Resumen mensual: la suma de todos los miedos o cuando en julio se instaló el riesgo identitario  

• Segundo mes de trabajo del Consejo Constitucional. Julio no solo estuvo marcado por hito del ingreso de las enmiendas al anteproyecto, sino porque el tenor de muchas dejó en evidencia el riesgo real de que este segundo proceso constitucional termine proponiendo una Constitución partisana de corte ultra conservador.

• Desde el primer día se sabía que la presentación de enmiendas implicaría un punto de inflexión, porque ahí radica la posibilidad de hacer modificaciones al anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos. Además, era la instancia donde se sincerarían posiciones, ya que las seis bancadas pasarían de las declaraciones a los hechos. Todos pondrían sus cartas en la mesa.

• Pero, la batería de enmiendas que ingresó la bancada republicana -casi 400 del total de 1.069 indicaciones- tiene tal corte identitario, se ha dicho que parece más un programa de gobierno, que no solo es un intento por cambiar radicalmente el fondo del anteproyecto, sino que la jugada tensionó al extremo el clima interno del Consejo. Se prendieron todas las alarmas.

• De los 50 integrantes del CC, la derecha tiene 33, tres más del mínimo necesario para cumplir con el umbral de 3/5 que se requiere para aprobar una norma en el pleno. De esos, 22 escaños son republicanos, seis son de la UDI, 4 de RN y 1 de Evópoli. El oficialismo ni siquiera tiene poder de veto en el pleno (21 votos), ya que en conjunto y sumando el cupo indígena de Alihuen Antileo, suman solo 17 votos.

• En ese contexto, no es casual que la derecha se jugara por 4 enmiendas conjuntas: garantizar el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos; consagrar la libertad de elección en salud como la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones (dos enmiendas que constitucionalizan el sistema de isapres y de AFP, respectivamente); y crear un nuevo capítulo sobre las FFAA, que en el anteproyecto están incorporadas en el de Gobierno y Administración del Estado como fue la tradición constitucional chilena hasta el texto de 1980.

• La autonomía de aprobación de normas que tiene la oposición hace muy factible que estas cuatro enmiendas pasen en las comisiones y el pleno, a lo más con pequeños ajustes, lo que implicará un cambio sustantivo del tono anteproyecto, y el fin de la transversalidad política con que fue elaborado.  

• En algún momento, previo al plazo del 17 de julio cuando se ingresaron las enmiendas, en la derecha se habló de un intento por presentar un paquete conjunto de 15 propuestas. Si bien al final fueron estas cuatro, hay otros siete temas en los que cada partido por separado presentó su propia indicación, pero todas apuntan al mismo objetivo y tienen efectos similares.

• Estas son proteger la vida del que esta por nacer y la maternidad; limitar la libertad sindical y el derecho a huelga; crear un capítulo anexo al texto sobre Seguridad; reponer el control preventivo del Tribunal Constitucional; relativización de la paridad modificando el rol del Estado de “asegurar” el acceso igualitario de hombres y mujeres para los mandatos electorales y cargos electivos, a solo “favorecer”  o “promover”; que la elección parlamentaria empalme con la primera vuelta presidencial y un redistraje del país que implica reducir el número de escaños de la Cámara de Diputados.

• No es una lista menor. Efectivamente cada partido quiso hablar a su propio electorado, marcar algún matiz con ese objetivo, pero en la práctica y con la correlación de fuerzas que hay en el Consejo, muchas tienen la posibilidad de quedar incorporadas en el texto final.

• Es cierto, la derecha trató de desdramatizar el tema, habló de nuevos comienzos, de propuestas para debatir para encontrar puntos de consenso. Pero en el seno del Consejo se sabe que la estrategia de republicanos es clara y una sola, aprovechar este debate constitucional para difundir e instalar su identidad política, y si de paso queda plasmada en la propuesta de nueva Constitución, mucho mejor.

• El partido de José Antonio Kast jamás comulgó con el proceso constitucional ni con este ni el anterior, jamás ha suscrito ninguno de los acuerdos políticos sellados en el Congreso para darle viabilidad institucional al cambio de la actual Constitución. Y la mayoría circunstancial que obtuvo en la elección de consejeros de mayo le dio la plataforma para sondear el “clima” a sus ideas.

• Así, no es gratuito que dicha bancada insista en plantear que sus indicaciones no son republicanas, sino que “ciudadanas”, ni tampoco la estrategia de difusión con la campaña “Chile te quiero”, donde sus consejeros difunden los eslóganes centrales de sus enmiendas en videos por redes sociales: “te quiero con los corruptos en la cárcel”, “te quiero siendo dueño de tus ahorros de pensiones y que los puedas heredar”, “te quiero con una salud de acceso libre”, “eligiendo tu educación en libertad”, “te quiero Chile con respeto a las Fuerzas Armadas”, y “te quiero con tu casa propia y sin pagar contribuciones por tu casa”.

• Si el oficialismo antes del 17 de julio tenía conciencia de su escaso margen de injerencia, con las enmiendas sobre la mesa se instaló de lleno la desazón. Sí, ingresaron un conjunto de indicaciones, de corte minimalista y que profundizan la propuesta del anteproyecto sobre el rol rector del Estado en la prestación de salud; democracia paritaria; gratuidad en educación superior; reconocimiento de trabajo de cuidados y una mayor protección del medio ambiente. Además, escaños reservados para pueblos indígenas y la fórmula de listas cerradas para las elecciones parlamentarias. Pero saben que hasta el momento sus indicaciones no tiene mucho futuro y que son casi de corte testimonial.

• Por eso, concentraron la estrategia en plantear a la derecha la importancia de generar una mesa de trabajo paralela a las cuatro comisiones, donde de busquen puntos de consenso de las enmiendas para orientar el debate y las votaciones.

• La derecha aceptó la idea de la “mesa de coordinación”, que estará integrada por los delegados de cada bancada – Julio Ñanco (RD), María Pardo (CS), Alejandro Köhler (Ind.-PS), Luis Silva (republicano), Arturo Phillips (Ind.-UDI) y Pilar Cuevas (RN)- más un segundo representante, que puede ser otro consejero, comisionado afín o delegado subrogante. Así, por el oficialismo también estarán en este equipo los comisionados Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS), mientras que por la derecha lo harán el abogado asesor Jorge Barrera, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) y su par, Carolina Navarrete (UDI). A ese grupo se integrará el consejero Antileo cuando se aborden normas e indicaciones relacionadas con los pueblos indígenas.

Las indicaciones de la discordia

• Una indicación de republicanos establece que “las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio. Esta disposición solo será aplicable a aquellos casos en que la conducta sancionada no represente un peligro actual para la sociedad”. Aunque no lo dice explícitamente, esta enmienda favorece a los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

• El propio ministro de Justicia, Luis Cordero, salió al ruedo en este debate y explicó con cifras que la población penal mayor de 75 años en Chile es de 265 personas y que de ellas, 153 corresponden a condenados por violaciones a los DD.HH. “Entonces el efecto es muy evidente, los números hablan por sí mismos”, recalcó.

• Salud. El anteproyecto señala sobre este tema el “derecho a la protección de la salud en sus dimensiones física, mental y social. El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, abordando sus determinantes sociales y ambientales, de conformidad a la ley.

• Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley”.

• La indicación conjunta de la derecha Introducen en el numeral 26 que “cada persona tiene derecho a elegir la entidad prestadora de salud, así como la entidad que entregue cobertura a dichas prestaciones, sean estas estatales o privadas”.

• La Constitución actual dice al respecto: “Derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

• Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.

• Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

• Pensiones. El anteproyecto señala que “el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”.

• La indicación conjunta de la derecha precisa que “el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

• En la Constitución actual se establece que “la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.

• Educación. El anteproyecto dice que “se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo a su interés superior”.

• La indicación conjunta de la derecha reza que “las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.

• La Constitución actual establece que “los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”.

• Tratados Internacionales de DDHH. El anteproyecto propone que “el ejercicio de la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes”.

• Una indicación de derecha precisa que “el ordenamiento jurídico chileno se rige por el principio de supremacía constitucional. El texto de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes deberá́ interpretarse de forma compatible con esta Constitución. En la interpretación del texto de las disposiciones de dichos tratados, no podrán utilizarse instrumentos internacionales jurídicamente no vinculantes para el Estado de Chile”.

• La Constitución actual habla que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

• Derecho a la vida. El anteproyecto consagra “el derecho a la vida. Se prohíbe la pena de muerte”.

• Hay varias indicaciones de la derecha sobre este tema, se complementa ese numeral con distintos incisos: -“La ley protege y respeta la vida del niño que está por nacer. La madre gozará de especial asistencia y protección durante el embarazo y después del parto” (UDI).  -“La ley protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad” (republicanos); y -“La ley protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad” (RN).

• En la Constitución actual está “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer.  La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado”. Además, contempla el aborto en tres causales.

• Estado Social. El anteproyecto precisa que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización.

• Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”

• -Los puntos sobre la familia y los órganos autónomos están contemplados en el artículo 3.

• En la indicación de la derecha se modifica: “La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Todo ser humano es persona. Las personas son libres e iguales en dignidad y derechos.

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento.

• Las agrupaciones que libre y voluntariamente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos que no sean contrarios a la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento.

• El Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece.

• Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, y que reconoce derechos, deberes y libertades fundamentales. El Estado promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. (republicanos)

• La Constitución actual señala que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

• El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

• Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

• Enmiendas identitarias. No solo a nivel de consejeros del oficialismo o en el mundo político se cuestionó que las enmiendas republicanas parecieran más un programa de gobierno que propuestas constitucionales, el propio Centro de Estudios Públicos (CEP) hizo un análisis de las indicaciones de que presentó dicho partido y advirtieron de su tono identitario: “No parece adecuado poner en peligro el proceso constituyente a partir de una serie de enmiendas identitarias que, precisamente por serlo, apelan solo a una parte del electorado (…) la Constitución es el lugar para fijar principios políticos generales más que modelos societales particulares”.

• El estudio del CEP señaló que “el problema con esto es que las identidades no aceptan negociación, justamente porque ello envuelve el riesgo de disolver la propia identidad. En la redacción de un texto constitucional comenzar por la identidad arriesga, por un lado, institucionalizar la hegemonía de una posición identitaria sobre el resto, y, por otro, devaluar la actitud democrática liberal de defensa de la autonomía individual frente a la elección de opciones sustantivas”.

• Agregaron que “la mayoría de las enmiendas identitarias del Partido Republicano tienen un sentido divergente”, “contradicen explícitamente” el acuerdo de 12 bases institucionales que se acordaron como antesala de este segundo proceso constitucional y que quedaron plasmadas en la actual Constitución.

Las cifras de participación.

• El lunes 10 la mesa directiva del Consejo Constitucional -liderada por Beatriz Hevia (Republicanos) y Aldo Valle (PS)- recibió el documento oficial de la Secretaría de Participación Ciudadana con el contenido de las 31 Iniciativas Populares de Norma que alcanzaron las 10 mil firmas requeridas para ingresar a la discusión constitucional.

• Estas son “Chile por los animales” (25.415 firmas); “Con mi plata no” (24.505 firmas); “Derecho preferente de los padres» (19.941 firmas); “Un Estado sin pitutos” (18.705 firmas); “Una policía que nos proteja” (18.306 firmas); “Respeto por las actividades que dan origen a identidad de ser chileno” (16.050 firmas); “Agua para la vida” (15.705 firmas); “Toda vida cuenta” (15.659 firmas); “Educación pública para Chile” (15.266 firmas); “Me cuidaron, cuido y me cuidarán” (14.935 firmas); “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos” (14.526 firmas) y “Derecho a la vivienda digna” (14.161 firmas).

• Además, “Es mi plata y punto” (13.633 firmas); “Legítima defensa garantizada” (13.471 firmas); “Nunca más en Chile – garantías de no repetición” (13.190 firmas); “Derechos sexuales y reproductivos” (13.038); “Salud digna y protegida para todos los chilenos” (12.947 firmas); “Rodeo y la cueca como emblemas vivos de Chile” (12.911 firmas); “Por una libertad de conciencia y religiosa como derecho humano fundamental” (12.713 firmas) “Nada sin nosotras” (12.622 firmas); “Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile” (12.593 firmas) y “Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” (12.443 firmas).

• El resto son “Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión” (11.878 firmas); “Fin al lucro en salud, educación y pensiones” (11.874 firmas); “Certeza Jurídica para el Uso del Agua” (11.704 firmas); “Tolerancia cero a la violencia” (11.675 firmas); “Educación y cuidado desde la cuna” (11.187 firmas); “Respeto y la dignidad a los bomberos (as) de Chile” (11.173 firmas); “Niños, Niñas y Adolescentes en la Nueva Constitución” (11.159 apoyos); “Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad” (10.735 firmas); y “Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile” (10.518 firmas).

• Estas 31 IPN fueron ingresadas a la discusión del Consejo Constitucional como indicaciones al anteproyecto, y serán votadas en igualdad de condiciones que las enmiendas que presentaron los consejeros.

• El viernes 21 de julio se realizó un pleno especialmente para escuchar la exposición de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y su par de la UC, Ignacio Sánchez, sobre el informe final del proceso de participación ciudadana desarrollado entre el 7 de junio y el 7 de julio y que fue liderado por ambas casas de estudios.

• Entre los cuatro mecanismos establecidos -Iniciativa Popular de Norma, Audiencias Públicas, Diálogos Ciudadanos y Consulta Ciudadana- participaron 269 mil 864 personas, de 346 comunas del país y 1.640 chilenos residentes en el extranjero. El 57% tiene 45 años o menos y un 47,9% fueron mujeres.

• En el marco del clima que generaron las indicaciones de la derecha, una cifra retumbó en el pleno: la consulta ciudadana en la que votaron más de 21 mil personas. Un 87% afirmó estar de acuerdo con el anteproyecto redactado por Comisión Experta.

• La rectora Devés aseguró ante el pleno que el proceso de participación fue “una verdadera cadena de confianza: confianza del Acuerdo por Chile en las universidades; confianza de las universidades en sus comunidades, en cuánto seríamos capaces de responder al desafío en tan breve tiempo; confianza de las personas respecto de que sus opiniones serían correctamente recogidas e informadas y, especialmente, confianza en que éstas serán analizadas y serán debatidas en el seno del Consejo Constitucional”.

• El rector de la UC destacó que ambas casas de estudios “coordinaron la labor de cientos de personas que nos permitieran llegar hasta el más recóndito lugar del país y recoger la opinión de la diversidad que compone Chile” y expresó su confianza en que el pleno sabrá “valorar este material y tomarlo en consideración a la hora de decidir y estructurar el texto que nos represente a todos los chilenos y chilenas”.

La pesadilla de las encuestas

• Nada ha logrado revertir el mal desempeño del Consejo Constitucional en las encuestas. En todas, sin excepción, inexorablemente queda registrado un escenario adverso, donde la opción del rechazo en el plebiscito de salida del 17 de diciembre no disminuye, tampoco la desconfianza ni el riesgo que este sea un nuevo proceso constitucional fallido.

• En julio se dio a conocer el estudio que realizó -entre el 28 de junio y el 3 de julio- el observatorio Var CONSTITUCIONAL, de la Universidad Diego Portales, en conjunto con Feedback.

• Arrojó que un 44% que desde ya afirma que votará en contra la propuesta de nueva Constitución, ante el escuálido 29% que precisa que lo hará a favor. Un 48% que considera que el proceso no tiene ninguna importancia, otro 39% que califica de malo el contenido del anteproyecto y un 41% que prefiere mantener la actual Constitución.

• Para un 53% es poco probable que este segundo proceso constitucional llegue a buen puerto y se logre aprobar una nueva Constitución. Parte de las razones de este mal escenario están en que un 33% dice que este proceso no es legítimo, otro 21% asegura que no se siente representado y para 19% esta discusión constitucional no resuelve los problemas del país.

• Además, un 65% considera que, dada su composición y correlación de fuerzas, es poco probable que se logre una nueva Constitución de consenso. Aun así, un 43% considera que la mejor estrategia de trabajo para el CC debería ser buscar puntos de encuentro para grandes acuerdos.

• El jueves 27 se dio a conocer el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), que tiene una metodología presencial diferente al resto de las encuestas que se dan a conocer semanal y mensualmente.

• Un 37% evalúa mal o muy mal el proceso constitucional, otro 37% no dice si bien o mal y solo un 19% lo valora positivamente. Además, solo un 23% cree que la nueva Constitución ayudará a resolver los problemas del país y un 48% considera que las cosas seguirán igual a pesar del texto constitucional.

• Un contundente 49% declara que no está interesado en este segundo proceso.

Sin consulta indígena

• Este mes finalmente se zanjó este tema, que ha sido una preocupación desde antes de la instalación del CC el 7 de junio. El consejero Antileo desde el primer día advirtió la necesidad de abordar este tema, a la luz de las directrices que establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre el deber de consulta del Estado ante normas que afecten a las comunidades indígenas.

• Él presentó un oficio a la mesa del CC pidiendo un pronunciamiento sobre el tema, que en casi dos meses no tuvo respuesta. En el intertanto, el gobierno mandó -a través de la subsecretaria de Servicios Sociales- una opinión jurídica al respecto en la que consideró que si correspondía la realización de la consulta indígena.

• Durante el desarrollo de la Convención, efectivamente se realizó una consulta, pero fue un proceso complicado, implicó una comisión interna ad hoc, que demoró más de lo esperado en llegar a puntos de acuerdo, generó fracturas políticas entre los representantes de los 17 escaños reservados. El proceso se llevó a cabo con muchas críticas: duró un mes, se hizo en pleno febrero, no era vinculante y sus conclusiones llegaron cuando el proceso de votación de normas ya estaba muy avanzando.

• En el Consejo el panorama es más complejo, especialmente porque los plazos son mucho más acotados, y como nadie se hizo cargo del punto previamente, el tema resulta casi inviable a estas alturas. Además, está la arista jurídica de si este órgano tiene o no atribuciones legales para impulsar un proceso de consulta indígena.

• Así, el miércoles 26 se reunieron las seis bancadas a resolver el punto definitivamente. La derecha en bloque votó en contra, sosteniendo que el CC no tiene atribuciones para realizar una consulta, mientras que el oficialismo votó a favor. Aparentemente un empate 3 a 3, pero en la práctica no es tal, ya que según el reglamento en esa instancia cada delegado representa la cantidad de escaños de su bancada, entonces los tres delegados de derecha sumaron 33 votos ante los 17 oficialistas.   

• La decisión se formalizó en un oficio (n°37) de respuesta de la mesa a Antileo, en el que le explica que el artículo 144 de la Constitución vigente y el n°34 del reglamento son las disposiciones “que fijan -de forma exclusiva y excluyente- las facultades del Consejo Constitucional y entre las mismas no figuran atribuciones para diseñar, coordinar y/o ejecutar un proceso de consulta indígena como sugiere la señora subsecretaria de Servicios Sociales. En el marco de los límites impuestos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, no resulta válido ni al Consejo Constitucional ni menos a la Subsecretaría de Servicios Sociales extender dichas facultades ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias”.

• El oficio añade que la exigencia del Convenio 169 de la OIT no procede en casos de elaboración de una nueva carta fundamental: “El Consejo Constitucional posee una naturaleza constitucional especial, que no se identifica con un órgano constitucional autónomo ni con el poder constituyente derivado ni mucho menos forma parte de la administración del Estado o del gobierno. Es decir, no cabe encasillar al Consejo Constitucional en ninguna de las categorías aludidas, precisamente porque se trata de un órgano excepcional, de carácter temporal y cuya única misión es la de redactar una propuesta de texto de nueva Constitución”.

• El tema deja abierto el flanco de la posibilidad que se haga un reclamo de falta de legitimidad por posibles reclamaciones -de personas o grupos- ante instancias jurídicas nacionales o internacionales, que independiente del destino final que tengan, complicarían o empañarían el desarrollo del proceso constitucional.