“Protección del agua, estatuto de minerales y rol económico del Estado pasan al borrador de la nueva Constitución” Convención al día – sábado 7 de mayo

Nunca fue un informe fácil. Luego del traspié del pleno del 21 de abril, se aprobaron 16 de los 34 artículos propuestos por la comisión de Medio Ambiente. Un punto que sorteó los 2/3 fue que el Estado fundará su papel económico de manera coherente con “los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico”.

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  • Primera vez que el pleno sesiona en sábado. Algo inevitable dado los escasos días que restan para que el 16 de mayo este listo el borrador de la nueva Constitución.
  • Correspondía debatir y votar el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, 34 normas sobre estatutos constitucionales del agua, los minerales, la energía, al atmósfera, territorio marítimo, glaciares, antártica, soberanía alimentaria, sistema económico, política fiscal y derechos ambientales.
  • Nunca ha sido un informe fácil. No hay que olvidar que fue el mismo que el 21 de abril fue rechazado en el pleno de manera íntegra en la votación en general, dadas las críticas que existían en la Convención por el tenor de las normas, consideradas poco realistas y excesivamente voluntaristas. Ese fue un episodio complejo, porque los llamado eco-constituyentes “funaron” y trataron de traidores a sus pares, especialmente socialistas, que rechazaron o se abstuvieron haciendo caer el documento completo.
  • Calmadas las pasiones de esa jornada, en los días siguientes la comisión realizó algunos ajustes a las normas para elaborar este informe de reemplazo.
  • Igual llegó al pleno rodeado de críticas desde la derecha, por considerarlo poco realista, carente de sustento técnico, con poco análisis del impacto que tendrían en la economía muchos de los artículos. Críticas que eran compartidas más allá de las fronteras de este sector, por lo que, hasta el viernes en la noche, de hecho, había un “pronóstico reservado” sobre el resultado en el pleno.  
  • Esta vez sí fue aprobado en general, por 114 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. Luego, en la votación en particular, de los 34 artículos que contenía, fueron aprobadas 16 que pasaron al borrador de la nueva Constitución.
  • Las normas que no lograron alcanzar el quorum de 2/3 (103 votos), pero sí más de 38 respaldos en el pleno, fueron rechazadas y devueltas a la comisión para una última reformulación.  El plazo para presentar indicaciones a estos artículos vence este lunes 9 a las 19:00 horas.

La votación

  • Sobre el estatuto constitucional de las aguas, se aprobó que “el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza” (117 votos) y que “siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos” (124 votos).
  • Además, el Estado velará por un uso razonable de las aguas y “las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento” (103 votos).
  • Por otros 106 votos del pleno, pasó al borrador de la nueva Constitución que el Estado asegurará un “sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado, a través del manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión”. Habrá Consejos de Cuenca que serán los responsables de la administración de las aguas y la ley regulará sus atribuciones, funcionamiento y composición, pero deberá considerar “la presencia de los titulares de autorizaciones de aguas, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo”.
  • Con justo 103 votos, también se aprobó el artículo 4: “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento, en conformidad a la Constitución y la ley”.
  • El estatuto constitucional del territorio marítimo consistía en un solo artículo, el número 9, que señala que “el mar territorial, las playas y los ecosistemas oceánicos y costeros, son bienes comunes naturales inapropiables”. Fue rechazado, obtuvo 81 votos a favor, 29 en contra y 32 abstenciones, por lo que regresa a la comisión para una segunda propuesta constitucional.
  • Lo mismo sucedió con el estatuto de glaciares y criósfera. Su único artículo establece que el Estado “preservará la crisfera, glaciares, permafrost y sus áreas conexas. Sólo se podrán realizar actividades científicas, deportivas, turísticas y usos ancestrales, las que deberán ser de bajo impacto y en ningún caso deben afectar el equilibrio dinámico de la criósfera y sus crioformas”. Fue rechazado, obtuvo 78 a favor, 39 en contra y 33 abstenciones, por lo que deberá ser reformulado en una segunda propuesta.
  • El estatuto antártico también se rechazó -86 a favor, 4 en contra y 59 abstenciones el artículo 11: “El territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos y su plataforma continental, es un territorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce soberanía con pleno respeto a los tratados ratificados y vigentes. El Estado deberá conservar, proteger y cuidar la Antártica, mediante una política fundada en el conocimiento y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz”. Vuelve a la comisión para una segunda propuesta.
  • El estatuto constitucional de la energía plantea que “toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos”, como también “planificar y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”. Agrega que la infraestructura energética es de interés público” y que el Estado “fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo”. Sacó 97 votos a favor, 12 en contra y 39 abstenciones, por lo que fue rechazado y es devuelto a la comisión para ser reformulado.
  • También fue rechazado – 82 a favor, 38 en contra y 22 abstenciones- el estatuto de la atmósfera: “El Estado reconoce que el Espacio y el cielo son comunes a toda la humanidad”, es su deber “contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y científicos” y adoptar “las medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales”. Vuelve a la comisión.
  • Estatuto constitucional de los minerales. Era uno de los puntos complicados del informe. El artículo 22 se votó por separado cada inciso. El primero señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas” y fue aprobado por 121 votos del pleno.
  • Y por otros 111 votos a favor, también pasó a texto constitucional que “la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”.
  • El artículo 23 también fue aprobado con 111 votos: “El Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”.
  • Eso sí, se rechazó -74 votos a favor, 16 en contra y 58 abstenciones- el artículo 24, que establece que “quedarán excluidas de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, las zonas de origen de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de las demás exclusiones que establezca la ley”. Deberá ser reformulado por la comisión.
  • Lo mismo el artículo 25, que fue rechazado – 96 a favor, 20 en contra y 33 abstenciones- y vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Señala que “el Estado deberá regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización, en la forma que establezca la ley. Será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla”.
  • También fue rechazado -66 votos a favor, 67 en contra y 12 abstenciones- el artículo 27: “El Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado”. Agrega que todas las actividades mineras requerirán autorización administrativa otorgada por la autoridad competente y que estas “determinarán las condiciones de exploración y extracción, cuotas y demás requisitos referidos al interés general que fundamentan su otorgamiento, y las obligaciones emanadas por esta Constitución y las leyes” y “será competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento y seguimiento de tales autorizaciones. También, podrá caducar o extinguir las autorizaciones en caso de no cumplirse los requisitos fijados para mantenerlas. Estas autorizaciones se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente y público, en los términos y condiciones que establezca la ley. Asimismo, no otorgarán propiedad a su titular”.
  • Dicha norma agrega que la ley asegurará la protección de los derechos del autorizado y en especial de sus facultades de defenderlos frente a terceros. En aquellas cuestiones sobre otorgamiento, ejercicio, caducidad o extinción de las autorizaciones, habrá siempre lugar a reclamo ante los tribunales ordinarios de justicia. En la comisión deberá ser reformulado para una segunda y última propuesta.
  • Por obtener menos de 38 votos, quedó desechado definitivamente la norma que establecía “son sustancias estratégicas el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución considere de interés nacional. Las sustancias estratégicas en su estado natural deberán ser objeto de exploración y explotación por parte de los organismos y empresas del Estado. En el caso de asociarse con empresas privadas, mantendrá siempre su participación de al menos un tercio” y agregaba que las actividades mineras de “exploración, explotación o aprovechamiento, serán entregadas por los títulos administrativos que defina la ley, los cuales caducarán de no ejercerse dichas actividades. Éstos se otorgarán de forma temporal y renovables, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estos títulos administrativos no generan derecho de propiedad sobre las mismas”. Obtuvo 30 a favor, 78 en contra y 37 abstenciones.
  • Fue devuelto a la comisión el artículo que señalaba que “la ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado y las entidades territoriales correspondientes por la explotación de las sustancias del artículo primero. Estas deberán reflejar el valor que tiene para Chile la pérdida del bien natural ocasionada por la actividad productiva, la que no podrá ser menor a una quinta parte del valor de venta de las sustancias o su equivalente, determinada proporcionalmente a su refinación, la incorporación de valor agregado y en consideración de las distintas escalas de explotación. Dichas regalías u otro tipo de compensaciones no constituyen un gasto deducible”. Sacó 62 a favor, 62 en contra y 21 abstenciones.
  • También se cayó – 91 a favor, 11 en contra y 45 abstenciones- la norma que fijaba el deber del Estado de “promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la concientización pública para la preservación del medio ambiente”. Vuelve a comisión para segunda propuesta.
  • Bienes comunes naturales. Se aprobó, con 107 votos a favor, que estos “son elementos o componentes de la Naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”. Pasa al borrador de la nueva Constitución.
  • Con 104 votos del pleno, también se aprobó que “el Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica”.
  • Y por 105 votos, pasó al texto constitucional la norma sobre áreas protegidas: “El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales. Asimismo, deberá monitorear y mantener información actualizada relativa a los atributos de dichas áreas, y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales”.
  • Soberanía alimentaria. Con 109 votos, se aprobó que es deber del Estado asegurarla y para esto “promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.
  • Sistema económico y política fiscal. Con 111 a favor, 19 en contra y 14 abstenciones, pasó al texto constitucional la norma que establece que “el Estado participa en la economía para cumplir con los objetivos establecidos en esta Constitución”, que “regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades públicas, en el marco de sus atribuciones y competencias, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley. Agrega que fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular”.
  • Además, con 105 votos se aprobó que “el rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico”.
  • Por otros 112 votos fue aprobado que “el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Para ello, podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva”. Agrega que las empresas públicas se deberán crear por ley y se regirán por el régimen jurídico que ésta determine. Sin perjuicio de esto, en lo pertinente, serán aplicables las normas de derecho público sobre probidad y rendición de cuentas”.
  • El artículo sobre el gasto público fue rechazado. Obtuvo 99 votos a favor, 4 en contra y 43 abstenciones, por lo que vuelve a la comisión para una segunda propuesta. Señala que “se orientará a asegurar la satisfacción de los derechos consagrados en esta Constitución, y al correcto funcionamiento de los organismos públicos que la Constitución y las leyes establecen” y que “deberá basarse en los principios de legalidad, responsabilidad fiscal, progresividad y no regresividad de los derechos sociales, transparencia, participación, y control”.
  • También fue rechazada -88 votos a favor, 5 en contra y 53 abstenciones- la norma sobre protección de las personas en las relaciones de consumo: “La ley establecerá las condiciones en que se asegure un trato digno y la provisión de información fidedigna y oportuna. Asimismo, deberá regular los procedimientos eficaces para la adecuada defensa y reparación de sus derechos reconocidos por la ley”. Vuelve a la comisión.
  • Con aplausos del pleno y un contundente respaldo de 136 votos se aprobó el artículo 43: “El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados”.
  • Derechos humanos ambientales. Con aplausos y 135 votos del pleno, pasó al texto constitucional la norma que consagra que “todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho”.
  • Con otros 134 votos, también se aprobó que “el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental”. Y por 109 votos fue aprobado, además, que “todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, en la forma que determine la ley”.
  • No alcanzó el quorum de 2/3 el artículo 51: “Es deber del Estado garantizar una educación ambiental, que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos al medio ambiente y naturaleza, que permitan generar personas con una mayor conciencia ecológica”. Obtuvo 95 votos a favor, 4 en contra y 42 abstenciones, por lo que vuelve a la comisión para segunda propuesta.
  • La última norma del informe también fue rechazada: “El Estado debe garantizar el monitoreo de los parámetros ambientales, que garanticen el cumplimiento del artículo 47”. Sacó 87 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones. Vuelve a la comisión.

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