- Ya está todo listo. Los informes del trabajo de las cuatro comisiones -Sistema Político, Principios, Derechos y Función Jurisdiccional- ya fueron despachados al pleno y la mesa con los delegados de las seis bancadas, acordaron las reglas de funcionamiento. Finalmente, este viernes 15 de septiembre a las 9:300 horas empieza a sesionar el pleno del Consejo Constitucional para la propuesta de nueva Constitución.
- El trabajo partirá con el capítulo I del anteproyecto sobre “Fundamentos del Orden Constitucional”, que contempla temas como el Derecho a la vida, la definición de familia, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como parte de la Nación y su interculturalidad, el Estado social y democrático de derecho, y los emblemas nacionales.
- Para cada capítulo se fijó un espacio de tres horas y media de debate previo a la votación, donde pondrán exponer por bancadas consejeros e integrantes de la Comisión Experta.
- Serán en total 26 plenos para despachar a la Comisión de Expertos una propuesta integral de nueva Constitución. Se sesionará la próxima semana de miércoles a sábado y la semana siguiente, del 25 al 30 de septiembre. El Consejo tiene plazo final para concluir esta etapa de votaciones de pleno hasta el miércoles 4 de octubre.
- Los días 20, 21 y el viernes 22 de septiembre, en sesiones de mañana y tarde se zanjará el Capítulo II sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, mientras que los capítulos III y IV sobre “Representación Política y Participación” y ” Congreso Nacional”, se votarán el sábado 23 y el lunes 25.
- El quorum de votación para aprobar todas las normas es de 3/5, eso implica a 30 de los 50 consejeros. Una mayoría que la oposición tiene por si sola, ya que Republicanos cuenta con 22 escaños, la UDI con otros seis, más 4 de RN y un Evópoli. Al frente, el oficialismo tiene nulo margen de injerencia, solo 17 votos, que no le alcanzan ni siquiera para intentar vetar artículos polémicos.
- Un dato no menor considerando el complejo clima previo con que el Consejo llega a esta etapa clave. Durante el mes y medio de trabajo en las comisiones fracasaron al menos tres intentos e instancias formales de negociación entre el oficialismo y la derecha, para generar consensos, subsanar diferencias en los nudos críticos y llegar a propuestas que fueran puntos comunes.
- Además, más allá de algunos episodios aislados, Republicanos y Chile Vamos en general han actuado hasta ahora en bloque, tanto en la presentación de enmiendas de unidad de propósito que reemplazaron el contenido del anteproyecto, como en las votaciones en comisiones, imponiendo una propuesta general que solo recoge.
- Precisamente, el tono identitario de las normas aprobadas desde las comisiones es un factor que ha levantado alarmas en distintos sectores, dentro y fuera del Consejo, tanto en el oficialismo como en el seno de la propia derecha, por el riesgo que el sello ultraconservador de la propuesta fomente un rechazo masivo en el plebiscito de salida de diciembre.
- Esta semana, incluso, los expresidentes salieron al ruedo para abogar por mayores consensos. En el marco de un encuentro de ICARE, Michelle Bachelet alertó que “vivimos días cruciales, comprendemos la importancia del desafío que enfrentamos: quizá esta es la última oportunidad para tener un nuevo texto constitucional”, pidió al oficialismo no tirar “la toalla antes de tiempo, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Está en nuestro corazón la lucha por más y mejor democracia” y reconoció que “me encantaría votar a favor de una nueva Constitución que ayude a superar las trabas de la Constitución del 80 (…) No espero consensos perfectos, me gustaría votar por uno que se parezca al proyecto de los expertos. Ahí, ningún sector se impuso por sobre otro”.
- En tanto, Sebastián Piñera en el mismo encuentro dijo que no se puede “pretender reemplazar lo que es el sentido común de la sociedad y fijar para siempre el destino del país (…) no hay que olvidarse que este proyecto debe ser aprobado por la gente, ese es el test más difícil. Confío en la sabiduría de la gente, ojalá que la historia recuerde a los consejeros, y a nuestra generación, como los forjadores de esos grandes acuerdos que Chile tanto necesita”.
Entre gallos y media noche
- Si ya las relaciones entre oficialismo y derecha venían bastante dañadas de las semanas anteriores, el cierre de las comisiones el fin de semana pasado terminó por fracturarlas.
- Durante la semana se habían aprobado normas polémicas como la norma que constitucionaliza sin excepciones la objeción de conciencia personal e institucional; el artículo que elimina el pago de contribuciones a la vivienda principal; la que consagra la cueca y el rodeo como el baile y deporte nacionales; la cláusula que plantea que ”los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión y sobre los derechos emanados de la respectiva concesión, el titular tendrá derecho de propiedad”; y una norma que permite decretar Estado de Excepción por “grave amenaza terrorista”.
- Además, se eliminó la mención al cambio climático; se rechazó la propuesta de escaños reservados para pueblos indígenas; y también la que consagraba la paridad.
- Pero lo más conflictivo vino el viernes 8 de septiembre y la madrugada del día 9. Las cuatro comisiones estaban presididas por la derecha, que también tenía mayoría en cada una, por ende, el control total de la forma de conducir el proceso, con autonomía de decisión y votación.
- Todo fue un frenesí y un desorden. Las comisiones estuvieron suspendidas por horas, los consejeros de Republicanos y Chile Vamos escribieron, enmiendas de unidad de propósito sobre la marcha, fueron ingresadas a la rápida y entregadas al oficialismo minutos antes de la votación, sin espacio para conocerlas y debatirlas. Fueron 21 horas complejas, donde la propuesta de nueva Constitución se aprobó entre gallos y media noche, en promedio cerca de la 5 de la madrugada y solo con los votos de la oposición.
Redistritaje. Sobre el Capítulo IV del “Congreso Nacional” se aprobó deducir la Cámara de Diputados de 155 a 138 escaños y también la cantidad de escaños a elegir por distrito de dos a seis dependiendo de la cantidad de población, en circunstancias que actualmente oscila entre 3 a 8 cupos. Se encomienda al Servicio Electoral proponer una nueva demarcación de distritos sobre la base de criterios de densidad poblacional, igualdad del voto y la división en comunas, provincias y regiones del país.
- Una norma, a lo menos polémica, porque retrotrae el sistema a una lógica binominal, además de elaborarse con calculadora en mano en beneficio electoral de Chile Vamos y Republicanos.
- También se aprobó establecer un umbral del 5% de votos para que los partidos puedan tener escaños en la Cámara Baja, a no ser que sumen un mínimo de ocho escaños sumando a los que ya están en ejercicio. Para la primera elección después de entrado en vigencia el nuevo texto constitucional, ese umbral se reduce a 4% por una sola vez.
- Además, la derecha aprobó -también por ocho votos a favor y 4 en contra- que dos o más partidos políticos que concurran en una misma lista o pacto electoral que, individualmente, no logren el umbral del 5% “podrán fusionarse para acceder a la atribución de escaños en la Cámara si la suma de los votos válidamente emitidos a nivel nacional por cada uno de los referidos partidos es suficiente para alcanzar el porcentaje requerido”.
- Esa enmienda fue entendida en el Consejo como un guiño para partidos como Demócratas y Amarillos, en el marco de la estrategia de la oposición de evitar el naufragio de este segundo proceso constitucional, aglutinando a las fuerzas políticas que fueron parte del 62% del rechazo, ahora a favor de la propuesta.
- Sobre la participación política de los pueblos indígenas, se aprobó establecer mecanismos para promoverla y una norma transitoria para que el Presidente de la República cree una comisión que proponga mecanismos para ese objetivo.
- Derechos. Se aprobó enmienda que consagra “el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte”.
- También fue visada -7 votos a favor, cuatro en contra y una abstención- una enmienda de unidad de propósito de la UDI y del Partido Republicano para que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total, siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.
- Con votación dividida, 8 a 4, se aprobó indicación que señala que “la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono y/o tráfico de niños, todo esto de conformidad a la ley”.
- En materia de salud, se aprobó enmienda de la derecha que consagra que “el Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y cuidado de la salud, prevención de enfermedades y de rehabilitación de la persona, en todas las etapas de la vida. Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, podrá establecer cotizaciones obligatorias y las personas tendrán el derecho a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea éste estatal o privado”. Agrega que la “la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”.
- Poder Judicial. En este tema, fueron retiradas las 63 indicaciones que se habían presentado y durante la noche, la derecha presentó 14 enmiendas de unidad de propósito.
- Por 8 votos contra 4, se aprobó que “la función jurisdiccional de conocer y resolver los asuntos, causas y conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado, es una potestad que radica exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley” y que “para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren”.
- Por otros 8 votos a favor y tres en contra, se aprobó que “para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos con autonomía legal encargados de los Nombramientos de sus Integrantes; la Formación y el Perfeccionamiento de Jueces y funcionarios; así como la Gestión y Administración del Poder Judicial” y que “estos tres órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada. Una ley institucional regulará, en cada caso, las competencias, organización, funcionamiento y demás atribuciones de los órganos respectivos que ejercerán la gobernanza judicial. Los integrantes de los cuerpos directivos de los órganos durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por una vez, salvo los del órgano que esté a cargo de los nombramientos judiciales, quienes no podrán ser reelegidos, y cuyos integrantes judiciales durarán dos años en su cargo”.
- Además, “habrá un órgano cuya función será designar o nominar, según el caso, a los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, los auxiliares de la administración de justicia y las demás personas que establezca la ley. Las designaciones y nominaciones se basarán en factores objetivos, especialmente la capacidad profesional, el mérito, la probidad y experiencia”.
- Añade que “los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República, quien los elegirá de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el órgano referido en el inciso 1 y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.
