Resumen semanal: de la aplanadora republicana a los intentos para evitar que la sangre llegue al rio

• Nada ha sucedido como se pensó. Esta iba a ser la semana en que el Consejo Constitucional entraba en una nueva fase, la de votaciones en las comisiones, con lo que empezaría a tomar forma el tenor de la propuesta constitucional.

• Sin embargo, la ausencia de consenso entre las bancadas, el nulo avance de las instancias de negociación y la recurrente tentación en la que ha caído Republicanos y la derecha de hacer gala de su mayoría y autonomía de votación de normas, entrampó todo el proceso, a tal punto que fueron suspendidas las votaciones por dos días, se tuvo que ajustar nuevamente el calendario de trabajo, y se cierra la semana con un saldo bastante escuálido de temas resueltos.

• El lunes 28 se aprobó el artículo 8 propuesto en el anteproyecto que señala que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República».

• Después de eso, todo se derrumbó como reza una canción. Sin previo aviso, Republicanos y la derecha ingresaron enmiendas de unidad de propósito en las cuatro comisiones, marginando al oficialismo, y solo minutos antes que comenzaran las sesiones de votación.

• La mayoría se aprobaron solo con los votos de la derecha, y ya al medio día se hablaba en los pasillos del Consejo de la “aplanadora” que estaba pasando republicanos, que RN, Evópoli y la UDI eran su vagón de cola y que el Consejo iba rumbo, sin escalas, a caer en el síndrome del Titanic, destinado a naufragar.

• Originalmente las comisiones tenían hasta este 2 de septiembre para votar. Pero el plazo se extendió hasta el miércoles 6, y se decidió abocarse estos primeros días a los temas menos complicados, para dar espacio a un nuevo intento de negociación.

• Con este ajuste, el pleno ya no empezará su trabajo de discusión y votación de normas el 5 de septiembre, sino que será a partir del día 12. Todo con miras a la fecha límite que tiene el consejo del 7 de octubre, para entregar su propuesta a la Comisión de Expertos para haga sus observaciones.

• El Consejo está próximo a cumplir tres meses desde su instalación y el nivel de avance ha sido lento y ripeado. Algunos de sus integrantes ven con preocupación la posibilidad de no lograr llegar a plazos, especialmente el de este miércoles 6.

• Sobre el trabajo de las comisiones, es relevante tener presente que la aprobación de normas y enmiendas tiene un umbral de 3/5. Dada la correlación de fuerzas que hay en el Consejo -22 republicanos, 6 UDI, 4 RN, 1 Evópoli y 17 consejeros del oficialismo incluido el escaño reservado de Alihuen Antileo- en todas las comisiones la derecha tiene, además de la presidencia, la mayoría de sus integrantes.

• Cada comisión establece su mecanismo de trabajo para este proceso de votación, lo que incluye el orden en que se abordaran los temas que les competen. En todo caso, el reglamento establece que más allá de los temas, se deben votar primero las enmiendas supresivas (eliminan la norma), luego las sustitutivas (reemplazan el artículo con otra propuesta), después las aditivas (añaden contenido a la norma) y finalmente las iniciativas de nuevas normas.

• La próxima semana, entre lunes y miércoles, las comisiones abordaran los temas más complicados: composición del Congreso Nacional, los partidos políticos, el sistema electoral, control preventivo del Tribunal Constitucional, el Estado social y democrático de derecho, derecho a elección en el sistema de salud y previsional, libertad sindical y las normas relacionadas a la educación.

• Es clave como cada sector, la derecha y como el oficialismo, se manejen en los próximos días y semanas, porque ante la sombra permanente del fracaso de este segundo proceso constitucional, está en juego quien tendrá que asumir la paternidad de este naufragio. Si el oficialismo anuncia anticipadamente -antes que termine el proceso el 7 de noviembre- un rechazo a la propuesta constitucional por su tenor identitario y ultraconservador, será inevitable que la derecha y especialmente Republicanos le endose la responsabilidad del rechazo, y, por añadidura, al Gobierno para marcarlo con una segunda derrota electoral en las urnas.  

• Si Republicanos estira en exceso el elástico de su condición de mayoría, el foco estará puesto en José Antonio Kast. Es cierto que jamás han comulgado con el cambio de Constitución y se marginaron de los acuerdos políticos que dieron forma y vida a los dos procesos constitucionales, pero pecar de identitarios y poco dialogantes, no ayudará al liderazgo de Kast y sus aspiraciones presidenciales.

• A eso se suma que está en juego la “unidad” de la derecha, la identidad de algunos de sus partidos y el papel que buscan jugar, donde RN y Evópoli siguen como la única opción real de tender puentes de entendimiento.    

Mal debut

• La estrategia de republicanos esta semana fue evidente. Por un lado, no escatimó en declaraciones públicas sobre el diálogo para resguardarse comunicacionalmente, y por otro, hizo sentir el peso de su mayoría al liderar las enmiendas de unidad de propósito, que fue otra forma de aislar a la izquierda en el CC. No por nada, su jefe de bancada, Luis Silva, ha dicho en más de una ocasión que “unidad no es lo mismo que unanimidad”, por lo que no ve reparos en que la propuesta constitucional cuente solo con los votos de la derecha, sin el oficialismo.

• Todos los días, y como nunca en estos casi tres meses, hubo un sinfín diario de puntos de prensa, de bloques, de bancadas, de jefaturas o consejeros solitarios. Todos para marcar posiciones, acusar de intransigencia al del frente, reclamar por la falta de consenso o aclarar puntos de vista.

• Y las sesiones de las comisiones no estuvieron ajenas a la tensión. El delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler, dijo que quería “con mucho respeto y en representación de nuestro bloque de Unidad para Chile declarar que nos parece una alta irresponsabilidad y falta de seriedad llegar con unidades de propósito a un minuto de iniciar el trabajo de esta comisión y no solo con nuestra bancada, también con la mesa de conversación y coordinación (…). Estuvimos todo el fin de semana trabajando e intentando crear las condiciones para evitar precisamente lo que ha ocurrido hoy día y por esa razón quiero preguntar: ¿Las bancadas de derecha están en condiciones de conducir este proceso constitucional?”.

• El consejero de CS, Yerko Ljubetic, advirtió el martes que “por decirlo de alguna manera, alcanzamos a ver una rueda de la máquina. Si bien se trataban de aspectos secundarios y no sustantivos, igual fue extremadamente molesto ver como en algunas comisiones arribaban las bancadas de la derecha con enmiendas de unidad de propósito que sólo representaban a ese sector y esto ocurría minutos antes de iniciarse la sesión y la votación”.

• En este clima de choque y polarización hubo una excepción, que se registró ese lunes en la comisión de Derechos, que lidera el RN, Germán Becker (RN). A diferencia de lo que sucedió en las otras tres instancias, este sí hizo gestiones con el oficialismo y abrió espacio a la discusión en busca de un consenso. La clave estuvo en mantener la palabra “protección” en el nombre del capítulo sobre medio ambiente (que republicanos quería sacar) y agregar el concepto de “crisis climática”.

• Gracias a eso ahí se aprobaron por unanimidad las cuatro enmiendas de unidad de propósito. En el Consejo se decía que Becker había sido el único ganador de la jornada, al mostrar apertura y capacidad de diálogo.

• Tras el tenso episodio del lunes, se acordó que ahora las enmiendas de unidad de propósito no pueden ingresarse a último momento, sino que con un plazo mínimo de seis horas antes que se inicie la sesión de votación respectiva.

Un nuevo intento

• Para evitar un naufragio anticipado, en el Consejo no quedó otra que buscar una fórmula de trabajo alternativa. Dado los nulos resultados que ha tenido la llamada “mesa de negociación”, se crearon cuatro subcomisiones las que deberán buscar consensos en los temas considerados “nudos críticos”: 1-Estado social, derechos sociales y garantías de derechos; 2-Sistema electoral, Congreso y partidos políticos; 3-Reglas como quorum de leyes y reformas, además del Tribunal Constitucional; y 4-Derechos humanos, tratados internacionales, derecho a la vida, paridad, y cuidados. 

• La de Estado social está integrada por Carlos Frontaura (Republicano), Max Pavez (UDI), Yerko Ljubetic (CS), Alejandra Krauss (DC), Karen Araya (PC) y Teodoro Ribera (RN). En Sistema electoral están Beatriz Hevia (Republicano), Natalia González (UDI), Gabriel Osorio (PS), Cristian Suárez (PS), Antonia Rivas (CS) y Juan José Ossa (RN).

• El grupo para discutir quorum y reglas lo conforman Luis Silva (Republicano), Hernán Larraín (UDI), María Pardo (CS), José Antonio González (RD), Domingo Lovera (RD) y Sebastián Soto (Evópoli). Y finalmente, en la de derechos humanos están Jorge Barrera (Republicano), Arturo Phillips (UDI), Alihuen Antileo (escaño reservado), Fernando Viveros (PC), Catalina Lagos (PS) y Pilar Cuevas (RN).

• La gran diferencia ahora está en el criterio de igualdad de condiciones. Todas tienen seis integrantes, entre consejeros y expertos, tres del oficialismo y tres de Republicanos con Chile Vamos. Una igualdad en la correlación de fuerzas que fomenta la necesidad de acuerdos, y que replica la forma de trabajo que hubo en la Comisión de Expertos.

• La idea es que estas subcomisiones lleguen a acuerdos para que sean votados en las comisiones. La próxima semana se verán realmente los frutos de estas instancias, su éxito o fracaso, ya que entre lunes y miércoles los consejeros se deberán pronunciar sobre los nudos críticos y claves del texto constitucional.

• En ese contexto, con nuevas reglas y plazos, las cuatro comisiones retomaron las sesiones de votación este jueves 31, sin embargo, una y otra vez las sesiones eran suspendidas por una o varias horas para tratar de llegar a acuerdos. Se aprobaron algunas normas por unanimidad sobre nacionalidad y estados de excepción, como el de “estado de catástrofe” en caso de calamidad pública y de emergencia “en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad interior”, y sobre descentralización del ante proyecto.

• Al final de la jornada del jueves trascendió que Republicanos había decido retirar cuatro de sus enmiendas más conflictivas y cuestionadas: volver a establecer el quorum de 2/3 en el Congreso para aprobar reformas constitucionales; la que deja en un rango infraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos; aquella que establece el arresto domiciliario a los reos mayores de 75 años, que buscaba favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy se encuentran en la cárcel de Punta Peuco; y la que consagra el derecho a la vida del que está por nacer.

• Tras anunciar la decisión este viernes en comisión, luego en un punto de prensa Silva dijo que las retiraban porque se dieron cuenta que “estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso, provocando un cierto ofuscamiento en la opinión pública como en el exterior del Consejo». Agregó que eran una muestra de su “buena voluntad”, que “lo que hemos dicho de palabra, lo estamos confirmando de obra, y esperamos (del oficialismo) la nobleza de reconocer el gesto y terminar con las caricaturas que quieren hacernos parecer ante la ciudadanía como una bancada que busca una Constitución identitaria y apartada de las necesidades de la gente”.

• Pero lo cierto es que generaban división en la propia derecha, y como no tienen los votos para aprobarlas por sí solas, ni siquiera con los de la UDI, insistir en ellas implicaba el riesgo de un fracaso comunicacional y ruido en el sector, que atente con la estrategia de las enmiendas de unidad de propósito.

• De hecho, el tema del derecho a la vida y los tratados internacionales serán repuestos en una enmienda conjunta de la derecha con una mirada más morigerada que la que tenían las propuestas republicanas.

• Ljubetic rápidamente salió al paso del emplazamiento de Silva. “Tenemos una apreciación muy clara acerca de los alcances e intenciones que hay detrás de esta bajada de un conjunto de enmiendas que no gozan de ningún apoyo y más bien son objeto de rechazo en el conjunto de la sociedad (…) no va más allá de una movida de orden tácito de recoger cuestiones que eran absolutamente impresentables, en términos de hacerlas aparecer como concesiones sustantivas dentro del proceso».

Lo que ya se aprobó

• Es bastante poco lo que se ha sacado en limpio esta semana.

• Una de ellas son las relacionadas con el medio ambiente. «Es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. La protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad, de conformidad a la ley. La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. En estas tareas el Estado promoverá la colaboración público-privada».

• Las principales críticas surgieron porque la comisión rechazó los artículos sobre justicia ambiental y acciones para hacer frente al cambio climático, como el 206 del ante proyecto que establecía la obligación del Estado de implementar «medidas de mitigación y adaptación para los efectos del cambio climático».

• El lunes, solo con votos de la derecha, se aprobaron dos enmiendas de unidad de propósito: «Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros».

• La otra fue la que consagra que «el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo«.

• Sí hubo unanimidad en las normas sobre el derecho a la vivienda adecuada, tema donde se ratificó la propuesta de la comisión experta: “El Estado promoverá, a través de instituciones públicas y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”.

• Además, «el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial”.

• Donde no hubo unanimidad (9 votos a favor y 4 en contra) y ha desatado infinidad de críticas por ser una norma identitaria y que solo favorece a los quintiles de mayores recursos, es la enmienda de la derecha y Republicanos que consagra que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”. Cabe recordar que las viviendas más baratas ya están exentas de pago.

• En las materias sobre la Contraloría hubo unanimidad. Con los 12 votos de la comisión se aprobó la propuesta del anteproyecto que la define como un organismo autónomo, que “ejercerá el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado y de la Administración regional y local, así como de la probidad en el ejercicio de la función administrativa”.

• Lo mismo sucedió con la norma que señala que “la Contraloría será dirigida por un Contralor General de la República. Será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Ejercerá su cargo por un período de ocho años, no podrá ser designado para el período siguiente y será inamovible. Con todo, cesará en su cargo al cumplir 75 años de edad. El proceso de designación deberá iniciarse 90 días antes de que el titular en ejercicio cese en el cargo”.

• Agrega que “el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley y mediante una resolución dictada por este, deben tramitarse por la Contraloría General de la República o representará la ilegalidad de que puedan adolecer”.

• También se aprobó la enmienda sobre sus facultades: “Fiscalizar y auditar la legalidad del ingreso, el gasto y la inversión de los fondos públicos, de la Administración del Estado, regional y local, y de los demás organismos y servicios públicos que determinen las leyes. Cuando corresponda, la Contraloría podrá fiscalizar a los privados sólo respecto de la recepción de fondos públicos para un fin específico, y para el único efecto de determinar si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad”.

• Si bien no hubo unanimidad (8 a favor, 4 en contra), sí se aprobó la enmienda de la UDI que establece que “los actos de la Contraloría General de la República se regirán por los principios de probidad, transparencia, publicidad, celeridad y rendición de cuentas. El Contralor General rendirá cuenta anual al Congreso Nacional en la forma que determine la ley”.

• Lo mismo con la enmienda de unidad de propósito que remplazó el artículo 190: “No se tomará razón de ningún decreto o resolución que apruebe desembolsos o que comprometa pecuniariamente en cualquier forma la responsabilidad del Estado, si el gasto no está autorizado por la Ley de Presupuestos, o por leyes especiales”.

• Fueron rechazadas las enmiendas del oficialismo que agregaban posibilidad de fiscalización y control al sector privado cuando reciban recursos públicos o presten servicios.