Ha sido uno de los principales flancos de este segundo proceso, y no por nada desde el Consejo Constitucional han desplegado esfuerzos casi a diario para fomentar la participación ciudadana. Basta ver las redes sociales oficiales del órgano como las de diversos consejeros de todos los sectores, llamando a involucrarse en alguno de los cuatro mecanismos –iniciativas populares de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos y consultas ciudadanas- diseñados para sacar el debate de la nueva Constitución de las paredes del Congreso en Santiago.
Este miércoles 21 se vencen dos plazos: para presentar Iniciativas Populares de Norma (INP) y para solicitar audiencias públicas. Hay que recordar que este tuvo que ser ampliado en siete días más, originalmente acabada el día 14, gracias a una tramitación exprés en el Congreso la semana pasada, debido a la baja participación que se había registrado.
Las INP que se presenten deben tener como referencia el ante proyecto que elaboró la Comisión Experta. Una vez cerrado el plazo este miércoles, deben sortear el filtro de la admisibilidad y las que lo logren, serán publicadas para que desde el día 23 y hasta el 7 de julio, se recolecten las 10 mil firmas mínimo de respaldo – y de cuatro regiones diferentes- que requieren para ser discutidas y votadas por el Consejo Constitucional.
Hasta ahora, la mayor cantidad de INP (319) que han ingresado están relacionadas con Derechos, libertades, garantías y deberes constitucionales (319).
Si bien las comparaciones a veces son odiosas, sirven también de referencias. Hasta esta tarde, se había registrado el ingreso de más de 800 Iniciativas Populares de Norma, mientras que en el primer proceso –la Convención Constitucional- la cifra llegó a 2.496 declaradas admisibles.
Sobre las audiencias públicas, consiste en un espacio de 10 minutos destinados a organizaciones civiles, ONG, comunidades o grupos. La mesa directiva del Consejo, liderada por la presidenta Beatriz Hevia (republicanos) y el vicepresidente, Aldo Valle, determinará si las exposiciones serán ante una de las cuatro comisiones temáticas -Derechos, Principios, Sistema Político y Función Jurisdiccional- o ante las universidades acreditadas, eso, porque la Católica y la Chile son encargadas de liderar en esta ocasión el proceso de participación ciudadana.
Hasta esta tarde había más de 2 mil solicitudes de audiencia pública, las que se deben realizar entre el 30 de junio y el 1 de julio.
Tanto las audiencias como las INPO pueden ingresarse en www.quieropaerticipar.cl y en www.secretariadeparticipacion.cl
En su calidad de garantes del proceso de participación, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en el proceso: “Si uno se siente alejado del proceso, si siente que otros grupos han tomado el proceso, con mayor razón hay que participar para poner la voz personal, familiar, grupal, comunitaria, y para que esa voz esté presente».
En la misma línea, agregó que si la gente se margina de participar “voces que no me representan van a estar presentes en este proceso de participación, y las posturas propias o de un cierto colectivo van a quedar fuera. Entonces, el incentivo y la necesidad de participación son muy evidentes para poder plantear posturas y proposiciones en el texto”.
La Universidad de Chile, en tanto, inició este lunes 19 un ciclo de “diálogos constituyentes”, abiertos a todo público, entendidos como un espacio de reflexión y debate sobre la relevancia para el país de crear una nueva Constitución. Dichos ciclos se realizarán de discusión se realizarán hasta el 17 de julio.
La rectora de esa casa de estudios, Rosa Devés, convocó a “todas y todos a participar en el ciclo de foros que hemos organizado en la Universidad de Chile para contribuir desde la academia, la discusión de una nueva constitución. Abordaremos la trascendencia de tener un texto representativo de toda la sociedad y la importancia de los derechos sociales para nuestro país, debatiremos con amplitud y libertad”.
