“Otra etapa superada: Pleno define las normas transitorias para la nueva Constitución” Convención al día – martes 14 de junio

Fue aprobado el quorum de 4/7 para reformar la nueva Constitución por el actual Congreso, el fin del mandato de los actuales senadores para el 11 de marzo de 2026 y que las nuevas reglas de límite de edad de 70 años para magistrados y/o 14 años en la Corte Suprema, no corre para los jueces actualmente en ejercicio.

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  • Fue una larga jornada de pleno. Desde las 9:30 horas, sesionó primero para debatir y votar un tema que en el papel debió ser simple, pero que con los días se fue entrampando: el tenor de la ceremonia oficial que se realizará el lunes 4 de julio, cuando la Convención entregue en manos del Presidente, Gabriel Boric, la propuesta de nueva Constitución.
  • Se discutió la propuesta de ceremonia que elaboró la mesa de la Convención, que consiste en un acto en el salón de honor del Senado en la sede del Congreso en Santiago, al que asistirán los 154 convencionales, integrantes de la secretaría técnica y no más de 35 a 40 invitados oficiales, entre autoridades, representantes de los poderes del Estado y personas que han colaborado con el trabajo de la Convención.
  • En los patios de la sede del Congreso en Santiago se pondrán 2 graderías para una capacidad total de otras 240 personas, entre colaboradores, funcionarios e invitados de los convencionales.
  • El punto de conflicto ha estado en la decisión de no incluir en la lista de invitados a los cuatro ex Presidentes de la República: Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Las razones de la mesa oscilaron desde el limitado aforo por razones sanitarias hasta evitar la presencia del ex Mandatario de derecha, para que no haya manifestaciones en contra.
  • Ese fue el principal punto del debate. Hubo constituyentes que cuestionaron la decisión, hablaron de falta de respeto e incluso ofrecieron sus cupos para los ex Mandatarios, hasta los que se alinearon con la mesa y consideraron que no correspondía sumarlos a la ceremonia, porque si no habría que invitar a otras ex autoridades de los otros poderes del Estado.  
  • Finalmente, la propuesta se votó y fue aprobada con 89 votos a favor, 11 en contra y 32 abstenciones.
  • Poco después de esa votación, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, afirmó que como se “escucharon” posturas críticas, la mesa volverá a evaluar el punto este jueves en su próxima reunión de trabajo.
  • Un dato. Cabe recordar que, a la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, el 4 de julio de 2021, que fue organizada por el Gobierno -puntualmente la administración piñerista- se decidió no invitar a ningún ex Presidente. El asunto no fue tema en ese momento y se consideró que la idea resguardaba la autonomía del órgano constituyente.

Normas Transitorias

  • Era ahora o nunca. El pleno estaba convocado para debatir y votar la segunda propuesta de normas transitorias que no pasaron el umbral de los 2/3 en el pleno de 2 de junio, por lo que fueron reformuladas por la comisión respectiva.
  • La importancia de las transitorias es que define la gradualidad en que, de aprobarse la nueva Constitución, se hará el paso a la nueva institucionalidad, por lo que dan estabilidad al proceso.
  • El informe se aprobó casi de manera íntegra. Fueron 41 las normas transitorias aprobadas, las que pasaron a integrar la propuesta de nueva Constitución, y serán revisadas por la comisión de Armonización. Las que no logaron el quorum de 2/3 (103 votos), fueron 3 y quedaron desechadas definitivamente.  
  • Así, con 117 votos a favor, 3 en contra y 27 abstenciones se aprobó artículo que establece que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución”.
  • Con otros 115 votos, se aprobó que, si un año antes de la fecha de elecciones para órganos colegiados no se ha adecuado la legislación electoral “para la determinación territorial, así como para la integración paritaria de género y de escaños reservados”, estas se regirán por única vez así: el Congreso de Diputadas y Diputados compuesto por 155 representantes, más los representantes de escaños reservados y la Cámara de las Regiones, se integrará por 3 representantes por región.
  • Además, por 115 votos se aprobó transitoria que señala que “las actuales autoridades en ejercicio de los órganos autónomos de la Constitución o tribunales especiales, continuarán en sus funciones por el período que les corresponda de acuerdo con las normas vigentes al momento de su nombramiento, salvo disposición especial en contrario prevista en las normas transitorias de esta Constitución”.
  • Sobre inhabilidades, incompatibilidades y límites a la reelección, se aprobó por 113 votos que regirán “para las autoridades electas en el primer proceso eleccionario celebrado desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Excepcionalmente, las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio estarán sujetas a las reglas de reelección vigentes con anterioridad a la nueva Constitución”.
  • Un punto clave era la transitoria que fijaba las reglas para reformar la nueva Constitución por el actual Congreso en la legislatura vigente hasta el 11 de marzo de 2026. Por 106 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones, se aprobó que se requerirá el voto favorable de 4/7 de los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Las reformas que alteren sustancialmente capítulos de Naturaleza y Medioambiente y de Disposiciones Transitorias, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio si es que son aprobadas por un quorum inferior a los 2/3.
  • Otro de los nudos del debate del informe de transitorias era el término del mandato de los actuales senadores. Se aprobó con 124 votos a favor, 10 en contra y 18 abstenciones que “la legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026” y que los “actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realizará en noviembre de 2025”.
  • Esta norma agrega que “el período presidencial iniciado en marzo de 2022 terminará el 11 de marzo de 2026, día en que iniciará el próximo período presidencial. Dicha elección se realizará en noviembre de 2025”; que los gobernadores regionales que iniciaron su período en 2021 y los consejeros regionales que comenzaron su período en 2022 terminarán sus mandatos el 6 de enero de 2025 y que en el caso de los alcaldes y concejales que iniciaron en 2021, su período “terminará el 6 de diciembre de 2024, día en que iniciará el mandato de los alcaldes y concejales electos en octubre de 2024”
  • Además, por 122 votos a favor se aprobó que la nueva tramitación de leyes, se aplicará recién a partir del 11 de marzo de 2026 y que “hasta entonces, la tramitación legislativa se regirá por el procedimiento legislativo vigente con anterioridad a la publicación de esta Constitución”, entiéndase el actual sistema “espejo” en el Senado y la Cámara de Diputados.
  • En relación a las Fuerzas Armadas, se aprobó con 136 votos que mientras no se dicten o modifiquen las leyes respectivas al procedimiento de designación y duración de sus autoridades institucionales, “los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, considerando los demás requisitos establecidos en los estatutos institucionales correspondientes. Durarán cuatro años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo período y podrán ser removidos” por el Mandatario en los términos que esta Constitución establece. Y, mientras “no se dicten las leyes que adecúen las funciones de las Fuerzas Armadas, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan las competencias estatales de control marítimo y de la aeronavegación”.
  • En el mismo tenor y en relación a Carabineros, se aprobó con 131 votos a favor la norma transitoria que también señala que mientras no se dicte la ley respectiva que regule el procedimiento de designación y duración del general director, este “será designado por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, considerando los demás requisitos establecidos en el estatuto institucional correspondiente. Durará cuatro años en sus funciones, no podrá ser nombrado para un nuevo período y podrá ser removido” por el Mandatario.
  • Sobre los pueblos originarios, se aprobó con 113 votos la transitoria que establece que “dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Presidente de la República, previo proceso de participación y consulta indígena, deberá enviar al Poder Legislativo el proyecto de ley que regule los procedimientos de creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contiendas entre entidades territoriales y demás materias relativas a las autonomías territoriales indígenas. Ingresado el proyecto, el Poder Legislativo tendrá un plazo máximo de tres años para su tramitación y despacho”.
  • Por otros 111 votos, se aprobó que “en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Estado deberá iniciar un proceso de consulta y participación indígena con el pueblo Rapanui para determinar el procedimiento, la integración y el plazo de creación de la Asamblea Territorial Rapa Nui, que se constituirá con el objeto de elaborar el estatuto que regulará el ejercicio de la autonomía del territorio”. Añade que el estatuto deberá, además, “regular los mecanismos de coordinación con el Estado y el resto de las entidades territoriales y la forma de implementación de las leyes especiales que rigen en Rapa Nui. El estatuto y su proceso de elaboración tienen como límite lo señalado en esta Constitución”.
  • Con 107 votos, además, se aprobó que, en el plazo de 1 año, el Presidente de la República convocará a una “Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia”.
  • Dicha comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas, junto con representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombradas por el Mandatario. El Estado “deberá garantizar su debido financiamiento, infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica, administrativa”, y podrá “convocar a organismos internacionales para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La Comisión funcionará durante cuatro años, prorrogables por otros dos”.
  • La 23° norma transitoria se aprobó -con 112 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones- y señala que dentro de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, “se convocará a dos consultas vinculantes e independientes entre sí, una en las comunas pertenecientes a la provincia de Chiloé y la otra en las comunas pertenecientes a las provincias de San Felipe, de Los Andes y de Petorca, con el objeto de ratificar por parte de la ciudadanía la creación de la Región Autónoma de Chiloé y la Región Autónoma de Aconcagua”.
  • En materia de medio ambiente, el pleno aprobó por 114 votos que en un plazo de 12 meses “el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Aguas y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas”. Con otros 112 votos, aprobó el segundo inciso que establece que “mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Aguas serán asumidas, en lo que respecta a sus competencias, por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales”.
  • Esta fue la única indicación -de la convencional Jennifer Mella- del informe que se aprobó, justo con 103 votos: «Todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución”.
  • En este mismo tema, con 11 votos, se aprobó que “la Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales, para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución” y que dicho proceso “comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro del plazo de seis meses, se iniciará el primer proceso regional. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores; comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados” (111 votos a favor).
  • Además, en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente convocará a una comisión de transición ecológica -que dependerá del Ministerio del Medio Ambiente- para “diseñar propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la implementación de las normas constitucionales del acápite de naturaleza y medioambiente”. Estará integrada por académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y organismos públicos pertinentes (108 votos).
  • Sobre el Poder Judicial, se zanjó el punto que había generado ruido y varias aprensiones en el mundo judicial: el cese de funciones de unos cien magistrados. Así, con 115 votos se aprobó que la nueva norma de límite de edad de 70 años “no será aplicable a los jueces y las juezas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial regulado en el Código Orgánico de Tribunales, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los setenta y cinco años de edad” y para los integrantes de la Corte Suprema, el plazo de 14 años, “se computará desde la entrada en vigencia de esta Constitución”.
  • Otro tema relevante en esta área era la Corte Constitucional, órgano que reemplazará al Tribunal Constitucional. Con 110 votos y aplausos de pie en el pleno, se aprobó transitoria que establece que el TC “no podrá conocer nuevas causas”, que todos los requerimientos ya radicados en este deberán ser conocidos, tramitados y fallados por este órgano “dentro de los seis meses siguientes desde la entrada en vigencia de esta Constitución”, mismo plazo en que “cesará en sus funciones y se disolverá de pleno derecho. En ese momento, se traspasarán a la Corte Constitucional, sin solución de continuidad, los bienes, los derechos y las obligaciones del Tribunal Constitucional”.
  • Esta norma agrega que el proyecto de ley que regule la Corte Constitucional y sus procedimientos deberá ser remitido por el Presidente al Congreso dentro de los 69 días siguientes desde la entrada en vigencia de la Constitución “y tendrá prioridad en la implementación de la nueva institucionalidad”. Además, los ministros del TC cesados que “hayan ejercido menos de la mitad de su período podrán ser nombrados para integrar la Corte Constitucional. Los nombramientos que correspondan al Poder Legislativo serán realizados por el Congreso Pleno y los que correspondan al Consejo de la Justicia serán designados por la Corte Suprema, previos concursos públicos”.
  • En relación a la “Justicia Vecinal”, se aprobó por 112 votos que, dentro del plazo de 5 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente deberá presentar el proyecto que regula su organización, funcionamiento y procedimientos, así como la determinación de la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto de su personal. Dicha ley “dispondrá la forma en que los juzgados de policía local transitarán para la conformación de la justicia vecinal, pudiendo establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país. La misma ley dispondrá los términos en que jueces y juezas, secretarios y secretarias, abogados y abogadas y funcionarios y funcionarias de los juzgados de policía local podrán desempeñarse en los organismos que componen la justicia vecinal”.
  • Con 111 votos, se aprobó que, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente deberá presentar el proyecto sobre organización, financiamiento y atribuciones tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Defensoría de la Naturaleza”. El Congreso tendrá un plazo de 18 meses para la tramitación y el despacho de estos proyectos y la Defensoría del Pueblo será entendida como “la continuadora legal y sucesora en todos los bienes, los derechos y las obligaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
  • Desechadas. Se cayó la transitoria que creaba el Consejo de Implementación de la nueva Constitución: tuvo solo 90 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. Señalaba que un mes después de entrada en vigencia la nueva Constitución, el Presidente de la República debía convocar a un Consejo de Implementación de la Carta Magna. Sus funciones eran presentar informes de avance y realizar recomendaciones sobre adecuaciones normativas y políticas públicas necesarias para el proceso de implementación de esta Constitución. Tenía integración paritaria, con pueblos indígenas, representación regional, además de personas de idónea preparación profesional y técnica, respetando criterios de pluralismo político y contemplando participación popular y dependía administrativamente de la Segpres.
  • Por dos votos, también se rechazó -101 votos a favor, 41 en contra y 6 abstenciones- la norma para que “los establecimientos penitenciarios que actualmente se encuentran bajo régimen de concesión mantendrán dicho régimen hasta el término de la concesión sin posibilidad de renovación”.

Lo que viene

  • Con el pleno de hoy, donde se zanjaron las normas transitorias de la nueva Constitución, lo que resta en las dos semanas de mandato que le quedan a la Convención es el pleno del jueves 23 de junio para votar la propuesta de Preámbulo que elaboró la comisión respectiva y que quedó lista a finales de mayo.
  • El viernes 24 y sábado 25 de junio, el pleno se abocará a la presentación y discusión del informe de la comisión de Armonización, que contiene la propuesta de reducción de las normas constitucionales de los 499 artículos originales a solo 372, además del paquete de transitorias. Ambas sesiones serán sin votación.
  • La votación del informe de armonización se realizará en tres plenos consecutivos, agendados para el martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30 de junio hasta total despacho.
  • Así, el lunes 4 de julio se entrega de la propuesta de nueva Constitución y al día siguiente, el martes 5, se publicará en el diario oficial la convocatoria al plebiscito de salida.

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