Una denuncia de agresión física fue la guinda de la torta, un espectáculo poco serio y que terminó desviando la atención de la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados –en la jornada del lunes 19 de mayo- y cuya finalidad era analizar los casos de financiamiento irregular de la política que han trascendido con ocasión de la investigación del Caso Procultura y la capacidad del Estado de hacer frente a este flagelo.
¿Y qué pasó? Mientras exponía la presidenta del Servel, Pamela Figueroa -en el hemiciclo y que suspendió su intervención- el diputado Jaime Naranjo (ex PS) se acercó molesto al puesto del diputado José Carlos Meza (Republicano). Este último aseguró que “durante la sesión, el diputado (Jaime) Naranjo se acercó a mi puesto, al lugar en el que yo me siento, me golpeó fuertemente en el hombro y me zamarreó para hablarme. Cuestión que está completamente documentada y grabada, así que yo lo primero que pediría es, a todos los colegas que están haciendo burla de esto, que se lo tomen un poco más en serio. No vamos a claudicar en denunciar a los que llevan 35 años usando y abusando del sistema, porque lo que acaba de ocurrir es que recibí las consecuencias de haber dicho una verdad”.
Meza precisó que, en el momento de lo que califica como agresión, estaba comunicándose con su madre, vía whatsapp, cuando apareció el diputado, Jaime Naranjo (PS). “Los Republicanos somos diferentes, no vamos a responder jamás un golpe con otro golpe, porque nosotros enfrentamos ideas con ideas, no respondemos a la violencia con más violencia. Y lo más importante acá es que la propia ciudadanía saque sus conclusiones, si es que quiere seguir dándole una cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad a una persona que usa y abusa de su poder, y se siente como un patrón de fundo dentro de la Sala de la Cámara de Diputados. Llegó el momento de que jubilemos a estos dinosaurios violentos”, advirtió.
El parlamentario de oposición también aseguró que entiende la molestia que, para algunos, “puede generar la presencia de la Bancada del Partido Republicano, porque hemos venido acá a ponerle fin a todas estas malas prácticas. Entiendo el nerviosismo que genera saber que, en noviembre -período de elecciones parlamentarias- a estos dinosaurios se les acaba la fiesta y van a tener que, por fin de una vez por todas, imprimir un currículum y salir a buscar trabajo como la gran mayoría de los chilenos”.
Por su parte, el diputado Cristián Araya, jefe de bancada del Partido Republicano manifestó que “formalmente como bancada republicana hemos levantado nuestra denuncia, presentaremos todos los antecedentes ante la Comisión de Ética, le hemos exigido al secretario general una reunión para poder revisar en conjunto junto al presidente de la Cámara de Diputados el registro audiovisual. Y aquí queremos ser muy claros, vamos a exigir las sanciones más severas del reglamento Esta situación es inaceptable, resulta improcedente e inaceptable que un parlamentario que lleva 35 años de ejercicio agreda por la espalda violentamente a otro parlamentario por denunciar un hecho constitutivo de corrupción. La corrupción fue lo que causó su molestia”.
Ante este escenario de disputa, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), suspendió temporalmente la sesión y llamó al orden a los parlamentarios, anunciando que se revisarán las grabaciones de seguridad. “Una vez finalizada la instancia, analizaremos las imágenes y aplicaremos sanciones si corresponde”, afirmó el legislador. Después de unos minutos se retomó el debate.
EL BLINDAJE A NARANJO DE SU EX PARTIDO PS
El diputado Daniel Manouchehri (PS) se refirió al conflicto, manifestando una versión diametralmente opuesta a lo que asegura el diputado republicano que pasó. En tal sentido, dijo: «lo que vimos en la Sala fue un insulto por parte de un diputado del Partido Republicano hacia la familia del diputado Naranjo y el diputado Naranjo, según nos ha relatado, se acercó al pupitre del diputado Meza y le habría dicho que no ofendiera más a su familia».
LA ICÓNICA ESCENA DEL EMPUJÓN EN 1995
En el Congreso, en 1995 se produjo un episodio del que, por largo tiempo, se habló cuando el entonces diputado Iván Moreira (UDI) agredió con un empujón a quien era presidente del PPD, Jorge Schaulsohn, mientras éste criticaba ante la prensa las declaraciones que había realizado Augusto Pinochet en contra de parlamentarios. “Este es el show de este pelota, yo no acepto a ese tipo que lo único que ha hecho es hablar contra Pinochet. A mí me atacan, me censuran de este Parlamento, le molesta a la Concertación que diga la verdad, me la voy a jugar hasta las últimas consecuencias. Si me quieren expulsar del partido, que me expulsen, pero no voy a aceptar que este carajo como Schaulsohn siga ajusticiando a las FF.AA.”, fueron las palabras del parlamentario de la Unión Demócrata Independiente, hoy es senador.
EN MEDIO DEL TENSO CLIMA: MINISTRO DEL INTERIOR Y PROCULTURA
Como señalamos, el propósito de la sesión especial era analizar el escándalo de la Fundación Procultura –cuyo director ejecutivo es Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric-. Después de toda la revuelta generada entre los diputados Meza y Naranjo, intervino el ministro del Interior, Álvaro Elizalde quien sostuvo que “para el gobierno del Presidente Boric es fundamental que el llamado Caso Procultura sea completamente esclarecido, queremos justicia en el Caso ProCultura y, por tanto, esperamos que las instituciones realicen su trabajo, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que realicen bien su trabajo y respetando el Estado de Derecho».
Elizalde recordó a los parlamentarios, las palabras que ha dicho el Presidente Gabriel Boric, en el marco de la conversación filtrada del mandatario con su psiquiatra (Josefina Huneeus) y que fue declarada como ilegal por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Al respecto, repitió que «no hay nada que esconder». También hizo alusión a la reunión del Consejo de Gabinete -viernes pasado-, donde el mismo Presidente indicó que «si algo no importaba era que él estuviera bajo la lupa de la justicia, todos deberíamos ser iguales ante la ley».
Según Elizalde, las declaraciones del Jefe de Estado dan cuenta «del compromiso fidedigno del gobierno y que se ha expresado en acciones concretas desde el momento que se iniciaron las investigaciones por el llamado Caso Convenios. Se han remitido todos los antecedentes en las distintas investigaciones que se están llevando a cabo, se han puesto los antecedentes a disposición de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Ha habido disposición de declarar cuántas veces sea necesario, de entregar antecedentes adicionales, incluso, en el ámbito de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, en otros casos que no tienen que ver con las comisiones que se han constituido para este efecto, en donde ha sido requerido un informe del presidente de la República y el Presidente Boric contestó estos oficios».
El ministro del Interior destacó que esa actitud por parte del mandatario no había ocurrido antes «en la historia de este país. La relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y, particularmente, las respuestas del Poder Ejecutivo se realizan, a través de los ministros de Estado. El presidente dio un paso adicional en transparencia y contestó directamente a una Comisión Investigadora, cuyo informe se emitió hace un tiempo por parte de la misma».
Asimismo, Álvaro Elizalde indicó que «no es una buena señal para nuestra democracia pretender politizar la justicia o, por otro lado, judicializar la política. La judicialización de la política consiste en que llevo todo a tribunales para resolver mis diferencias políticas con mi adversario, cuando no necesariamente se trata de un conflicto, propiamente jurídico. Y la politización de la justicia es pretender que la justicia se administre con criterios políticos, de acuerdo con los intereses de uno u otro sector. Eso no le hace bien a las instituciones, no es positivo y, por eso, quiero ser insistente en un aspecto que me parece fundamental y es que la corrupción ni distingue ideologías, no responde a colores, responde al color del dinero y lo que se requiere es una institucionalidad para prever hechos de corrupción y sancionarlos en caso de que estos se cometan».
LA MENCIÓN DE ELIZALDE A LOS CONSEJEROS REGIONALES: ¿ABRE UN HILO DE DUDAS?
En su intervención, el ministro del Interior entregó cifras respecto de las transferencias de recursos públicos a entidades privadas sin fines de lucro. «A partir de 2024, por ejemplo, en el Caso ProCultura se tendría que haber concursado, los convenios deberían haber cumplido con una serie de requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto», sentenció.
Sobre las abultadas transferencias que ProCultura recibió, el titular de la cartera del Interior reiteró la diferencia que existe desde 2021 en adelante, en relación a los recursos fiscales traspasados a entidades de carácter privada. Así, por ejemplo, enfatizó que «en 2022, los recursos comprometidos en convenios con ProCultura, en el caso de los gobiernos regionales aumentaron en 18 veces y el 80% de esos recursos respondió a aportes de gobiernos regionales. Con esto, no quiero cuestionar la probidad de nadie. Sólo quiero precisar las cifras y estamos hablando aproximadamente de 4 mil millones de pesos que corresponde al 80% de los aportes que realizaron los gobiernos regionales -con el voto de los consejeros regionales (Cores) y el remanente corresponde a aportes del gobierno central».
