“Votación hasta la medianoche: Ministerio Público, Agencia Nacional del Agua y Defensoría del Pueblo pasan al texto constitucional” Convención al día -martes 3 de mayo

En una extensa jornada de votación en el pleno, se aprobó con 109 votos el Banco Central como "un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria", pero se rechazó -y vuelve a comisión- su objeto, atribuciones, limitaciones e integración de su consejo.

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  • Desde el inicio se sabia que esta sería una muy larga sesión de pleno, por la cantidad de normas -89 artículos- que contiene el informe de reemplazo de la comisión de Sistemas de Justicia que se debatió y votó, en general y particular durante esta jornada.
  • Entre los artículos, las indicaciones y las solicitudes de votación separada de incisos, se pronosticó que serían unas 360 votaciones durante el pleno. Por lo mismo, la mesa advirtió al inicio de la sesión que esta se prolongaría hasta la medianoche y que todo lo que quede pendiente será votado en el pleno del miércoles 4.
  • Este informe contiene propuestas de normas sobre temas no menores como el mecanismo de reforma constitucional, el Tricel, el Servel, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General, el Ministerio Público, el Banco Central, la justicia ambiental y la figura de la Corte Constitucional, que reemplazaría al cuestionado Tribunal Constitucional.
  • Tras dos horas de debate, el pleno aprobó en general el informe por 107 votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones.
  • Acto seguido pasó a la votación en particular. Las normas que sortearon el umbral de los 2/3 (103 votos) pasaron directo al borrador de la nueva Constitución, mientras que las rechazadas, pero por más de 38 votos del pleno, volvieron a la comisión para una segunda propuesta.
  • Sobre justicia ambiental, se aprobó por 107 votos que los Tribunales Ambientales “conocerán y resolverán sobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la Naturaleza, la reparación por daño ambiental y las demás que señale la Constitución y la ley”.
  • Además, que “las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental podrán interponerse directamente a los Tribunales Ambientales, sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa (104 votos a favor).
  • El principio de paridad en todos órganos autónomos fue aprobado por 113 votos del pleno: “Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su integración sean mujeres”.
  • El diseño del Ministerio Público había sacado ronchas en las semanas previas. Tras ser rechazado previamente en el pleno, la comisión reformuló la propuesta, hizo varios ajustes y hoy se aprobó con 129 votos a favor que este es “un organismo autónomo y jerarquizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como función dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley”.
  • Además, “en dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”.
  • Con 136 votos, el pleno aprobó la norma sobre la organización del Ministerio Público para que una ley determine su organización y atribuciones, como las calidades y requisitos que deberán tener y cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de su remoción. Todos los fiscales “cesarán en su cargo al cumplir los 70 años”.
  • Existirá una Fiscalía Regional en cada región del país, “sin perjuicio que la ley podrá establecer más de una por región” (149 votos); los fiscales regionales deberán “haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante cinco o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley” (114 votos); y durarán cuatro años en el cargo y una vez concluida, no podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de fiscal regional (106 votos).
  • Si bien había sido afinada la propuesta en la comisión, agregando la figura del Fiscal Nacional, la norma sobre la dirección del Ministerio Público no logró los 2/3. Obtuvo solo 85 votos a favor, 55 en contra y 12 abstenciones, por lo que fue devuelta a la comisión. Señala que dicha dirección “reside en la o el Fiscal Nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario, que le corresponderá designar al Fiscal Nacional entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público”.  
  • También fue rechazado -77 votos a favor, – la norma sobre la composición de ese Consejo Superior: 7 integrantes, por cuatro años no reelegibles. Tres de ellos elegidos por los fiscales entre sus pares, otro elegido por los funcionarios del Ministerio Público y otros tres por el Congreso, a partir de ternas elaboradas por la Alta Dirección Pública. Vuelve a la comisión para ser reformulada en una segunda propuesta.
  • Lo mismo pasó con la norma sobre las atribuciones del Consejo Superior: dirigir el organismo, determinar la política de gestión profesional de los funcionarios del Ministerio Público, evaluar y calificar permanentemente sus desempeños, designar al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales, adjuntos y demás funcionarios, ejercer la potestad disciplinaria, definir las necesidades presupuestarias. Obtuvo 82 votos a favor, 52 en contra, 16 abstenciones y vuelve a la comisión.
  • Las atribuciones del Fiscal Nacional también vuelven a la comisión para ser reformuladas: solo 84 votos a favor. La propuesta era dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo del Ministerio Público, representar a la institución ante los demás órganos del Estado y coordinar la ejecución de la política de persecución penal.
  • En la estructura del Ministerio Publico, se establece un comité “integrado por las y los fiscales regionales y la o el Fiscal Nacional, quien lo presidirá (…) deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de dichos objetivos, debiendo siempre velar por la transparencia y objetividad, resguardando los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos humanos”. Fue aprobado con 107 votos y pasó directo al texto constitucional.
  • Con 134 votos se aprobó el derecho a la asesoría jurídica gratuita: “El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e integra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma”.
  • Casi unánime, con 150 votos, se aprobó además que “es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias para el resguardo de sus derechos”.
  • Y por otros 121 votos, se aprobó que un “organismo desconcentrado de carácter técnico, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda”. Su organización, áreas de atención, composición y planta de personal será determinada por ley.
  • Sobre la Defensoría Penal Pública, se aprobó con 131 votos que es “un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada” y que será una ley la que determinará su organización y atribuciones, garantizándose su independencia externa.
  • Se rechazó -91 votos a favor, 51 en contra y 9 abstenciones- la definición de su dirección superior “en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario, que designará de entre sus integrantes a una presidenta o presidente, denominada Defensora o Defensor Nacional, y a una directora o director ejecutivo”. La norma vuelve a la comisión para ser reformulada.
  • También fue rechazado -83 votos a favor, 45 en contra y 16 abstenciones- el artículo sobre la composición de este Consejo Superior de la Defensoría Penal Pública: siete integrantes designados de manera similar al consejo que se propone para el Ministerio Público. Lo mismo con la norma sobre sus atribuciones -88 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones- como dirigir el organismo, determinar la política de gestión profesional de los funcionarios, evaluar y calificar permanentemente su desempeño, designar al Defensor Nacional y los defensores regionales, ejercer la potestad disciplinaria y definir las necesidades presupuestarias. Ambos artículos vuelven a la comisión para ser reformulados.
  • Además, fue rechazado -92 votos a favor- el artículo sobre las atribuciones del Defensor Público: dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior y representar a la institución ante los demás órganos del Estado.
  • Defensoría del Pueblo. Con aplausos del pleno se aprobó por 104 votos a favor su creación, entendida como “un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (…) tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en la forma que establezca la ley”.
  • Por otros 129 votos, también se aprobó que hará defensorías del pueblo regionales “que funcionarán en forma desconcentrada, en conformidad a lo que establezca su ley” y que la ley determinará sus atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos.
  • Con 108 votos a favor, se aprobaron las atribuciones de esta defensoría: Fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos; realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales; tramitar y hacer seguimiento reclamos sobre vulneraciones de DDHH; deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos; interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas; custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y recomendar la presentación de proyectos de ley en materias de su competencia.
  • Por otros 103 votos, se aprobó que habrá “un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones será determinado por la ley. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos”. Además, el Defensor del Pueblo “durará un período de seis años en el ejercicio del cargo, sin posibilidad de reelección. Al cesar su mandato y durante los dieciocho meses siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad”.
  • Y con 113 votos también pasó al borrador de la nueva Constitución que “gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimento de su periodo, por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema, por notable abandono de deberes, en la forma que establezca la ley”.
  • Eso sí, se rechazó -95 votos a favor- que la dirección de esta defensoría sea designada “por acuerdo de la mayoría absoluta de los integrantes en ejercicio del Congreso, a partir de una terna propuesta elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que determine la ley”. Vuelve a la comisión para ser reformulado.
  • Defensoría de la Niñez. Justo por 103 votos se aprobó su creación, entendida como “un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (…) tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, en conformidad a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior”. Su organización, funciones, financiamiento y atribuciones será determinado por ley.
  • Defensoría de la Naturaleza. También sacó aplausos del pleno los 113 votos con que se aprobó la creación de esta, definida como un “organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, cuya finalidad es “la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas”. Tendrá defensorías regionales, que funcionarán en forma desconcentrada, y sus atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos serán definidas por ley.
  • Pero no se aprobaron sus atribuciones (88 votos a favor), que deberán ser reformuladas por la comisión. Estas son fiscalizar a los órganos del Estado, formular recomendaciones en las materias de su competencia, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales, deducir acciones constitucionales y recomendar presentación de proyectos de ley en materias de su competencia.
  • Se rechazó (73 votos a favor, 52 en contra y 27 abstenciones) que la dirección de esta defensoría sea designada por el Congreso “a partir de una propuesta de terna elaborada por las organizaciones ambientales”. Debe ser reformulada en la comisión.
  • Se rechazó el Consejo del Medio Ambiente (82 votos), que este este dirigido por un Consejo Nacional (68 votos) y la Agencia de Medio Ambiente para fiscalizar y sancionar infracciones a las normas de protección medioambiental (77 votos).
  • Agencia Nacional del Agua. Retumbaron fuertes en el pleno los aplausos cuando se aprobó (122 votos a favor) su creación como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua, para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados”. Deberá recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares, fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Además, podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios.
  • Pero por dos votos se cayó (101 votos a favor) que esta agencia pueda proponer e implementar la Política Hídrica Nacional “para lo cual deberá elaborar y gestionar un sistema público unificado de información hídrica con enfoque integrado de cuencas, que permita garantizar las prioridades de uso establecidas en esta Constitución. Además, estará a cargo de otorgar, revisar, modificar, caducar y revocar autorizaciones de uso de agua”- Este artículo vuelve a la comisión para una segunda propuesta.
  • También fue rechazado (100 votos a favor) que esta agencia sea liderada por un Director Nacional, designado por el Congreso a partir de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública, por un período de seis años, no reelegible.
  • Banco Central. Por 109 votos a favor, pasó al borrador que el BC es “un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley regulará su organización, atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno”.
  • Por 122 votos, se aprobó que el BC “rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley”. Pero se rechazó la composición de este (44 votos a favor), por lo que la comisión deberá reformular la propuesta.
  • Con otros 109 votos, se aprobó que la dirección y administración superior del banco “estará a cargo de un Consejo, al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señale la Constitución y la ley.  La ley determinará los requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades para las y los consejeros del Banco”.
  • Los objetivos del Central nuevamente no pasaron el umbral de los 2/3, el artículo fue rechazado (86 votos a favor) y vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Estos son “contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno” y que en la fundamentación de sus decisiones “deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo y el cuidado del medioambiente”.
  • Sobre sus atribuciones -“la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”- también fueron rechazadas (83 votos a favor), por lo que deberán ser reformuladas en la comisión.
  • Lo mismo con el artículo sobre sus limitaciones: “sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean éstas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, podrá comprar durante un período determinado y vender en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en conformidad a la ley”. Obtuvo 87 votos a favor, 23 en contra y 39 abstenciones, por lo que la comisión deberá hacer una segunda propuesta.
  • También regresó a la comisión la norma que establece que los miembros del consejo del BC podrán ser destituidos por “resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o del Congreso (76 votos) y que su remoción sólo podrá fundarse por “actos graves en contra de la probidad pública, haber incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución del objeto del Banco” (86 votos).
  • Al cierre de este informe, el pleno hizo un receso sanitario de 20 minutos. Ya había votado 44 de los 89 artículos del informe de la comisión de Sistemas de Justicia. Restan los relacionados con la Contraloría, CDE, Servel, Tricel, Servicio Civil, Alta Dirección Pública, reforma constitucional y la Corte Constitucional, para reemplazar al TC.

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