Mínimo diez, máximo 20 diputados deben signar el oficio de presentación de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera. Ya a mediodía hubo declaraciones de legisladores de los bloques opositores dispuestos a firmar para que el Mandatario de cuenta de los detalles del escándalo financiero que envuelve a La Moneda a meses de terminar el gobierno.
Desde el Partido Comunista, el diputado Daniel Núñez, representante de la región de Coquimbo, calificó la investigación como “un escándalo nacional e internacional de marca mayor (…) tengo la más total convicción de que Piñera infringió de forma grave la Constitución y las leyes ya que él no decretó cuando correspondía, el 2018-2019, un área costera marina protegida en la comuna de La Higuera, para favorecer este proyecto minero Dominga que en este minuto está en propiedad de sus amigos los Délano. Esto es una infracción gravísima a la Constitución y amerita una acusación constitucional”.
Por su parte, el subjefe de la DC, diputado Gabriel Silber, en la misma línea dijo que “esto pone entre dicho la independencia de la autoridad, el Presidente de la República. En consecuencia, desde la oposición vamos a pedir máxima transparencia (…) no nos vamos a inhibir de ninguna acción de fiscalización, ya sea desde una comisión investigadora, o incluso analizar el mérito de una acusación constitucional”.
Desde el partido socialista, la diputada Daniella Cicardini no dudó en entregar su apoyo a la propuesta de la oposición, “estoy disponible para avanzar en una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera”.
Desde Apruebo Dignidad, el diputado de UNIR, Marcelo Díaz, consideró «extremadamente grave” la investigación periodística, “porque confirma que el Presidente Sebastián Piñera usa la institucionalidad del Estado en beneficio propio, en este caso, para incrementar su ya abultado patrimonio, su enorme fortuna (…) la gravedad de esta situación amerita abordar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera».
Los Pandora Papers aseguran que existe un vínculo entre el Presidente, su familia y la venta del proyecto minero Dominga, que se adjudicó su amigo Carlos Alberto Délano en el 2010. Las repercusiones del reportaje y los cuestionamientos públicos por parte de la oposición obligaron al Jefe de Estado a hablar ante la opinión pública, en una declaración desde La Moneda. De forma categórica negó tener conocimiento de las operaciones de inversión de las empresas: “La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés”.
“Quiero agregar que el Tribunal de Primera Instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y que, además, esa decisión fue confirmada en forma unánime tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país”, aclaró el Mandatario.
El control de daños de La Moneda está lejos de bajar la polémica en el Congreso. La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, aseguró que ante este escenario “lo único que cabe es una acusación constitucional a Piñera y su destitución inmediata. ¿Lo va a salvar de nuevo la oposición, Como ya lo hizo el 15 de noviembre?” interpeló la legisladora. Agregó que ya cuenta con la firma del diputado Felix González y la suya “faltan 8 diputados decididos a hacer lo que hay que hacer”. Se necesitan 78 votos a favor en la Cámara para aprobar la admisibilidad de una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera y, actualmente, la oposición suma 83 diputados y diputadas.
