularse. La consejera PC, Karen Araya, dijo que era lamentable “estar escribiendo normas que vayan en beneficio de algunas personas, creemos que estas tienen nombre y apellido y quienes se ven beneficiados principalmente son alcaldes de comunas de derecha como Puente Alto y La Florida”.

• La derecha defendió la norma. Silva (republicanos) dijo que era “una innovación respecto a lo que permite la ley hoy día que es la posibilidad que los alcaldes puedan reelegirse cuando cumpliendo los periodos que señala la ley se postulen por una comuna diferente, lo mismo respecto a los consejeros regionales. Creemos que es una buena noticia para que las buenas autoridades puedan seguir sirviendo a su gente». Su par RN, Pilar Cuevas, agregó “es la ciudadanía la que elige, el soberano es el pueblo, si el pueblo vota por un candidato es porque lo quiere y quiere que esté en ese cargo. No tengamos miedo a la democracia, no tiene ningún nombre y apellido”.

• En la sesión del viernes comenzó la discusión y votación del capítulo VII del “Poder Judicial”. Por 44 votos a favor, 3 en contra y tres 3 abstenciones se visó el artículo 153, que señala que “la función jurisdiccional de conocer y resolver los asuntos, causas y conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado, es una potestad que radica exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley”.

• Los fundamentos de la función jurisdiccional (artículo 154) son la independencia, imparcialidad, inexcusabilidad, responsabilidad e inviolabilidad, que fueron visados por los 50 votos del pleno.

• Solo con 33 votos de la derecha se aprobó como fundamento la congruencia, creado por la comisión, entendida como que “os jueces al sentenciar promoverán la certeza jurídica, para lo cual deberán observar congruencia con los fundamentos jurídicos esenciales contenidos en fallos análogos que se encuentren ejecutoriados”. Misma votación tuvo el fundamento del efecto relativo, que implica que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las partes e intervinientes, y en las causas en que actualmente se pronunciaren, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine. La extensión de los efectos vinculantes de las sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes será inoponible”.

• Con 33 votos a favor de Chile Vamos y Republicanos y los 17 en contra del oficialismo, se aprobó que “la ley institucional podrá darle competencia en todo el territorio nacional a tribunales penales, para juzgar las causas cuya investigación sea de competencia de la fiscalía señalada en el artículo 176, y demás asuntos cuyo conocimiento le encomiende la ley”.

• El artículo 155 define que “el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial será la Corte Suprema que estará compuesta por veintiún ministros. La Corte Suprema representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado”. Fue aprobado con 47 votos del pleno.

• La nueva gobernanza del poder judicial se consagró en el artículo 157, aprobado por 45 votos, donde se introducen tres órganos con autonomía legal “encargados de los nombramientos de sus integrantes; la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios; así como la gestión y administración del Poder Judicial. Estos tres órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada”.

Sus integrantes “durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una vez, salvo los del órgano que esté a cargo de los nombramientos judiciales, quienes no podrán ser reelegidos, y cuyos integrantes judiciales durarán dos años en su cargo”.