- Según el cronograma, este martes 1 de agosto comienza la etapa de debate y votación de normas en las cuatro comisiones temáticas – Derechos, Sistema Político, Principios y Función Jurisdiccional- del Consejo Constitucional para la propuesta final de nueva Constitución.
- Esta contemplado que esta etapa se prolongue por todo agosto. Según el calendario de trabajo, el 5 de septiembre comienza la etapa de votación de normas en el pleno, con fecha tope hasta el día 30, plazo en que deben entregar la propuesta de texto constitucional a la Comisión de Expertos, para que lo revise y entregue sus observaciones.
- El tono identitario de la mayoría de las 1.069 enmiendas que se presentaron al anteproyecto, unido a la compleja relación de fuerzas del CC, con la mayoría absoluta de la derecha y autonomía total para aprobación de normas ante la irrelevancia del oficialismo, llevó a que esta semana los consejeros iniciaran conversaciones entre las seis bancadas para buscar mecanismos de entendimiento transversal, al menos, en puntos claves del texto.
- La idea es generar una instancia paralela al trabajo público de las comisiones, donde representantes de cada bancada y expertos se sienten a negociar temas relevantes para generar directrices coordinadas, con lo que se aspira a lograr un consenso sobre los principales lineamientos del anteproyecto y evitar que el texto propuesto sea reflejo de una mayoría circunstancial e identitaria.
- Las seis bancadas se reunieron este jueves 27 de julio a conversar esta propuesta que hizo formalmente el oficialismo, representado por Julio Ñanco (RD), María Pardo (CS) y Alejandro Köhler (Ind.-PS). La derecha -representada por Luis Silva (republicano), Arturo Phillips (Ind.-UDI) y Pilar Cuevas (RN)- quedó de evaluar la propuesta, dar una respuesta la próxima semana y delinear un listado de temas para poner en la mesa de negociación.
- En las conversaciones previas a la cita del jueves, republicanos sondeó la posibilidad de solo negociar con el PS, opción que fue rechazada. Es más, se notificó formalmente a toda la derecha que el oficialismo conversará y negociará como un solo bloque de sus 17 escaños (6 PS, 4 RD, cuatro CS, 2 PC y el escaño indígena de Alihuen Antileo).
- De no prosperar este intento de entendimiento interno, el panorama en el Consejo no es muy prometedor, ya que, con la autonomía de aprobación de normas que tiene la derecha, es factible que se registren cambios sustantivos al texto del ante proyecto que fue elaborado en base a consensos políticamente transversales, generando un clima en favor del rechazo en las huestes del oficialismo.
- Malas cifras. Al menos dos encuestas se conocieron esta semana y ambas coincidieron en consolidar el escenario adverso que enfrenta este segundo proceso constitucional en la percepción ciudadana, que a pesar de los casi dos meses de funcionamiento del Consejo Constitucional no se ha podido revertir.
- La CADEM de esta semana arrojó que un 57% afirma que votaría en contra en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, una tendencia al rechazo que ha aumentado 11 puntos en dos meses. Solo un 26% precisa que lo hará a favor de la propuesta de texto constitucional que hará el CC y un 17% confiesa que no sabe o no responde.
- El jueves 27 se dio a conocer el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), que tiene una metodología presencial diferente al resto de las encuestas que se dan a conocer semanal y mensualmente.
- Un 37% evalúa mal o muy mal el proceso constitucional, otro 37% no dice si bien o mal y solo un 19% lo valora positivamente. Además, solo un 23% cree que la nueva Constitución ayudará a resolver los problemas del país y un 48% considera que las cosas seguirán igual a pesar del texto constitucional.
- Un contundente 49% declara que no está interesado en este segundo proceso.
- Sin consulta indígena. Ha sido una preocupación desde antes de la instalación del CC el 7 de junio. El consejero Antileo desde el primer día advirtió la necesidad de abordar este tema, a la luz de las directrices que establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre el deber de consulta del Estado ante normas que afecten a las comunidades indígenas.
- De hecho, se planteó desde marzo, sin tener mayor eco. El consejero Antileo presentó un oficio a la mesa del CC pidiendo un pronunciamiento sobre el tema, que en casi dos meses no tuvo respuesta. En el intertanto, el gobierno mandó -a través de la subsecretaria de Servicios Sociales- una opinión jurídica al respecto en la que consideró que si correspondía la realización de la consulta indígena.
- Durante el desarrollo de la Convención, efectivamente se realizó una consulta, pero fue un proceso complicado, implicó una comisión interna ad hoc, que demoró más de lo esperado en llegar a puntos de acuerdo, generó fracturas políticas entre los representantes de los 17 escaños reservados. El proceso se llevó a cabo con muchas críticas: duró un mes, se hizo en pleno febrero, no era vinculante y sus conclusiones llegaron cuando el proceso de votación de normas ya estaba muy avanzando.
- En el Consejo el panorama es más complejo, especialmente porque los plazos son mucho más acotados, y como nadie se hizo cargo del punto previamente, el tema resulta casi inviable a estas alturas. Además, está la arista jurídica de si este órgano tiene o no atribuciones legales para impulsar un proceso de consulta indígena.
- El miércoles 26 se reunieron las seis bancadas a zanjar definitivamente el asunto. La derecha en bloque votó en contra, sosteniendo que el CC no tiene atribuciones para realizar una consulta, mientras que el oficialismo votó a favor. Aparentemente un empate 3 a 3, pero en la práctica no es tal, ya que según el reglamento en esa instancia cada delegado representa la cantidad de escaños de su bancada, entonces los tres delegados de derecha sumaron 33 votos ante los 17 oficialistas.
- La decisión se formalizó en un oficio (n°37) de respuesta de la mesa a Antileo, en el que le explica que el artículo 144 de la Constitución vigente y el n°34 del reglamento son las disposiciones “que fijan -de forma exclusiva y excluyente- las facultades del Consejo Constitucional y entre las mismas no figuran atribuciones para diseñar, coordinar y/o ejecutar un proceso de consulta indígena como sugiere la señora subsecretaria de Servicios Sociales. En el marco de los límites impuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, no resulta válido ni al Consejo Constitucional ni menos a la Subsecretaría de Servicios Sociales extender dichas facultades ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias».
- Tras recordar que la propia Cámara de Diputados reconoció que no se incluyó en las facultades el tema de la consulta indígena por falta de acuerdo en el hemiciclo, cuando se diseñó la reforma constitucional que rige este segundo proceso, el oficio añade que la exigencia del Convenio 169 de la OIT no procede en casos de elaboración de una nueva carta fundamental. «El Consejo Constitucional posee una naturaleza constitucional especial, que no se identifica con un órgano constitucional autónomo ni con el poder constituyente derivado ni mucho menos forma parte de la administración del Estado o del gobierno. Es decir, no cabe encasillar al Consejo Constitucional en ninguna de las categorías aludidas, precisamente porque se trata de un órgano excepcional, de carácter temporal y cuya única misión es la de redactar una propuesta de texto de nueva Constitución».
- El tema deja abierto un flanco: la posibilidad que se haga un reclamo de falta de legitimidad por posibles reclamaciones -de personas o grupos- ante instancias jurídicas nacionales o internacionales, que independiente del destino final que tengan, complicarían o empañarían el desarrollo del proceso constitucional.
- Los 15 minutos de Piñera. A diferencia de la Convención Constitucional, ahora Sebastián Piñera sí expuso en el Consejo Constitucional. El lunes 24 de julio habló ante la comisión de Sistema Político, que convocó unas 50 personas y destinó toda su sesión de esa mañana a escuchar los comentarios del exmandatario. Advirtió a los consejeros que “no podemos fracasar en esta segunda y creo que última oportunidad”.
- El escenario era cómodo para el expresidente, entre consejeros y comisionados expertos presentes, había varios de sus excolaboradores de su administración: los exministros Gloria Hutt, Juan José Ossa o Cecilia Pérez —quien asesora a los RN—, o el exsubsecretario Máximo Pávez y la exgobernadora Ivonne Mangelsdorff.
- Uno de los ejes de su exposición fue la relevancia de este proceso, porque “mientras no resolvamos este tema grande que es tener una Constitución respetada y aceptada por todos y pase el test de la ciudadanía, será difícil que podamos enfrentar los cambios que tenemos que hacer en la sociedad si queremos ser un país desarrollado”.
- Insistió en el punto y recordó que si no se aprueba en diciembre la propuesta que haga el Consejo Constitucional, rige la actual, que es “otra razón para que este grupo logre un acuerdo que nos dé una Constitución que no sea el centro del debate; porque si eso pasara, el problema no se resolvió”.
- Durante su exposición, Piñera aludió al clima interno del CC y la falta de consensos hasta ahora: “Este es un juego muy delicado, porque ¿qué significa acuerdo o imposición? ¿Es la dictadura de la minoría? ¿Que si no está de acuerdo frena todo? (…) Hay un área gris. Es posible, lo ha demostrado la propia historia de nuestro país, si hay un diálogo de buena fe, se eliminan los prejuicios, que logremos en lo fundamental llegar a un acuerdo y por cierto que muchas cosas deben quedar a nivel de la ley”.
- Si bien valoró el trabajo realizado por la Comisión Experta y las líneas gruesas del anteproyecto, el expresidente marcó algunos puntos que deberían modificarse para integrarlos en la propuesta final: fortalecer el sistema de reforma constitucional, la reducción del tamaño de los distritos y del número de escaños del Congreso, y consagrar la libertad de elección en educación, salud y previsión social.
- Todos son puntos que están recogidos en las enmiendas que presentó la derecha al anteproyecto, en las cuatro conjuntas y en las que, por separado, ingresó alguna de sus bancadas.
- Tanto el expresidente Ricardo Lagos como su par, Michelle Bachelet, también asistirán a exponer al Consejo. La exmandataria ya tiene fecha y hora: el 7 de agosto, a las 16 horas en la comisión de Sistema Político.
- Las enmiendas identitarias. El Centro de Estudios Públicos (CEP) hizo un análisis –a cargo del sociólogo Aldo Mascareño y el historiador Juan Luis Ossa- de las enmiendas ingresadas al anteproyecto, puntualmente de las casi 400 que presentó el Partido Republicano. -titulado La política de la identidad republicana- analizó las enmiendas presentadas por la bancada de 22 consejeros del Partido Republicano en el Consejo Constitucional.
- Pusieron el acento en el tono identitario de las propuestas. “No parece adecuado poner en peligro el proceso constituyente a partir de una serie de enmiendas identitarias que, precisamente por serlo, apelan solo a una parte del electorado (…) la Constitución es el lugar para fijar principios políticos generales más que modelos societales particulares», reza el estudio.
- El estudio del CEP advirtió que “el problema con esto es que las identidades no aceptan negociación, justamente porque ello envuelve el riesgo de disolver la propia identidad. En la redacción de un texto constitucional comenzar por la identidad arriesga, por un lado, institucionalizar la hegemonía de una posición identitaria sobre el resto, y, por otro, devaluar la actitud democrática liberal de defensa de la autonomía individual frente a la elección de opciones sustantivas”.
- Una segunda advertencia del análisis fue que “la mayoría de las enmiendas identitarias del Partido Republicano tienen un sentido divergente”, “contradicen explícitamente” el acuerdo de 12 bases institucionales que se acordaron como antesala de este segundo proceso constitucional y que quedaron plasmadas en la actual Constitución.
- Una de las explicaciones que el estudio expresa para esta situación pasa por una “concepción de la política como expresión de identidades grupales que se generaliza a todos los sectores».
- Un tema no menor, considerando que ya la próxima semana empieza la etapa de votación de normas, y sobre todo, la correlación de fuerzas en el CC, donde republicanos por si solo tiene 22 de los 50 escaños del pleno.
- Reclamo a la Suprema. Si bien el tema rondaba hace rato, esta semana el oficialismo resolvió acudir a la Corte Suprema para presentar un reclamo contra la derecha por ingresar enmiendas que contravienen el reglamento del organismo, puntualmente aquellas que proponen la creación de nuevos capítulos en el ante proyecto: uno sobre Fuerzas Armadas, otro sobre Seguridad y un tercero para una Defensoría de las Víctimas.
- El reclamo debe ser ingresado por, al menos, 10 consejeros. El máximo tribunal del país sortea entre sus miembros a los integrantes de una comisión especial que deberá zanjar la controversia.
- Los argumentos del oficialismo para recurrir a la suprema se sustentan en el artículo 71 del reglamento: «Las enmiendas deben expresar de manera precisa la modificación que se propone, haciendo referencia al artículo sobre el cual recae». Se considera que los capítulos nuevos no son un ajuste a un artículo.
