- La comisión de Sistema Político sigue esta semana con la votación en particular de las 775 indicaciones sobre régimen político y Congreso. Por 18 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones hoy aprobó que los gabinetes ministeriales deberán ser paritarios y orientarse por el principio de plurinacionalidad, y un inciso aditivo -aprobado por 13 votos, 7 en contra y 5 abstenciones- establece que, a lo menos, “un ministro o ministra deberá pertenecer a un pueblo y nación indígena”.
- También se aprobó que el ministro de Gobierno -figura por sobre el resto del gabinete- será nombrado por el Presidente de la República y su tarea será “conducir” las gestiones legislativas del Gobierno, dirigir la ejecución del programa de gobierno y “participar en la deliberación del Congreso Plurinacional con derecho a voz”.
- Otros temas que zanjó la comisión hoy fue el sufragio universal, igualitario, libre, directo, secreto y obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. Para las personas entre los 16 y 17 años, y para las chilenas y chilenos en el exterior, será voluntario.
- Uno de los temas centrales que ha visto esta comisión en sus sesiones anteriores ha sido el Congreso. Ya se aprobó su carácter plurinacional y paritario, su composición total que no puede superar los 205 miembros, se eliminó la condición unicameral y se aprobaron opciones de un bicameralismo asimétrico, con cámara política (diputados) y una segunda, con funciones específicas que no incide en todas las materias de ley. Al respecto, la comisión en los últimos días aprobó dos opciones: una Cámara Territorial y un Consejo Territorial, diferencias entre ambas que van más allá del nombre.
- Ambas son un reemplazo del Senado, pero el Consejo Territorial -defendida por el PC, Movimientos Sociales y el FA- está enfocado más a leyes de carácter regional, mientras que la Cámara Territorial tiene más atribuciones, como concurrir en reformas constitucionales, el presupuesto y leyes electorales.
- En el seno de la comisión, pretenden afinar el tema para que en el informe que debe ir al pleno no lleguen dos propuestas paralelas, que por sí solas ninguna tendría el quorum de 103 para ser aprobadas y pasar al borrador de la nueva Constitución.
- La comisión de Sistemas de Justicia aprobó hoy en general iniciativas de normas sobre el Ministerio Público, la Contraloría y el Banco Central.
- Por 19 votos aprobó que El Ministerio Público será un organismo autónomo, que “dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejercerá la acción penal pública en representación exclusiva de la sociedad, en la forma prevista por la ley. En dichas funciones deberá velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de la víctima, respecto de quienes deberá adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para protegerlas, al igual que a los testigos”.
- Por otros 13 votos a favor y 5 en contra se aprobó que los fiscales “tienen a su cargo la dirección, en forma exclusiva, de la investigación de los hechos constitutivos de delitos y el ejercicio de la acción penal pública, actuando con independencia y sin injerencias indebidas de cualquier persona o institución pública o privada. El o la fiscal nacional y los y las fiscales regionales no pueden desarrollar en ningún caso actividades de investigación ni ejercer la acción penal pública.
- También se aprobó -13 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones- que la Defensoría Penal Pública será “un órgano autónomo, profesional y técnico, de carácter especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función será proporcionar defensa penal a los imputados/as o acusados/as de un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado, desde el inicio de la investigación o procedimiento penal, hasta la completa ejecución de la pena”.
- Y por 11 votos a favor y 8 en contra, se aprobó el derecho a asistencia a las víctimas, que implica que es deber del Estado “dar asistencia a las personas que hayan sido víctimas de conductas constitutivas de violencia o delito debiendo satisfacer las necesidades de protección, información, representación judicial y reparación que dichas necesidades les genere”.
- Por 16 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención se aprobó la Defensoría sobre los Derechos Humanos, como “un órgano autónomo del Estado, encargado de velar por la promoción, educación, observancia y protección de los derechos humanos que hayan sido establecidos en las normas constitucionales, legales y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.
- Y también – 14 a favor y 5 en contra- una Defensoría de los Pueblos, que garantice “el acceso a la justicia de todas las personas que habitan el territorio, como también la defensa de los derechos humanos de todas las personas, con especial énfasis, de los derechos de las infancias, pueblos indígenas personas mayores, personas en situación de discapacidad, víctimas de violaciones durante la dictadura y el estallido social”.
- Sobre la Contraloría General de la República, se aprobó -16 a favor, 2 en contra y 1 abstención- que sea un organismo autónomo que ejerza el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalice “el ingreso y la inversión eficiente y eficaz de los fondos del Fisco, de las municipalidades, incluidas todo tipo de corporación municipal, y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes”; y vele por el cumplimiento del principio de probidad de los funcionarios públicos.
- Por otros 14 votos a favor se aprobó que sea la Contraloría la que mida el grado de avance en la implementación de los derechos sociales establecidos por esta Constitución y publicará “al menos una vez al año, un informe con los indicadores de cumplimiento de estos”. Además, por 12 a favor, 6 en contra y 1 abstención se aprobó un Consejo Asesor “que participará en la elaboración de las políticas y definiciones estratégicas de la institución, y de los programas anuales de fiscalización y auditoría, y que tendrá las demás atribuciones que establezca la ley. El Consejo Asesor estará compuesto por cinco integrantes, denominados consejeros asesores, y adoptará sus decisiones por la mayoría de sus integrantes”.
- Entre las iniciativas populares de norma hoy se aprobó por un estrecho margen -10 a favor, 8 en contra y 1 abstención- el articulado sobre “garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un Presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”. Esta responde a la llamada “Cárcel para Sebastián Piñera”, que logró 20 mil 444 firmas de respaldo y ahora debe ser discutida y votada en particular.
- Sobre el Banco Central, la comisión aprobó en general cinco normas y todas tienen en común mantener su autonomía y el carácter técnico del organismo, con diferencias sobre su Consejo, objetivos y los elementos a considerar para zanjar la política monetaria. En la votación en particular estas serán fusionadas y complementadas.
- Una (14 votos a favor) precisa que el Banco Central es un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, a cargo de la política económica monetaria y cambiaria, y que en sus definiciones de la Tasa de Política Monetaria deberá tener en cuenta «objetivos de pleno empleo, protección, conservación del medioambiente, desarrollo económico de largo plazo y los demás que establezca la ley». Agrega que su consejo será paritario, descentralizado, plurinacional y contemplando “la representación sindical y empresarial”. nero, empleo y desarrollo económico de largo plazo».
- La segunda propuesta aprobada (10 a favor, 5 en contra y 4 abstenciones) habla de la autonomía, presupuesto propio y “total independencia del poder político» del Banco Central, precisa que “velará por la estabilidad de la moneda y la eficacia del sistema financiero, custodiando el normal funcionamiento de los pagos internos y externos». También habla de considerar factores como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado en sus definiciones, y que los miembros de su consejo sean elegidos -paritario y descentralizado- a través de una quina zanjada por concurso público y que de ella, la Presidencia de la República designe.
- Otra norma sobre el Banco Central, que obtuvo 18 votos a favor y 1 en contra, mantiene el carácter autónomo, técnico y financiero del organismo, pero añade un doble mandato: formular y conducir la política monetaria y, el resguardo de la estabilidad financiera. Entre sus atribuciones está la regulación de “la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales, considerando criterios tales como la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la sustentabilidad ambiental, u otros que se establezcan en la ley que lo rija». Aumenta el Consejo de 5 a 7 integrantes, elegidos por concurso público, con criterios de paridad y descentralización, y reduce su período de 10 a 7 años en el cargo.
- Por 14 votos a favor y 3 en contra, se aprobó la iniciativa popular de norma “Banco Central Autónomo”.
- La comisión de Derechos Fundamentales desde este lunes comenzó a escuchar exposiciones sobre iniciativas populares e iniciativas indígenas relacionadas con educación, salud, vivienda y derechos colectivos e individuales de las naciones originarias.
- Este jueves 10 de marzo el pleno sesionará todo el día para debatir y votar en general el informe de esta comisión que contiene 94 normas sobre titularidad, finalidad, límites, restricciones y regulaciones de los derechos fundamentales; libertad de conciencia, expresión, de emprendimiento, derechos sexuales y reproductivos, a la vida, la propiedad e integridad, a la honra, al debido proceso, de asociación y reunión.
- La comisión de Principios Constitucionales este miércoles 9 votará en general propuestas de normas constitucionales en materia de democracia directa, nacionalidad y ciudadanía.
- El pleno está convocado para el viernes 11 de marzo para votar en general el primer informe de la comisión con 35 propuestas de normas.
- En este informe están, por ejemplo, el artículo 1 de lo que sería la nueva Constitución que define que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Su carácter es plurinacional e intercultural y ecológico. Es una República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Los fines de toda acción estatal son garantizar el bienestar de las personas, de la sociedad y de la naturaleza, construir las condiciones para una vida digna y remover los obstáculos que impidan o dificulten el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.
- Y el artículo 2 que define que en Chile “las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución y los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Para su protección, las personas gozarán de garantías, nacionales e internacionales, que sean eficaces, oportunas, pertinentes y universales”.
- Otras propuestas de normas son sobre soberanía, democracia, antirracismo, Estado regional y laico, el principio del Buen Vivir, la supremacía constitucional y legal, además de emblemas nacionales y el principio de protección al trabajo decente.
- La comisión de Medio Ambiente aprobó en general normas sobre el océano y el maritorio.
- Se aprobó – 14 a favor, 4 en contra y 1 abstención- que la Constitución debe “reconocer el desarrollo en igualdad de condiciones de la pesca artesanal, siendo además sustentable y responsable con el ecosistema”; por otros 12 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones que “la actividad e infraestructura marítimo portuaria es fundamental para el abastecimiento y reproducción de la vida de pueblos y comunidades, por tanto, es una actividad de relevancia estratégica para su bienestar. El diseño, planificación, construcción, administración, operación y mecanismos de vinculación con el territorio y las comunidades de la infraestructura y actividad marítimo portuaria, son un asunto de interés público”; y además que “el Estado tendrá el deber de fijar un Plan Nacional de desarrollo de la actividad marítimo-portuaria vinculada a la transferencia de carga, el cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; sostenibilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, abordando de esta forma los efectos del cambio climático; la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen, siendo la actividad marítimo portuaria factor de mejoramiento de las condiciones de vida de quienes habitan dichos territorios; la carrera profesional portuaria, reconociéndose como Trabajo de Importancia Estratégica y de Alto Riesgo; y la colaboración entre recintos portuarios que integran la Red Nacional Portuaria y Logística para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades” (10 a favor, 5 en contra, 4 abstenciones).
- La comisión también aprobó- 12 a favor, 4 en contra y 3 abstenciones- que “el Estado antes de celebrar Tratados internacionales que involucren la intervención del borde costero y/o actividades de la pesca artesanal deberá hacer la consulta a las organizaciones de pescadores su aprobación o rechazo, con los mecanismos de participación establecidos en esta constitución. En la protección de Espacios Marinos Protegidos o Parques Marinos, del maritorio nacional, se deberá siempre ofrecer la posibilidad a las comunidades de pescadores artesanales la reserva de espacios específicos para la pesca artesanal, o bien coadministrar la totalidad de dichas áreas en conjunto, cumpliendo todas las obligaciones que se establezcan en dichos tratados y la leyes, para la mejor conservación y reproducción de las especies marinas y la continuidad de las actividades tradicionales de la pesca artesanal, a fin de que su aplicación no afecte sus modos de producción y vida”.
- Sobre contaminación marina, se aprobó por 12 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones que “será responsabilidad el Estado establecer políticas claras y concretas para evaluar, controlar, mitigar e ir reduciendo en forma progresiva la contaminación de los océanos y mares interiores, de químicos, minerales, metales pesados y contaminaciones biológicas, como los efectos de la Marea Roja en las áreas contaminadas, así como, los efectos en los seres humanos, producto del consumo de productos marinos contaminados. Una ley determinará los elementos contaminantes del espacio marino a que se hace mención en el inciso precedente, así como los máximos criterios para que el Estado genere las políticas de protección a los ecosistemas marinos”.
- También se aprobó en general un “Estatuto del Agua, acceso humano, orgánica y otras disposiciones transitorias” (14 votos); un estatuto constitucional de humedales (15 votos)
- Caso Rojas Vade. El comité de ética de la Convención resolvió hoy que e polémico y marginado convencional Rodrigo Rojas Vade debe devolver el 100% de la dieta recibida desde fines de septiembre, fecha en que renunció simbólicamente a su cargo tras el escándalo por su falso cáncer.
- La resolución unánime señala que “teniendo especialmente presente que el daño causado a la Convención Constitucional, al Estado de Chile y a la credibilidad pública es de tal envergadura, que requiere una reparación congruente y satisfactoria, por lo que resulta indispensable la restitución de los ingresos percibidos por el período no trabajado”. Esto implica 10 días de septiembre, más los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022.
- El lunes 7 el Congreso despachó la reforma constitucional que permite la renuncia legal de Rojas Vade. La norma establece que los constituyentes podrán renunciar cuando “hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”.
- La norma no incluye un mecanismo de reemplazo en caso de los independientes de listas de independientes, como sucede con Rojas Vade.
