A días de haberse revelado el informe de la Contraloría sobre las llamadas licencias médicas irregulares, el debate ha comenzado a encenderse entre los actores políticos, algunos acusando de que se está ante lo que califican como un enorme fraude al Fisco que no puede pasarse por alto, mientras otros hacen lo posible para encapsular el problema, que las esquirlas no le lleguen de frente o tratar de encapsular la denuncia para que no se desborde el tema, particularmente, en un período en que los candidatos presidenciales están en plena batalla para no quedarse abajo en las encuestas de opinión pública.
El contenido del Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República ha estremecido en forma transversal, porque se trata de más de 25 mil funcionarios del Estado que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, a pesar de estar con licencia médica y 250 doctores del sector público fueron descubiertos realizando partos en recintos privados. A esto se suma el cobro de hasta $11 millones anuales en horas extras al interior del gobierno.
UN AMBIENTE DE INCERTEZA
Durante la jornada del 26 de mayo, la Comisión de Salud del Senado se reunió, precisamente, para abordar lo que está pasando con las licencias médicas. Una de las “sorpresas” del encuentro fue que la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, advirtió sobre «posibles discordancias» con los datos entregados por la Contraloría.
Albagli sostuvo que «la Subsecretaría de Salud Pública está por supuesto dedicada trabajando para analizar los resultados que ha entregado la Contraloría General de la República». Tras esa afirmación, la Subsecretaria hizo un alcance que provocó que los integrantes de la Comisión de Salud alzaran la vista. ¿Y qué dijo? Lo siguiente: «Hasta el momento, hemos encontrado algunas posibles discordancias, lo que podremos analizar una vez publicada la metodología utilizada por la Contraloría General de la República».
A juicio de la autoridad de gobierno, «es habitual que pueda haber discordancias en las cifras si es que se utilizan metodologías distintas de análisis y, por eso, estamos seguros de que esto lo podremos esclarecer una vez conociendo la metodología». Para dar cuenta de la posible diferencia en las estadísticas, manifestó que «para la Subsecretaría de Salud Pública se informaron 393 casos, pero nosotros recibiendo la información y haciendo nuestros análisis serían 283 casos».
Además, la Subsecretaria de Salud Pública se refirió al trabajo realizado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para seguir el registro de la emisión de licencias. “En el 2022, partió una forma de fiscalizar para detectar a grandes emisores. Luego, se elaboró un plan de priorización considerando las instituciones públicas con más permisos: Junji, Subsecretaría de Redes y Subsecretaría de Salud Pública, entre otras. Comenzó así la revisión de la veracidad de las licencias electrónicas, la identificación de doble cotización o empleador y el estudio de movimientos migratorios. Ya se habían detectado 302 casos de mal uso y se destituyó a 5 funcionarios”.
CONTRALORA: BASES DE DATOS OFICIALES DEL ESTADO
A la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, también asistió la contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien entregó detalles del polémico informe realizado por la institución.
Pérez se refirió a la metodología empleada por la Contraloría, indicando al respecto que «se eligieron aquí dos años, el período 2023 y 2024 y se revisó la situación de las licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social sobre la base de datos que la Superintendencia de Seguridad Social nos entregó. Nosotros, se la requerimos conforme a nuestras facultades y es la base de la Superintendencia de Seguridad Social que se refiere a los funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos y que contenía un total de 5.147.997 licencias médicas otorgadas a este tipo de funcionarios o trabajadores».
La timonel del órgano fiscalizador dejó en entredicho, entonces, la versión de la Subsecretaria de Salud Pública, a la hora de hablar de la posible diferencia entre las cifras que maneja la Contraloría y el gobierno. En tal sentido, Dorothy Pérez aseguró que «esto lo cruzamos con otra base de datos oficial, que es la base que nos entregó a requerimiento nuestro la Policía de Investigaciones de Chile, en la que se registraba un total de 1.231.362 salidas y/o entradas al país de distintos servidores públicos. Se trata de dos bases de datos oficiales y lo hago presente, porque nos han hecho ver en estos días, y es normal, que hay a veces un caso que no coincide. Bueno, nosotros cruzamos las bases de datos oficiales del país, del Estado. Así que no tiene que ver con que nosotros hayamos dejado a alguien fuera o dentro, sino que esto es lo que indicaban esas bases de datos de dos instituciones públicas».
Las estadísticas entregadas en detalle por la Contralora, según algunos de los senadores que integran la Comisión, permiten graficar la magnitud de la situación, del fraude, mejor dicho: más de 25 mil trabajadores haciendo uso de su derecho a descanso, viajaron al exterior, 69% de ellos afiliados a Fonasa y un 31% a Isapres. En cuanto a las salidas y los retornos, éstos se concentraron entre septiembre a diciembre y un 12% del total corresponde a funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra.
Pérez explicó que “entregamos la nómina de los involucrados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se instruyan los sumarios administrativos para esclarecer los hechos y, en los casos que correspondan, se apliquen las medidas disciplinarias (…) También dictamos sumarios en Fonasa, la SUSESO y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por la falta de control en esta materia”.
Agregó que este tipo de auditorías se han llevado a cabo por décadas, pero nunca en una forma tan masiva y contando con alta tecnología. “Siempre se están reportando situaciones a los servicios. Vemos poco de control interno, por eso hay que fortalecer el sistema nacional de control. Existen hechos graves que son de público conocimiento, no hay que esperar que la Contraloría investigue para actuar”.
La contralora general de la República informó a los senadores que la entidad se encuentra procesando los datos de Capredena y Dipreca. “Estamos buscando mecanismos para controlar las licencias que se usaron para realizar viajes dentro del país”, dijo.
LICENCIAS PARA TERMINAR ESTUDIOS
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, reveló en la sesión de la Comisión de Salud del Senado, que hay funcionarios que completaron sus estudios en el extranjero usando licencias médicas. “Por ejemplo, hay funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o que estaban en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios que hicieron completos sus estudios en el extranjero con licencia médica”.
Añadió que “el año pasado, nosotros le informamos a la Dirección de Presupuesto que tenía una funcionaria con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga y que nosotros comprobamos, a través del Servicio de Impuestos Internos, que ella emitía boletas de honorarios en ese período y estaba, además, realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales, mientras estaba con su licencia médica”.
Pérez aseguró que frente a esa situación, «le ordenamos a la Dirección de Presupuesto que hiciera el sumario y enviamos estos antecedentes a la COMPIN. Y de acuerdo a la información que yo tengo, la Dirección de Presupuesto dispuso la destitución de esa funcionaria”.
UNA SITUACIÓN DE MÁXIMA GRAVEDAD
En la sesión de la Comisión de Salud también participó la ministra de la cartera, Ximena Aguilera, quien dijo que los hechos revisten “máxima gravedad”. Aprovechó, además, la instancia para responder a los parlamentarios que han felicitado la actuación de la Contraloría y cuestionado al Ejecutivo y sus organismos vinculados al tema, por no haber tomado cartas en el asunto y haber iniciado una auditoría.
La ministra Aguilera hizo un repaso de las acciones que ha emprendido el gobierno y que apuntan a reforzar todo el aparataje de la salud pública. “Ya terminó la tramitación del proyecto de grandes emisores que viene a contener en buena parte el gasto público asociado. Ahora en esta Comisión, se está discutiendo traspasar a Fonasa el rol del contralor médico que evalúa las licencias médicas. Y finalmente, está en su etapa final de elaboración el proyecto de reforma al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) que presentaremos pronto”.
CORRUPCIÓN: SIN EUFEMISMOS
El senador, Iván Flores (DC) y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta afirmó que “estamos frente a un enorme fraude al Fisco que es tan grande que requiere una respuesta precisa. Esto no se resuelve con sumarios, ni con comisiones de ausentismo, porque eso es aumentar la burocracia. Estamos en presencia de un delito que no puede quedar impune y hablamos de corrupción”.
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), durante la sesión hizo una pregunta en relación con un eventual cambio en lo que se entiende por el concepto de salud incompatible con el cargo. “Ahora entiendo que se habían pedido ingresos a Hacienda, para estudiar estos cruces de información en la Junji por licencias médicas y se negaron los fondos (…) A su vez, creo que la fiscalización en el sector privado debe ser tan fuerte como en el público”.
En tanto, el senador Alfonso De Urresti (PS) planteó en forma categórica su visión sobre lo que está sucediendo y cómo, al final de cuentas, siempre se ha mirado el tema de reojo, sin mayor acción. “Nos hemos hecho el leso hace mucho tiempo con esto, se perdió la ética, hay muchas autoridades hacen vista gorda. Mientras no desincentivemos este lucro, esto va a seguir. Gana el funcionario que tiene más días libres pagando la licencia, gana el médico que cobra, gana el que hace el reemplazo, mientras que la gente no se vaya presa, esto no se va a acabar”.
También el senador Juan Luis Castro (PS) al término de la sesión especial de la Comisión de Salud propuso dos medidas concretas que puede tomar el Ejecutivo para terminar con el fraude de las licencia médicas. «Hay que terminar con el lamento y empezar a las acciones. La retórica debe quedar atrás y la sorpresa para dar lugar a medidas intervencionistas concretas. Una de ellas, limitar el uso de licencias médicas al cuerpo médico. Si hoy, el 80% de los 60 mil médicos emiten menos de 200 licencias al año versus esos 300 médicos de 60 mil que emiten más de 1.600 licencias médicas al año, está claro dónde hay el foco. Ningún médico se va a sentir menoscabado si se establece un tope máximo mensual o diario o semanal para este instrumento que se ha desacreditado y degradado».
Otra alternativa para ejercer control oportuno, dijo Castro es que «se cambie el Estatuto Administrativo en el Artículo 211 que establece un privilegio, que ha sido defraudado, que es pagar el sueldo antes de siquiera tramitar la licencia o verificar el reposo. Eso ha sido un factor de impunidad, porque permite que un funcionario público a costo cero sabe que le van a pagar el sueldo entero y no se someta al régimen general que es que las licencias de menos de 11 días se pagan desde el cuarto día y la licencia de sobre de 11 días se paga entera. ¿Por qué no puede ser igual para todos? Eso depende del gobierno. Aunque esté todo el Congreso de acuerdo es sólo iniciativa exclusiva del presidente», sentenció.
Hay que señalar que, en la jornada del martes 27 de mayo –entre 18 y 20 horas-, la Sala del Senado realizará una sesión especial para abordar el tema de las licencias médicas fraudulentas. Eso, por un lado y, por el otro, la Comisión de Salud acordó que los asesores legislativos y la mesa técnica estudie la posibilidad de modificar una norma que impide a la Contraloría, opinar sobre decisiones administrativas, como es el caso de la creación y funcionamiento del Comité de Ausentismo Laboral.
