- No había sucedido hasta ahora que un informe fuera rechazado en general y, por lo tanto, todos sus artículos, de manera íntegra, fueran regresados a la comisión para ser reformulados.
- Incluso los informes más cuestionados, como han sido los de medio ambiente o sistema político que en marzo fueron rechazados casi por completo por el pleno, sí sortearon la valla de la votación en general y, al menos, un par de normas lograron ser aprobadas en particular.
- Tras el extenso pleno del miércoles 13 en el que votó sistema político, el pleno nuevamente sesionó este jueves, desde las 9:30 horas. La convocatoria era el tercer y ultimo informe de la comisión de Sistemas de Justicia, 91 artículos sobre órganos autónomos y reforma constitucional.
- En este informe están las propuestas para el funcionamiento del Servicio Electoral, el Banco Central, la Contraloría General de la República, los tribunales electorales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal y los tribunales ambientales.
- Además, crean nuevas instituciones como el Consejo para la Transición Productiva Socio-Ecológica, la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional del Agua y la Corte Constitucional, que asumiría las labores del actual Tribunal Constitucional.
- El informe se votó en general y fue rechazado por el pleno: obtuvo solo 55 votos a favor, 20 en contra y 65 abstenciones. Un rechazo estratégico, porque con esto el documento no solo vuelve a la comisión para ser reformulado íntegramente, sino que, además, los artículos mantienen las dos oportunidades de tramitación, lo que deja margen para ajustes y acuerdos que permitan asegurar los 2/3 en el pleno.
- Incluso, en la comisión no descartan que en este proceso de reformulación se reduzcan los 91 artículos del documento original.
- La idea de hacer caer el informe fue bastante transversal y se comenzó a incubar en paralelo a la larga jornada del pleno del miércoles. De hecho, lo rechazaron o se abstuvieron convencionales de Chile Vamos, Movimientos Sociales, el Colectivo Socialista, el PC e Independientes No Neutrales.
- Durante las cuatro horas de debate del jueves en la mañana, fue quedando claro lo que sucedería en la votación.
- El convencional, Manuel Woldarsky (Coordinadora Plurinacional), llamó al pleno a abstenerse en la votación en general del informe, por las “imprecisiones e incoherencias” que había en las propuestas.
- Su par RN, Ruggero Cozzi, añadió que “no podemos cometer errores (…) creo que debemos darnos más tiempo para corregir varios aspectos de este informe. Nos parece que el presente informe requiere volver completo a la comisión, y lo decimos con responsabilidad y con ganas de que las cosas salgan lo mejor posible”.
- En la misma línea, el PC, Hugo Gutiérrez, precisó que era evidente que “falta más tiempo para poder avanzar en este informe, ceo que lo se requiere es que nos puedan entregar la oportunidad de poder contribuir a elaborar estos órganos constitucionales”.
- Y el constituyente, Mauricio Daza (independiente) agregó que no era un mail informe, pero “sencillamente en atención al número y naturaleza de materias que aborda, creo y tengo la plena convicción que requiere de una mayor maduración”.
- De hecho, el propio coordinador de la comisión de Sistemas de Justicia, Christian Viera, afirmó que lo sucedido en el pleno “no significa que haya sido rechazado definitivamente, sino que es una oportunidad para la comisión para ofrecer un mejor texto (…) este informe contenía infinitas materias a tratar y no alcanzamos a contar con el tiempo suficiente para que, sobre todo en el diseño de las instituciones, pudiera madurar el texto para ofrecer una mejor propuesta”.
Los flancos
- Hay varios puntos de este último informe de Sistemas de Justicia que generaban poco consenso y difícilmente iban a lograr los 103 votos del pleno para avanzar al borrador de la nueva Constitución.
- Uno es la crítica por la creación excesiva de nuevos órganos estatales, que en el informe serían 15 en total.
- Otro de los flancos es la Defensoría de la Niñez, organismo que desaparecería y sería absorbido por la nueva Defensoría del Pueblo. Una propuesta que ha generado críticas, porque debilitaría las temáticas de derechos de niños, niñas y adolescentes que ha resaltado dicha institución estos años al ser invisibilizados por la generalidad de la gestión del nuevo órgano.
- Otro es el Banco Central, entidad que se aborda en 8 artículos del informe. Si bien en uno de ellos se consagra su autonomía, se critica que esta sería relativa y puesta en jaque por un inciso que señala que el ente emisor debe cumplir sus tareas “en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el Gobierno”.
- No solo eso neutralizaría su independencia, sino que también el artículo que permite que los miembros de consejo del BC sean acusados constitucionalmente por el Congreso de Diputados y Diputadas.
- El diseño para el Ministerio Público tampoco genera un consenso amplio, especialmente el que se elimine la figura del Fiscal Nacional y se deje la conducción del organismo en manos de un Consejo Superior, lo que se teme burocratizaría excesivamente el desempeño de la fiscalía.
- Dicho consejo sería un órgano colegiado, paritario, de siete miembros, con un presidente y a un director ejecutivo, que duren cuatro años en sus cargos, sin reelección. 3 de integrantes serían elegidos democráticamente por los propios fiscales entre sus pares; otro de igual forma por los funcionarios de la fiscalía, y otros tres, definidos por el Congreso, en base a una terna definida por Alta Dirección Pública.
- Las funciones principales que tendría este consejo serían supervigilar la política de persecución penal; evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios, definir las necesidades presupuestarias y, designar al presidente del consejo, los fiscales regionales, los adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público.
- El mecanismo de reformas constitucionales es clave y como tampoco convence del todo en el seno de la Convención, se espera que pueda ser afinado en la comisión.
- La propuesta original para reformar la Constitución establece un quórum de 4/7 del Congreso de Diputados y Diputadas, pero además un referéndum o plebiscito para que se puedan realizar los cambios al texto constitucional. También hay una suerte de clausula para impedir que se supriman “los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución”.
- Permite reformar la Constitución por iniciativa popular: “Un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral, podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional, conjuntamente con la próxima elección parlamentaria”. En estos casos, el Congreso podrá aprobar un proyecto alternativo sobre la misma materia en un plazo máximo de dos meses, para que sea plebiscitado junto a la propuesta popular.
- Los reparos a la propuesta pasan por el quórum en el Congreso, el requisito de los plebiscitos previos para hacer efectivas las enmiendas y que no se puedan reformas los derechos fundamentales.
