La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría, un proyecto de resolución presentado por la Bancada del PPD, por el cual se solicita al Presidente Sebastián Piñera el diseño e implementación de una nueva política nacional energética y de combustibles, de carácter integral, la cual deberá contemplar mecanismos que estabilicen de mejor manera el precio del combustible para los consumidores finales.
Además, la iniciativa contempla una rebaja transitoria del impuesto específico a los combustibles para personas particulares o consumidores, mientras perdure la emergencia sanitaria del Covid-19, y eximir de dicho impuesto a los taxis básicos, taxis colectivos, y al transporte de pasajeros de zonas rurales, también durante la emergencia sanitaria.
Asimismo, el texto propone eliminar los beneficios tributarios establecidos en el decreto ley 311 del año 1986 a las grandes empresas de este país, como son las mineras, las empresas forestales, las navieras y también las empresas aeronáuticas; y acelerar el avance hacia la electro-movilidad.
«Ya van 27 semanas consecutivas de alzas en el precio de los combustibles, lo que afecta principalmente a la clase media, los pequeños transportistas, y las pymes. Tenemos que dar una señal de mayor justicia tributaria, alivianar la carga de gastos de las familias en medio de esta crisis, que son los que pagan en gran proporción este impuesto y, por otro lado, que la cuenta la paguen una vez las grandes empresas que sí están exentas y que sí tienen devolución«, explicó el jefe de la Bancada PPD, diputado Raúl Soto.
El parlamentario indicó que «por cada litro de bencina que los chilenos y chilenas y pequeños transportistas compran en una bomba de bencina pagan 312 pesos por litro por impuesto específico al combustible, si le sumamos el IVA, son 100 pesos adicionales. Es decir, que por cada litro, los chilenos pagan 412 pesos, sólo en impuestos, casi un 50%. Esto es absolutamente injusto más en un escenario de crisis económico y social«.
Por su parte, el diputado Ricardo Celis, aseguró que «desde la semana del 23 de noviembre del año 2020 sólo conocemos de incrementos sostenidos en los precios de las gasolinas y del petróleo diésel, con lo cual hemos llegados a niveles máximos históricos que no se veían desde el año 2014. Según los expertos, las alzas aún no tocan techo, por lo que se vislumbra que durante las próximas semanas los combustibles continuarán su tendencia al alza. Si a ello le sumamos el contexto de crisis social, económica y sanitaria que atraviesa Chile, la situación se vuelve aún más insostenible«.
En tanto, la diputada Carolina Marzán manifestó que «sin lugar a dudas, el alza de los combustibles repercute negativamente en los bolsillos de todas las familias a lo largo del país, haciendo aún más cuesta arriba el costo de la vida. El Presidente Piñera debe escuchar a la Cámara de Diputadas y Diputados y hacerse cargo de esta situación con un sentido de urgencia».
Totalmente contrario a esta idea se declaró el ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quién dijo consideró que el proyecto de resolución debería ir en la dirección contraria, “hoy la cantidad de tributos verdes que tiene Chile, en comparación con la OCDE, es muy baja. E incluso dentro de los impuestos específicos, lo que se cobra en Chile, es menor. Si uno mira distintos ‘papers’, han indicado que las externalidades negativas del uso de automóvil privado son muy por sobre, incluso, el valor de la misma bencina. Hay ‘papers’ que hablan debería costar en torno a los 4.500 pesos por litro las externalidades negativas y, por tanto, los impuestos tendrían que estar en ese orden. Así que hay una brecha importante que cerrar. Pero la más grave de todas tienen que ver con este incentivo perverso hacia el uso del transporte diesel, porque paga hoy 1/4 del impuesto específico, en torno a 35 pesos por litro, versus 300 pesos por litro de la gasolina. Eso hay que corregirlo. Otro tema importante, es que los impuestos específicos son progresivos. Quienes más pagan son las personas de mayores recursos y, por lo tanto, al contrario, reducir su tributación va a significar un beneficio a las rentas más altas del país. Por lo mismo entonces, rebajar el impuesto específico es malo para el medio ambiente y malo para la justicia social del país”.
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