El diputado, Andrés Celis (Independiente) anunció que presentará una querella en contra de quienes resulten responsables de los millonarios traspasos (más de 1.600 millones de pesos) a la Fundación Procultura. La acción judicial incluye al director ejecutivo de dicha entidad, Alberto Larraín y también al presidente, Gabriel Boric.
La acción judicial sumará cargos por cohecho, financiamiento ilegal de la política, obstrucción a la investigación y malversación de caudales públicos, tras revelarse antecedentes que vinculan directamente a la campaña presidencial del Mandatario.
El parlamentario aseguró tener respaldos que fundamentan la querella que interpondrá. “Tengo antecedentes, tengo elementos fundados de que él (refiriéndose al presidente, Boric) tiene una relación muy cercana con el señor Larraín. Me parece, al menos curiosa la cantidad exorbitante de miles de millones de pesos que, de forma directa, sin mediar ningún tipo de concurso público, sin mediar ningún tipo de filtro, (Larraín) haya obtenido bajo este gobierno, siendo su psiquiatra personal. Será la justicia la que determine si es que el presidente Boric, en su calidad de imputado, tiene alguna participación en este escándalo”.
Celis explicó que “vamos a pedir que se cite a declarar al presidente Boric, mediante un oficio se le puedan hacer las preguntas por parte del fiscal Cooper (Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper), porque creemos que el que nada hace, nada teme. Además, en este mismo caso se vio envuelto un ex Core de Valparaíso, Sebastián Balbontín (RD) y excandidato a alcalde de Limache, donde curiosamente estaba la sede de Procultura que tenía una íntima relación con el ex director de Procultura”.
Consultado por Alertaley.cl sobre los pasos legales que iniciará junto al abogado, Luis Eduardo Cantellano aseguró que “tenemos claro que (en la querella) está el ex director de Procultura, está claro que va a estar el ex Core Balbontín y estamos evaluando, con posibilidades claras, también de incorporar al presidente Boric, porque las líneas son demasiado directas del vínculo que él ha tenido antes de ser presidente y, actualmente, en el ejercicio del mandato (con Alberto Larraín), sobre todo por la cantidad de dinero que se le ha llegado a esta Fundación”. Agregó que “todos sabemos que el poder de un presidente es absoluto y es sumamente curioso que, justo en su período, esta Fundación (Procultura) haya podido captar esos ingresos”.
La querella cobra más fuerza, luego de que Emol revelara que fondos públicos provenientes del Gobierno Regional de Valparaíso habrían sido destinados a la campaña del presidente Gabriel Boric, a través de la fundación ProCultura.
A esto se suman ahora antecedentes que, según la Fiscalía, dan cuenta de contacto directo entre el presidente y personas cercanas al director de ProCultura en fechas clave. “Cuando un presidente sabe de irregularidades y no actúa, hay una responsabilidad institucional que no puede relativizarse. Aquí no hay margen para la duda, hubo conocimiento y omisión”, señaló Celis.
Entre los elementos que sustentarán esta nueva arista, el diputado añadió los delitos de cohecho, obstrucción a la investigación, financiamiento ilegal de la política y malversación de caudales públicos. “Si se confirma que recursos del Estado terminaron en una campaña, estamos frente a un hecho de una gravedad institucional inédita”, agregó.
El legislador hizo también un llamado a la responsabilidad transversal de los partidos políticos “si realmente creen en la democracia, deben sumarse a esta querella. No se trata de ideologías, se trata de enfrentar con decisión a la corrupción más impune y descarada que hemos visto en años”.
COMISIÓN INVESTIGADORA Y CONCLUSIONES
El 20 de noviembre de 2024 se formó la Comisión Especial Investigadora (CEI 61) de la Cámara de Diputados, con la responsabilidad de reunir información relativa a determinados actos del gobierno, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura, desde 2019 a la fecha.
Una de las conclusiones a las que arribó esta comisión y que está plasmada en un informe –con fecha 24 de marzo de 2025- es que “la evidencia recopilada y entregada a esta Comisión por parte de la Contraloría General de la República, así como las investigaciones judiciales en curso, indican que una proporción importante de los recursos públicos asignados directamente a Procultura fueron externalizados hacia empresas privadas relacionadas directamente con los directivos, asesores o exfuncionarios de la misma fundación. Estas transferencias se concretaron a través de la contratación de servicios externos que presentaron recurrentemente altos costos, cotizaciones duplicadas o triplicadas de empresas vinculadas entre sí, sobreprecios evidentes y gastos sin suficiente justificación técnica ni administrativa.
