Encerronas, ataques violentos y asaltos en carreteras son pan de cada día en Chile. Ponerle atajo llevó a un grupo de parlamentarios, entre ellos el diputado Bernardo Berger (RN), a presentar un proyecto de ley que obligará a las concesionarias a adoptar todas las medidas que garanticen la seguridad de los usuarios mientras hacen uso de las obras bajo su administración (Boletín 14136-09).
La iniciativa fue presentada por Berger y la diputada Karin Luck, ambos de Renovación Nacional, junto a una decena de diputados, como respuesta al creciente aumento que ha tenido en nuestro país este tipo de hechos delictuales.
“Sólo en el año 2020, se registraron 2 mil 698 encerronas en carreteras y autopistas, 3 mil 538 portonazos. Y en el sur del país han sido cada vez más recurrentes los bloqueos de caminos, quema de vehículos y puentes, y la cosa va peligrosamente en alza”, precisó el diputado Berger, de la región de Los Ríos.
“Chile cuenta con un sistema de concesiones robusto, que se ha ido diversificando, que sido tremendamente eficiente y que en dos décadas ha permitido la renovación de la infraestructura vial del país; que reporta lucrativas utilidades a quienes se han atrevido a invertir, pero cuyo marco regulatorio no las obliga a hacerse responsable de externalidades que han ido apareciendo, como la prevención del delito en el área concesionada”, explicó Berger.
De ahí que el proyecto, mediante la modificación del Decreto 900, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 164 del Ministerio de Obras Públicas sobre la Ley de Concesiones de Obras Públicas, añade al actual texto que “el concesionario deberá tomar todas las medidas de resguardo para evitar exponer a los usuarios a hechos delictuales, tales como robos con violencia en toda la extensión del área concesionada donde se presta el servicio, incluyendo los respectivos puntos de acceso y salida de la obra”.
Asimismo, la propuesta señala que “el concesionario deberá contar en la fase de explotación, con las medidas o estándares de seguridad necesarios, en virtud de la magnitud o envergadura de la obra o proyecto”.
Berger agregó finalmente que “los delitos en carreteras y autopistas se han concentrado principalmente en el norte y centro de Chile, pero peligrosamente están avanzando también hacia el sur. No queremos que esta práctica se extienda, y se necesita una acción más proactiva y comprometida de las empresas concesionarias que deben asumir la co-responsabilidad para prevenir este tipo de hechos en las obras bajo su cargo y de las cuales lucran”.
Video diputado Bernardo Berger (RN)
