Resumen semanal: Republicanos gana la partida gracias a Chile Vamos e impone en el pleno su catálogo de derechos

• No fue una semana fácil. Al contrario, fue ruda, tensa, complicada y en la cual se desdibujó completamente la incipiente señal que quiso dar un sector de Chile Vamos de desmarcarse de Republicanos para buscar puntos de entendimiento en el texto constitucional.

• La votación del capítulo II sobre Derechos y Libertades fundamentales, conocido como el corazón de la propuesta constitucional, dejó un sabor amargo dentro y fuera del Consejo, y más allá de las fronteras del mundo oficialista, dado el tenor ultraconservador e identitario de las normas visadas por el pleno.

• Algunos de los temas más relevantes sobre la mesa esta semana eran el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, a la integridad física y psíquica, derecho a la salud, educación, previsión social, vivienda adecuada, el trabajo decente, a la sindicalización y la huelga, la libertad de pensamiento, la objeción de conciencia, el derecho a reunión, a asociación, a la honra y la privacidad.

• El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, estuvo encima estos días de lo que sucedía en el Consejo, precisamente para evitar descuelgues en la derecha que hicieran naufragar algunas de las enmiendas emblemáticas. No fue gratuito que el miércoles 20 previo al inicio de pleno puso en su cuenta de Twitter que “hoy se votan en el Consejo Constitucional temas que son fundamentales. Es de esperar que no se repita lo que vimos la semana pasada donde 4 consejeros de Chile Vamos no respetaron los acuerdos plasmados en las llamadas unidades de propósito. Hoy se puede enmendar el camino.  Quizás mañana ya sea tarde”.

• La estrategia funcionó. De los 50 escaños del pleno, Republicanos tiene 22, la UDI otros seis, RN cuenta con 4 y Evópoli con 1, lo que suma 33 consejeros, una autonomía de votación que se aplicó sin tregua esta semana, ya que la mayoría de las normas del capítulo, salvo honrosas excepciones en temas inocuos, fueron aprobadas por un margen entre 30 a 33 votos. El oficialismo tiene solo 17 votos, con los que rechazó o simplemente se abstuvo.

• Así, Republicanos y Chile Vamos lograron consagrar la vida del que está por nacer, la libertad de elección en salud y previsión social -una constitucionalización encubierta de las Isapre y AFP-, la reducción del derecho a huelga, instaurar la objeción de conciencia institucional, la opción de reclusión domiciliaria para reos con enfermedades terminales y la libertad de enseñanza.

• Uno de los pocos episodios donde hubo un amago de desmarque fue en la liberación del pago de contribuciones a la primera vivienda, norma que tambaleó por horas, pero que finalmente se aprobó en el pleno justo con los 30 votos que establece el umbral de los 3/5. La presión que ejerció Kast directamente sobre el consejero RN, Germán Becker, surtió efectivo, desistió de abstener o rechazar y no siguió los pasos de Edmundo Eluchans (UDI), Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN), que nuevamente tomaron distancia de republicanos.

• Republicanos no solo logró mantener alineada a toda la derecha, sino que además inició una nueva estrategia, la de la victimización y señalar al Gobierno, para desligarse de responsabilidades ante el posible fracaso de este proceso constitucional.

• No por nada en una de sus intervenciones en el pleno la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, acusó que “no han tenido pudor en las últimas sesiones de utilizar diversos epítetos para referirse a la bancada del Partido Republicano y de Chile Vamos; mentirosos, sectarios, dogmáticos, entre otros. Sin embargo, qué puede ser más dogmático y sectario que la actitud observada en la fracasada Convención Constitucional y cómo han actuado ahora. Sin real honestidad intelectual al analizar las normas, sin real voluntad de encontrar acuerdos y sin más que presumir la mala fe del que tienen al frente». Una línea que han seguido los distintos consejeros de su bancada.

La aplanadora

• La supremacía de Republicanos y Chile Vamos quedó en evidencia desde las primeras votaciones. Por 33 votos a favor y 16 en contra, el pleno aprobó el inciso 1° de artículo 16 que consagra el “derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”.

• Con 34 votos se aprobó que la “ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

• Si bien la consejera RN, Lorena Gallardo, rechazó y su par de Evópoli, Gloria Hutt, se abstuvo, igual fue aprobada con 31 votos la norma que permite que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.

• Norma duramente cuestionada porque abre la puerta para beneficiar a los reos de Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos. El tema había sido presentado en una enmienda de Republicanos que hace unas semanas retiró con bombos y platillos como señal de buena voluntad en favor del diálogo, pero que fue recogida en esta nueva redacción que aprobó la comisión y cuya única diferencia es que no señala expresamente el límite de edad de 75 años, pero que cumple el mismo objetivo.

• Con 33 votos se aprobó otro tema relevante para Republicanos y Chile Vamos. “La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, especialmente tratándose de casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Para cumplir con esta obligación, el Estado contará con una Defensoría de las Víctimas”.

• Por 31 votos y 19 en contra, también se aprobó “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.

• La letra a de dicho numeral añade que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas”. Fue aprobada por 33 votos a favor, todos de la derecha.

• Con los 33 votos de Republicanos y Chile Vamos el pleno aprobó que “el Estado no puede privar, restringir, perturbar o amenazar la libertad de expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En caso alguno podrá establecer ideas u opiniones como únicas u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.

• Con la misma votación se consagró el derecho a reunión “pacífica sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por lo dispuesto en esta Constitución y la ley. Quienes participen en éstas, deberán respetar los derechos de quienes no sean parte de la reunión y la propiedad pública y privada”.

• En el numeral 17 se aborda el derecho de asociación sin permiso previo. Señala que “se prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado” (33 votos a favor).

• Sobre el derecho a la salud, fue Aprobado con 33 votos que “es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

• El punto no estaba contemplado en el anteproyecto. Fue propuesto en una enmienda conjunta que ingresó Republicanos y Chile Vamos durante la tramitación y representa una constitucionalización de las Isapre.

• Sobre el derecho a la educación, el pleno aprobó que esta tiene “por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad libre y democrática” (32 votos a favor) y que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (33 votos).

• Sobre la libertad de enseñanza (numeral 23 del artículo 16) se aprobó por 33 votos y 17 en contra que esta “comprende el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, así como de crear y desarrollar proyectos e idearios educativos, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país”, y que “existe para garantizar a las familias, a través de los padres o tutores legales, según sea el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos; de escoger el tipo de educación; y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. Asimismo, garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia”.

• Con 33 votos de la derecha se aprobó el trabajo decente entendido como “el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una retribución justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho”.

• Por otros 32 votos se aprobó enmienda de la derecha que establece que “el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección, y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fines específicos en los casos y formas que señale la ley”.

• Se aprobó con 33 votos que “la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá́ las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá́ a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella”. Esta norma también corresponde a una enmienda de la derecha para reemplazar la propuesta del anteproyecto.

• Sobre el derecho a huelga, la derecha en bloque aprobó con 33 votos una enmienda de su autoría que señala que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya 3 paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá́ los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal”.

• En las normas sobre seguridad social, se consagró que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”. Se votó por separado y se aprobó con los 33 votos de la derecha. Implica una constitucionalización del sistema de AFP.

• Justo con 30 votos se aprobó que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”. Las principales críticas han sido, incluso en sectores de la propia oposición, que esta enmienda beneficiaría solo a los estratos más acomodados del país, porque más del 70% en el país no paga contribuciones, y que tiene efectos negativos en las municipalidades.

• Se aprobó por 33 votos que “las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley”.

• La jornada del viernes fue menos beligerante. En temas como Estados de Excepción se aprobaron los artículos e incisos por 49 votos del pleno, ya que recogieron la propuesta del anteproyecto. Lo mismo sucedió con nacionalidad y algunos aspectos de la ciudadanía.

• No fue así con las normas relacionadas con las garantías constitucionales de los derechos y libertades. En el artículo 23 se aborda que “la ley armonizará los derechos fundamentales entre sí y con las justas exigencias del bien común. Solo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales”.

• En un intento de “gesto” de la oposición fue rechazada esa redacción propuesta por la comisión, obtuvo solo un voto a favor del pleno. Fue una decisión de último minuto de republicanos ante las críticas que recibió esta propuesta por limitar los derechos y el Estado Social.

• Por eso, luego se votó la propuesta del anteproyecto que establece que “la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de los derechos fundamentales”. El problema estuvo en que se votó junto a una enmienda de la derecha que agrega al inicio de la frase la palabra “solo”, lo que hizo que al final se aprobara con 33 votos de Republicanos y Chile Vamos, mientras que el oficialismo rechazó, ya que con esa expresión se genera un problema legal de dejar sin efecto a reglamentos o decretos para cumplir esa tarea, ya que siempre se requerirá una ley.  

• El capítulo II termina con los deberes constitucionales. Varias de sus normas fueron aprobadas por amplia mayoría, ya que recogían la propuesta del anteproyecto.

• El número 38 señala que “todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Asimismo, deben honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, y observar fiel y lealmente la Constitución y la ley” (49 votos) y que “deben contribuir a preservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico de Chile (49 votos).

• También determina que como un deber de “todos los habitantes de la República proteger el medio ambiente, considerando las generaciones futuras y prevenir la generación de daño ambiental” y en caso de que se produzca, “serán responsables del daño que causen, contribuyendo a su reparación en conformidad a la ley”. Se aprobó con 49 votos.

• En el mismo artículo se determina que “todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria”. Fue aprobado por otros 49 votos del pleno.

• Lo mismo sucedió con el inciso siguiente que determina que “todos los ciudadanos que ejercen funciones públicas tienen el deber de desempeñar fiel y honradamente sus cargos, dando cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República”.

• Con 34 votos a favor y 15 en contra se aprobó que “los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos de acuerdo con su capacidad económica, y votar en las elecciones, y plebiscitos, todo de conformidad a la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política”.

• Con 33 votos a favor, se consagró “el deber de asistir, alimentar, educar y amparar” a los hijos y que “por su parte, ellos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes y de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando éstos los necesiten, en condiciones de reciprocidad”.

• También con 33 votos se aprobó como deber de “toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. La familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado debe crear las condiciones necesarias para que el cuidado se realice de forma adecuada y conforme a las necesidades tanto de la persona que cuida como aquella que es cuidada”.

• Por 49 votos el pleno aprobó que “es deber del Estado y de las personas promover la protección de los animales y su bienestar, como asimismo promover su respeto a través de la educación de conformidad a la ley”.

• En el pleno del jueves se acordó dejar para esta jornada la votación sobre el derecho a la cultura, consagrado en el artículo 16, numeral 24. Este señala que “el Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica. Asimismo, protege la libertad creativa, su libre ejercicio y su difusión; promueve el desarrollo y la divulgación del conocimiento, de las artes, las ciencias, la tecnología y el patrimonio cultural; y facilita el acceso a los bienes y servicios culturales”.

• Además, “reconoce la función que este derecho cumple en la realización de la persona y en el desarrollo de la comunidad, promoviéndola a través de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Se aprobó por 49 votos.

• Un punto conflictivo era el inciso que prohibía las manifestaciones “contrarias a la tradición chilena, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad del país”. Las horas de postergación sirvieron para negociar y reformular.

• El tema resultó ser uno de los pocos en los que se ha logrado un acuerdo transversal. Se aprobó por 49 votos la enmienda, sin la polémica frase, que señala que “el Estado promoverá la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura, así mismo fomentará la actividad cultural mediante distintos mecanismos de financiamiento, considerando la diversidad local y regional, y garantizando la debida pluralidad de visiones”.