Resumen semanal: Estado Social de Derecho, el estilo Hevia y la participación sacuden la frágil armonía del Consejo  

• La semana tuvo una impronta institucional. La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, y el vicepresidente, Aldo Valle, se reunieron, primero, con el Presidente Gabriel Boric, y luego con las máximas autoridades del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

• El estilo de Beatriz. Pero sin lugar a duda, uno de los temas de la semana fue la cuestionada performance de Hevia la noche del domingo en el programa de TVN, Estado Nacional, donde se negó a dar su opinión sobre temas como la dictadua, la figura de Augusto Pinochet y las violaciones a los derechos humanos.

• “Mi rol hoy día es mirar hacia el futuro, yo nací el año 92 y referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido”, sentenció Hevia sin salirse ni una coma de esa posición.

• “Creo que mi rol, junto con el vicepresidente Aldo Ovalle, es generar puntos de encuentro (…) si partimos desde temas que sabemos que pueden generar ruido o dividir a los chilenos, es un error. A lo mejor el 18 de diciembre podemos conversar esos puntos, hoy día sería irresponsable de mi parte y con el rol que creo que debo cumplir”, acotó.

• Incluso, sobre las violaciones a los ddhh se mantuvo en la misma línea: “Es una conversación que podemos tener a partir del 18 de diciembre, cuando terminemos este proceso constitucional, y creo que la opinión que yo pueda tener para un sector u otro puede ser no la adecuada (…) quiero tener un proceso que llame y que convoque a todos los sectores y no atrincherar a nadie”. Añadió que el respeto a los derechos humanos es una de las preocupaciones del Consejo.

• Más allá del hecho que se le cuestionó con dureza, especialmente en redes sociales, por el débil argumento de no haber nacido para la dictadura, por lo cual se eximía de opinar, lo que hizo Hevia responde una clara y nítida estrategia política que está aplicando el Partido Republicano en el Consejo Constitucional.

• Primero, quiso evitar caer en una polémica mayor, como le sucedió al consejero republicano, Luis Silva, cuando en una entrevista confesó que Pinochet era un estadista.

• La estrategia del PR es clara. No replicar el estilo de la bancada de diputados en el Congreso, que cada tanto saca ronchas en el espectro político por sus intervenciones excesivamente conversadoras, misóginas, machistas, racistas o apegadas a visiones ultraderechistas.  

• Están apostando al bajo perfil, a declaraciones muy acotadas y controladas, a una disciplina férrea de trabajo, que incluye coordinar todo el despliegue en sesiones de comisiones y reuniones en base a minutas, que los consejeros leen al pie de la letra en sus intervenciones. La idea es evitar trizar o dañar la imagen de dialogantes que han querido imprimir a su rol en el Consejo.

• Los plazos que vienen. El 18 de julio se cumple el plazo para que los consejeros presenten las indicaciones al ante proyecto que elaboró la comisión de expertos. Por eso las reuniones de trabajo de las bancadas están al orden del día, en cada espacio libre fuera de las sesiones de comisiones.

• Cada una de las respectivas bancadas -republicanos, UDI, RN-Evópoli, socialistas, CS-PC y RD e independientes— se reunieron esta semana a trabajar en texto del ante proyecto, consultan diversas opiniones y participan los comisionados de sus sectores que fueron parte de la Comisión de Expertos.

• Esta semana se cumplieron dos plazos. El 21 de junio se cerró la posibilidad de solicitar audiencias públicas y de presentar Iniciativas Populares de Norma, dos de los cuatro mecanismos de participación ciudadana que se definieron para este segundo proceso constitucional.

• Según informó oficialmente la Secretaría de Participación Ciudadana del CC, se recibieron 1.292 Iniciativas Populares de Norma (IPN) y 1.841 solicitudes para Audiencias Públicas.

• Será la mesa del CC la que determinará que audiencias se realizarán ante alguna de las cuatro comisiones -Derechos, Sistema Político, Principios y Función Jurisdiccional- o ante alguna universidad acreditada, que participan en el proceso. Todas se llevarán a cabo el 30 junio y el 1 de julio.

• Las audiencias fueron solicitadas por un 58% hombres y un 35% mujeres, el 75% con educación superior completa y un 55% vive en la Región Metropolitana. Entre quienes pidieron este espacio, 135 se reconocen parte de las diversidades sexuales, 123 a pueblos indígenas o tribales, 98 con discapacidad y 39 se identifica como migrante.

• Desde este viernes 23 de junio y hasta el 7 de julio, las 1.293 IPN están en  https://ucampus.quieroparticipar.cl/m/iniciativas/anteproyecto para su conocimiento y especialmente el proceso de recolección de firmas de apoyo. Se requiere un mínimo de 10 mil, de personas de cuatro regiones diferentes del país, para que alguna, pase a la siguiente etapa de discusión y votación en alguna de las comisiones del CC. Una persona puede apoyar hasta 10 INP y solo se necesita clave única.  

• El 55% de las INP presentadas proviene de habitantes de la Región Metropolitana, le sigue Valparaíso con el 13%.  El 70% de quienes inscribieron IPN fueron hombres, el 70% de ellos con educación superior.

• La mayor cantidad de INP que se presentaron (628) están relacionadas con el capítulo de derechos y garantías constitucionales. Algunas son sobre el derecho a la Educación (76), hay relacionadas con el derecho a la vida (62), también vinculadas al derecho a la salud (50) y el derecho a la vivienda (28). 

• Un dato no menor. A diferencia de como fue el proceso de las INP en la Convención Constitucional, que entraron al debate cuando ya se llevaban varios meses de deliberación, ahora los consejeros están esperando el listado final de iniciativas con más apoyo ciudadano antes de presentar el 18 de julio sus propias indicaciones al anteproyecto.

• Desde la derecha, afirman que es una forma de considerar la voz de la ciudadanía, mientras que del oficialismo es parte de su estrategia para lograr “incidir” en el debate del texto final, considerando que con sus 16 escaños no tiene posibilidad de vetar o inclinar la balanza de las votaciones en el pleno.

• La Secretaría de Participación hizo una suerte de balance del proceso hasta ahora. Hay 11.529 personas que han respondido la encuesta virtual y 5.406 que han participado de diálogos convocados y autoconvocados. Ambos mecanismos siguen abiertos hasta la media noche del 7 de julio.

Comisiones

• Esta semana no hubo ninguna sesión de pleno. Todos los días, mañana y tarde sesionaron las cuatro comisiones, que siguieron con su ronda de escuchar expertos, académicos y autoridades sobre sus puntos de vista sobre conceptos constitucionales y el funcionamiento de instituciones que deberán estar plasmados en el texto final de nueva Constitución.
• Principios. Aquí se dio el debate central y más relevante de la semana: los alcances del Estado Social y Democrático de Derecho, que está plasmado en el ante proyecto y es uno de los 12 principios básicos para la nueva Constitución que se acordaron políticamente, cuando se diseñó este segundo proceso constitucional.

• El artículo 1 inciso 2 del ante proyecto define que Chile “se organiza en un Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

• A principios de esta semana, durante la sesión de la comisión, la consejera, Ivonne Mangelsdorff (RN), puso el tema sobre la mesa: “Yo le pregunté a los expertos, porque, así como hay una declaración expresa en el primer artículo en que se reconoce el Estado Social y Democrático de Derecho, o sea, también es necesario que la subsidiariedad del Estado no sólo se entienda implícitamente, sino que también se diga expresamente, porque entendemos que el Estado tiene que ser el garante de la sociedad civil y que solamente el Estado actúa cuando la sociedad civil no se coloca de acuerdo”.

• Agregó a su argumento que “así como quedó estipulado un Estado social con derechos sociales que antes no existían, quizás es necesario que la subsidiariedad también esté de manera expresa, porque son conceptos que tienen que confluir conjuntamente, ninguno es excluyente el uno del otro. Debería quizás estar expreso en el primer capítulo y eso algo que vamos a tener que ver”.

• Sobre este punto, el experto Carlos Frontaura (PR) fue claro: “El Estado Social y Democrático de Derecho no podría sino entenderse a la luz del principio de subsidiariedad. Sin ella, no podríamos hablar de un estado social, sino de uno de bienestar”.

• Algo menos categórico fue el experto, Máximo Pavez (UDI) -ex subsecretario de la Segpres del último gobierno de Sebastián Piñera- quien acotó que “el Estado Social y Democrático de Derecho es un concepto en construcción y que estamos adoptando en Chile. Lo estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico conforme a nuestra tradición política, constitucional y social. No existen modelos de estados sociales puros”.

• Estas declaraciones prendieron las alarmas en el oficialismo, porque la subsidiaridad del Estado es uno de los principios rectores del modelo que plasmo la Constitución de 1980.

• Además, hay plena conciencia que si la derecha, basta Republicanos con la UDI, toma la decisión de hacer cambios en este punto, puede plasmarlos sin problemas en el texto. Tiene una abrumadora mayoría en el Consejo con los 22 escaños de republicanos y los 11 de Chile Seguro, que les otorga la autonomía -tienen los 3/5- para aprobar normas más allá de cualquier reparos o cuestionamientos.

• El tema siguió el resto de la semana, pero debido a intervenciones poco afortunadas. La bancada republicana invitó a la comisión al académico de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco, quien expuso sobre la “cláusula del Estado social”, sus problemas “prácticos”, “filosóficos” y “constitucionales”.

• Poyanco afirmó a la comisión que Alemania se percató de la “incompatibilidad” constitucional entre el Estado Social y el Estado de Derecho, razón por la que dicha Constitución “no tiene derechos sociales”. Acotó, por lo mismo, que “la ejecución del Estado Social debe mantenerse a nivel legislativo y reglamentario”.

• Remató con que “el reclamo de lograr la justicia social a través del poder del Estado ha resultado plenamente compatible con dictaduras, e incluso con sistemas más totalitarios (…) Hitler si logró un estado social”.

• En la comisión quedaron atónitos. Nadie hizo preguntas, por más que se amplio por cinco minutos el tiempo de la sesión, imperó el silencio. A la salida, el comisionado, Flavio Quezada, sentenció que el planteamiento de Poyanco es “intelectualmente insultante, jurídicamente sin fundamentos, y sus referencias históricas resultan indignas de un académico. Sus afirmaciones no podrían ser defendidas en una instancia propiamente universitaria”.

• Sistema Político. En esta comisión la semana estuvo marcada por la posibilidad de agregar un capítulo extra la incorporación de un capítulo extra sobre las Fuerzas Armadas. En el ante proyecto no fue considerado, porque en la comisión de expertos no hubo consenso al respeto y nunca se pudo romper el empate técnico (12 a 12) en este punto, por lo que quedaron incorporadas -junto a Carabineros y la PDI- en el capítulo sobre Gobierno y Administración del Estado, acorde con la tradición constitucional chilena hasta antes de 1980.

• Para los consejeros del oficialismo no es un tema menor. El hecho que las FFAA no tengan capítulo propio obedece a poner énfasis en su condición no deliberante y a que solo los órganos autónomos -Contraloría, Banco Central, etc- tiene un capítulo propio en conjunto. Pero para la derecha la mirada es distinta, hablan de no querer invisibilizar a las FFAA.

• Si bien la decisión no está 100% tomada, ya hay señales claras que la derecha repondrá el capítulo extra, tal como esta en la Constitución vigente ahora.

• También se debatió en la semana sobre las reglas para elegir parlamentarios, si hacerlo vía listas abiertas o cerradas. Actualmente se hace con listas abiertas, lo que implica que la persona vota por su candidato favorito dentro del partido o pacto.

• En el caso de la lista cerrada, el orden de los candidatos lo establece el partido. Se vota por más por fuerzas políticas que por personas, ya que los electos se definen por la cantidad de escaños que esta logró y de esos, el orden de prelación definido previamente por la colectividad. Este es el modelo que respalda el oficialismo, ya que esto unido al umbral de 5%, apunta a fortalecer el sistema político y reducir la actual fragmentación.

• Si bien la derecha se inclina por las listas abiertas, para respetar la cultura del votante chileno, en republicanos no miran mal la opción de nóminas cerradas. Tienen conciencia que parte de su éxito en las elecciones de mayo para este Consejo Constitucional, pasó por la marca del partido más que los nombres de los candidatos, que en su mayoría eran desconocidos.

• Derechos. Ente las exposiciones de la semana, asistieron Eduardo Engel – profesor y economista de la Universidad de Chile- y Jorge Correa Sutil, académico y exsubsecretario del Interior.

• Correa Sutil habló que los derechos -tanto los económicos, como los sociales y culturales- deberían ser tratados como deberes del Estado, porque así la acción política a través de las leyes sería la encargada de satisfacerlos. Advirtió del riesgo de judicialización del catálogo de derechos establecidos en el anteproyecto, por problemas en su aplicación.

• El profesor Engel abordó el debate sobre régimen de salud, tema en el que recomendó dejar abierta dicha discusión al Congreso y no forzarla constitucionalmente.

• Función Jurisdiccional. Expusieron el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sobre el Ministerio Público, el presidente del Tricel, Jorge Dahm, y el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle.