“Sistema político cierra su trabajo: policía no militarizada, estados de excepción y tratados internacionales pasan al texto constitucional” Convención al día – lunes 9 de mayo

Sobre las policías, el pleno aprobó con 109 votos que “dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública” y que son instituciones “no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.

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  • Es la semana de los descuentos del debate y votación de artículos, dado que el lunes 16 de mayo debe estar listo el borrador de la nueva Constitución. Y hoy cerró su trabajo la comisión de Sistema Político, entregó al pleno su último informe de segunda propuesta con normas seguridad, policías, estados de excepción y tratados internacionales.
  • El informe de hoy contenía 15 normas reformuladas en la comisión, tras no lograr el quorum de 2/3 en el pleno del 22 de abril. En la sesión de hoy -la número 99- se aprobaron en total 14, incluida una indicación del RN, Cristián Monckeberg, la segunda que un convencional de derecha logra plasmar en el borrador de la nueva Constitución.
  • Al concluir la sesión de hoy, los coordinadores, Ricardo Montero y Rosa Catrileo, se abrazaron en el hemiciclo, cerrando así cuatro meses de intenso trabajo de audiencias públicas, debate de artículos, indicaciones, largas jornadas de votaciones, varias reformulaciones y más de un traspié en el pleno, especialmente con la estructura del Congreso que solo logró llegar al borrador de la nueva Constitución luego de muchas negociaciones y dos intentos de votación.
  • Tras dos horas de debate en la sala, comenzó la votación artículo por artículo. Sacó aplausos cuando se aprobó -109 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones- la indicación de Monckeberg sobre las remuneraciones de las autoridades de elección popular y sus cargos de confianza: serán fijadas por una comisión, cada cuatro años, con al menos 18 meses de anterioridad al término de un periodo presidencial y los acuerdos de esta comisión “serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán garantizar una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo. Una ley establecerá la integración, funcionamiento y atribuciones de esta comisión”.
  • Sobre los colegios profesionales, se aprobó con 109 votos que “son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran   con los propósitos y las responsabilidades del Estado” y “sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus miembros, promover la credibilidad de la disciplina que profesan sus afiliados, representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley”.
  • Además, se aprobó con 122 votos del pleno y pasó al texto constitucional que “no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley”.
  • Seguridad. Con 108 votos se aprobó que el Estado tiene el “monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes, conforme a esta Constitución, las leyes y con pleno respeto a los derechos humanos”. Esta norma agrega que “la ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución” y que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, autorizaciones y controles del uso, porte y tenencia de armas”.
  • Pasó al borrador de la nueva Constitución, con 110 votos a favor del pleno, que al Presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente, que la disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública y que una ley “regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales”.
  • Sobre las policías, el pleno aprobó con 109 votos que “dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública” y que son instituciones “no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.
  • Con otros 114 votos, también pasó al texto constitucional que las policías “deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. Deberán actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución”.
  • Además, esta norma precisa que las policías “son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes”, que sus miembros “estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia en la forma y condiciones que determine la Constitución y la ley” y “no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”.
  • Por 124 votos a favor, se aprobó aparte el inciso que establece que “el ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley” y que “la educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.
  • Tratados internacionales. El pleno aprobó, por 121 votos, que corresponde al Presidente de la República “la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales”. Cuando estos tratados se refieran a materias de ley, deberán ser aprobados por el Poder Legislativo, procedimiento que será igual al trámite de una ley de acuerdo regional.
  • Eso quiere decir que el Presidente de la República “enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular”. Esta cámara “podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional” y una vez aprobado el tratado, será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación.
  • Además, “las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor, no requerirán de nueva aprobación del Poder Legislativo, a menos que se trate de materias de ley” y “el acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento”.
  • Este artículo añade que “será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado, y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento” y que “serán públicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relación con el tratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, la declaración es interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o retiro del tratado, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo”.
  • También precisa que el Presidente deberá procurar al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, “que las instancias de resolución de controversias sean, preferentemente, permanentes, imparciales e independientes”.
  • La norma permite a los “habitantes del territorio que hayan cumplido los dieciséis años de edad, en el porcentaje, y de acuerdo a los demás requisitos que defina la ley”, tener iniciativa para solicitar al Presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos y una ley definirá el plazo dentro del cual el Mandatario “deberá dar respuesta a la referida solicitud”.
  • Estados de Excepción. Por 106 votos, se aprobó que “sólo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno según   establece el derecho internacional o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse, sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución”.
  • El artículo añade que “la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad, y se limitarán, tanto respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional”.
  • Con otros 106 votos del pleno, pasó al borrador de la nueva Constitución que “el estado de asamblea, en caso de conflicto armado internacional, y el estado de sitio, en caso de conflicto armado interno, serán declarados por la Presidenta o Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta” y que esta declaración “deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente”.
  • El Poder Legislativo, en sesión conjunta y dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, “deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la proposición”. Un punto relevante es que “en su solicitud y posterior declaración, se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial” y si ambas “no se pronunciaran dentro de dicho plazo, serán citado por el sólo ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias, hasta que se pronuncien sobre la declaración”.
  • En todo caso, el Presidente de la República “en circunstancias de necesidad impostergable y sólo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio, mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se pronuncien sobre la declaración”. En este caso, sólo podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión.
  • La declaración deestado de sitio sólo podrá extenderse por un plazo de 15 días, sin perjuicio el Presidente de la República solicite su prórroga, “para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de 4/7 de las diputadas, los diputados y representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de 3/5 para la segunda y de 2/3 para la tercera y siguientes”.
  • En tanto, el estado de asamblea mantendrá su vigencia “por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional”, salvo que el Presidente de la República disponga su término con anterioridad “o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones retiren su autorización”.
  • Por otros 115 votos, se aprobó que “el Presidente de la República podrá solicitar la prórroga del estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación de la mayoría de los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, quienes resolverán en sesión conjunta”.
  • Sobre la limitación y suspensión de derechos y garantías, se aprobó por 108 votos que, por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República “estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad”.
  • Y que, por la declaración del estado de sitio, el Presidente de la República podrá “restringir la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión”, mientras que, con la declaración del estado de catástrofe, “podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.
  • Con 120 votos del pleno, se aprobó el artículo que establece que los estados de excepción constitucional permitirán al Presidente de la República “el   ejercicio de potestades y competencias que ordinariamente estarían reservadas al nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera”. Todas las declaraciones “serán fundadas y especificarán los derechos, libertades y garantías que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal”.
  • Por 109 votos se aprobó una Comisión de Fiscalización, que se constituirá una vez declarado el estado de excepción y dependerá del Congreso de Diputadas y Diputados. Tendrá composición paritaria y plurinacional, estará integrada por diputadas y diputados, representantes regionales y de la Defensoría de los Pueblos, en la forma que establezca la ley.
  • Esta comisión “deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de los derechos humanos, y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley”.
  • Los   órganos del Estado “deberán colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la comisión para el desempeño de sus funciones”.
  • En caso que esta comisión tome conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, “deberá efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará la integración y funcionamiento de la Comisión de Fiscalización”.

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