Funcionarios del Congreso piden que se investigue a los parlamentarios por eventuales licencias médicas fraudulentas

“Nosotros queremos que se investigue a todos los funcionarios, desde los diputados, los trabajadores de los parlamentarios y de las Cámaras. No estamos en contra de la indagatoria y creemos en la transparencia total. Sin embargo, es necesario que la gente sepa en sus casas que esto tiene que informarse de buena forma, porque no es llegar y decir vamos a investigar, hay que tener las atribuciones para poder investigar”. Con esta afirmación, Bastián Espinoza, presidente de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores de Parlamentarios de Chile, se refirió al anuncio de la fiscalización en la Cámara de Diputados y en el Senado, tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras se encontraban con licencia entre 2023 y 2024.

El pasado domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) fue quien anunció que partirá una indagatoria para determinar en qué situación se encuentran los trabajadores, medida que según los funcionarios, no fue informada a ellos. En tal sentido, el diputado Castro aseguró que “ya se encuentra en curso la realización de una investigación interna para determinar si existen funcionarios que, estando con licencia médica, hayan salido del país”.

Bastián Espinoza, representante de los trabajadores del Congreso aclaró que si bien, “en el caso de la Contraloría, aplaudimos lo que hizo, nace de un convenio con la COMPIN que tiene la atribución de fiscalizar, pero la Cámara carece de esa atribución. Hoy día, básicamente para iniciar este debate, si es que se quiere informar a la ciudadanía, lo primero que hay que hacer es tramitar un proyecto de reforma constitucional que permita que la Contraloría pueda investigar al Congreso Nacional”.

Consultado en relación a la eventual señal que pudieran estar dando a la ciudadanía, en términos de que se piense que quieren recibir un trato especial por ser trabajadores del Congreso, el dirigente respondió que “queremos que se investigue, caiga quien caiga. No tenemos un trato privilegiado, ni nada por el estilo. Los funcionarios y trabajadores parlamentarios son bastante precarizados y, en la misma página de la Cámara de Diputados uno encuentra a funcionarios que ganan menos del mínimo”.

Añadió que “nosotros no somos funcionarios públicos, somos funcionarios contratados por el Código del Trabajo y que vivimos en un limbo eterno entre lo público y lo privado. Entonces, acá nos ponemos en lo público o nos ponen en lo privado, pero no somos funcionarios públicos. Es una nebulosa donde no hay claridad si somos funcionarios públicos o somos funcionarios por el Código del Trabajo”.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores de Parlamentarios de Chile precisó que “la Dirección del Trabajo nos dice que somos funcionarios públicos y el Congreso nos dice que somos funcionarios del Código del Trabajo. Si se quiere investigar, también hay que tomar posturas claras en torno a lo que somos. Apelamos a la transparencia total, pero con claridad hacia la ciudadanía, dejemos de engañar, tener fuegos artificiales, cuñas (haciendo alusión a declaraciones) que terminan afectando a los trabajadores”.

Por su parte, José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) manifestó su respaldo a la asociación de funcionarios, apoyando también la idea de que el escenario laboral en que se encuentran y que estaría en el aire, se despeje y aclare.

«LA TRANSPARENCIA ES LO PRIMERO”

El diputado, José Miguel Castro –quien preside la Cámara Baja-, independiente de la postura manifestada por una de las asociaciones de funcionarios, reiteró que la investigación se realizará de todas maneras.»El tema de los funcionarios, por lo menos en la Cámara que me corresponde a mí presidir, será tomado con la máxima seriedad. En ese sentido, aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad».

El parlamentario de oposición aseguró que «nosotros hemos dado un máximo de plazo para hacer todas estas investigaciones de aproximadamente tres meses, con todos los sumarios. Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer, pero para nosotros la transparencia es lo primero».