Contralora Dorothy Pérez compareció ante el Congreso por Caso Monsalve y entregó detalles del nuevo instructivo que obliga a funcionarios públicos a asistir a las citaciones del Congreso

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Además de abordar gastos reservados del Caso Monsalve, la contralora abordó la obligatoriedad de los funcionarios públicos de comparecer ante las Comisiones del Congreso, estipulada en un nuevo instructivo de Contraloría.

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció este lunes ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las acciones del gobierno en torno al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Durante su intervención, que se extendió por cerca de dos horas, Pérez abordó el uso de los gastos reservados por parte de la Subsecretaría del Interior durante la gestión de Monsalve, y también la obligación de los funcionarios públicos de comparecer ante las Comisiones Investigadoras del Congreso. 

Rendición de Gastos Reservados del ex Subsecretario

Pérez explicó que la ley establece un plazo de 60 días hábiles desde el vencimiento del semestre o del año respectivo para presentar los informes sobre el uso de gastos reservados. Detalló que, respecto al primer semestre de 2024, Monsalve presentó un informe el 26 de julio de ese año. Sin embargo, para el segundo semestre, el plazo para informar se extiende hasta el 26 de marzo de 2025. Ante el cambio de autoridad, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, envió el 30 de octubre de 2024 oficios reservados tanto a la Contraloría como a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informando sobre la situación de los gastos reservados hasta el 28 de octubre de 2024.

En medio de la discusión en la comisión, los diputados Miguel Mellado (RN) y Carla Morales (RN) manifestaron su preocupación por el manejo de los gastos reservados y la actitud del oficialismo en la comisión investigadora. 

Mellado cuestionó la transparencia en el uso de estos recursos, indicando que “nos llama poderosamente la atención que, habiendo aprobado 530 millones de pesos de gastos reservados en la Ley de Presupuestos para el Ministerio del Interior, el informe entregue un gasto de solo 100 millones en 2024. ¿Qué pasó con los otros 400 millones?”. Asimismo, Morales criticó a los diputados oficialistas por, según ella, “boicotear” el trabajo de la comisión y no asumir su rol fiscalizador. 

La contralora señaló que, dentro de la institución, elaboraron un informe, presentado durante los últimos días de febrero, en el que llegaron a las siguientes conclusiones: “se revisó cuánto es lo que se asignó, cuánto es lo que existía, cuánto se informó, entre otras cosas. Contraloría puede emitir un informe genérico y secreto, no puede realizar un hallazgo de boletas, porque cuando se utilizan fondos en temas de inteligencia, no existen. Como les pude señalar, el informe emitió que no se presentó la declaración de intereses general, ni tampoco la DIP reforzada específica para quienes utilizan gastos reservados. Lo demás emitido por el informe es de carácter secreto.”

Nuevo instructivo de Contraloría

Otra de las dudas presentadas por los parlamentarios ante Contraloría tiene relación con la obligatoriedad de los funcionarios públicos de comparecer ante las citaciones del Congreso. Esta discusión se dio a raíz de los múltiples rechazos del asesor presidencial Miguel Crispi (FA) de volver a visitar la CEI del Caso Monsalve y también a su negativa de responder a las preguntas de los diputados, apelando a la confidencialidad de sus conversaciones con el Presidente de la República. 

Al respecto, la Contraloría emitió un nuevo instructivo, en reemplazo del antiguo, para aclarar esta materia. El nuevo instructivo señala que todas las autoridades, a contrata, o a honorarios deben comparecer ante las citaciones del Congreso Nacional. Sin embargo, respecto al caso de Crispi, la contralora señaló que el asesor presidencial sí acudió a comparecer en una ocasión, y aunque sus respuestas fueron negativas y poco satisfactorias para los parlamentarios, ante la ley sí cumplió con su deber. 

La confidencialidad a la que apeló el asesor presidencial al momento de comparecer ante la CEI está normada por la constitución. “La Contraloría no tiene atribuciones para señalar si una conversación con el Presidente de la República es de carácter secreto o público”. 

La investigación dentro de la Comisión sobre el uso de los gastos reservados durante la gestión de Monsalve continúa, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas citaciones a autoridades clave para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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