Resumen semanal: a paso de tortuga o la estrategia de la derecha para dilatar el debate constitucional

• Tampoco ha variado el complejo y adverso escenario para este segundo proceso constitucional, que de forma sistemática y transversal arrojan todas las encuestas. Esta semana, se conoció el sondeo de la Criteria de agosto en la que solo un 14% aprueba el desempeño del Consejo Constitucional, un 41% afirma que va a rechazar en el plebiscito de salida de diciembre y solo un 25% confía en que la propuesta final sí estará en sintonía con los intereses de la sociedad.

• Mientras el Partido Republicano siguió el despliegue de su campaña para “instalar” y dar a conocer el paquete de casi 400 enmiendas que presentó al anteproyecto, el foco de tensión estos días estuvo en la molestia que ha generado la estrategia de dilatación que ha aplicado la derecha en el debate de las normas en las cuatro comisiones temáticas. Eso, a pesar de lo acotado de los plazos de trabajo que tiene el Consejo para entregar el 7 de noviembre una propuesta final de nueva Constitución.

• Originalmente en el cronograma de trabajo definido hasta noviembre, se establecía que el debate y votación de normas en las comisiones -Sistema Político, Derechos, Principios y Función Jusrisdiccional- se iniciaba el 1 de agosto. La derecha, que tiene en su poder la presidencia de todas las comisiones, resolvió aplazarlo, y comenzar el lunes 7 y dejar las votaciones desde el 21 de agosto.

• Sin embargo, en lo concreto esta semana eso no ocurrió. De hecho, no fue gratuito que el martes 8 en la comisión de Derechos, el consejero PS, Miguel Littin, emplazara a la derecha en la sesión: «¿Cuándo vamos a discutir las enmiendas y cuándo va a empezar el proceso?». Aún no hay debate de enmiendas y se sigue aplazando el debate de fondo”.

• No fue el único. Los consejeros del oficialismo presionaron en público y en privado, en las comisiones y fuera de ellas, para que se inicie el debate de fondo, y acusaron especialmente a Republicanos de demorar el proceso, para reducir al mínimo el cuestionamiento a sus propuestas y proteger a sus consejeros, que han demostrado poco manejo de los temas constitucionales.

• Solo la comisión de Sistema Político inició, a partir del miércoles 9, el debate de enmiendas y capítulos que le corresponden del anteproyecto. Se discutió -en sesiones bastante tensas- las propuestas de la derecha de disminuir el número de escaños de la Cámara de Diputados, de 155 a 132; que todas las regiones elijan el mismo número de senadores (tres cada una); el redistritaje, el aumento del quorum de 4/7 para aprobar ciertas reformas constitucionales; y el capítulo VI del anteproyecto sobre “Gobierno y Administración Regional y Local”.

• Según la UDI el objetivo del redistritaje es generar un acercamiento de los políticos a las personas, ya que, al reducir el tamaño de distritos, es más fácil para los parlamentarios cubrirlos. Por republicanos, expuso la propia presidenta del CC, Beatríz Hevia, sobre los ajustes en el Senado: “Que vuelva a ser la cámara regional que representa en igualdad de condiciones a todas las regiones del país, sin darle mayor preponderancia a una sobre otra, mientras hacer énfasis en la Cámara en la representación territorial. Se puede conversar el modelo, pero esa es la propuesta concreta”.

• Dos ideas que son rechazadas en el oficialismo. El comisionado PS, Gabriel Osorio, precisó en la sesión sobre el redistritaje que “la historia de Chile atenta en contra de esa conclusión del acercamiento de los políticos con la ciudadanía al achicar los distritos (…) a veces eso puede ser leído como una suerte de argumentación que esconde otra, que dice relación con intentar provocar efectos mayoritarios sobre el sistema proporcional”.

• Con la dilatación del debate, finalmente solo habrá una semana de debate real en todas las comisiones, que será la próxima, porque luego sí o sí deben votar normas, en un plazo de solo dos semanas, ya que 5 de septiembre comienza el proceso en el pleno.

Mesa Negociación: mucho ruido, poca….

• Desde que se anunció su creación hace diez días, la mesa de negociación que se creó para conducir y consensuar enmiendas se ha reunido cuatro veces. En su primera cita, sus 12 integrantes -entre delegados, expertos o asesores- definieron un calendario de trabajo; en la segunda reunión definieron los criterios para las tratativas: discutir teniendo en consideración el “interés del país”, tener el objetivo de lograr acuerdos transversales, considerar el anteproyecto, las 12 bases constitucionales predefinidas para este segundo proceso constitucional y los temas que se debaten en el Congreso, además de usar fórmulas de acuerdo por unidades de propósito, paquetes de enmiendas o retiro de estas.

• En el tercer encuentro se ordenaron los temas y el momento de abordarlos, para ordenar las negociaciones. Se decidió dejar temas complejos como derecho a la vida, la jerarquía de los tratados internacionales, las propuestas para constitucionalizar las Isapre y AFP, el redistritaje, la reducción de escaños, o la paridad para las semanas siguientes.

• Por eso mismo, se definió que la cuarta cita, que se realizó este viernes 11, se discutiera sobre la agenda anticorrupción y la probidad, materias donde se considera más fácil llegar a posibles acuerdos.   

• El oficialismo zanjó un criterio base para actuar en esta mesa, ser un solo bloque, sin disensos, para no debilitar su magro margen de acción, ante la autonomía de votación que tiene la derecha. Bloque de unidad, es el nombre que ahora usan los consejeros oficialistas.

• Eso incluye al PC, dado los intentos de sectores de derecha de querer intentar acuerdos con algunos grupos oficialistas, pero excluyendo a los consejeros comunistas.  

Reclamo a la Suprema

• El martes 8 la presidenta del Consejo envió el informe que le solicitó la Corte Suprema para refutar el reclamo que hizo el oficialismo por las indicaciones de la derecha que crean tres nuevos capítulos al anteproyecto. Hevia argumentó que “no existe vicio esencial en la admisión de las enmiendas cuestionadas, ni menos aun perjuicio para los reclamantes o el debate democrático. Ellas serán objeto de discusión y serán aprobadas, rechazadas o enmendadas de acuerdo con los quórum y procedimientos indicados en la Constitución y el reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional. Su admisión a trámite no conduce a su incorporación al proyecto o propuesta sin su paso por los procedimientos de deliberación y aprobación democráticas previstos».

• En un documento de 19 páginas, Hevia precisó que “la reclamación se funda en la supuesta incompetencia del Consejo Constitucional para añadir nuevos capítulos o modificar la denominación de los existentes en la estructura fijada por la Comisión Experta. La limitación alegada no constituye, propiamente, un vicio de procedimiento, sino una incompetencia del órgano para modificar la estructura fijada por la Comisión Experta».

• Añadió que “no resulta viable extender los efectos de disposiciones reglamentarias citadas más allá de su propósito de organizar la discusión de la redacción preliminar encargada a la Comisión Experta. Entender que la estructura constitucional fijada en la ‘fase preparatoria’ del ‘anteproyecto’ encomendado a la Comisión Experta por la Constitución es vinculante para un Consejo Constitucional dotado de las facultades para ‘aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución’ contradice de modo expreso el texto de las disposiciones señaladas».

• Tras recalcar que en la Constitución no se explicita “la intangibilidad del anteproyecto de la Comisión Experta”, destacó que “resulta clara la intención del poder constituyente de dotar al Consejo Constitucional, en su calidad de órgano popularmente electo, de atribuciones que permitan darle al proceso la debida legitimidad democrática para la redacción de una nueva Constitución, no siendo su espíritu ni intención el establecer limitaciones como las pretendidas por los reclamantes”.

• Dos días después, el jueves 10, se llevaron a cabo los alegatos de las partes ante la comisión que sorteó el máximo tribunal para estudiar y resolver este asunto, que la integran los jueces Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo.

• Por el oficialismo alegó el abogado William García y en representación de Hevia lo hizo Alan Bronfman. Ambos no expusieron más de 30 minutos cada uno.

• El abogado García dijo que el reclamo busca “evitar que una parte del Consejo Constitucional, por mayoritaria que sea, avasalle al resto imponiendo sus términos» y advirtió que “la verdadera trampa procedimental se provoca por haber admitido a tramitación enmiendas de capítulos. Mientras los capítulos propuestos por el comité de expertos pudieron ser objeto de enmiendas, los capítulos que fueron propuestos por los consejeros como si fueran simples enmiendas y con infracción al procedimiento, no van a poder ser objeto de enmienda. Esta simple admisibilidad otorga un privilegio a sus autores que es irremontable”.

• Su contraparte Bronfman siguió la línea del informe de Hevia, insistió en que no se explicita en ninguna parte la intangibilidad del anteproyecto ni hay límites a las facultades del CC. “Los artículos 71 y 72 del reglamento señalan, con armonía del 152 de la Constitución, que el Consejo Constitucional puede incorporar nuevas normas. Esta facultad no se agota con la incorporación de preceptos o disposiciones numeradas, que son las que forman parte del cuerpo del texto, puesto que esto limitaría de manera importante la discusión y la aprobación que tienen que recibir los epígrafes de las distintas secciones de un texto de esta naturaleza”, precisó.

• Cumplidos los alegatos, la comisión tiene dos días para fallar, por lo que se espera que probablemente el lunes 14 se de a conocer su resolución.

La hora de Bachelet

• Hubo aplausos de los consejeros y comisionados oficialistas, no faltaron las fotos en los pasillos. La sala de la comisión de Sistema Político estaba llena, tal como ha sucedido con las exposiciones que ha hecho todos los expresidentes, salvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle que se excusó de ir presencialmente y anunció que enviará un documento con los puntos que quiere plantear sobre el anteproyecto y las enmiendas.

• Durante más de hora y media, el lunes 7 en la tarde la expresidenta, Michelle Bachelet, expuso y respondió preguntas, puso el acento en la necesidad de que el Consejo logre cuajar una propuesta constitucional habilitante, defendió la relevancia de resguardar los derechos sexuales de las mujeres y la paridad, y cuestionó varias de las enmiendas de la derecha y Republicanos.   

• “Leí entero el anteproyecto. Si fuera algo parecido a esto, yo votaría a favor, porque todos perdieron algo y todos ganaron algo, pero se hizo un esfuerzo enorme de encontrar una forma de llegar a acuerdo con lo que todos podamos convivir (…) no sería una buena señal que no fueran capaces de ponerse de acuerdo o que sacaran una Constitución con ciertas ideas que no representan a todos”, precisó Bachelet.

• Dijo que “en materia de mujer no debería haber retroceso, está siendo mirado con mucho interés este proceso constituyente. Sería un retroceso no solo nacional, interno, sino también internacional”. En esa línea, añadió que “las mujeres son las que puedan tomar sus propias decisiones, que deben tener derecho a decidir, si quieren tener hijos o no. El Estado nunca puede imponer una posición. El Estado lo que tiene que hacer es ofrecer un menú de opciones para que las personas, de acuerdo con sus propias creencias, puedan tomar las mejores decisiones”.

• Bachelet opinó sobre la indicación de la oposición que busca cambiar el rango constitucional de los tratados internacionales sobre DD.HH y explicó que “no son limitantes para la soberanía, para nada. Son elementos esenciales que permiten mejorar los estándares de derechos humanos y también de otra índole. Los tratados internacionales que ha firmado el país no son limitantes, ayudan a ordenarte. Por lo tanto, yo creo que no debieran ser considerados infraconstitucionales, deberían ser constitucionales o supraconstitucionales. Por lo tanto, creo que la redacción que está en el anteproyecto es buena”.

• También cuestionó las enmiendas conjuntas de la derecha sobre salud y pensiones: “No se debe constitucionalizar ni las Isapre ni las AFP. No soy de las que creen que solo debe haber proveedores públicos. Me parecería un despropósito constitucionalizar las Isapre, no son materia de una Constitución, son materia de ley».

• La exmandataria hizo hincapié en la importancia que el Consejo logre acuerdos y redacte una propuesta de consensos. «Hay que tratar de hacer todos los esfuerzos posibles, y aquello en lo que no hay posibilidad, definir si es fundamental que esté eso que es tan controversial. Hay que hacer un esfuerzo mayúsculo, se puede», recalcó.

Las tarjetas amarillas de la Suprema

• Así como otras autoridades del Estado, esta semana el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, planteó en el Consejo la opinión del máximo tribunal sobre las enmiendas que les competen o afectan. Fue acompañado por el ministro, Leopoldo Llanos, quien expuso y habló ante la comisión de Función Jurisdiccional, donde dejó de manifiesto los reparos, cuestionamientos y advertencias del Poder Judicial a varias indicaciones de la oposición, especialmente las de Republicanos.

• Llanos planteó reparos a la enmienda de republicanos de crear tribunal especial para los casos de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción: “Nos parece problemática pues rompe con el principio de competencia territorial dividida para conocer de un determinado grupo de asuntos en razón de la materia y en este caso la división por el territorio, y contempla como criterio de competencia conceptos abarcadores de delito, cuya determinación nunca podría resultar precisa, lo que podría resultar con serios problemas”.

• A reglón seguido, advirtió que “la instauración de un tribunal de ese tipo, además de parecer que excede a una regulación genuinamente constitucional, podría terminar generando, por su carácter nacional y amplio de competencias, un verdadero Poder Judicial paralelo. La propuesta rompe con el principio de Estado unitario, con la unidad de jurisdicción y con la división territorial acorde a la división política y administrativa del país. Los tribunales con competencia en todo el territorio son más bien propios de Estados de tipo federal o que tienen territorios con autonomías”.

• El ministro apuntó contra el intento por dar rango infraconstitucional a los tratados internacionales de DD.HH. «Estas enmiendas rompen con la estructura del derecho internacional público, en cuanto supeditan los tratados internacionales al derecho interno, siendo que la regla opera justamente en sentido contrario, es decir, es deber de los Estados ajustar su derecho interno a las obligaciones internacionales emanadas de estas convenciones internacionales», explicó.

• Un comentario especial tuvo la propuesta republicana que los condenados mayores de 75 años puedan cumplir sus penas con arresto domiciliario. Dijo a nombre de la Corte Suprema que “tal disposición es necesario que se compatibilice con el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, del cual Chile es parte en cuanto dicho tratado, en su artículo 110, establece que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la corte».

Fisuras en la mesa

• En las últimas semanas esa aparente cortesía armónica que han proyectado Beatriz Hevia y el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (PS) en todas sus apariciones públicas y puntos de prensa, se comenzó a trizar.

• Ya la semana pasada, el abogado socialista públicamente discrepó con la presidenta del CC en un punto de prensa convocado por ellos mismos, que buscaba dar una señal de normalidad institucional ante el reclamo del oficialismo ante la Corte Suprema.

• Hevia dijo con todas sus letras que el reclamo afectaba el proceso de debate de las enmiendas, que influía en el retraso, pero Valle le quitó el piso y aseguró que el proceso judicial -que tiene plazos acotados- no afecta el trabajo del Consejo ni la discusión de normas.

• Luego vino el episodio de la reunión reservada que tuvo Hevia con Carabineros, para explicar a la institución el tenor de las normas e indicaciones que los involucran, a pesar, que hace unas semanas el general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, expuso y dialogó con los consejeros en la comisión de Sistema Político.

• En una reunión a puerta cerrada con Hevia, Valle le planteó sus discrepancias, especialmente el hecho que la presidenta del Consejo no informó previamente a la mesa de dicha reunión, bajo el argumento que fue a título personal y no como cabeza del CC.  

• “A primera vista me parece que es imprudente que tengamos reuniones por separado con determinadas instituciones. No contribuye a la transparencia (…) creo que tratándose de una entidad pública y por la representación que ella tiene, desde luego no es una reunión que estuviera en conocimiento del Consejo ni de la mesa”, fustigó el vicepresidente del CC en varios medios de comunicación.