Paola Tapia, abogada, candidata constitucional por el distrito 7: “EL DERECHO A LA CIUDAD Y ZONA RURAL JUSTA NOS PERMITE FORTALECER LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO”

La ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones del segundo gobierno de M. Bachelet, se presenta como independiente por el cupo PPD a la Convención Constitucional, donde espera aportar en lograr los cambios estructurales que el país requiere.

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¿Por qué la movilidad sustentable es un tema a consideras en la nueva Constitución?

“Cuando uno se plantea el catálogo de garantías constitucionales hay que hacerlo también desde el espacio y convivencia pública, el territorio. Esto se traduce en elementos tales como la participación política y el fortalecimiento de nuestra democracia. Desde esta óptica, nuestra propuesta tiene relación con establecer el derecho a una ciudad y una zona rural justa. Para establecerlo dentro de las garantías constitucionales, conjugan algunas variables, como son la accesibilidad y la movilidad. De esta forma, todas las políticas públicas que se generen en torno a la planificación urbana, a la integración social y a una visión desde el territorio, deberán tener su punto de partida en la Constitución”.

¿Cómo validar esta propuesta?

“Nuestra Constitución no pone énfasis en el territorio que nosotros conformamos. No hay una distinción entre el territorio continental, el insular, el antártico, el derecho al mar y al borde costero. Si conjugamos todos los aspectos y logramos reconocer constitucionalmente la verdadera conformación geográfica, podríamos evidentemente generar protecciones diversas dependiendo del territorio. Si la Constitución asegura que se debe garantizar la movilidad, tendrá que ser el Estado el encargado de buscar el mejor mecanismo, sea a través de la entrega de subsidios, prestación directa, bonificación u otro, que le permita asegurar los desplazamientos a las personas. El derecho de la ciudad y zona rural justa nos permite fortalecer la descentralización del Estado”.

Entonces ¿el Estado debe ser descentralizado?

“La descentralización supone, por una parte, tener autoridades regionales electas. Segundo, tener atribuciones para esas autoridades. Y, en tercer lugar, también proporcionar los recursos. Pero todo esto tiene que ser con una mirada territorial, porque de lo contrario no vamos a dar las soluciones que nuestro país necesita”.

En tú propuesta a la Convención hablas de Estado social y de derechos, entre ellos los derechos económicos ¿a qué te refieres?

“La actual Constitución lo que hace es disminuir el rol del Estado y dejarlo atado en temas tan relevantes como la salud, educación y sistema de pensiones. Restringe el rol del Estado, a tal punto que sólo puede ejercer una actividad económica si el Congreso aprueba una ley de quorum calificado y deja el resto a una libertad económica empresarial. Hay servicios públicos esenciales, como el transporte, la electricidad, sanitarias, que requieren una mayor intervención del Estado. Por eso, el rol que debe ejercer respecto de los servicios públicos esenciales es el de ser protagonista. No sólo supone controlar y fiscalizar, sino eventualmente estar preparado para asumir la prestación de un servicio. Levantar en los sectores que lo requiera, empresas modelo y públicas”.

¿Cómo las pensiones?

“Absolutamente. Se debe cambiar el rol del Estado, no sólo regulador y fiscalizador, sino también partícipe activo, con colaboración directa que debe dar lugar a las pensiones. Por eso, planteo un sistema que no expropia los fondos actuales, pero sí muta a un sistema en el cual haya aportes del trabajador, el empleador y también del Estado. Sabemos que esto se tiene que regular por ley. Pero la Constitución tiene que sentar las bases”.

La participación ciudadana como clave para la democratización del Estado a la que haces mención, ¿son las iniciativas populares de ley?

“La democracia no solo tiene que ser representativa, sino también participativa. Y una clara demostración de ello fue el estallido social, porque las personas al final del día buscan la manera de expresarse. (…) Uno de los mecanismos es la iniciativa popular de ley y, yo sumo, la iniciativa institucional de ley. Es decir, hoy sólo el Presidente y el Congreso proponen temas. Pero qué pasa con el Contralor General de la República, el Poder Judicial. Y para los que somos de regiones, por ejemplo, las propuestas del gobernador regional. Y el plebiscito de consulta, algunos de ellos con carácter vinculante”.

Ante un régimen hiper presidencialista ¿un régimen parlamentarista o semi presidencial?

“Soy profesora de Derecho Constitucional, conozco el tema. Tenemos este régimen hiper presidencial enmarcado, entre otras cosas, por las atribuciones que hoy posee el Presidente de la República. Algunas de ellas son excesivas en lo administrativo y legislativo, porque al final del día él es un colegislador. Lo que postulamos es que esas atribuciones excesivas deben tener un mayor contrapeso por parte del Congreso y, por lo tanto, avanzar a un semi presidencialismo, fortalecerlo”.

¿Estás de acuerdo con garantizar la igualdad de género?

“La Constitución juega dos roles esenciales; por una parte, no tenemos ninguna garantía específica en torno a la equidad de género. Se cambió el artículo 1, y se dijo ‘las personas nacen libres, en igual dignidad y derechos’ -antes decía hombres- pero no es suficiente. Por ende, dentro del catálogo hay que escribir que se va a garantizar, no velar y promover y fomentar, va a garantizar la equidad género. Y a renglón seguido, hay que poner acciones específicas, la primera, es la no violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas (…) En segundo lugar, tenemos que establecer la posibilidad de que las mujeres integren en forma paritaria no solo la Convención Constitucional sino también el Congreso, el Poder Judicial, la Corte Suprema, los directorios de empresas privadas. Y, en tercer lugar, hay que avanzar en el trabajo de cuidado remunerado”.

Un tema recurrente es la división de la oposición en varias listas versus la unidad del oficialismo ¿Se podrá lograr un nueva Constitución que asegure los cambio que pidió la gente durante el estallido social?

“El momento es histórico. No podemos dar ningún tipo de garantía, sino simplemente aportar en buscar los cambios importantes que nuestro país necesita. Y en ese sentido siempre el llamado va a ser a que la gente vote informada respecto de lo que uno pone a disposición: la experiencia en el servicio público, en la toma de decisiones, en lo importancia del diálogo. Pero también en la defensa de las convicciones. Necesitamos una ciudadanía informada, que crea en las propuestas que podemos hacer y, a partir de eso, que confíe en que podemos mejorar la Constitución a partir de una visión distinta a la que ha operado hasta ahora. Evidentemente, uno preferiría ir en una lista única, lamentablemente, eso no ocurrió. Y hoy lo que uno espera es que logremos tener los representantes suficientes para poder hacer los cambios (…) Espero que esta sea una oportunidad que la tomemos, la aprovechemos y seamos capaces de alcanzar acuerdos”.

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