“Diez meses de trabajo: pleno aprueba expropiación a precio justo y especial protección a propiedad de tierras indígenas” Convención al día- miércoles 4 de mayo

Con más de los 2/3 requeridos pasó al texto constitucional que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”, que el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y que siempre se podrá reclamar de la legalidad, así como del monto y modalidad ante los tribunales

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  • El tiempo pasa volando, especialmente para la Convención Constitucional, que hoy cumple diez meses de trabajo desde su instalación. Estos meses no han sido fáciles ni tampoco sencillos, marcados por muchos aciertos como errores de diferente magnitud.
  • Abril, puntualmente, se caracterizó por largas jornadas de debate y votación, tanto en las comisiones temáticas como el pleno, todo contrarreloj por el fantasma de no lograr cumplir con el mandato de entregar al Presidente, Gabriel Boric, el proyecto de nueva Constitución el 4 de julio de este año. No por nada se han hecho varios ajustes al cronograma para optimizar las horas de trabajo.
  • Este mes se hizo evidente que el cansancio ya está pasando la cuenta a muchos, porque el clima interno no fue el mejor. Fueron varios los días que hubo un exceso de acusaciones y recriminaciones cruzadas, ácidas críticas dentro y fuera del pleno, tergiversación de información, ánimos caldeados en las votaciones complejas, e, incluso, “funas” entre constituyentes.
  • Todo esto ha sido bajo la sombra permanente de las encuestas que monitorean casi semanalmente la sintonía de la Convención con la ciudadanía, un pulso que especialmente las últimas semanas se ha puesto adverso, complejo, con señales que apuntan a una cierta desazón y un crecimiento de la opción del Rechazo.
  • Para muestra un botón. La encuesta Tu Influyes de abril arrojó que el 46% se inclina por rechazar la Nueva Constitución en el plebiscito de salida; un 53% considera que el proceso ha influido negativamente en la convivencia social y un 62% reconoce que el trabajo de la Convención ha estado por debajo de sus expectativas. Aún así, un 80% afirma estar muy interesado en lo que hace el órgano constituyente.
  • Así y todo, la Convención ha avanzado. La nueva Constitución ha tomado forma y su borrador ya tiene poco más de 300 artículos, algunos tan relevantes como la condición inapropiable del agua, la consagración que Chile será un Estado social y democrático de derecho, el régimen presidencial, sistema bicameral, Estado laico, democracia inclusiva y paritaria, libertad de conciencia y religión, de expresión, de emprender actividades económicas, un catálogo de derechos sociales, derecho a la propiedad, a la identidad, sexuales y reproductivos sin discriminación, una Agencia Nacional del Agua, la Defensoría del Pueblo y los emblemas nacionales.
  • No solo eso. A pesar de los agoreros de eventuales descalabros institucionales, al final del día la Convención ha demostrado que el quorum de 2/3 del pleno ha sido la mejor herramienta para la moderación de experimentos, propuestas excesivamente identitarias o normas más radicales. Todas las de ese tenor ha sucumbido por no lograr el umbral de los 103 votos, muchas ya se quedaron en el camino y las que siguen en debate, necesariamente han tenido que templarse para generar los consensos necesarios.
  • Queda una semana y media de definiciones, de ajustes, de largas votaciones de los últimos informes de propuestas para completar el sistema político, afinar lo relacionado al Ministerio Público, materias de medio ambiente y un sistema de seguridad social.
  • Luego, desde el 17 de mayo, viene el tramo final, loa tarea de las comisiones de preámbulo, de normas transitorias y la de Armonización, con las respectivas votaciones en el pleno, para corregir, mejorar, ordenar y afinar la propuesta final de nueva Constitución. Ya no queda nada.

El reemplazo del TC

  • El pleno del martes 3 se prolongó más allá de la medianoche, dado lo extenso (89 normas) del informe de Sistemas de Justicia. Entre los aspectos más relevantes está la aprobación del pleno a la Corte Constitucional, que será la figura que reemplazará al cuestionado Tribunal Constitucional.
  • Por 108 votos, pasó al borrador de la nueva Constitución que la Corte Constitucional es “un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. Sus resoluciones se fundarán únicamente en razones de derecho».
  • Su integración quedó en 11 jueces y juezas, que estarán 9 años en sus cargos. Se impide que postulen a esta corte abogados que hayan tenido cargos de exclusiva confianza en el gobierno, ministros de Estado o cargos de elección popular dos años antes de su elección (104 votos).
  • Además, con 105 votos se aprobó que los jueces de esta corte “son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesarán en sus cargos por haber cumplido su periodo, por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función u otra causa establecida en la ley”.
  • Otro tema que pasó al borrador de la nueva Constitución fue la Contraloría General: “órgano técnico, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, locales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley. Estará encargado de fiscalizar y auditar el ingreso, cuentas y gastos de los fondos públicos. La ley establecerá la organización, funcionamiento, planta, procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República” (138 votos).
  • Con otros 117 votos, también se aprobó que, en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría tomará razón “de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad”. Sin embargo, deberá darles curso cuando el Presidente de la República “insista con la firma de todos sus ministros, debiendo enviar copia de los respectivos decretos al Congreso” y “en ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso”.
  • A la Contraloría, además, le corresponderá tomar razón “de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos, cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria. Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva contraloría regional. Los antecedentes que debieran remitirse, en su caso, lo serán a la correspondiente asamblea regional”.
  • Varias normas del informe de Sistemas de Justicia volvieron a la comisión -fueron rechazadas al no alcanzar el quorum de 103 votos del pleno- para ser reformuladas: Tricel, Servel, Agencia Nacional del Consumidor, servicios notariales, Consejo de Alta Dirección Pública, Servicio Civil, Consejo de Defensa del Estado y el procedimiento de reforma constitucional.
  • Pero sí se aprobó, justo con 103 votos, el referéndum popular de reforma constitucional: “Un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria. Existirá un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos.  La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva. Es deber del Congreso y de los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum”.

El pleno

  • Luego del trabajo de comisiones durante la mañana, desde las 12:00 horas se realizó la 95° sesión del pleno, para debatir y votar el informe de segunda propuesta de la comisión de Derechos Fundamentales, normas o incisos que fueron rechazadas en el pleno del 30 y 31 de marzo y que fueron reformuladas.
  • Las normas que sortearon hoy el quorum de 2/3 (103 votos) pasaron al borrador de la nueva Constitución, mientras que las rechazadas, quedaron definitivamente excluidas.
  • Así, con 125 votos el pleno aprobó que “los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes”. Y por otros 110 votos, que el pleno ejercicio de estos derechos “es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza”.
  • Sobre el financiamiento de los derechos fundamentales, se aprobó por 122 votos que las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de estos “propenderá a la progresividad. El Estado destinará el máximo de recursos disponibles para asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales”.
  • Por no alcanzar el quorum -70 votos a favor, 61 en contra y 19 abstenciones- fue rechazado el inciso que establecía que “el Estado deberá tomar todas las medidas destinadas a eliminar el discurso xenófobo; la apología de odio racial, religioso, sexual o de género. La ley podrá establecer las responsabilidades por las infracciones a este artículo”.
  • Sí se aprobó, por 124 votos, que “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino por orden judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante” y “deberá ser puesta a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de 24 horas. Se le deberán informar de manera inmediata y comprensible sus derechos y los motivos de la privación de su libertad. Además, tendrá derecho a comunicarse con su abogado o quien estime pertinente” (128 votos).
  • Además, “ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sujeta a prisión preventiva o presa, sino en su domicilio o en los lugares públicos destinados a este objeto. Su ingreso deberá constar en un registro público” (146 votos) y “no existirá la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios” (132 votos).
  • Por 121 votos del pleno se aprobó que “toda persona tiene derecho a su autonomía personal, al libre desarrollo de la personalidad, identidad y de sus proyectos de vida”.
  • Y con 111 votos, también pasó al texto constitucional que “el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos”. Con esta norma, especialmente la última frase, la regulación del aborto y los derechos reproductivos quedó en manos del legislador.
  • Sobre educación sexual integral, que ya está en el borrador de la nueva Constitución, hoy se cayó definitivamente por un voto -102 a favor, 39 en contra y 9 abstenciones- el inciso que establecía que “es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno de este derecho desde la primera infancia y durante el curso de la vida a través de políticas públicas con pertinencia cultural y basadas en evidencia científica”. El punto quedó desechado.
  • Uno de los puntos relevantes de este informe era la expropiación. En el texto constitucional ya está incorporado que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”, pero quedaron pendientes un par de incisos.
  • Con aplausos y 111 votos, se aprobó el inciso segundo: “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”.
  • Más aplausos hubo en el pleno con los 109 votos con que se aprobó el tercer inciso: “El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley”.
  • Además, “cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada” (122 votos).
  • El tema fue un punto por el que presionó estos días la derecha, que quería que en la norma se plasmara que la indemnización sería con “precio de mercado” y no “precio justo”, además de un pago al contado y eliminar la frase “modalidad de pago”.
  • Otro tema relevante -especialmente para los escapos reservados- era el artículo 21 sobre el derecho a las tierras, territorios y recursos. Hubo aplausos y abrazos en el pleno con los 106 votos con que esta norma fue aprobada y pasó al texto constitucional: “El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.
  • Esta norma agrega que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general” y que “conforme a la constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”.

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