- Se suponía que ya en este tercer mes, el Consejo estaría en tierra derecha, cerrando el proceso de debate y votación de normas, enmiendas e Iniciativas Populares de Norma (IPN). Agosto iba a ser un mes clave, donde el proceso entraba de lleno a una nueva etapa, la de los contenidos, donde empezaría a tomar forma la futura propuesta de nueva Constitución. Pero nada de eso sucedió.
- Al contrario. El cronograma original nunca se cumplió y se ha tenido que ajustar más de una vez. Jamás se comenzó el debate el 7 de agosto y menos se iniciaron las votaciones el día 21. Primero, porque la derecha -que tiene la presidencia y la mayoría en todas las comisiones- aplicó inicialmente una evidente estrategia de dilatación del trabajo, con el objetivo de reducir al mínimo el margen de debate para proteger a sus consejeros y evitar el cuestionamiento público de sus enmiendas.
- Los consejeros del oficialismo presionaron en público y en privado, en las comisiones y fuera de ellas. No fue gratuito que el martes 8 en la comisión de Derechos el consejero PS, Miguel Littin, emplazara a la derecha en la sesión: “¿Cuándo vamos a discutir las enmiendas y cuándo va a empezar el proceso? Aún no hay debate de enmiendas y se sigue aplazando el debate de fondo”.
- Segundo, jamás se lograron fraguar los acuerdos necesarios, por lo que las votaciones en las cuatro comisiones -Sistema Político, Derechos, Principios y Función Jurisdiccional- fueron aplazadas o suspendidas demasiadas veces, casi a diario.
- Dentro y fuera del Consejo se habla de una errática estrategia de cierta “revancha” por parte de Republicanos y Chile Vamos por la marginación que sufrieron en la Convención Constitucional, donde las mayorías le sonreían al progresismo y la izquierda, pero no hubo la inteligencia política para generar acuerdos más amplios que dieran viabilidad a ese primer proceso.
- Ahora están pecando de lo mismo que criticaron con tanta dureza: la “embriaguez” ante una mayoría circunstancial, una advertencia que no solo la han realizado desde el oficialismo, sino que ya se instaló en algunos sectores de la derecha.
- En el oficialismo molesta sobremanera lo que consideran una utilización política por parte de Republicanos de este segundo proceso constitucional, para sondear y desplegar su propuesta política con miras a la carrera presidencial de su líder, José Antonio Kast. Un factor que ha condicionado y eclipsado al resto de Chile Vamos.
- Un reclamo que se sustenta especialmente en la campaña “Te quiero Chile”, que durante agosto el Partido Republicano desplegó por redes sociales y en terreno para difundir las casi 400 enmiendas que presentaron al anteproyecto, de las cuales se ha dicho que parecen más un programa de gobierno que a contenidos de corte constitucional. Una difusión en la que Kast ha sido protagonista.
- Más de una vez este mes hubo emplazamientos por este despliegue. Uno de ellos fue de la consejera PC, Karen Araya, quien advirtió lo “peligroso que se ocupe el proceso constitucional como un trampolín para hacer una campaña presidencial, eso no corresponde. Nosotros estamos mandatados a llegar a acuerdos y no me parece correcto que algunos líderes políticos de la ultraderecha estén ocupando este espacio para hacer su campaña presidencial”.
- El dilema de la derecha. Lo cierto es que, si bien hasta ahora han actuado en bloque en la oposición, a puerta cerrada las cosas no han sido fáciles, porque se enfrentan al dilema del poder que ejerce Republicanos en el sector y la demanda interna a que, al menos a RN y Evópoli, ejerzan un el rol de puentes, el mismo muchas veces a nivel nacional cumplieron para destrabar negociaciones políticas relevantes.
- Eso, porque con cuatro de los cinco votos que suman RN y Evópoli, más los 17 del oficialismo se podría generar poder de veto a las enmiendas más radicales de republicanos.
- En Chile Vamos hay personas convencidas de la necesidad que los acuerdos constitucionales vayan más allá de las fronteras del sector, de la importancia de replicar la transversalidad que logró la Comisión de Expertos, para reducir el riesgo de un nuevo fracaso en las urnas del proceso constitucional, y de no quedar “bailando” a merced de Kast y su gente.
- Una tensión que empezó a quedar en evidencia después de unas cuestionadas declaraciones del líder del PR. “Aquí están las enmiendas que han presentado los republicanos y si estas enmiendas son aprobadas, claramente el texto vigente podría mejorar y mucho en la medida que se aprueben (…) nosotros no tendríamos ningún problema en decir ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto’. Distinto es, si se aprueban estas enmiendas”, sentenció Kast.
- Públicamente lo criticó el exministro Ignacio Briones, una de las voces principales de Evópol, quien en Twitter advirtió: “ahora resulta que texto de expertos (aprobado por experto del Partido Republicano) sería tan malo que, si no se aprueban enmiendas del PR, este no tendría problema en llamar a rechazar. Traducción: o te gusta lo mío o rechazamos. Vaya sentido republicano”.
- Un reclamo que luego se tradujo en una declaración pública de varios exministros de la administración piñerista y ex convencionales de Chile Vamos, donde pidieron mesura a su sector, llamaron a sus consejeros a no cometer los errores que criticaron a la Convención y destacaron la importancia que la Constitución sí sea un verdadero pacto social transversal, no un texto identitario de un solo sector.
- Incluso esta semana hubo una reunión de las directivas de los partidos de Chile Vamos con sus consejeros y expertos para evaluar una forma de tomar necesaria distancia de republicanos.
- Es que es clave cómo cada sector, la derecha y como el oficialismo, se manejen en esta etapa, porque ante el riesgo permanente de un fracaso de este segundo proceso constitucional, lo que está en juego realmente es quien deberá asumir la paternidad de este naufragio.
- Si el oficialismo anuncia anticipadamente -antes que termine el proceso el 7 de noviembre- un rechazo a la propuesta constitucional por su evidente tono ultraconservador, será inevitable que la derecha y especialmente Republicanos les endose la responsabilidad del fracaso, y por añadidura, al Gobierno para marcarlo con otra derrota electoral.
- Y, si Republicanos estira en exceso el elástico de su condición de mayoría, el foco estará puesto en José Antonio Kast, ya que quedar marcados como poco dialogantes, no ayudará a las aspiraciones presidenciales de Kast.
Esfuerzos fallidos
- Si bien hasta ahora no se han visto resultados, sería injusto no recalcar que se han creado distintas instancias para tratar de lograr acuerdos políticos más transversales. Al menos el intento ha sido en las formas.
- El 3 de agosto y a petición del oficialismo, se creó una “mesa de negociación” para contar con una instancia que permitiera generar acuerdos en torno a las enmiendas. Fue integrada por los seis delegados de cada bancada, más un representante de estas, asesores o comisionados expertos rotativos según los temas que se discutían, y el escaño reservado de Alihuen Antileo.
- Fue llamada “la quinta comisión”, se reunió al menos en ocho ocasiones, donde se sinceraron las posturas de cada partido, se transparentaron los puntos intransables de cada uno y los márgenes de posible negociación. Trabajaba de forma reservada, sin pauta pública ni actas para fomentar el diálogo honesto que permitiera destrabar los principales nudos.
- En su primera cita definieron un calendario de trabajo; en la segunda los criterios para las tratativas: considerar el “interés del país”, objetivo de lograr acuerdos transversales, considerar el anteproyecto, las 12 bases constitucionales predefinidas para este segundo proceso constitucional y los temas que se debaten en el Congreso, además de usar fórmulas de acuerdo por unidades de propósito, paquetes de enmiendas o retiro de estas.
- En la tercera reunión se decidió dejar temas complejos como derecho a la vida, la jerarquía de los tratados internacionales, las propuestas para constitucionalizar las Isapre y AFP, el redistritaje, la reducción de escaños, o la paridad para las semanas siguientes.
- Dada su condición de minoría y casi nulo margen de influencia, el oficialismo zanjó un criterio base para actuar en esta mesa: ser un solo bloque, sin disensos, para no debilitarse ante la autonomía de votación que posee la oposición. Eso incluye al PC, cosa que se reafirma permanentemente ante los intentos de Republicanos y la UDI de querer marginarlos e intentar acuerdos solo con algunos grupos de Unidad para Chile.
- Ante la cercanía del inicio de votaciones en las cuatro comisiones, la mesa intensificó su trabajo, sin embargo, los esfuerzos no llegaron a puerto y el lunes 28 quedó en evidencia el naufragio de esta instancia con la batería de enmiendas de unidad de propósito que ingresó la derecha sin aviso previo.
- Ante ese escenario, el oficialismo optó por el emplazamiento público, responsabilizando abiertamente a Republicanos y Chile Vamos de la ausencia de acuerdos políticos: “no han hecho esfuerzos serios”.
- En un mediático punto de prensa que lideró el consejero, Yerko Ljubetic (CS), dejaron en evidencia su preocupación: “Quienes tienen la principal responsabilidad en la conducción de este proceso que son la mayoría circunstancial de la derecha y especialmente el Partido Republicano, que dominan la mesa directiva del proceso, no han hecho esfuerzos serios y rigurosos para promover espacios e instancias de conversación y de diálogo que permiten arribar a ciertos acuerdos comunes”.
- El emplazamiento cayó pésimo en la derecha. No pocos se pusieron nerviosos, aunque en Republicanos optaron por la vieja estrategia de no hacerse cargo y desviar el foco de atención hacia el Partido Comunista. Les quedó en bandeja de plata que justo ese fin de semana el ex convencional, Hugo Gutiérrez (PC), llamó públicamente a rechazar la propuesta constitucional en diciembre, en circunstancias que esa no es la línea oficial del partido en este tema.
- “Todo lo que nosotros vemos es que va en la línea de que tomaron la decisión de rechazar y el fin de semana lanzaron la campaña (…) este proceso constitucional todavía no se ha votado nada y a pesar de eso, la ultraizquierda, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ya anunciaron que se están bajando del proceso constitucional y han comenzado la campaña para votar en contra del plebiscito del 17 de diciembre y lamentablemente están arrastrando a toda la izquierda a sumarse en ese rechazo”, afirmó el convencional republicano, Antonio Barchiesi.
- El oficialismo se jugó otra carta. Trabajaron un documento en el que propusieron a la derecha siete ejes programáticos para llegar a consensos: estabilidad institucional, igualdad, derechos sociales, seguridad, lucha contra la corrupción y los abusos, protección del medio ambiente y habilitación del debate democrático. “Aún estamos a tiempo de retomar el camino de los acuerdos que tanto necesitamos. Desperdiciar este momento sería una irresponsabilidad y un error histórico”, reza el texto que hicieron público el jueves 24.
- Pusieron el acento en que “para lograr un amplio apoyo ciudadano, es fundamental la legitimidad del proceso. Por ello, necesitamos un acuerdo basado en un entendimiento mutuo y amplio, en el que todas y todos los chilenos se sientan representados. La nueva constitución no puede implicar retrocesos ni amenazar la estabilidad de nuestras instituciones. Debemos dialogar pensando en Chile, con altura de miras, para lograr resolver nuestras diferencias, y brindar esperanza a los chilenos y chilenas”.
- Hicieron un emplazamiento específico al partido de Kast: “La bancada republicana tiene la mayoría de consejeros y la conducción de este proceso (…) Instamos a quienes tienen la conducción y principal responsabilidad de que este proceso llegue a buen puerto, a traducir en acciones concretas la disposición que señalan tener para construir un diálogo fructífero, que nos lleve acordar un nuevo texto constitucional que respete los avances de nuestra historia constitucional y nos permita avanzar hacia un mejor futuro. El tiempo se acaba”.
- Tras conocerse esta propuesta, la derecha en pleno dio un punto de prensa en el que valoraron el esfuerzo del oficialismo plasmado en “ese papelito”, como dijo el delegado de republicanos, Luis Silva. Pero tampoco funcionó.
- Para evitar un naufragio anticipado, no quedó otra que buscar una tercera fórmula y se crearon cuatro subcomisiones para buscar consensos en los temas considerados “nudos críticos”: 1-Estado social, derechos sociales y garantías de derechos; 2-Sistema electoral, Congreso y partidos políticos; 3-Reglas como quorum de leyes y reformas, además del Tribunal Constitucional; y 4-Derechos humanos, tratados internacionales, derecho a la vida, paridad, y cuidados.
- La de Estado social está integrada por Carlos Frontaura (Republicano), Max Pavez (UDI), Yerko Ljubetic (CS), Alejandra Krauss (DC), Karen Araya (PC) y Teodoro Ribera (RN). En Sistema electoral están Beatriz Hevia (Republicano), Natalia González (UDI), Gabriel Osorio (PS), Cristian Suárez (PS), Antonia Rivas (CS) y Juan José Ossa (RN).
- El grupo para discutir quorum y reglas lo conforman Luis Silva (Republicano), Hernán Larraín (UDI), María Pardo (CS), José Antonio González (RD), Domingo Lovera (RD) y Sebastián Soto (Evópoli). Y finalmente, en la de derechos humanos están Jorge Barrera (Republicano), Arturo Phillips (UDI), Alihuen Antileo (escaño reservado), Fernando Viveros (PC), Catalina Lagos (PS) y Pilar Cuevas (RN).
- La diferencia ahora está en el criterio de igualdad de condiciones. Todas tienen seis integrantes, entre consejeros y expertos, tres del oficialismo y tres de Republicanos con Chile Vamos. Una igualdad en la correlación de fuerzas que fomenta la necesidad de acuerdos, y que replica la forma de trabajo que hubo en la Comisión de Expertos.
- En estos días se hablaba de posibles “acercamientos”, intentos de preacuerdos, pero a pesar del sin fin de reuniones que se han registrado, incluso esta semana se suspendieron las comisiones para dar espacio a estas tratativas, hasta el cierre de este informe el panorama no era auspicioso.
- De hecho, ante el nulo avance que se registraba, este miércoles 6 cerca de las 13:00 horas el oficialismo puso en marcha una nueva estrategia: propuso a Republicanos y Chile Vamos que todas las bancadas retiren sus enmiendas, para avanzar desde cero en la construcción de un acuerdo político transversal en el Consejo Constitucional.
- Al cierre de este informe, se había tomado la decisión de suspender las comisiones de hoy, que debían votar hasta total despacho, hasta las 16:00 horas de este jueves 7. La idea era intentar seguir con el diálogo durante toda la noche.
La máquina
- Cuando el lunes 28 de agosto finalmente comenzaron las votaciones, fue todo un desastre. El temor a que la derecha “pasara máquina” se hizo realidad, gracias a la autonomía de votación que tiene Republicanos con Chile Vamos.
- No hay que olvidar que, de los 50 escaños, 22 los tiene republicanos, otros seis son de la UDI, RN cuenta con cuatro y Evópoli uno, que en suma son tres más del umbral de 3/5 (30 votos) que necesitan para aprobar cualquier norma. En las comisiones, además, tienen mayoría y las presidencias de todas. El oficialismo en total, incluido el escaño indígena, suma solo 17 votos, que ni siquiera le alcanzan para tener poder de veto.
- Las declaraciones reiteradas de buena crianza nunca se tradujeron en hechos concretos. Ese lunes, Republicanos y Chile Vamos ingresaron enmiendas de unidad de propósito en las cuatro comisiones, marginando al oficialismo, y solo minutos antes que comenzaran las sesiones de votación.
- La mayoría se aprobaron solo con los votos de la derecha, y ya al medio día se hablaba en los pasillos del Consejo de la “aplanadora” republicana, que RN, Evópoli y la UDI eran su vagón de cola y que el Consejo iba rumbo, sin escalas, a caer en el síndrome del Titanic, destinado a naufragar.
- Tras esa tensa jornada, se acordó que desde ahora las enmiendas de unidad de propósito se pueden ingresar hasta seis horas antes que se inicie la votación, se suspendieron las votaciones por dos días para dar espacio a las conversaciones y se ajustó el cronograma, ampliando el plazo de las comisiones del 2 al 6 de septiembre. El que tampoco se cumplió finalmente.
- El delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler, dijo que quería “con mucho respeto y en representación de nuestro bloque de Unidad para Chile declarar que nos parece una alta irresponsabilidad y falta de seriedad llegar con unidades de propósito a un minuto de iniciar el trabajo de esta comisión y no solo con nuestra bancada, también con la mesa de conversación y coordinación (…). Estuvimos todo el fin de semana trabajando e intentando crear las condiciones para evitar precisamente lo que ha ocurrido hoy día y por esa razón quiero preguntar: ¿Las bancadas de derecha están en condiciones de conducir este proceso constitucional?”.
- Recién el 31 de agosto se retomaron las votaciones y los resultados hasta ahora han sido preocupantes, por el tenor y forma que está tomando la propuesta constitucional.
- Es justo decir que sí se han aprobado por unanimidad varias normas, como el derecho a la vivienda adecuada, donde se ratificó la propuesta de la comisión experta: “El Estado promoverá, a través de instituciones públicas y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”.
- En materia de medio ambiente se logró mantener la palabra “protección” en el nombre sobre este capítulo. Además, se aprobó la norma que señala que “es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. La protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad, de conformidad a la ley. La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. En estas tareas el Estado promoverá la colaboración público-privada”.
- También materias sobre nacionalidad y estados de excepción, como el de “estado de catástrofe” en caso de calamidad pública y de emergencia “en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad interior”, y sobre descentralización del ante proyecto. Las propuestas del anteproyecto sobre la Contraloría General de la República y el Banco Central se aprobaron de manera casi íntegra.
- Si bien todos son temas relevantes, las alarmas igual están en rojo permanente por una batería de enmiendas que obtuvieron luz verde en las comisiones solo con los votos de Republicanos y Chile Vamos, o las que han sido bloqueadas por este sector.
- Se rechazaron los artículos sobre justicia ambiental y acciones para hacer frente al cambio climático, como el 206 del ante proyecto que establecía la obligación del Estado de implementar “medidas de mitigación y adaptación para los efectos del cambio climático”.
- Se aprobó la enmienda que señala que “todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”.
- Además, se consagró que “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo”.
- Por 9 votos a favor y 4 en contra se aprobó la enmienda de Republicanos y Chile Vamos que señala que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”. Cabe recordar que las viviendas más baratas ya están exentas de pago.
- La derecha también aprobó su enmienda que establece un quorum de 4/7 para aprobar en el Senado las acusaciones constitucionales, lo que actualmente requiere mayoría absoluta. Además, se visó que la autoridad que sea declarada culpable en un libelo quedará inhabilitada para cumplir funciones públicas por cinco años, pero sí podrá postularse a cargos de elección popular.
- Aunque la mayoría de estas enmiendas han generado críticas, se ha cuestionado especialmente la propuesta que aprobó Republicanos y Chile Vamos que declara que “los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión. Sobre los derechos emanados de la respectiva concesión, el titular tendrá derecho de propiedad”.
- Lo mismo sucedió con la eliminación del inciso del anteproyecto que precisaba que los hidrocarburos líquidos o gaseosos no pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación.
- La oposición en bloque votó en contra la posibilidad de incluir el derecho a manifestación pacífica, y se dejó sólo el derecho a «reunión».
- Fue aprobada la propuesta opositora que determina que “una vez dictada una sentencia condenatoria firme sobre un hecho calificado como conducta terrorista, las agrupaciones a las que pertenecieran sus autores, cómplices o encubridores, que hubiesen ejecutado dichos hechos o se los adjudicasen, serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona. La ley regulará los efectos de dicha declaración”.
- Solo con votos de Chile Vamos y Republicanos se sumó a la lista la enmienda sobre objeción de conciencia que consagra “la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirla, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
- Esta indicación añade que “las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas. La libertad religiosa comprende, en su núcleo esencial, el libre ejercicio y expresión del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, la de manifestar, divulgar y enseñar la religión o las creencias, la celebración de los ritos y las prácticas, todo ello en público y en privado, individual y colectivamente, en cuanto que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.
Las líneas rojas
- Este diálogo de sordos que ha imperado en el Consejo ha llevado a que cada sector marcara sus límites, aquellos temas considerados intransables. Un gallito, en todo caso, en el que el oficialismo tiene todas las de perder, porque varias de sus líneas rojas son puntos en que la derecha en su conjunto comulga o incluso presentó enmiendas comunes, lo que garantiza su aprobación en comisión y en el pleno. Estos son los llamados nudos críticos.
- Una de las principales líneas rojas del oficialismo es la negociación colectiva y la libertad sindical. Al respecto, el anteproyecto precisa que la libertad sindical “comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado”. Es considerado un buen avance a la forma restrictiva en que el tema está plasmado en la Constitución vigente.
- Sin embargo, la derecha quiere restringir ambos conceptos. Una enmienda de republicanos establece que no pueden declararse en “huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas, Gendarmería, los funcionarios del Estado y las municipalidades”, y en el mismo tenor, la de la UDI precisa que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”.
- Entendido de distinta manera, el tema previsional es una línea roja para ambos sectores. “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias, y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, reza la enmienda conjunta que ingresó Chile Vamos y Republicanos.
- Para el oficialismo esta propuesta representa un intento por constitucionalizar el sistema de AFP, lo que es intransable. Se inclinan por mantener la propuesta del anteproyecto en este punto: “El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”.
- En salud el escenario es similar. La derecha en conjunto ingresó una enmienda que consagra que “cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”.
- En el oficialismo critican que establecer esa libertad de elección en asegurador y prestador es una forma de constitucionalizar a las Isapre, y nuevamente prefieren lo planteado por consenso transversal en el anteproyecto: “Derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física, mental y social. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, abordando sus determinantes sociales y ambientales, de conformidad a la ley. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”.
- Una opción en este tema podría estar en la enmienda que, además, ingresó solo Chile Vamos que establece un plan básico y universal, la que podría establecerse como un punto intermedio en las posiciones.
- Otra línea roja del oficialismo es no retroceder en lo avanzado estos años en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye no eclipsar, neutralizar o echar abajo la ley de aborto en tres causales. En esta área, el anteproyecto habla de forma genérica de “el derecho a la vida” y que “se prohíbe la pena de muerte”.
- La derecha no presentó una enmienda conjunta, pero sí cada partido ingresó una propia, que apuntan todas al mismo objetivo y efecto. “La ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto” es la indicación de la UDI; republicanos retiró la suya, y la de RN-Evópoli señala que “la ley protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad”. El punto está generando discrepancias internas en la oposición.
- Otra de las enmiendas conjuntas de la derecha apunta al tema de educación: “Las familias, a través de los padres, o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.
- Una propuesta mucho más amplia que lo que se acordó en el anteproyecto, que se limita a reconocer “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”. El tema es complicado para el oficialismo, que ve reducido el rol del Estado en materia educacional.
Estrategia fallida
- No todos estaban de acuerdo en el oficialismo de recorrer ese camino, pero finalmente se aplicó a raja tabla la estrategia de actuar en bloque en todas las instancias y se siguió adelante. Pero el resultado no fue ni optimo y menos el esperado.
- De manera unánime, la Corte Suprema rechazó el cuestionamiento del oficialismo por las enmiendas que presentó Chile Vamos y Republicanos para crear tres nuevos capítulos al anteproyecto: uno para las Fuerzas Armadas, otro sobre Seguridad Pública, y un tercero para una Defensoría de las Víctimas.
- En su fallo explicó que “el mérito de los antecedentes se advierte que las enmiendas fueron interpuestas dentro del plazo de cuarenta días, con el cuórum legal y por escrito, precisando la modificación que se propone, consistente como se dijo en agregar determinados capítulos y cambiar la denominación de otros que se especifican, por lo que en lo formal cumplen con los requisitos”.
- Los jueces Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz, Arturo Prado y Mario Carroza sentenciaron que “el reclamo se sustenta en una interpretación jurídica que escapa del concepto de vicio de procedimiento legislativo y principalmente del carácter esencial del mismo”. Además, consideraron que las enmiendas cuestionadas “no son conclusivas, únicamente proponen un cambio que deberá ser debatido en las instancias respectivas al interior del Consejo Constitucional, lo que limita la trascendencia de la supuesta infracción”.
- Tras ese resultado, el consejero Antonio Barchiesi (republicanos) apuntó al Partido Comunista: “Veo que hay un grupo de consejeros muy bien dispuestos a avanzar hacia el éxito de este proceso constitucional. Veo a otros, en cambio, que han optado por el fracaso del proceso y yo espero que esas posiciones sean sinceradas”.
- En el oficialismo sabían que lo más probable era que sufrirían un revés en la Corte Suprema, por lo que no les quedó otra que sacar en limpio la capacidad de dar la señal de unidad. Temían que tras este fallo Republicanos y Chile Vamos se sintieran respaldados para imponer sus criterios en el Consejo. A la luz de los resultados hasta ahora, al menos en eso no se equivocó Unidad para Chile.
