- Si algo ha caracterizado el trabajo del Consejo Constitucional, ha sido la lentitud de su trabajo como si los plazos legales no fueran inexorables. Cada vez queda menos tiempo, le restan solo dos meses para entregar -el 7 de octubre- la propuesta de nueva Constitución a la Comisión de Expertos, la que deberá analizarla y presentar sus observaciones al texto. Si es que hay discrepancias, deberán pasar a una comisión mixta para zanjarlas.
- Se suponía que esta semana, específicamente el martes 1 de agosto, comenzaba la etapa de debate y votación de normas en las cuatro comisiones temáticas del Consejo. Así quedó establecido en el cronograma de trabajo que definió los tiempos y pasos del proceso hasta la entrega de la propuesta final el 7 de noviembre.
- Sin embargo, todo quedó suspendido. Las bancadas de derecha querían que la discusión comenzara recién el 16 de agosto, lo que reducía en extremo los márgenes de debate.
- En las bancadas oficialista, si bien hace rato reclamaban por la estrategia dilatoria de la oposición, se levantaron las alarmas y se instaló el convencimiento que puntualmente republicanos quería demorar la fase argumentativa, ya que se encuentra en plena estrategia de despliegue ante la ciudadanía de sus enmiendas, con una campaña llamada «Te quiero Chile», que implica una serie videos de los consejeros en redes sociales hablando sobre libertad en salud, educación, la importancia de la seguridad y las tradiciones.
- En los pasillos del consejo se comentó estos días que la estrategia de republicanos efectivamente pasaba por esquivar la fase del debate, reducirla lo más posible, para evitar que sus consejeros cometan errores en las sesiones públicas, dado que el grueso de su bancada, dicen en el oficialismo, no posee el manejo suficiente para sortear una discusión constitucional.
- No fue gratuito que la consejera María Pardo (CS) alertara públicamente del tema en plena sesión de la comisión de Función Jurisdiccional: «Todavía no está fijado el calendario para la discusión de las comisiones y entiendo que esa es la razón por la cual estamos todavía recibiendo expositores. Esta comisión, según entiendo, recibió al menos 220 enmiendas, un número bastante extenso. Son enmiendas bastante complejas en algunos casos».
- Pardo advirtió que “le debemos al país darnos el tiempo para discutir, para darnos el argumento de por qué presentamos las enmiendas que presentamos, qué es lo que buscamos. Hemos estado revisando una a una las enmiendas presentadas y en muchos casos se nos hace difícil entender por qué se presentaron (…) El tiempo va a apremiar y va a ser muy necesario que partamos discutiendo lo antes posible y no estemos haciendo las cosas a última hora».
- Tras varias conversaciones y reuniones, finalmente el miércoles 2 de agosto los delegados de las seis bancadas del Consejo llegaron a un acuerdo de calendario de trabajo para estas semanas: la del 7 de agosto, se revisará y analizará las enmiendas en cada comisión, la del 14 se destinará al debate en particular de éstas y a partir de la del 21 de agosto, se realizará la etapa de votación, que no podrá extenderse más allá del 2 de septiembre.
- Eso, porque según el cronograma, el 5 de septiembre el pleno del Consejo debe comenzar el debate y votación de normas.
- Humo blanco. Después de una semana desde que el oficialismo puso su propuesta sobre la mesa, finalmente se llegó al acuerdo de instalar una mesa de trabajo paralela a las comisiones, para ordenar el debate y generar consensos en torno a la votación de enmiendas. El jueves 3 de agosto se realizó la primera reunión para organizar la forma de trabajo las siguientes semanas.
- Esta “mesa de coordinación” tiene como tarea adelantarse en la discusión de enmiendas, y estará integrada por los delegados de cada bancada – Julio Ñanco (RD), María Pardo (CS), Alejandro Köhler (Ind.-PS), Luis Silva (republicano), Arturo Phillips (Ind.-UDI) y Pilar Cuevas (RN)- más un segundo representante, que puede ser otro consejero, comisionado afín o delegado subrogante. Así, por el oficialismo también estarán en este equipo los comisionados Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS), mientras que por la derecha lo harán el abogado asesor Jorge Barrera, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) y su par, Carolina Navarrete (UDI).
- A ese grupo se integrará el consejero, Alihuen Antileo, cuando se traten normas e indicaciones relacionadas con los pueblos indígenas.
- El traspié del reclamo. La semana comenzó con la confirmación que las bancadas oficialistas habían formalizado ante la Corte Suprema un reclamo por cinco enmiendas de la derecha que crean nuevos capítulos al anteproyecto constitucional sobre FFAA, Seguridad y Defensoría de las Víctimas.
- Dos enmiendas son de Republicanos y Chile Vamos para crear un capítulo sobre “Defensa nacional” para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; otras dos son los mismos autores sobre Seguridad, donde republicanos propone un acápite de “Paz, orden y seguridad interior” y Chile Vamos uno de “Seguridad Pública”. La última enmienda cuestionada es la de RN-Evópoli, sobre para la Defensoría de las Víctimas.
- El escrito fue firmado por 14 consejeros de todos los partidos: Julio Ñanco, José González, Paloma Zúñiga, Kinturay Melin, Alihuén Antileo, Christian Suárez, Alejandro Köhler, Marcela Araya, Jocelyn Ormeño, María Pardo, Yerko Ljubetic, Nancy Márquez, Karen Araya y Fernando Viveros.
- Esta es la primera vez que la Corte Suprema es involucrada en el proceso constitucional. Si bien durante el desarrollo de la Convención entre 2021 y 2022 la derecha evalúo la opción en varias ocasiones, nunca la concretó.
- El mismo lunes 31 de julio, la Corte Suprema sorteó entre sus integrantes a los cinco ministros que serán parte de la comisión que deberá analizar y resolver el reclamo: Arturo Prado, Andrea Muñoz (pdta), Jorge Dahm, Mario Carroza, y María Cristina Gajardo.
- 24 horas después, por motivos de forma y por tres votos contra dos, dicha comisión declaró inadmisible el reclamo, porque los firmantes no ingresaron los documentos correctos, presentando solo los del Tricel en su calidad de electos y no de la Secretaría del Consejo, para comprobar su condición de consejeros en ejercicio.
- El voto de disidencia fue de los jueces Muñoz y Dahm, quienes consideraron que los documentos ingresados -acta de proclamación, del Tricel, y acta de instalación- sí cumplen los requisitos.
- El jueves en la tarde el oficialismo repuso el reclamo. Sin embargo, en el oficialismo, dado el voto dividido, se instaló la idea que el máximo tribunal quería evitar verse involucrada en el debate constitucional y tener que zanjar materias sensibles.
- Este viernes la comisión de supremos zanjó la admisibilidad del reclamo. Ahora debe solicitar un informe al Consejo Constitucional, que debe ser entregado en dos días y tras eso, se citará a audiencia para escuchar los alegatos de las partes. En otros dos días máximos, los jueces deben dar a conocer su decisión. Todo el proceso no se puede extender más allá de 10 días hábiles a contar de este viernes 4 de agosto.
- Argumentos. El reclamo establece que las cinco enmiendas de la derecha son una “infracción a las normas establecidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional (en adelante ‘el Reglamento de Funcionamiento’) y 152 de la Constitución Política de la República, provocando un vicio esencial, que afecta la posibilidad de la deliberación democrática en el consejo, en tanto sólo podemos aprobar o rechazar el texto propuesto, sin que éste pueda ser objeto de enmiendas por parte de los reclamantes”.
- Agrega que el reglamento del Consejo “no contempla la presentación de enmiendas que contengan propuestas de capítulos distintas a las fijadas por la Comisión Experta, debido a que el reglamento aseguró la debida discusión y deliberación democrática de cada una de las propuestas” y que “la presentación intempestiva y con infracción a las normas de procedimiento de capítulos nuevos, nos impide poder participar con nuestras propuestas de norma, no pudiendo intervenir en la deliberación sobre el contenido normativo de estas. De este modo, se nos ha dejado en la posición de limitarnos solo a aprobar o rechazar el texto propuesto en las enmiendas antes señaladas por quienes infringieron las normas de procedimientos, sin posibilidad de ser modificadas”.
- Un punto relevante del reclamo es la consideración que “los capítulos no tienen carácter normativo en sí mismos: no son normas, en tanto no prescriben ni constituyen nada. Se trata, más bien, de elementos de organización interna de un texto jurídico, en virtud de los cuales se agrupan las normas, bajo ciertos títulos que anuncian su contenido”.
- El dedo de Lagos. No es el primero ni el único. Ya la semana pasada fue el turno del expresidente, Sebastián Piñera, y este lunes 7 sería el de la exmandataria, Michelle Bachelet. Sin embargo, la exposición de Ricardo Lagos Escobar ante la comisión de Sistema Político no dejó a nadie indiferente, principalmente por las advertencias que hizo y su cuestionamiento al tono identitario de varias de las indicaciones que presentó la derecha al anteproyecto.
- “Sabemos que en el Consejo los representantes de la derecha no sólo tienen los tres quintos necesarios para modificar el anteproyecto, sino que también tienen los 2/3 para rechazar las sugerencias de los expertos. Si quisiera, la derecha pude imponer íntegramente sus puntos de vista. La pregunta es si ésta será una Constitución aprobada por sólo un sector», advirtió el expresidente en su exposición, la cual leyó íntegramente.
- Fue un paso más allá en su crítica: “Hay una forma de hacer política que consiste en adquirir popularidad diciendo lo que la gente quiere escuchar. Esa es la política con minúscula, decir lo que la gente creo que quiere escuchar, lo cual no quiere decir no saber escuchar a la gente, que es algo distinto. Los verdaderos líderes políticos escuchan mucho a la ciudadanía, pero también la respetan lo suficiente como para darse el tiempo de explicar a veces por qué sus representantes adoptan decisiones que pueden ser impopulares».
- Acto seguido, Lagos sentenció que ve con preocupación “las miradas de corto plazo y un afán por seducir a la ciudadanía especialmente a las encuestas que muestran la intención de rechazar el plebiscito de salida en diciembre y que desvían la atención de los consejeros sobre el papel histórico que están llamados a cumplir».
- Le recordó a la comisión que el anteproyecto que preparó la comisión de expertos “es un hito en la historia constitucional de Chile y un buen logro para los tiempos que corren” y que la propuesta final de nueva Constitución “tiene que ser nuestro pacto social, generar cohesión y legitimidad y será nuestro faro tanto para enfrentar los desafíos actuales como los que vienen por delante y en los cuales muchas veces ni siquiera nos podemos imaginar qué nos va a deparar el futuro».
- Tras insistir en “la diversidad no es una amenaza” y que “la Constitución debe ser un marco que permita que esta diversidad se exprese», aseguró que muchas de las enmiendas se están presentando en sistema político “atentan contra la expresión de esta diversidad”.
- En un mensaje directo a la derecha, el expresidente Lagos precisó que “bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de la diversidad de fuerzas políticas, que fue lo que buscó al eliminar el sistema binominal (…) pido responsabilidad, este tema es extraordinariamente delicado y no podemos manipular el sistema electoral sólo porque es popular bajar el número de parlamentarios en una época en que la política está no bien considerada».
- En esa línea, apuntó a las propuestas de republicanos. “Se están proponiendo enmiendas que buscan reponer las leyes de quórum calificado de 4/7, además el anteproyecto elimina el control preventivo sustantivo que, digámoslo, ha servido a las minorías que pierden en el Congreso para buscar entonces por esta vía la aprobación o promulgación de leyes que no les gustan (…) yo entendía que había un cierto diagnóstico compartido en que el control preventivo había sido dañino para nuestra democracia, ahora veo que se están proponiendo enmiendas similares para reponerlo».
- También se refirió a la cuestionada propuesta de arresto domiciliario a los reos mayores de 75 años: “Tendría como resultado que salieran de la cárcel los responsables de las más atroces violaciones de DDHH de la dictadura. ¿Tenemos entonces que humanizar las cárceles? De todas maneras. ¿De una manera digna? De todas maneras. ¿Pero aquellas personas privadas de libertad se pueden acaso beneficiar porque esta deuda está pendiente? No podemos permitirnos dar señales de impunidad para violadores de derechos humanos que cumplen penas por este crimen”.
- Las palabras de Lagos generaron un efecto inesperado. Tras la exposición, el presidente de la comisión, Edmundo Eluchans (UDI), hizo un público desmarque con republicanos.
- “Usted hizo un análisis donde suma la bancada republicana con las bancadas de la UDI, RN y Evópoli. Ahí yo creo, Presidente, con todo respeto, hay un error (…) nosotros hemos pagado un alto costo por estar aquí. Nosotros fuimos muy disminuidos en el voto ciudadano por defender este proceso. Nosotros creemos en este proceso, estamos comprometidos en este proceso y queremos que el proceso sea exitoso. En consecuencia, le vuelvo a decir, con el máximo respeto, no puede sumar así. Desde luego hay una diferencia y ya que usted la mencionó, nosotros no hemos patrocinado el cambio del quórum para la reforma constitucional a 2/3, nosotros mantenemos los 3/5. En consecuencia, hay diferencias», afirmó Eluchans ante la comisión.
- Más que el mero gesto comunicacional, en el Consejo más de uno tomó nota de la separación de aguas que hizo Eluchans con republicanos. Sus palabras pueden ser la primera señal de posibles entendimientos más transversales, que permitan evitar que el partido de José Antonio Kast junte los ocho votos que le faltan en el pleno para dejar plasmada su identidad política en el texto constitucional con normas ultraconservadoras que han sido catalogadas de retrocesos.
