“Segundo tiempo sin luna de miel” – Resumen mensual de la Convención

Fue un enero intenso en la Convención. Tras un tenso proceso de votación, asumió una nueva mesa a cargo de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, una dupla de conductores que tiene la compleja tarea de articular acuerdos para los plenos de votación que parten a mediados de febrero. Este mes comenzaron las primeras votaciones en general de normas en las comisiones, todo un hito, pero que desató un sinfín de críticas por el tenor de las propuestas. La ruta de tramitación es larga, el reloj avanza rápido y solo quedan cinco meses.

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  • El tiempo pasa volando. La Convención ya cumplió siete meses de trabajo. En este mes pasaron varias cosas relevantes, como el proceso de cambio de mesa que modificó el escenario interno, las correlaciones de fuerzas y las alianzas en el seno de la CC.
  • La elección de los sucesores de Elisa Loncon y Jaime Bassa, fue un proceso ripeado, tenso, más largo de lo pensado, que dejó heridas internas: roces entre los colectivos, fragmentación, la cristalización del quiebre al interior de los escaños reservados, la distancia del FA con el PC, la pugna entre Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y, la derrota del que eje articulador del Frente Amplio con el Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales. Diferencias que ya se han plasmado en las alianzas que se han generado en las primeras votaciones en general de las propuestas de normas.  
  • La Convención inició así su segundo tiempo con una nueva dupla de conductores, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), y una nueva mesa ampliada. La tarea que tienen no es menor: articular los consensos políticos necesarios para lograr el umbral de 2/3 de los votos en los plenos de votación, para que los informes que elaboren las comisiones temáticas lleguen a buen puerto y no se atrase el trabajo, para así poder cumplir con la fecha límite del 4 de julio.
  • La presión por el cumplimiento del cronograma y la sombra de los estrechos plazos de trabajo, llevó a que en enero se realizó la última semana territorial por ahora, ya que todas fueron postergadas hasta mayo cuando este funcionando la comisión de armonización, para así ganar semanas de debate y votación de normas estos meses, tanto en las comisiones como en los plenos.
  • A partir del 20 de enero, las comisiones temáticas empezaron la votación en general de diferentes propuestas de normas, como un Estado regional y plurinacional, un sistema presidencial atenuado, Congreso unicameral, democracia paritaria, voto obligatorio y defensa del bosque nativo.  Si bien son las primeras luces de lo que sería el tenor de la nueva Constitución, lo cierto es que resta bastante recorrido aún: indicaciones y votaciones en particular, además de sortear el umbral de los 103 votos mínimos en los plenos.
  • A pesar de eso, han abundado en las últimas semanas un sinfín de críticas y cuestionamientos al tenor de las normas que se han aprobado, que han traspasado el permanente torpedeo que han protagonizado los convencionales de la derecha más conservadora. Desde diversos gremios han cuestionado las normas de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico y la Corte Suprema advirtió por el riesgo de la independencia e inamovilidad del Poder Judicial, dadas algunas propuestas visadas en Sistemas de Justicia.  
  • Al respecto, en una entrevista con www.alertaley.cl, el vicepresidente Domínguez, puso paños fríos: “Siento que ha habido más incidencia de la razonable en relación a normas que se han aprobado o se han rechazado en comisión (…) el reglamento que tenemos y la institucionalidad favorecerá llegar a los consensos. Esto lo digo con mucha responsabilidad, ha habido una sobrerreacción por cosas que en general que se han votado o se han rechazado, estamos recién empezando una discusión, que tiene características circulares”.

Una Nueva mesa en dos capítulos

  • El martes 4 de enero la Convención cumplió seis meses desde su instalación y la dupla conformada por Elisa Loncon y Jaime Bassa cerró su mandato con cifras azules, una buena evaluación ciudadana y la tarea cumplida de levantar la CC desde cero, instalarla y dejar el debate constitucional de fondo en tierra derecha, ad portas de iniciar la etapa de votaciones de normas para la nueva Constitución. Si bien las negociaciones entre los colectivos hasta la noche del lunes 3 auguraban un resultado incierto, el desgastante proceso estuvo fuera de todo libreto imaginado en la propia Convención.
  • Capítulo 1: ocho votaciones. Fue un proceso que demasiadas veces cambio de escenario, con largas negociaciones que por horas fueron infructíferas. La idea original de buscar una dupla de presidente y vicepresidente con un fuerte sello de manejo político para guiar la fase más crucial de la CC -votación de normas- quedó desperfilado en medio del ajedrez de negociaciones a la rápida entre votación y votación.
  • El proceso se inició a las 11:30 horas de la mañana de ese 4 de enero. Por reglamento ambas autoridades se eligen por sistema papal, con votaciones sucesivas hasta que una opción logra la mayoría absoluta de 78 votos. Los convencionales, uno a uno, fueron llamados en orden alfabético para depositar la papeleta con su preferencia en una “copa” metálica instalada al frente de la testera. El proceso fue público, transmitido en directo y donde se decía quien votaba por quien, lo que permitió vislumbrar in situ las alianzas y acuerdos que sellaban.
El pleno se realizó en el salón de honor, único que permitía el aforo para que los 154 convencionales sesionaran juntos en la misma sala.
  • En la primera ronda de votaciones Ramona Reyes (Colectivo Socialista) obtuvo 34 votos; Barbara Rebolledo (Evopoli) sacó 32; Eric Chinga (Coordinadora Plurinacional Popular) llegó a 29, mientras que Cristina Dorador (Movimientos Sociales) logró 22 preferencias; Patricia Politzer (INN) 13; Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) alcanzó 11 sufragios y Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo) otros 7. Además, Loreto Vidal, Paulina Veloso, Bárbara Sepúlveda y Gioconda Navarrete sacaron cada una un voto. Se registraron dos nulos. Este resultado fue un reflejo de las principales alianzas que se habían gestado en las negociaciones. El PC detrás de la opción de Chinga, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista respaldando a Reyes, mientras que INN, la derecha, Colectivo del Apruebo y Pueblo Constituyente sondeando opciones con sus candidatos. 
  • En la segunda votación Reyes subió a 54 votos, Rebolledo a 33, Dorador a 30 y Chinga llegó a 34. Castillo sacó un voto, otro Navarrete y hubo un nulo. Ahí vino un receso de 1 hora del pleno para almorzar y fue cuando todo cambio. Se hizo pública la información de una demanda del Consejo de Defensa del Estado contra Reyes por una serie de inconsistencias financieras durante su gestión como alcaldesa de Paillaco, debido a un juicio de cuentas que le realizó la Contraloría Regional de Los Ríos en 2015 y que fue confirmada por el Tribunal de Cuentas de Segunda Instancia en 2016.
  • Se desató la presión sobre el FA por apoyar una candidata de la que se dudaba de su “probidad” y la elección de Reyes implicaba un peligroso flanco de cuestionamiento para la Convención. En la tercera ronda de votaciones, el PS y el FA en vez de buscar una alternativa de consenso, optó por dividirse. Los socialistas votaron por Politzer (29 votos), el FA por Dorador (46 votos), Chinga sacó 33, Rebolledo 31, Castillo (5), Reyes (3) y Patricio Fernández (3), mientras que Angélica Tepper y Martín Arrau 1 voto cada uno. Hubo 2 votos nulos. Nadie tuvo mayoría y se pasó a una cuarta ronda de votación.
  • Las negociaciones se hicieron ahí mismo en el pleno durante el receso, se trató de reordenar el mapa, pero nuevamente nadie logró los 78 votos: Dorador subió a 60 (el PC votó por ella en esa vuelta), Politzer llegó a 35 (con votos de INN, el PS y parte de la derecha), Chinga perdió respaldos y quedó con 22, Fernández obtuvo 22 (con votos de la derecha y el Colectivo del Apruebo), y Rebolledo sacó solo 5 preferencias. Los votos de rechazo a estos acuerdos se reflejaron en los 4 sufragios que tuvo Felipe Mena, los 2 de Martín Arrau y 1 a favor de Roberto Celedón, otro para Ruth Hurtado, otro para Patricia Labra y otro a Adriana Cancino. 
  • Desde ahí, las negociaciones oscilaron en la capacidad de Dorador y de Politzer de juntar los 78 votos, pero también estaban estrechamente ligadas con la definición del nombre para la vicepresidencia. No solo se debía considerar cierto equilibrio de fuerzas, sino además que la garantía de la nueva dupla con manejo, capacidad de diálogo y eficacia, para llevar las riendas de la Convención en los meses siguientes.
  • Tras casi una hora de receso, se realizó la quinta ronda de votaciones: Dorador sacó 64 votos (FA, MS, PC, un par de socialistas y Pueblo Constituyente); Patricio Fernández logró 61 (PS, INN, Colectivo del Apruebo y la derecha); y Chinga bajó a 20. Los más duros de la derecha se marginaron y optaron por Arrau (4 votos), Ruth Hurtado (1 voto) y Teresa Marinovic. 2 convencionales no votaron.      
  • La sexta ronda de votaciones fue el momento en que Dorador estuvo más cerca de la presidencia (72 votos), pero no lo logró y ahí, nuevamente el naipe volvió a desarmarse: Fernández sacó 46 (perdió apoyos del PS y de INN), Chinga bajó a 18 preferencias y apareció la opción de Gaspar Domínguez con 14 sufragios. Marinovic y Montealegre sacaron dos votos cada una.
  • A pesar de la baja, la Coordinadora Plurinacional mantuvo a Chinga, INN intentó que Movimientos Sociales viera una opción distinta a Dorador y parte de la derecha se descolgó de la opción de Fernández. Así, en la séptima votación Dorador sacó 64 votos; apareció el nombre de Benito Baranda con 6 votos, Chinga se quedó en 18 votos, mientras que Rocío Cantuarias sacó 21 votos, Tepper otros 14 votos y Fernández solo 1 voto.
  • Ya era medianoche y hubo un nuevo receso de 15 minutos, que en la práctica se alargó por una hora. En la octava ronda de votación, tampoco hubo humo blanco: la derecha se cuadró casi completa con Navarrete (33 votos), la izquierda se dispersó más y reapareció en competencia Daniel Bravo (12 votos), lo que llevó a Dorador (52 preferencias) a perder respaldos. En el recuento -que terminó a las 2 de la mañana- Benito Baranda sacó 37 sufragios y Chinga otros 17.
  • Otro receso y Dorador anunció que bajaba su candidatura: “Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto”. La pausa del pleno se prolongó por más de dos horas y a las 4:18 de la madrugada, Loncon y Bassa resolvieron “suspender” la sesión hasta las 15:00 horas del miércoles 5 e hicieron un llamado a la necesidad de generar acuerdos, la importancia de dar certezas a la ciudadanía y construir mayorías solventes para la etapa de votación de normas.
  • Segundo capítulo: control de daños y humo blanco. Durante la mañana de ese miércoles el clima en la Convención oscilaba entre los que expresaban su preocupación por la falta de acuerdo y la fragilidad de las mayorías, y los que bajaban el perfil a lo sucedido, apelando a una democracia más transparente y horizontal.
  • Loncon salió al paso: “La democracia requiere tiempo, requiere dedicación, requiere conversación (…) nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo, venimos acá a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva Constitución. No fue nunca un espectáculo el haber instalado esta posibilidad de hacer un cambio de mesa, de ampliar la mesa, fueron decisiones democráticas. Eso no es espectáculo”.
  • Cuando se reanudó el pleno a las 15:30 horas, Bassa la respaldó y precisó que “esta es una forma de democracia que se está desarrollando en tiempo real, son formas de deliberaciones que no habíamos visto antes a puertas abiertas (…). Es importante reforzar aquello, que esta es una deliberación democrática, colectiva y abierta”.
  • La novena votación fue la vencida. La pausa le vino bien a la Convención, dio el espacio para los consensos necesarios y generar las mayorías que permitieron destrabar el proceso: con el último voto escrutado María Elisa Quinteros alcanzó justo los 78 votos para convertirse en la nueva presidenta de la CC. Su nombre comenzó a surgir con fuerza en la madrugada, después que Dorador dio un paso al costado, como parte de una fórmula que implicaba la vicepresidencia originalmente para una figura de otro sector, especialmente del Frente Amplio o el PS, pero que se concretó de otra manera.
  • Ni el FA ni el PS votó por Quinteros, porque desde el PC y la Coordinadora bloquearon que la vicepresidencia fuera para uno de sus suyos. Pensaron en ganar espacio de maniobra y votar por otros nombres, creyendo que se iban a necesitar sus votos para lograr la mayoría en una décima ronda. Pero Chinga bajó su candidatura poco antes de iniciada la votación, el PC alineó al RN, Luciano Silva, e Independientes No Neutrales puso sus votos a cambio de la vicepresidencia. El recuento final fue Quinteros 78 votos; Felipe Mena 35 votos; Agustín Squella 11 votos; Beatriz Sánchez 16 votos, y Roberto Celedón 14 votos.
  • El escenario para definir al sucesor de Bassa fue expedito. Tras un receso del pleno de un par de horas, pasadas las 19:00 horas se inició la votación con el nombre de Gaspar Domínguez garantizado a todo evento. El acuerdo estaba cerrado, con o sin el FA-PS, los 78 votos necesarios estaban asegurados y a muchos no les quedó otra que plegarse.  Domínguez ganó con 112 votos, Felipe Mena sacó 35, Amaya Alves 3 votos, Feliz Galleguillos y Erika Portilla 1 voto cada uno.
María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez son los nuevos conductores de la Convención para el segundo tiempo.
  • Los 112 votos para Domínguez fueron una señal política de que en el pleno sí existen mayorías fuertes y transversales, superiores al quorum de los 2/3 (103 votos) que se necesitan para aprobar las normas para la nueva Constitución. Un gesto necesario, dado el flanco que se abrió en esas últimas 48 horas.
  • Los errores del PS y el FA en este proceso le valieron perder su condición de eje articulador que habían formado en la Convención, que permitió importantes mayorías y la base del triunfo de Loncon y Bassa en julio; la definición de un reglamento equilibrado y el acertado bloqueo de los intentos por reducir el quórum de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales, que de haberse concretado habría puesto en dificultades la legitimidad de la CC.
  • El PS cometió el error garrafal de apostar por Reyes a sabiendas que tenía un historial con Contraloría y no sopesar debidamente -ante los tiempos que corren- que sí o sí iba a salir a la luz en cualquier momento. Y luego, se equivocó nuevamente al construir desde ahí un acuerdo con el FA. Ambas fuerzas políticas no tuvieron capacidad para generar una alternativa viable y no calcularon bien las negociaciones que se hacían a sus espaldas, previo a la novena ronda de votaciones.
  • Nueva mesa. En la 48° sesión del pleno del jueves 6 de enero, se completó la nueva mesa ampliada. A Quinteros y Domínguez, se definieron cinco de las siete vicepresidencias adjuntas, patrocinios, que establece que cada convencional puede respaldar solo a un candidato a la vicepresidencia adjunta, lo que obliga a generar acuerdos y alianzas, ya que casi ningún colectivo cuenta por sí solo con las 24 firmas mínimas requeridas.
  • Las vicepresidencias adjuntas quedaron para Tomás Laibé (Colectivo Socialista), Amaya Alves (Frente Amplio) y Barbara Sepúlveda (PC), más Natividad Llanquileo (mapuche) y Lidia González (Yagan), para los dos cupos de escaños reservados. La derecha se demoró una semana en lograr un acuerdo interno de dividirla entre Raúl Celis (RN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli), tres meses para cada uno, mientras que aún queda pendiente el noveno cupo dada la falta de acuerdo entre Pueblo Constituyente, que postula a Daniel Bravo, y la Coordinadora Plurinacional Popular, que defiende la opción de Manuel Wolsdarzky.
  • La nueva dupla. Ambos son menores de 40, no militan en partidos, con fuerte acento regional y representan un nuevo estilo de conducción política. En la Convención dicen que Quinteros tiene un perfil decidido, empática y profesional, mientras que Domínguez se caracteriza por ser dialogante, moderado y privilegiar los acuerdos.  
  • Sin embargo, hay una cierta desconfianza sobre la capacidad de liderazgo de ambos por el “déficit” de manejo político que reflejan. Por eso, es clave cómo han ido cuajando sus estilos de trabajo, la fortalezca ante las presiones y la capacidad de articular los consensos, lo que se verá en la práctica a partir de la segunda quincena de febrero.

La Convención empezó a votar

  • Tras un par de meses de trabajo de las comisiones temáticas en que se definió a sus coordinadores, la forma del debate y se realizaron múltiples audiencias públicas con académicos, expertos, autoridades, representantes de gremios, organizaciones sociales, civiles y territoriales, que sirven de insumo para la discusión constitucional, estas comenzaron el proceso de votación en general de propuestas de normas a partir del 20 de enero.
  • Nada está zanjado aún y falta la fase de debate y votación en particular de estas. En las comisiones, la aprobación de normas se da por mayoría de sus integrantes, por lo que el umbral varía en cada una. La amplia mayoría que han obtenido algunas normas marcan una tendencia del respaldo que tendrán en el pleno, pero así también, el estrecho margen de respaldo de otras, auguran su rechazo ante la incapacidad de lograr los 103 votos que implica el quorum de 2/3, instancia donde también deben ser votadas en general y particular.
  • Las normas rechazadas vuelven a la comisión respectiva para su modificación y luego, nuevamente al pleno, donde si son rechazadas, se extingue su tramitación y quedan fuera de la nueva Constitución.
  • Forma del Estado. Con aplausos de sus integrantes finalizó la larga sesión -de 9:30 hasta las 18:00 horas- de ese jueves 20, cuando votó sus primeras 14 iniciativas constitucionales. Dado que se pueden realizar votaciones separadas de los articulados, en total se realizaron 28 votaciones. La comisión tiene 25 integrantes y su umbral de aprobación es 13 votos.
  • En la primera votación se rechazó la iniciativa de convencionales de Chile Vamos, que proponía mantener la figura de Estado unitario: 18 votos en contra, solo 4 votos a favor y 3 abstenciones.
  • Sí se aprobó -por 21 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones- la propuesta de Estado Regional, y luego, por 20 votos a favor y 5 abstenciones, que sea “conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado”.
  • Por 19 votos a favor y 6 en contra, fue aprobado el Estado plurinacional e intercultural, descentralizado y con autonomías territoriales e indígenas. Además, se aprobaron la creación de una Asamblea Social Regional como órgano de participación popular y ciudadana en materias de control democrático y fiscalización; la regulación del gobierno regional; las competencias y reglas de las regiones autónomas; sus autoridades; estatuto y legislación regional.
  • Medio Ambiente y Modelo Económico. Ese mismo día 20, la comisión también inició su ronda de votaciones. Tiene 19 integrantes, por lo que el umbral de aprobación es de 10 votos.
  • La primera norma que se votó y aprobó -15 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones- fue la que establece que el Estado “reconoce a la atmósfera, dentro del espacio aéreo fijado por acuerdos internacionales sobre la materia, como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado”.
  • También aprobó -14 votos a favor y 5 abstenciones- la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a la montaña, así como el de uso de senderos ancestrales, promoviendo y asegurando la conservación, protección y restauración de ecosistemas.
  • La ronda de votaciones siguió el martes 25. Ahí aprobó la nulidad “de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica”, que estén en territorios indígenas cuando hayan sido otorgados o implementadas sin la debida consulta o consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. La votación fue estrecha: 11 a favor, 6 en contra -Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega (RN)- y 2 abstenciones (de Juan José Martin y Carolina Sepúlveda de INN).
  • La propuesta añade que los permisos nulos serán reevaluados en un plazo máximo de dos años, con la debida consulta y consentimiento de las comunidades, que una comisión del Estado desarrolle una “política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados”, y que se priorizará “la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural”.
  • La defensa del bosque nativo y límite a la actividad forestal se aprobó por 15 votos a favor y 3 abstenciones, y por otros 14 a favor y 4 en contra, la norma transitoria que señala que “el Estado reconocerá y deberá mantener la superficie total de los bosques nativos existentes en Chile al entrar en vigencia esta Constitución, como patrimonio cultural y natural del país, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, definido por medio de un catastro nacional con plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución”.
  • La soberanía alimentaria se aprobó 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, entendida como “el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país”. Establece que el Estado debe asegurar a “sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar, y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible”.
  • El derecho a la libre iniciativa económica y empresarial -de los convencionales Harry Jurguensen (RN) y Rodrigo Álvarez (UDI)- fue votada por separado y rechazada en todos sus puntos. En la deliberación se criticó que la norma era muy parecida a lo que ya establece la actual Constitución y que no resuelve los problemas de la ciudadanía.
  • Sí se aprobó -por 15 votos a favor y 4 en contra- que el Estado debe reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica comunitaria, garantiza “el aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales, e impulsar la producción con tecnologías limpias, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la diversidad productiva en sus diferentes dimensiones y niveles” y “las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública”.
  • También la protección de las pequeñas y medianas empresas. “El Estado fortalecerá mediante la ejecución de planes y programas el Rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes, promoviendo su participación en las instancias nacionales e internacionales relativas al comercio, el trabajo, el medio ambiente, entre otras”; y “fomentará el cooperativismo como una forma de agrupar empresas de menor tamaño con objetivos ligados al buen vivir, la agregación de oferta, a la generación de valor agregado en la producción, la integración productiva, circuitos cortos de producción y el uso de tecnologías limpias, entre otras formas que promuevan el buen vivir y la solidaridad”.
  • Lo mismo fue con el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua: “Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna, lo que el Estado de Chile asegurará a todas las personas, garantizando agua potable y saneamiento de manera suficiente, segura, salubre, culturalmente adecuada y de forma física y económicamente accesible. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales y zonas extremas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.
  • El jueves se aprobó que toda actividad económica y social se desarrollará en armonía con el medio ambiente de forma tal de asegurar su protección, sustentabilidad intergeneracional, equilibrio ecosistémico y prosperidad común. Además, la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. El Estado protege los patrimonios naturales y culturales del país.
  • Sistema Político. La comisión votó las normas sobre el primer bloque temático: plurinacionalidad, régimen de Gobierno, Congreso, sistema electoral. Fueron 60 votaciones en total, que se realizaron en una larga, pero expedita sesión el jueves 27. La comisión tiene 25 integrantes, por lo que el umbral de aprobación era de 13 votos.
Sesión de la comisión de Sistema Político.
  • El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios fue aprobado por 19 votos, 3 en contra y 3 abstenciones, propuesta de Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Adolfo Millabur y otros, que “promueve que se reconozca a las naciones preexistentes y afirma que son titulares de derecho de libre determinación. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos por la ley”. Agrega que tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.
  • También se aprobó el reconocimiento e implementación de tratados y acuerdos históricos, por 16 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.
  • Sobre régimen de gobierno, tras cinco propuestas rechazadas, se aprobó -16 a favor, 5 en contra y 4 abstenciones- la fórmula del PC de un sistema presidencial atenuado, con una dupla paritaria de Presidente y vicepresidente de la República definidos por elección popular, con reelección inmediata o posterior por una sola vez. Reduce la edad para postularse a 30 años.
  • El Presidente será encargado de “la administración del Estado; conducir las relaciones exteriores; declarar los Estados de Excepción; dictar decretos con fuerza de ley previa autorización del Congreso Plurinacional y ejercer la jefatura suprema de las FF.AA. permanentemente”. En tanto, el vicepresidente verá la conducción del Ejecutivo en caso de cesación del cargo del Mandatario, coordinar normalmente el gabinete de ministros, remover subsecretarios y otros funcionarios.
  • La propuesta de la convencional Bárbara Sepúlveda -firmada por el resto de sus pares del PC, más Renato Garín (Independiente)- superó el umbral de 13 votos con los respaldos del PS, la UDI, Evopoli, RN, Catrileo y los dos constituyentes de la ex Lista del Pueblo. Eso, porque compartían la idea de la dupla paritaria por elección popular, a diferencia del Frente Amplio, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales que proponían un Mandatario con un ministro de Gobierno ratificado por el Congreso.
  • Fue clave que Sepúlveda propuso votación separada de las causales de cesación del cargo del Presidente -terminación del período presidencial, muerte, renuncia aceptada por el Congreso, incapacidad total declarada por el Congreso o revocatoria de mandato- tema que era resistido por la derecha. El punto fue rechazado por 13 en contra, 11 votos a favor y 1 abstención.
  • En conformación del Congreso se rechazaron todas las propuestas que mantenían la lógica bicameral, con matices desde mantener el parlamento con sistema de espejo hasta cámaras asimétricas, que implicaban funciones distintas.
  • En cambio, fue aprobada por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones la propuesta de Alondra Carrillo, Jaime Bassa y Sepúlveda -con las firmas del PC, FA, Movimientos Sociales, FRVS, PC y Pueblo Constituyente- que establece un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados indígenas y diversidades sexuales, de 205 integrantes y con decisiones se toman por quorum de mayoría. Los diputados serán elegidos por un sistema de votación mixto de listas cerradas, con tres componentes – “político sustantivo”, territorial y plurinacional- por cuatro años con solo una reelección.
  • También se aprobó -por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones- la creación de un distrito especial y único de escaños reservados para Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, con criterios de paridad y representando a todos los PPOO. El mínimo de escaños reservados para el Congreso unicameral es 17 escaños, tal como en la Convención.
  • En materia del sistema electoral, se aprobó -19 votos a favor y 6 en contra- que el Estado garantice la representación paritaria de mujeres y diversidades sexo genéricas; por 18 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, que la inscripción sea automática y el voto obligatorio para mayores de 18 años, mientras que voluntario para mayores 16 y chilenos residentes en el exterior, para lo cual se establecerá circunscripción en el extranjero.
  • También se aprobó – 22 votos a favor y 3 en contra- la creación de un registro electoral indígena, y por otros 16 votos, 5 en contra y 4 abstenciones, garantizar la participación de los pueblos indígenas en todos los órganos de elección popular, a través de escaños reservados.
  • Sistema de Justicia. Los 19 integrantes de esta comisión, en sesión extraordinaria, iniciaron el lunes 24 la votación en general del primer paquete de 24 normas constitucionales, de las cuales fueron aprobadas 20.
  • La primera fue la propuesta de “Principios de la Jurisdicción”, aprobada unánimemente, que propone la creación de un órgano colegiado, especializado, paritario, autónomo e independiente, al cual se le mandate la selección, nombramiento, destino, traslado, perfeccionamiento, profesionalización y promoción de jueces. También ejercerá bajo los principios de independencia, imparcialidad, gratuidad, igualdad, plurinacionalidad, perspectiva de género, publicidad, accesibilidad, descentralización y cercanía territorial.
  • Otras dos normas fueron aprobadas unánimemente: una, sobre el poder judicial y la función jurisdiccional, para que toda persona tenga el derecho a obtener una tutela judicial efectiva ante ellos, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, debiendo remover todos aquellos obstáculos que le impidan ejercer el derecho a la acción. La otra, relativa al ejercicio y regulación de la función jurisdiccional, que precisa que el Estado deberá promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación o la mediación, lo que no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de la tutela jurisdiccional.
  • El derecho de acceso a la justicia se aprobó por 13 votos a favor, 4 rechazos y 3 abstenciones; la estructura y composición del poder judicial que establece tribunales administrativos, uno en cada región, se aprobó por 14 a favor y 5 en contra; y la creación de un Consejo Supremo de Justicia, encargado de salvaguardar la independencia del sistema judicial y los jueces, promover la eficacia de la justicia y definir ascensos y traslados de jueces bajo criterios objetivos de mérito, aptitud y capacidad, fue aprobado por 17 votos a favor, 1 rechazo y 1 abstención.
  • Por 18 votos se aprobó la incorporación de la justicia vecinal, por otros 15 la creación de juzgados comunitarios y por 16 votos, la inclusión de mecanismos colaborativos para la resolución de conflictos en el sistema de justicia.
  • En enfoque de género, se aprobó por 17 votos a favor y 2 abstenciones el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas; por otros 14 votos la que establece pautas para una administración de justicia con equidad y perspectiva de género, y observancia de los derechos humanos; y por 14 a favor, 4 rechazos y 1 abstención, un sistema de justicia feminista.
  • Una de las iniciativas rechazadas -solo 6 a favor, 13 en contra- fue sobre Justicia Militar, que proponía una jurisdicción especializada que garantizará el pleno respeto a los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, u otros que sean aplicables, y que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigente.
  • Principios Constitucionales. La última semana de enero, la comisión, integrada por 18 convencionales, votó más de 40 normas en general. Por unanimidad aprobó que Chile “es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile”.
  • También, por 13 votos a favor y 3 en contra, el ejercicio de la función pública “obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, honestidad, ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, y estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.
  • Derechos Fundamentales. La comisión no votó en enero, sino que terminó el debate sobre regulación de derechos, libertad de conciencia, libertad de emitir opinión, de culto, de prensa, de expresión y consagrar el derecho a la seguridad, libertad Religiosa y de conciencia en nueva Constitución.
  • Punto aparte fue el debate, el miércoles 26, de la iniciativa popular de ley que reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, que permite el aborto legal y seguro. De forma telemática una de las autoras de la iniciativa, Siomara Molina, de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, expuso los aspectos centrales de la propuesta: “Esta iniciativa fue construida desde la noción de la justicia reproductiva con base en los principios de igualdad sustantiva, libertad, autonomía y dignidad, identificando que necesitamos, no solamente el derecho a abortar, sino que construir condiciones sociales y materiales que posibiliten ejercer nuestra sexualidad y habitar nuestros cuerpos de forma libre y en igualdad de condiciones”.  
  • Desde la derecha, las detractoras del aborto cuestionaron la propuesta. La constituyente, Teresa Marinovic, afirmó que “he estado cerca de mujeres que han enfrentado embarazos difíciles, por lo tanto, entiendo lo que es. Tengo claro que no las voy a convencer, pero en lo que coincidimos, supongo, es en entender que cada vez que se plantea la posibilidad de un aborto es en un contexto dramático, y mi pregunta es ¿por qué lo tratan de una manera tan festiva, casi carnavalesca?, ¿por qué esta conducta alegre frente a una situación penosa?”.
Intensa y con alta concurrencia fue la sesión de Derechos Fundamentales cuando debatieron sobre aborto.
  • El tema continuó con la presentación de otra iniciativa popular que consagra el derecho a la vida. Expuso y respondió preguntas uno de sus autores, Vicente Hargous, de la organización “Siempre por la Vida”, quien recalcó que “la vida es un derecho que tiene que ser necesariamente anterior a los demás, a todas las otras libertades que tenemos”.
  • Sistemas de Conocimiento. La comisión, que tiene 15 integrantes, partió el martes 25 con la votación de 35 iniciativas, proceso que continuó durante toda la semana. Las dividió en grupos temáticos: comunicación, cultura, derechos digitales, patrimonio, propiedad intelectual o derechos de autor, rol del Estado, libertades y otros conocimientos.
  • De forma unánime se aprobó el derecho a la comunicación y a la conectividad digital; la eliminación de la violencia digital; el rol del Estado para garantizar la participación de individuos, colectividades y pueblos en la vida cultural, artística y patrimonial; y el reconocimiento y protección de los derechos del autor sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales.

Otros hechos relevantes del mes

  • Iniciativas Populares de Norma. A todas luces fue un proceso exitoso. El martes 1 de febrero a las 23:59 horas se cerró el plazo para patrocinar iniciativas populares de normas y 78 propuestas lograron las 15 mil firmas de respaldo -de al menos cuatro regiones distintas- para ser debatidas y votadas por la Convención.
  • En las comisiones temáticas a las que serán derivadas, al menos uno de sus autores podrá exponer los ejes centrales de la propuesta. Si es aprobada en general, por mayoría de sus miembros, los convencionales podrán presentar indicaciones y votarla en particular y lo que se apruebe, es incorporado en el informe al pleno, donde se vota en general y particular, pero por un quorum de 2/3, esto es 103 votos. 
  • Había 2.456 iniciativas populares disponibles en la plataforma digital de la Convención. En total hubo 2 millones 809 mil 751 firmas registradas, de las cuales 415 mil 693 fueron solo en las últimas 24 horas.
  • Las cinco iniciativas populares que obtuvieron mayor número de firmas son: “Con mi plata no” (60.852); “Libre derecho sobre la propiedad privada” (47.892); “Cannabis a la Constitución ahora: por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar” (44.332); “Será Ley: iniciativa popular de apoyo al aborto” (38.198) y Banco Central autónomo (37.604).
  • Otras propuestas son sobre el  derecho a la seguridad social; inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción; salud mental gratuita y de calidad como derecho; un sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado; el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad; sobre protección del medio ambiente, cambio climático y fin a zonas de sacrificio; la protección de datos personales; el acceso al agua para toda la población; el derecho a la muerte digna y el reconocimiento constitucional del pueblo tribal afrodescendiente, de las personas con discapacidad y de la Educación Superior Técnico Profesional.
  • Las más de 2 mil 300 propuestas que quedaron en el tintero serán sistematizadas para quedar de insumo tanto para las comisiones temáticas de la Convención, como para el Poder Legislativo y Ejecutivo.
  • Otras 201 iniciativas populares de origen indígena también cumplieron con los requisitos especiales establecidos por reglamento para ser tramitadas en la Convención. La mayoría de las propuestas ingresadas apuntan al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el Estado plurinacional, educación, derechos de la naturaleza y protección del patrimonio cultural.
  • Entre las iniciativas populares y las que ingresaron los propios convencionales, un cálculo estimado apunta a que hay cerca de 900 normas que deben ser discutidas y votadas por la Convención, en un plazo de tres meses, ya que las comisiones temáticas funcionarán hasta mediados de abril, en paralelo a los plenos de deliberación y votación.
  • Consulta Indígena exprés. Tras meses de discrepancias entre los propios escaños reservados, el miércoles 26, la mesa de la Convención dio inició oficial al proceso de Consulta Indígena, en una ceremonia en la terraza Neptuno del Cerro Huelen-Santa Lucia.
Lanzamiento oficial de la Consulta Indígena.
  • La consulta es una obligación legal para la Convención, porque el año 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales -que entró en vigencia en septiembre del 2009-, lo que implica que el Estado tiene el deber de consultar “a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad con sus características socioculturales”, las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar, directamente, a los pueblos originarios.
  • Si bien un proceso de esta índole se desarrolla, como mínimo, en un plazo de seis meses, la Convención esta apostando por un proceso exprés. Desde el lanzamiento, hubo 15 días de difusión del proceso, la consulta se realizará entre el 14 de febrero y el 4 de marzo, abarcando a 4 mil 158 comunidades y 2 mil 916 asociaciones indígenas. La Secretaría Técnica de Participación Popular y Consulta Indígena de la Convención sistematizará -en forma paralela- la información obtenida hasta el 25 de marzo y luego, con ese insumo, procederá a “elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos”. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril se deben entregar los resultados del proceso.
  • Los encuentros con las comunidades y asociaciones indígenas podrán ser presenciales o telemáticos. La Convención ha llegado a acuerdos y convenios con municipios, gobernaciones regionales y universidades estatales para que colaboren con instalaciones, traslados y distintos aspectos operativos para su implementación y desarrollo. En la Convención se señala que la presidenta Quinteros ha puesto especial interés y trabajo en sacar adelante la consulta.
  • La consulta -que debe respetar las formas y cultura de cada pueblo- se guiará en base a un documento que elaboró la Comisión de Derechos Indígenas de la CC sobre principios como plurinacionalidad, buen vivir y libre determinación; derechos colectivos de los pueblos originarios sobre tierras, recursos naturales, vivienda, autogobierno y no discriminación; además de un paquete de preguntas para proponer normas, incorporar más derechos y si falta abordar alguna temática relevante.
  • En el lanzamiento, la mesa de la Convención habló de un costo aproximado de $1.400.000.000, sin embargo, 24 horas después, tuvo que salir públicamente a aclarar la cifra exacta: $2.400 millones, lo que se desglosa en gastos para 444 facilitadores, 415 digitadores, 410 moderadores, además de combustible y colaciones.
  • Quinteros puso énfasis en los mil millones del Consejo de Rectores de las Universidades (Cuech), dinero que “está disponible y lo que nos falte, una vez que hagamos el cómputo final real, descontando todas estas colaboraciones que tenemos, lo solicitaremos a la Segpres como estimula el acuerdo por la paz, en el caso de que se requiera”. Domínguez destacó la colaboración logística de municipios y gobiernos regionales, lo que tiene “un equivalente en dinero que no gastará la Convención y es necesario concretizar y materializar todo el apoyo de la sociedad civil para poder hacer efectivamente la estimación de cuánto es el dinero que tendrá que salir de la propia CC”.
  • El viernes 28, la Segpres mandó un oficio a la mesa de la Convención advirtiendo de su preocupación por el financiamiento de la consulta: “monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención Constitucional, incluso considerando el monto de 974 millones de pesos transferidos el año recién pasado al Consorcio de la Universidad del Estado de Chile, que además de la consulta, deben utilizarse para la Secretaría de Participación Popular y la Secretaría de Comunicaciones”, reza el texto.
  • Más allá del 4 de julio. Solo quedan cinco meses de mandato a la Convención y hace rato que la sombra de los estrechos plazos para concluir el trabajo ronda sobre los constituyentes. Con eso, la idea en algunos de prorrogar su mandato más allá del 4 de julio.
  • En sectores de colectivos como Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional Popular, esa posibilidad tiene mayores adeptos. Una opción en la que no hay mayoría en la Convención, ya que las opiniones se dividen entre los que consideran que este no es el momento para dicho debate y sus abiertos detractores.
  • Sobre el tema, el vicepresidente Domínguez fue categórico en entrevista con www.alertaley.cl: “Tenemos la certeza, vamos a lograr los plazos, el 4 de julio vamos a tener la propuesta de texto que Chile necesita. Ahora los plazos siento que no están escritos en piedra. Esta discusión alguien podrá tenerla y lo podrán resolver los parlamentarios, pero nosotros estamos trabajando para el 4 de julio tener la propuesta de texto constitucional para los pueblos de Chile y así será”.
  • Agregó que hasta el momento la Convención ha ido cumpliendo con sus plazos, “vamos al dedillo con el cronograma y, nuestro programa termina incluso el 24 de junio, tenemos incluso una semana más en el caso que la necesitemos, así que vamos a cumplir los plazos. Estamos haciendo la pega, pero como te digo, nada está escrito en piedra y, eventualmente, una discusión legítima que se podría tener, pero el espacio de discusión y de decisión está fuera de las paredes de este edificio”.
  • El convencional del Colectivo Socialista, Ricardo Montero, dijo -también en entrevista en www.aletaley.cl- que “es una discusión abierta, en mi opinión no es el momento de tenerla (…) en enero termina un Congreso, en febrero este está cerrado y en marzo asume uno nuevo. Para hacer una reforma de este tipo, si eventualmente se hiciera, se requiere del acuerdo de los 2/3 en ambas cámaras, entonces creo que no es el momento de discutir este tema, es el de ponernos a trabajar lo más rápido posible para tratar de cumplir con el cronograma que nosotros mismos nos dimos”.
  • En la derecha no hay una sola mirada. Convencionales como Arturo Zúñiga (UDI) y Luis Mayol (RN), se han expresado en contra de alargar el mandato de la Convención, mientras que otras como Teresa Marinovic se han declarado a favor. El tema ya se ha instalado en el seno de Chile Vamos, se ha comenzado a tratar en algunas reuniones y chats de la coalición. Algunos advierten que, llegado el momento, oponerse a esa posibilidad dejaría a la derecha como obstruccionista. El tema podría dividir las aguas nuevamente en este sector, tal como sucedió entre los que apoyaron el Apruebo y el Rechazo en el plebiscito del 25 de octubre.
  • Cabildos Penitenciarios. El miércoles 26 de enero la mesa de la Convención firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para realizar cabildos penitenciarios, para incorporar al proceso constituyente a grupos históricamente excluidos como las personas privadas de libertad.
  • El acuerdo fue firmado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la presidenta de la Convención, y establece un protocolo para el ingreso de convencionales a establecimientos penitenciarios y otro para la realización de los cabildos. Esto se realizarán en 38 recintos penitenciarios: Arica, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Quillota, Isla de Pascua, Santiago Sur, San Miguel, San Joaquín, Santiago I, Colina I, Puente Alto, Talagante, Rancagua, Santa Cruz, Talca, Cauquenes, Chillán, Biobío, Concepción, Yumbel, Temuco, Angol, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas.

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