“¿Más allá del 4 de julio?: vicepresidente Domínguez abre la puerta” Convención al día – miércoles 9 de marzo

Las comisiones siguen trabajando contra reloj. La de Sistema Político terminó la votación de más de 760 indicaciones sobre plurinacionalidad, régimen de gobierno, Congreso, partidos políticos y sistema electoral.

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  • La comisión de Sistemas de Justicia siguió con la votación en general de propuestas de norma sobre mecanismos de reforma constitucional y alternativas al Tribunal Constitucional.
  • Sobre los mecanismos de reforma a la nueva Constitución, la comisión aprobó hoy 3 opciones, que tienen en común que requerirán un quorum de mayoría de los parlamentarios en ejercicio y ser plebiscitadas. Las tres propuestas pasan ahora a la discusión en particular en la misma comisión, antes de pasar al pleno, por lo que sufrirán ajustes y fusiones entre ellas.
  • La propuesta de reforma constitucional que mayor respaldo obtuvo en la comisión -17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención- es la del Colectivo Socialista: pueden ser iniciativa presidencial con acuerdo del vicepresidente; parlamentaria con al menos 1/5 de los diputados o senadores; por los 2/5 de las «asambleas regionales» o ciudadanas, con el respaldo de mínimo el 8% del padrón de la última elección parlamentaria. Para ser aprobadas necesitarán mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (50% más 1) y luego, ser sometidas por el Mandatario a un plebiscito, salvo que el proyecto de reforma obtenga un respaldo superior a los 2/3 en ambas cámaras del Congreso.
  • Se deja establecido que el cambio total de Constitución, solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente elegida vía plebiscito.
  • La segunda propuesta (de convencionales de Pueblo Constituyente) que visó la comisión en este tema agrega que, si las reformas constitucionales afectan a los pueblos indígenas, se debe realizar una consulta previa con ellos. También añade que una iniciativa ciudadana de enmienda constitucional parcial -10% mínimo del padrón de respaldo- puede ser plebiscita directamente y el Congreso podrá proponer un proyecto alternativo para competir en el referéndum.  
  • La tercera propuesta incorpora que las enmiendas a la constitución pasaran por un plebiscito cuando alteren la forma del Estado, el periodo presidencia, el tipo de Congreso y los capítulos sobre reformas, principios constitucionales o derechos fundamentales.
  • Cambio del Tribunal Constitucional. Hoy también se aprobaron en la comisión cuatro propuestas para cambiar el TC, de las cuales tres apuntan a crear una Corte Constitucional y la cuarta deriva sus funciones a la Corte Suprema del país, en una sala especial integrada por 9 de sus magistrados.
  • Tras la votación en general en el pleno del 24 de febrero donde solo 13 de las 30 normas propuestas fueron aprobadas, la comisión de Sistema de Conocimientos realizó hoy la votación en particular de 101 indicaciones presentadas a las normas que fueron rechazadas en ese momento, para reformularlas. Las que aprobó la comisión hoy integrarán el informe de reemplazo que se presentará para una segunda votación en el pleno.
  • Esta comisión tiene 15 integrantes.
  • Entre los temas que se abordaron hoy, se aprobó -11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención- el artículo 3 que señala que “el Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”. Y por otros 12 votos, 2 en contra y 1 abstención, se visó además que el Estado “fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas preexistentes a desarrollar y mantener medios de comunicación e información preferentemente en sus propias lenguas”.
  • Por unanimidad se aprobó la promoción y existencia de “medios públicos, regionales, locales y comunitarios. Asimismo, el Estado contribuye a que las personas, individual o colectivamente, desarrollen sus propias iniciativas de comunicación, asegurando el acceso y participación equitativa de los distintos grupos sociales, pueblos y naciones, en un sistema de medios y soportes de comunicación e información diverso, pluralista, transparente, inclusivo, intercultural, plurilingüe y descentralizado”.
  • Sobre los derechos culturales, por 11 votos, 1 en contra y 3 abstenciones se aprobó que la Constitución asegure a todas las personas y comunidades el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad; a la identidad cultural; la libertad de crear y difundir las culturas y las artes, prohibiendo toda forma de censura previa; y el derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes. Sobre este último punto, se señala que “el Estado garantiza los recursos para hacer efectiva la actividad cultural y artística. Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural, los derechos humanos y de la naturaleza”.
  • Con 12 votos a favor, se aprobó agregar un inciso que señala que “la ley establecerá un tratamiento tributario especial que incentive la promoción de organizaciones culturales, y definirá un sistema de conformación, registro, transparencia y rendición de cuentas que garantice la colaboración efectiva de estas organizaciones con el bien común”.
  • En materia de ciencias y tecnologías, se aprobó por 11 votos que “deben desarrollarse bajo los principios de solidaridad, cooperación, precautorio, de responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, los derechos de la naturaleza y los derechos fundamentales consagrados en esta Constitución y las leyes”.
  • Y por 9 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, la comisión aprobó el derecho al cuerpo, que precisa que “todas las personas tienen el derecho a desarrollar y disfrutar de su corporeidad, así como a una muerte, rito y sepultura digna, de acuerdo a su cosmovisión, cultura y creencias”.
  • Ad portas de la votación del viernes en el pleno, la comisión de Principios Constitucionales continuó hoy con la votación en general de las normas sobre democracia, nacionalidad y ciudadanía. Además, renovó a sus coordinadoras, reemplazando a Beatriz Sánchez y Erika Portilla por Loreto Vallejos y Lorena Céspedes.
  • Luego de varios días de largas sesiones hasta la media noche, la comisión de Sistema Político terminó la votación en particular de más de 760 indicaciones sobre plurinacionalidad, sistema de gobierno, Congreso, sistema electoral y partidos políticos, propuestas que ahora pasan al pleno para su votación. Con esto, la comisión ya abordó más de 70% de las temáticas que le corresponden debatir.
  • Ante de enviar el informe al pleno, la comisión el lujes afinará el documento para elaborar una propuesta coherente. Ese día, también, se buscará consensuar una sola propuesta en cuanto al nombre y atribuciones de la segunda cámara que tendrá el Congreso Plurinacional, ya que hay dos alternativas aprobadas -Cámara Territorial y Consejo Territorial- y ninguna por si sola cuenta con el quorum de 2/3 (103 votos) en el pleno.
  • Entre las indicaciones finales que restaban a la comisión por votar, estaban las relacionadas con los partidos políticos. Por 18 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención se aprobó que la Constitución garantiza el pluralismo político y que las organizaciones políticas “son agrupaciones voluntarias cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado en conformidad a la voluntad política de los pueblos”, que “deberán cumplir condiciones de democracia, transparencia, probidad, fiscalización y responsabilidad que establezca la ley” y que sin contravenir “lo establecido en esta Constitución, las organizaciones políticas se regirán por sus estatutos”.
  • Por otros 14 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, se aprobó además que “la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral, el que guardará reserva de esta, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública y las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero”.
  • Una mayoría más contundente (22 votos a favor y 3 en contra) obtuvo la indicación que establece que las organizaciones políticas “estarán sujetas a la supervigilancia y fiscalización del Servicio Electoral. La ley establecerá las formas que garanticen su democracia interna, los requisitos y porcentajes de existencia, vigencia y disolución”. Por otros 19 votos, se visó que, además, “deben implementar la paridad en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena participación política de las mujeres e identidades trans y no binarias”, que deberán destinar “un financiamiento proporcional al número de dichas candidaturas” y “tomar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales y de género en la vida política, a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos”.
  • Por 14 votos, se aprobó que las organizaciones políticas “son entidades públicas no estatales y pueden constituirse como partidos políticos o como movimientos político-sociales. La ley establecerá los requisitos, deberes y derechos de estas organizaciones”; que los partidos “pueden tener carácter nacional o regional, propondrán un programa político que oriente su actividad y mantendrán el registro de sus afiliadas y afiliados, el que estará a cargo del Servicio Electoral” y que los movimientos “podrán constituirse legalmente en cualquier nivel territorial, propondrán un programa político y mantendrán el registro de sus adherentes , el que estará a cargo del Servicio Electoral”.
  • Sobre las primarias, se aprobó por 21 votos que sean utilizadas como sistema de estas organizaciones políticas “para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas organizaciones, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo y territorio”.
  • En materia electoral, se aprobó por 19 votos que podrán votar por los candidatos de escaños reservados, todos los que pertenezcan a los pueblos originarios y que formen parte de “un registro especial electoral denominado Registro Electoral Indígena”, que construirá y administrará el Servicio Electoral en base a “los archivos que administren los órganos estatales, los que posean los Pueblos y Naciones Indígenas sobre sus miembros, y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales ante el Servicio Electoral, en los términos que indique la ley”.
  • Por 17 votos se aprobó escaños reservados para “el o los órganos que ejerzan la función legislativa” y que una ley determinará su número, distribución para los pueblos, requisitos de las candidaturas y para los electores, umbrales de representación y la forma de elección.

Prórroga

  • A diferencia de lo planteado por esta segunda mesa directiva de la Convención desde que asumió a principios de enero, hoy se instaló un matiz no menor en cuanto a la posibilidad de prorrogar el mandato de la CC más allá del 4 de julio.
  • Hasta el viernes 4 de marzo, el discurso público de la mesa era insistir en el esfuerzo por cumplir los plazos legales y el compromiso con el cronograma, sin dar cabida a escenarios alternativos. Incluso ese día, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, fue categórico sobre la opción de una prórroga más allá de los 12 meses en una entrevista en Radio Duna: “no está en nuestros planes y no lo vamos a solicitar”.
  • Pero al parecer la realidad está diciendo otra cosa y hoy morigeró sus palabras y abrió la puerta a esa opción. Tras precisar que el trabajo contra reloj es uno de los desafíos más relevantes que enfrentan, Domínguez afirmó hoy que “es necesario que los colegisladores, Congreso y Ejecutivo, evalúen eventualmente si le parece razonable considerar una modificación a través de una reforma reglamentaria (…) esta es una eventualidad que está abierta, lo que sí creemos que para poder someter esto a una discusión seria, debemos por lo menos esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones”.
  • Ese plazo del que habla Domínguez es a finales de marzo. Las comisiones deben terminar su trabajo el 13 de abril, salvo la de Derechos Fundamentales, que pidió una prórroga hasta el día 30, dado que debe tramitar 503 iniciativas constitucionales. En paralelo, se están realizando semanalmente extensas jornadas de plenos de votación en general y particular de informes. Para cumplir con la fecha inicial del 4 de julio para entregar el borrador del texto de nueva Constitución, la comisión de armonización necesita comenzar a trabajar a finales de abril.  
  • “Yo soy una de las convencionales que cree que es necesario tener más plazo. Creo que es responsable empezar, en virtud de la evaluación del trabajo que estamos haciendo en los plenos, con extensas jornadas que llegan hasta los sábados, con la necesidad de evaluar esa posibilidad. No me cierro y creo que hay una apertura por parte de la mesa que, al menos como convencional, aplaudo», afirmó la constituyente de escaños reservados, Rosa Catrileo, coordinadora de la comisión de Sistema Político.
  • Desde la derecha rechazaron la posibilidad. El convencional RN, Luis Mayol, aseguró que “el Congreso no lo va a otorgar y no debería hacerlo tampoco. Fuimos elegidos por nueve meses y un alargue de tres en caso de que no alcanzáramos. Lo dije desde el día uno, que no perdiéramos el tiempo en cosas que no correspondían al mandato nuestro, para que lo sacáramos en 9 meses, que se podía”.

Encuesta

  • La encuesta Data Influye arrojó que un 82% afirmó estar “interesado o muy interesado” en el trabajo de la Convención y un 44% cree que la labor de esta ha estado “acorde con sus expectativas”.
  • Un 43% afirmó tener confianza o mucha confianza en que la Convención logrará redactar una nueva Constitución y que será aprobada por la mayoría de los chilenos, mientras que el 37% tiene poca o ninguna confianza.
  • A la hora de pronunciarse por el plebiscito de salida, la correlación de posturas es similar: un 45% dijo que aprobará la propuesta de nueva Constitución, un31% aseguró estar ya por el rechazo y un 24% está indeciso.
  • Un 40% apoya eliminar el Senado y un 15% que sea reemplazado por una cámara regional con menos poder. Un 24% rechaza eliminar la Cámara Alta y un 21% prefiere solo reformular sus facultades.

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