- Compleja es una forma simple de calificar lo que fue esta semana en el Consejo Constitucional. Que nada del cronograma de trabajo se haya cumplido hasta ahora, generando temor puertas adentro por la posibilidad que no se logren alcanzar los plazos legales de este segundo proceso constitucional, realmente ha sido un problema menor.
- El clima interno es sumamente delicado. No solo no se han podido subsanar las desconfianzas políticas entre el oficialismo y la derecha, sino que tras los episodios de esta semana literalmente se instaló una fractura mayor entre ambos sectores, lo que derivó en que, a la hora de votar, la oposición hizo gala de su mayoría estratégica. Ya se modificó sustancialmente la propuesta original del anteproyecto.
- Las primeras sesiones de esta semana de las comisiones dejaron preocupados a muchos. “Las votaciones de los últimos días han tenido un resultado sumamente preocupante. Se están aprobando normas para una Constitución identitaria y refundacional que significan retrocesos democráticos y que benefician a los más ricos del país en desmedro de la gran mayoría. Las negociaciones de las últimas semanas simplemente no avanzan», declaró el delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler.
- Las subcomisiones que se habían definido la semana pasada para buscar acuerdos en los nudos críticos no lograron llegar a puerto, a los más hubo algunos acercamientos El oficialismo, una vez más, se jugó la carta del emplazamiento público el mismo día que se cumplía para las comisiones el plazo del 6 de septiembre para terminar las votaciones. En un punto de prensa en bloque dijeron que las tratativas estaban en punto muerto, y que la única forma de tratar de avanzar era que todas las bancadas retiraran sus enmiendas para intentar un diálogo desde cero.
- Fue ahí que se optó por un último intento. Se suspendieron las comisiones hasta el jueves 7 a las 16:00 horas, se creó una nueva instancia de diálogo, con cinco integrantes de cada sector, que esa noche debía generar algún tipo de acuerdo político.
- El oficialismo eligió a sus comisionados Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Domingo Lovera (RD), Alexis Cortés (PC) y la consejera María Pardo. La derecha optó por el delegado republicano, Luis Silva, su par, Antonio Barchiesi, y su jefe de asesores, Jorge Barrera, además del delegado UDI, Arturo Phillips, y el comisionado Sebastián Soto (Ind.-Evópoli).
- Pero poco antes de partir las tratativas, que se especulaba iban a durar toda la noche, un episodio tensionó todo. Silva en un punto de prensa rayó la cancha y advirtió que “hay una premisa básica que quiero dejarla bien clara: lo que se ha votado en las comisiones, votado está”. Su frase se explica porque varias veces el oficialismo sondeó con la derecha que en las negociaciones de esa noche se incluyera la revisión de los temas conflictivos ya votados, a lo que originalmente habían accedido.
- Las palabras de Silva molestaron en el oficialismo. Por eso, al comenzar la sesión del nuevo grupo negociador, optaron por aclarar el punto, la derecha dijo que no, pero ofreció a cambio la opción de revisar algunos temas en el pleno. Aunque con dudas que eso se cumpliera realmente, los representantes de Unidad para Chile igual aceptaron.
- En todo caso, propusieron que ese compromiso contemplara la revisión de 15 temas: objeción de conciencia institucional; contribuciones y tributos; bienes nacionales de uso público; hidrocarburos; terrorismo; responsabilidad del Estado: acción u omisión; derecho a la cultura; cueca y rodeo; derecho de reunión; financiamiento de partidos; expulsión inmediata de migrantes; cambio climático y justicia ambiental; resguardo de fondos públicos; deberes fundamentales del Estado; y acción de indemnización de propiedad.
- La respuesta de la oposición fue que antes de hablar de esa nómina, había que dialogar sobre los nudos críticos de educación, salud, seguridad social, vida y tratados internacionales. El listado de nudos críticos del oficialismo era mucho más amplio, incluía poder judicial, sistema electoral huelga y negociación colectiva, Estado social, paridad, estado de excepción constitucional por amenaza terrorista; y umbral partidos políticos y transitorio, entre otros.
- Ahí nuevamente se instaló el diálogo de sordos. Mutuamente se acusaron de intransigencia, salieron a relucir las líneas rojas de cada sector, no se logró avanzar y la mesa se quebró pasadas las 2:00 am. Al día siguiente vino un sinfín de recriminaciones y acusaciones de intentos de vetos e intransigencias.
- Lo único que se sacó en limpio esa noche, fue que la derecha terminó más cohesionada. Hasta ese minuto, ya había ruido en Chile Vamos por el rol de vagón de cola que cumplían ante republicanos, incluso las directivas de los partidos se habían reunido esa misma jornada con sus consejeros para pedirles marcar distancia del partido de José Antonio Kast y defender la identidad de la coalición.
- Sin embargo, con el fracaso de la última mesa de negociación, a la derecha no le quedó otra que aglutinarse para proteger su autonomía de votación. Redactaron un comunicado conjunto, hicieron un punto de prensa juntos y desde entonces han votado en bloque en todas las comisiones.
La hora de votar
- Finalmente, las cuatro comisiones retomaron las votaciones el jueves 7. Aunque originalmente debían empezar el proceso a las 16:00 horas, eso nunca fue así, y como en los días anteriores, hubo atrasos y reiteradas suspensiones de las sesiones, principalmente para que el oficialismo pudiera leer las indicaciones de unidad de propósito que ingresaba en bloque la derecha.
- El clima de trabajo no fue mejor que a principios de la semana, estuvo marcado por una evidente tensión en todo momento, discusiones y emplazamientos de distinta índole.
- En las comisiones se requieren de 3/5 de sus miembros para aprobar normas, quorum que la derecha tiene por si sola. En tres ese umbral es de 8 consejeros y en la de Derechos es de 9. La tónica ha sido votaciones divididas, donde las enmiendas han sido probadas o rechazadas en bloque por Republicanos y Chile Vamos. Ha sido la excepción alguna votación transversal con los votos del oficialismo en temas y casos puntuales.
- Concluido el trabajo de las comisiones, la secretaría técnica debe contar con unos días para compaginar los textos, organizar y preparar los documentos para la siguiente etapa. Se fijó, hasta ahora, como fecha de inicio del trabajo de discusión y votaciones en el pleno el 14 de septiembre.
- Aquí un resumen de lo más relevante que se ha votado hasta ahora:
- Sistema Político. Zanjado el tema en la Corte Suprema, con votos transversales (menos el PS, Cristián Suárez que se abstuvo), se aprobó la creación de un nuevo capítulo completo sobre Defensa Nacional. Señala que “las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”, y que “son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”.
- En votación dividida, con el rechazo del oficialismo, se aprobó artículo donde se precisa que los miembros activos de las FFAA “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”. El reparo de Unidad para Chile se sustentó en que la norma aplica la misma restricción a personal civil.
- Por falta de votos, fue rechazado por la derecha, se cayó la enmienda oficialista donde se consagraba que las FFAA “deben tener un respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos”.
- Se creó otro capítulo nuevo sobre seguridad, donde se precisa que las “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile”, entendidas como “instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes”. Sobre el uso racional de la fuerza, se aprobó enmienda que establece que corresponderá a la ley determinar las circunstancias o conductas en las que se les exime de responsabilidad penal y que “se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley”.
- Temas que generaron críticas en la comisión fueron la aprobación de la enmienda sobre acusaciones constitucionales que excluye la posibilidad de postular a cargos de elección popular dentro de las inhabilidades por 5 años en caso de culpabilidad; la eliminación de la propuesta en el anteproyecto que obligaba a la cesación en el cargo a un parlamentario después de ser expulsado de su partido político; y el aumento de 35 a 40 años de edad del requisito para postular a la presidencia de la República.
- Principios. Con votos solo de la derecha (8-4) se aprobó enmienda de unidad de propósito de Republicanos y Chile Vamos que reemplaza lo propuesto en el ante proyecto y determina como deberes u obligaciones fundamentales del Estado “garantizar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional. Resguardar y mantener la paz social y el orden público. El uso de la violencia como método de acción política es contrario a la Constitución y a la democracia. Proteger la vida, libertad y bienes de las personas. Asegurar y defender la integridad territorial y la independencia del país. La ley sancionará el tráfico de migrantes, la trata de personas y el ingreso irregular al territorio nacional”.
- Se agregó un inciso en que se precisa que “todo acto que promueva la violencia es contrario al orden constitucional, y generará las responsabilidades y sanciones establecidas en la Constitución y la ley”.
- También fue visada la enmienda que consagra que “toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada”.
- Otra enmienda de unidad de propósito de la derecha, que sí fue aprobada de forma unánime, precisa que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación. Una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad”.
- Lo que no apoyó el oficialismo, por lo que fue aprobada 8-4, fue la enmienda que señala que “una vez dictada una sentencia condenatoria firme sobre un hecho calificado como conducta terrorista, las agrupaciones a las que pertenecieran sus autores, cómplices o encubridores, que hubiesen ejecutado dichos hechos o se los adjudicasen, serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona. La ley regulará los efectos de dicha declaración”.
- Durante la votación, el consejero (CS) Yerko Ljubetic, advirtió sobre “la gravedad y las consecuencias que podría tener una norma de este tipo, por la forma en que está redactada, ya que abre perspectivas complejas desde el punto de vista de las sanciones que pueden tener en contra de personas que no estén involucradas directamente en estos hechos”.
- Nuevamente en votación dividida, solo con votos de la derecha se aprobó agregar un nuevo inciso en esta línea: “El Estado reconoce especialmente a las víctimas de terrorismo. Las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conducta terrorista, tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado por todo daño sufrido con ocasión de estos hechos. El monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve y sustanciado en el tribunal civil competente del domicilio de la víctima y en él la prueba se apreciará en conciencia”.
- Otra polémica aparte fue la aprobación de la enmienda propuesta por la oposición sobre la libertad de expresión para evitar, según este sector, que el Estado pueda establecer una verdad oficial: “en ningún caso el Estado podrá establecer ideas u opiniones como únicos u oficiales, y tampoco podrá sancionar la expresión de ideas u opiniones contrarias a la manifestada por el Estado, sus organismos, autoridades o funcionarios”.
- Uno de los reparos del oficialismo pasa por los efectos que esta norma pueda tener sobre documentos oficiales en materia de derechos humanos como el Informe Rettig y los de las comisiones Valech I y II.
- Según el jefe de la bancada republicana, Luis Silva, el único objetivo de esta norma “es asegurarle a la ciudadanía la libertad de expresión frente al llamado negacionismo».
- Derechos. En esta comisión se han votado varios de los temas más polémicos. Uno fue sobre los bienes nacionales. Por 9 votos a favor y cinco se aprobó que “los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión” y una enmienda específica agrega “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”.
- En la práctica se traduce en que aquellos bienes cuyo uso es de todas y todos los chilenos como calles, plazas, puentes, caminos, playas, ríos, lagos, ahora se podrán concesionar y sobre las cuáles habrá derecho de propiedad.
- En esta área, además de aprobó una enmienda de RN y Evópoli que eliminó del texto la prohibición de concesionar los hidrocarburos líquidos o gaseosos.
- Dado que era una enmienda conjunta de Republicanos y Chile Vamos, se sabía de antemano el resultado. Con los votos en contra del oficialismo, se aprobó la libertad de elección en educación, donde se consagra que “las familias, a través de los padres o tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, elegir el tipo de educación y establecimiento de enseñanza, así como determinar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho«.
- Lo mismo sucedió materia de pensiones. Se aprobó en votación dividida la enmienda conjunta de Republicanos y Chile Vamos que a ojos del oficialismo solo lleva a la constitucionalización de las AFP: «El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias».
- La norma agrega que «cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno».
- Se señala que «el Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad a la ley» y que «las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado».
- También solo con votos de la derecha, se aprobó enmienda que reemplazó el texto de la Comisión Experta en materia de agua: “El derecho al acceso al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberán incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia”.
- Sí hubo unanimidad cuando se aprobó el texto del ante proyecto sobre el derecho al trabajo decente, su libre elección y contratación: “La ley promoverá la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente”; y agrega que ninguna ley o autoridad podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar un determinado trabajo.
- Hubo diferencias, 9 votos a favor y 5 en contra del oficialismo en lo que se entenderá constitucionalmente como trabajo decente: “consiste en el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral”.
- Sobre el derecho de propiedad, se aprobó la propuesta del anteproyecto que lo reconoce “en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, que nadie podrá privarlo salvo que una ley general o especial autorice una expropiación “por causa de utilidad pública o de interés nacional”.
- También se aprobó, solo con votos de la derecha, la enmienda de unidad de propósito de Republicanos, RN y Evópoli que señala que “la ley establecerá un procedimiento para indemnizar los perjuicios derivados de las limitaciones u obligaciones que se impongan al derecho de propiedad, cuando importen privación o afectación discriminatoria o desproporcionada de alguno de sus atributos o facultades esenciales. Asimismo, establecerá un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador”.
- Función Jurisdiccional. Con los 12 votos de la comisión, se aprobó la propuesta del anteproyecto para el capítulo Banco Central. Se define como “un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y atribuciones las determinará una ley institucional”.
- El BC “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco Central podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, ejecutar operaciones de crédito y cambios internacionales y dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”.
- Se definió que “solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas”.
- Su dirección y administración superior estará a cargo de un Consejo que “ejercerá las atribuciones y funciones que establezcan la Constitución y su ley institucional. El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno”.
- Estará constituido por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo, previo acuerdo de las 3/5 partes de los miembros en ejercicio del Senado. Durarán 10 años en el cargo, pueden ser designados para nuevos períodos, y renovados parcialmente de a uno cada dos años.
- Sobre la Contraloría, se aprobó la creación del Consejo Técnico Asesor, que deberá ser oído por el contralor antes de tomar ciertas decisiones. Una figura cuestionada por considerarse que le va a restar autonomía podría restar autonomía;
- También fue aprobado un capítulo nuevo para el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Su objetivo es dar asesorías, representación jurídica y ayuda psicológica.
- El capítulo del Ministerio Público se aprobó de forma unánime casi íntegramente. Se creará un Consejo de Coordinación Interinstitucional, presidido por el fiscal nacional, que colabore en la coordinación de los órganos que intervienen en la investigación de delito; también una Fiscalía Supraterritorial, que reemplace a la actual Fiscalía de Alta Complejidad; y una Unidad de Asuntos Internos, que se hará cargo de las investigaciones penales en las que los imputados son fiscales.
- Como parte de las conversaciones que se han desarrollado en las últimas horas y que avanzó una de las subcomisiones temáticas, se aprobó unánimemente (12 votos) la enmienda de unidad de propósito de la derecha para reponer el control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional (TC). “Conocerá del asunto a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una tercera parte de sus miembros, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, después del quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación».
- También se aprobó reponer el nombre original de la instancia. Ya no se llamará Corte Constitucional como propuso el anteproyecto, sino que regresa a Tribunal Constitucional.
