En una sesión clave de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó y defendió el traspaso de recursos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público, argumentando que esta operación responde a principios de gestión presupuestaria unificada y permite una administración eficiente de los recursos del Estado.
«Uno de los principios fundamentales de un buen manejo presupuestario es gestionar los recursos fiscales de manera unificada. Esto está recogido en nuestra institucionalidad y en la Ley de Administración Financiera del Sector Público», sostuvo Marcel. Agregó que, aunque Corfo es un organismo descentralizado, sigue sujeto a las disposiciones del Decreto Ley 1263, por lo que sus ingresos extraordinarios, como los derivados de la explotación del litio, deben ser administrados bajo las reglas generales del sector público.
El uso de los recursos y sus beneficios
Javiera Martínez, directora de Presupuestos, respaldó las declaraciones de Marcel, asegurando que «el traspaso fue aprobado por Corfo y ejecutado según el calendario para evitar perjuicio financiero. Los recursos se imputaron a la partida de Tesoro Público, permitiendo el financiamiento general del presupuesto y evitando la afectación de ingresos a programas específicos».
La directora también destacó los beneficios de esta operación: «Evitar el endeudamiento público permitió ahorrar aproximadamente 215 millones de dólares anuales en intereses. Sin esta operación, el Estado habría experimentado una pérdida patrimonial de 415 millones de dólares».
Marcel reforzó este punto, asegurando que «el gasto como porcentaje del PIB se ha mantenido estable tras la pandemia, permitiendo financiar prioridades como la Pensión Garantizada Universal (PGU), salud y seguridad pública».
Críticas desde la oposición
Las explicaciones del gobierno no convencieron a algunos parlamentarios de oposición. El diputado Agustín Romero (Republicano) criticó que «los gobiernos anteriores ahorraban los ingresos extraordinarios, mientras que ahora se han usado sin una planificación clara. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que esto no estaba considerado en la Ley de Presupuestos».
Por su parte, Felipe Donoso (UDI) cuestionó la credibilidad del gobierno en materia fiscal: «Se removió a José Pablo Gómez de la Dirección de Presupuestos y desde entonces hemos tenido problemas de sobreestimación de ingresos. Estamos perdiendo el prestigio fiscal de Chile».
Miguel Mellado (RN) también expresó sus dudas: «El 2022 el gobierno de Piñera dejó un presupuesto con superávit. Desde 2023 se ha estado buscando cómo cuadrar la caja, incluso recurriendo a recursos de ENAP y BancoEstado».
La diputada Yovana Ahumada (Independiente) puso el foco en la sostenibilidad de estos recursos: «El 2023 el precio del litio venía a la baja. Me preocupa que no haya claridad sobre el ahorro real y la utilización de estos fondos».
Por su parte, el precandidato presidencial Johannes Kaiser (IND) fue enfático en señalar que tomarán acciones judiciales: “Vamos a interponer una querella contra quien resulte responsable del daño patrimonial que se ha producido a Corfo, el lucro cesante por más de 193 millones de dólares generado al obligar a la corporación a vender activos para financiar el Tesoro Nacional”, afirmó.
Desafíos futuros y transparencia fiscal
El diputado Frank Sauerbaum (RN) cuestionó la lógica del traspaso: «¿Por qué se financiaron gastos permanentes con ingresos no permanentes? Acá nadie dice que es ilegal, pero esto es una mala administración financiera. Se debería haber hecho de manera gradual».
Finalmente, Marcel reiteró que no hubo impacto en las metas fiscales de 2024 o 2025 y que «no se aumentó el gasto público, sino que simplemente se recompusieron las fuentes de financiamiento para ejecutar el mismo presupuesto».
La discusión sobre los traspasos de Corfo al Tesoro Público sigue generando debate en el Congreso, con llamados desde la oposición a fortalecer la transparencia y la planificación fiscal para evitar incertidumbres en el manejo de los recursos del Estado.
