- No fue cualquier pleno ni cualquier informe. Es cierto, todos los documentos de las comisiones temáticas son relevantes, abarcan una arista importante de la nueva Constitución, pero el de derechos sociales adquiere una mayor relevancia, porque representan el “corazón y alma” del próximo texto constitucional.
- El pleno de hoy debatió el segundo informe de trabajo de la comisión de Derechos Fundamentales: 27 artículos sobre derechos sociales, que van desde vivienda digna, salud, a la educación y la seguridad social, que implica un sistema de pensiones, junto con derechos laborales y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Además, tres normas sobre el respeto de los derechos humanos, otro de reparación integral a las víctimas de estas violaciones de éstos, uno sobre “el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad” y otro al derecho a la memoria.
- Fue una decisión de la Convención que todos los derechos sociales que aglutinaran en un solo informe, pero no todos comulgan con que se dejara para esta etapa tan avanzada del debate y votación, porque creen que esa demora a mermado la sintonía de la ciudadanía con el proceso constituyente.
- Sí es bastante transversal la idea que son estas normas precisamente las que ayudarán a la opinión pública a encontrarle sentido al trabajo de la Convención y valorar la importancia de lo que está en juego en el plebiscito de salida.
- Eso, porque si la discusión de la eliminación del Senado, el futuro del Tribunal Constitucional o el Consejo de Justicia han copado el debate y preocupaciones de la elite nacional, los derechos sociales son una respuesta a las demandas ciudadanas, desde antes del estallido del 2019.
- El coordinador de la comisión, Cesar Valenzuela (Colectivo Socialista) recalcó que “cuando decíamos que la comisión de Derechos Fundamentales era el corazón de la Convención lo decíamos por eso, porque esta comisión tiene alojada la discusión y aprobación de las normas que más hacen sentido a la población en general (…) acá están las demandas principales del estallido social y de décadas ya de movilizaciones sociales. Son aquellos aspectos que van a mejorar la calidad de vida de las personas, así que sí creemos que cumplen un rol fundamental las temáticas que se van a discutir”.
- Era inevitable que parte de la discusión se centrara en el tema de las pensiones, el sistema de seguridad social y el temor, planteado permanentemente desde la derecha, a una expropiación de los fondos previsionales. De hecho, una vez más salió el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez a garantizar que “no hay razón razonable para que alguien pueda sospechar que exista alguna intención de poder utilizar los fondos de ahorro de pensiones en algo distinto que las pensiones (…) nadie ha votado en esa dirección, y de hecho, la propuesta que hoy da a conocer el pleno es explícita en proponer que los ahorros de pensiones sólo puedan ser utilizados para pagar pensiones, y no para otras cuestiones”.
- Así y todo, el tema se tomó parte de las cuatro horas que se destinaron al debate del informe. La convencional UDI, Constanza Hube, insistió en que “no son capaces de decirle a la cara a los chilenos que no están dispuestos a resguardar la propiedad sobre sus ahorros previsionales y que estos sean heredables. No son capaces de dar la libertad para decidir si es una institución pública o privada la que administrará sus ahorros. Prometen y prometen creyendo que el Estado puede hacerse cargo de todos los problemas, sabiendo que los servicios entregados por el Estado son los peores”.
- Desde RN, Luciano Silva, agregó que “podemos hacer algo bueno: respetar la propiedad privada. Esta Convención debe declarar el carácter inexpropiable de uso exclusivo y heredables los fondos de pensión acumulados de sus legítimos dueños, lo contrario solo será otro robo de los que la clase política nos tiene acostumbrados a los chilenos, pero lo peor será la pavimentación definitiva al fracaso de esta Convención”.
- El resto del debate osciló sobre varias propuestas puntuales y el papel que debe jugar el Estado en los derechos sociales. La otra coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Janis Meneses, recalcó que “los privados en materias de derechos tienen que cooperar, nunca podrán sustituir al Estado. Es ridículo pensar que se puede construir una sociedad democrática desde la privatización del espacio público, no es posible crear una cultura democrática en espacios público-privados, eso no existe en ningún lugar del mundo, es un invento neoliberal para financiar a privados”.
- Pero el constituyente Evopoli, Hernán Larraín Matte, planteo que “no existe una única manera de proveer salud, educación, pensiones o vivienda digna a los chilenos y chilenas. En ocasiones será el Estado, en otras la sociedad civil, el sector privado y la mayoría de las veces será la colaboración entre todos los anteriores”.
- En esa línea, el convencional UDI, Arturo Zuñiga, afirmó que “cuando uno lee la propuesta y ve las respuestas que la Convención le ofrece a la ciudadanía, lo único que ve es más Estado, más de aquel que no es capaz de solucionar listas de espera, más de aquel que no ha sido capaz de elevar su calidad en educación municipal”.
- Su par RN, Rugero Cozzi, añadió que “el Estado no debe ser el proveedor exclusivo de las prestaciones a las que están relacionadas los derechos sociales. Su provisión incumbe tanto al Estado como a particulares. Creo que debemos optar en esta nueva Constitución por un modelo mixto”.
- Sobre el derecho a la vivienda digna, el convencional Benito Baranda (INN) precisó que la norma “permitirá progresivamente saldar deuda histórica, por años el Estado ha determinado construir ghettos donde lleva a vivir a personas que experimentan la cara más dura de la marginación y pobreza”.
- En el mismo tema, la constituyente Loreto Vidal agregó que “el derecho a contar con un alojamiento adecuado, seguro y que entregue la necesaria privacidad, es una condición previa e indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales y de la dignidad en su sentido más profundo”.
- Durante su exposición, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, recalcó que “mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas implica incluir la salud en todas las políticas, comenzando con la generación de equidad desde el comienzo de la vida, con implementación de políticas”.
- La constituyente, Claudia Castro (UDI), puso el acento en el derecho a la educación: “La redacción actual es completamente deficiente. Si bien se consagró el título de este derecho en las normas aprobadas, la aprobación queda supeditada a otros derechos, limitada por una libertad de enseñanza de mentira”.
- El convencional de escaños reservados, Luis Jiménez, defendió la propuesta de sistema social que hace el informe: “En ninguna parte de la propuesta se está hablando de un sistema de reparto(…) Lo que se señala es que la seguridad social se financia con recursos obtenidos de renta de trabajadores y empresarios más el aporte estatal”.
- Para el constituyente del FA, Fernando Atria, “la nueva Constitución no va a modificar estructuras sociales x sí misma, pero sentará bases para que política democrática pueda revertir la trayectoria neoliberal. Es la ley, en conjunto con la administración, quienes (…) irán construyendo un Estado social”.
La votación
- A las 18:30 horas comenzó la votación. Primero se aprobó en general el informe: 123 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención.
- Luego se pasó a la votación en particular de los 27 artículos propuestos. Las normas aprobadas pasaron directo al borrador de la nueva Constitución, mientras que las rechazadas pero que obtuvieron más de 38 votos del pleno, vuelven a la comisión para ser reformuladas. Las que sacaron menos de ese umbral, quedaron desechadas definitivamente del debate.
- El primer artículo era el que consagra que “las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral”. Fue aprobado por 126 votos a favor, 3 en contra y 17 abstenciones.
- En la misma línea, por 116 votos a favor, también se aprobó artículo 2: “Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial”.
- En el artículo 4 se consagra el derecho a la vivienda, aprobado por 133 votos del pleno: “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
- Además, se aprobó -121 votos a favor- que “el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”.
- Por 111 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones se aprobó que el derecho a la ciudad es “colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad”.
- En relación al derecho al trabajo, se cayó todo el artículo, salvo el inciso 5. Con 105 votos a favor se aprobó que “se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así́ como el despido arbitrario”.
- Con aplausos del pleno, se aprobó con 108 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones que “los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho”.
- También se celebró en el pleno cuando se aprobó, con 128 votos a favor, el artículo 10 sobre derecho al cuidado: “Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”.
- Agrega que “el Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente” (103 votos, 35 en contra y 12 abstenciones) y que “prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados” (128 votos a favor).
- Al cierre de este informe, restaban aún 17 artículos por votar en el pleno, como derecho a la libertad sindical, reconocimiento al trabajo doméstico, seguridad social, derecho a la salud, la educación y a la igualdad.
Normas rechazadas
- El artículo 3 sobre derecho a la memoria, vuelve a la comisión, obtuvo 96 votos a favor, 16 en contra y 39 abstenciones. “El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un enfoque integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a pruebas documentales y espacios de memoria construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que den testimonio o constituyan vestigios de graves violaciones a los derechos humanos”.
- Con 93 votos, también se rechazó que “el Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos”. En la comisión esta norma debe ser reformulada.
- Lo mismo, el que “los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables”. Tuvo solo 80 votos a favor.
- Además, se deberá reformular que “el Estado garantizará la creación de viviendas de acogida para la protección integral a los adultos mayores, infancia, mujeres, disidencias y diversidades sexuales frente a la violencia de género y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna”. Fue rechazado: 93 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.
- Por 1 voto -102 a favor, 30 en contra y 32 abstenciones- se cayó el artículo 5 y su número 1: “Función social y ecológica de la propiedad del suelo. Conforme a la función social y ecológica de la propiedad del suelo el Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales, además deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley”. Vuelve a la comisión para ser reformulado.
- Igual sucedió -102 a favor, 33 en contra y 16 abstenciones- con el numeral 2 de ese artículo: El Estado deberá “establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo conforme a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, el interés general, la distribución justa y equitativa de los suelos y el ejercicio de derechos en el territorio”. También con el numeral 3 para que “anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley” (92 votos a favor).
- Con 87 votos, se rechazó “el rol protagónico de las comunidades locales en su territorio y garantiza su plena participación en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, cumpliendo con los estándares de información y transparencia. Asimismo, promueve la autogestión comunitaria del hábitat”.
- También se rechazó -91 votos a favor, 43 en contra y 15 abstenciones- que “el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad; el derecho a movilidad; la convivencia y seguridad vial; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías”.
- En materia de derecho al trabajo, fue rechazado -84 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones- casi todo el artículo 8: “Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado garantiza la protección del trabajo decente. Este comprende, entre otros, el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital, la garantía de indemnidad. La Constitución asegura el derecho al trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad. La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia”.
