Cuesta arriba. Así está el escenario en el Consejo Constitucional. Ya ha pasado más de un mes desde su instalación y aún no logra sintonizar con la ciudadanía, remontar sus niveles de apoyo en las encuestas y menos, disipar las dudas de que el texto que se proponga para nueva Constitución no sea un reflejo partisano de la mayoría circunstancial que obtuvo la derecha en este proceso, especialmente Republicanos y la UDI.
La semana pasada, el viernes 7 de julio a la medianoche, concluyó la fase de participación ciudadana: 30 mil 52 personas participaron en las consultas ciudadanas; otras 10 mil 908 fueron parte de 2.267 diálogos ciudadanos autoconvocados; se solicitaron 1.842 audiencias públicas, de las cuales se realizaron mil 136, divididas entre universidades y las comisiones temáticas del Consejo Constitucional.
De las 1.309 Iniciativas Populares de Norma (IPN) que fueron declaradas admisibles, 31 lograron el requisito de superar el umbral de las 10 mil firmas de apoyo, de al menos cuatro regiones del país. Este lunes 10, la Secretaría de Participación Ciudadana entregó a la mesa del Consejo, liderada por Beatriz Hevia (republicanos) y Aldo Valle (PS), el documento con la nómina de estas IPN para que sean integradas formalmente a la discusión constitucional como indicaciones al ante proyecto.
En la Convención, fueron 78 IPN las que lograron llegar a la discusión. Se ha dicho que en ese proceso hubo poca y nada de influencia de estas iniciativas en lo que fue la propuesta final, básicamente porque fueron debatidas cuando ya se había realizado buena parte de la discusión y votación de normas e indicaciones en las comisiones y el pleno.
El momento ahora es distinto. Las IPN ingresaron antes del plazo del 17 de julio para que los consejeros presenten sus propias indicaciones o enmiendas al ante proyecto. De hecho, las bancadas expresamente esperaron conocer estas iniciativas para evaluar cuáles empalmar con las propias y recoger propuestas nuevas, lo que genera en esta ocasión -así lo reconocieron desde la misma Secretaría de Participación- la expectativa de un mayor influjo en el debate constitucional.
Es más, precisamente esta semana las conversaciones y negociaciones en el seno de las bancadas de consejeros están a la orden del día para afinar las propuestas de enmiendas para el día 17.
El ranking
En orden de apoyo, las IPN que deberá discutir el Consejo son: proteger a los animales en la nueva Constitución (25.415 firmas); “Con mi plata no” (24.505 firmas) que asegura un sistema de pensiones cuyas cotizaciones sean de propiedad de cada trabajador, con carácter de “heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna modalidad ni circunstancia” y agrega que “las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente el ente encargado de administrar e invertir sus fondos, sean privados o públicos”.
Luego está el «Derecho preferente de los padres» (19.941 firmas) de educar a sus hijos y la libertad de enseñanza; “Un Estado sin pitutos” (18.705 firmas) que apunta a un nuevo régimen de designación de funcionarios de la administración pública; la llamada “Una policía que nos proteja” (18.306 firmas) que protege a las Fuerzas Armadas y de Orden reforzando el legítimo uso de la fuerza pública; y el «Respeto por las actividades que dan origen a identidad de ser chileno» (16.050 firmas) -patrocinada por la Federación del Rodeo, la de Criadores y la Sociedad Nacional de Agricultura- como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes.
La IPN “Agua para la vida” (15.705 firmas) establece que los usos y gestión del agua deben basarse en principios de justicia ecológica y social, para garantizar un acceso digno a toda la población. Con solo algunas firmas menos (15.659), la propuesta “Toda vida cuenta” consagra el derecho a la vida y proteger especialmente a los niños no nacidos y a las madres de Chile.
Respaldada por el CRUCh, la norma “Educación pública para Chile” (15.266 firmas) consagra el reconocimiento del Estado como proveedor de educación pública, laica, pluralista y de calidad, en todos los niveles de enseñanza y territorios de Chile. Le siguen “Me cuidaron, cuido y me cuidarán” (14.935 firmas) que propone agregar al artículo 16 el derecho a los cuidados; “Por una salud digna, oportuna y de calidad para todas y todos” (14.526 firmas) que asegura por un Sistema Universal centrado en la Atención Primaria de Salud, financiamiento solidario y garantizado por el Estado; y el “Derecho a la vivienda digna” (14.161 firmas) que agrega a dicho derecho el que sea segura, propia y digna.
La IPN “Es mi plata y punto” (13.633 firmas) consagra constitucionalmente la libre administración del 10% anual de los fondos previsionales; la “Legítima defensa garantizada” (13.471 firmas) aborda el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa; “Nunca más en Chile – garantías de no repetición” (13.190 firmas) busca la defensa y promoción de los Derechos Humanos como una obligación de Estado y de generación de políticas públicas; y “Derechos sexuales y reproductivos” (13.038) que se reconozca, resguarde y promueva la vivencia de la sexualidad y reproducción de manera libre, autónoma y segura.
Con 12 mil.947 firmas, la IPN “Salud digna y protegida para todos los chilenos” establece un sistema entrado en las necesidades de las personas, respetando la autonomía y libertad de elección para otorgar acceso por igual a todos. La norma “Rodeo y la cueca como emblemas vivos de Chile” (12.911 firmas) propone que los emblemas sean la bandera, el escudo, el himno nacional, el baile nacional la cueca y el rodeo chileno un deporte nacional.
En las últimas horas del plazo del viernes 7, otro grupo de IPN logró superar el requisito de las 10 mil firmas. Una de esas es “Por una libertad de conciencia y religiosa como derecho humano fundamental” (12.713 firmas) que consagra las libertades de conciencia, religiosa, culto, derecho de objeción de conciencia; y la igualdad de las entidades religiosas ante la ley; también “Nada sin nosotras” (12.622 firmas) para que la nueva Constitución asegure a mujeres y hombres la posibilidad de participar en la vida pública en iguales condiciones; y “Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile” (12.593 firmas) que apunta a fortalecer la libertad sindical.
Es una de las iniciativas que ha provocado “ruido” dentro y fuera del Consejo es la “Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años” (12.443 firmas), porque no hace diferencia por delitos y directamente beneficia a los condenados en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Fue impulsada por un exmarino y ha sido vista con buenos ojos desde republicanos.
La IPN “Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión” (11.878 firmas) complementa y fortalece el texto del anteproyecto en el ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La de “Fin al lucro en salud, educación y pensiones” (11.874 firmas) apunta a terminar con abusos de las AFP, las isapres y el mercado de la educación; mientras que la de “Certeza Jurídica para el Uso del Agua” (11.704 firmas) es un reconocimiento explícito del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Obtuvo 11.675 firmas la propuesta de “Tolerancia cero a la violencia” que aborda el derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de forma de violencia criminal grave, organizada o terrorista. La de “Educación y cuidado desde la cuna” (11.187 firmas) consagra la sala cuna atendida por especialistas como un espacio protegido, idóneo para que niños y niñas potencien su desarrollo; y la de “Respeto y la dignidad a los bomberos (as) de Chile” (11.173 firmas) garantiza el financiamiento por parte del Estado para capacitación, entrenamiento, equipos, material mayor y menor y cobertura de salud.
Hubo un intenso despliegue en Twitter la tarde del viernes para difundir la IPN “Niños, Niñas y Adolescentes en la Nueva Constitución” y que lograra las firmas necesarias (11.159 apoyos). Su objetivo es establecer derechos y protección integral para el desarrollo en plenitud de este sector de la población. Las últimas en lograr entrar a este ranking fueron las de “Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad” (10.735 firmas) reconoce expresamente sus derechos fundamentales y “Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile” (10.518 firmas).
De estas 31 IPN, al menos 12 están respaldadas por personas, organizaciones civiles o Fundaciones vinculadas o cercanas a partidos de derecha, como Bernardo Fontaine y el RN Francisco Orrego de “Con mí plata no”; Pivotes que presentó la de “Estado sin pitutos”; las organizaciones Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia que respaldaron la norma “Toda vida cuenta”; y Enrique Cordovez, exmiembro de la Armada de Chile entre 1970 y 1994, autor de la IPN que favorece la “Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años”.
Ante esa tendencia, en la jornada de ese viernes se evidenció un fuerte despliegue en redes sociales para impulsar iniciativas de corte más progresista para contrarrestar esa arremetida conservadora. Fue gracias a eso que ese último día de plazo lograron cruzar ese umbral de las 10 mil firmas temas como la paridad, garantías de no repetición, libertad sindical, el fin de abusos en pensiones, el derecho a una salud y vivienda digna, libertad de conciencia y religiosa.
Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, todos los análisis y pronósticos han coincidido estos días en que dichas IPN tienen casi nulas de posibilidades de prosperar en su tramitación y quedar incorporadas en el nuevo texto constitucional.
La compleja correlación de fuerzas
El Consejo Constitucional tiene una correlación de fuerzas donde la derecha, y puntualmente Republicanos, no solo es mayoría, sino que además posee una autonomía de votos con la que puede vetar normas por si solos y no necesita grandes acuerdos para aprobar los contenidos del nuevo texto constitucional.
De los 50 consejeros, 22 son del Partido Republicano, 11 de Chile Seguro (6 UDI, 4 RN y 1 Evópoli). Los otros 16 son del oficialismo agrupados en Unidad para Chile (2 PC, 4 RD, 4 CS y 6 del Socialista), además del escaño indígena de Alihuen Antileo.
Según el reglamento del Consejo, la posibilidad de veto de normas se obtiene con 21 escaños del pleno, lo que la bancada de Republicanos tiene por sí sola, y el umbral de aprobación de cualquier artículo para la nueva Constitución es de 3/5, que implica 30 votos, o sea, que con la UDI y un par de votos RN consigue dicho quórum fácilmente.
Con esas cifras, no solo las IPN cercanas al oficialismo tienen mal pronóstico, incluida la que consagra el rol del Estado en la educación pública, pluralista y laica, sino que además el escenario de votos es propicio para modificar puntos clave del texto del anteproyecto -como ya ha anunciado su intención Republicanos- con la relativización del Estado Social y Democrático de Derechos, la intención de agregar un nuevo capítulo especial sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, reducir los escaños del Congreso o limitar el derecho a huelga.
Esta semana, el consejero Yerkio Ljubetic (Convergencia Social), en una entrevista en Radio ADN, se hizo cargo del complicado escenario que enfrenta el oficialismo en el Consejo, de su real clima interno y del panorama que se vislumbra con la correlación de votos: «La derecha tiene la sartén por el mango”, sentenció.
Sobre la arremetida conservadora que se evidenció con parte de las IPN, Ljubetic dijo que eso “no es distinto al escenario y entorno sobre el que el proceso se está desarrollando”. Agregó que está “bastante preocupado, porque el 17 de julio vence el plazo para que los consejeros presentemos enmiendas. No se han producido conversaciones, tampoco muchos debates. Hemos buscado espacios de negociación y conversación, y seguiremos así, pero quien tiene la mayor responsabilidad en eso es la mayoría circunstancial, el Partido Republicano”.
Tras advertir que lo que está en juego son “los acuerdos que el país necesita”, Ljubetic reconoció que “por señales que hay del otro lado, se quiere modificar sustancialmente el anteproyecto acordado. Desde nuestro punto de vista, pueden ser retrocesos importantes a la Constitución vigente”.
Fuera de las paredes del Consejo Constitucional, el panorama no es mejor para este segundo proceso constitucional. A la seguidilla de encuestas que semana a semana ratifican una fuerte inclinación ciudadana al rechazo del trabajo de esta instancia y su incapacidad de sintonizar con la opinión pública, esta semana se sumó el estudio que hizo el Observatorio Var Constitucional, de la Universidad Diego Portales en conjunto con Feedback, entre los días 28 de junio y 3 de julio.
Un 44% desde ya afirma que votará en contra en el plebiscito de salida del 17 de diciembre y solo 29% precisa que lo hará a favor del nuevo texto constitucional. Además, un 48% considera que el proceso no tiene ninguna importancia, otro 39% considera que el anteproyecto es malo, hay un 41% que está por mantener la actual Constitución y un 53% cree que es poco probable que todo este esfuerzo llegue a buen puerto y se logre aprobar una nueva carta magna.
Parte de las razones de la mala evaluación se explican en las percepciones que tiene la ciudadanía de este segundo proceso: un 33% dice que no es legítimo, un 21% no se siente representado y 19% considera que no resuelve los problemas del país.
De todas las cifras puestas sobre la mesa, hay algunas en las que el Consejo Constitucional debería poner especial atención. Un 65% considera que, dada su composición y correlación de fuerzas, es poco probable que se logre una nueva Constitución de consenso, pero a pesar de eso, un 43% cree que la mejor estrategia debería ser buscar puntos de encuentro para grandes acuerdos. Claramente, la pelota ahora está en la cancha de Republicanos.
