Un paso más dio la mesa ampliada de la Convención Constitucional para tratar de neutralizar el escándalo que se desató el fin de semana tras la confesión de Rodrigo Rojas Vade que no padecía cáncer, tema que fue uno de lis pilares de su campaña. Esta tarde mandó un oficio -firmado por la presidenta de la CC, Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa- al Ministerio Público para que investigue los hechos que puedan revestir delito en este caso.
Salvo la convencional Isabel Godoy, el oficio fue respaldado por los cinco vicepresidentes adjuntos restantes: Tiare Aguilera, Pedro Muñoz, Lorena Céspedes, Elisa Giustinianovich y Rodrigo Álvarez. Fue enviado a la Fiscalía Centro Norte, para que investigue especialmente la Declaración de Intereses y Patrimonio que hizo Rojas Vade el 2 de agosto, en la que precisó una deuda de 27 millones de pesos con el Banco Scotiabank generada por un tratamiento de quimioterapéutico contra el cáncer.
OF.-N°-47-FISCALIA-CENTRO-NORTEAl confesar este fin de semana que nunca tuvo cáncer, reza el oficio, dicha declaración de patrimonio “no es fidedigna”. Lo sucedido podría implicar una infracción de Rojas Vade a la Ley 20.880 sobre probidad pública, que es aplicable a los 155 miembros de la Convención Constitucional.
Ya en horas de la mañana, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, había marcado algunas pautas de como se iba a actuar en este caso: “Aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios, primero para debelar toda la verdad, para tener plena certeza respecto de qué es lo que efectivamente ha estado ocurriendo y, además, para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes, como representantes de la voluntad popular”. El domingo, la mesa de la Convención sacó una declaración pública en la que aceptó la renuncia de Rojas Vade a la vicepresidencia adjunta de la CC y nombró a Tania Madriaga en su reemplazo.
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