Fue el delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman, quien convocó de forma extraordinaria a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) para la votación al mega puerto Dominga ubicado en La Higuera, destinado a la extracción y exportación de mineral de hierro y cobre como subproducto. Informes de ONGs e incluso la Conaf, dan cuenta que las obras provocan un daño irreversible a los ecosistemas marinos y el borde costero, en particular a la reserva marina Pingüino de Humboldt.
La noticia llegó a remover la jornada legislativa en el Congreso, que en ese momento estaba centrada en la votación de la ley de indulto general en la comisión de Constitución del Senado.
El diputado Daniel Núñez (PC) cuestionó la legitimidad de la convocatoria, la que según el legislador “carece de toda representatividad ya que fue excluida de este proceso la máxima autoridad electa del Gobierno Regional Krist Naranjo”, quién ha dicho públicamente que está en contra del proyecto de infraestructura. Núñez agregó que «recurriremos también a la presión social, a la movilización ciudadana e incluso a la denuncia a instancias internacionales».
Indignado estaba el senador del PPD, Guido Girardi, miembro de la comisión de Minería y Energía, al referirse a la decisión del Coeva que calificó de “crimen ecológico”. Agregó que el proyecto del mega puerto es “ilegal y fraudulento que se aprobó sólo producto del lobby”.
El legislador recordó que no se hizo el estudio de impacto ambiental en la zona donde está la principal reserva de biodiversidad del planeta, “que es un host post donde está la Reserva de Pingüino de Humboldt (80% de la población mundial) que tiene ballenas, delfines, chungungos”.
Aprovechando el escenario, un grupo de diputados liderados por Raúl Soto (PPD), aprovecharon la oportunidad y dieron a conocer la presentación de un proyecto de ley que modifica el Código Penal para castigar con cárcel al autor, cómplice o encubridor de daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente y tipificar el nuevo delito de “Ecocido”.
PROYECTO-ECOCIDIO-v.2Los congresistas explicaron que la idea surgió luego de conocer el informe publicado por un Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que “revela una realidad que venimos viendo hace años, la acción humana está provocando una crisis de extrema gravedad sobre la cual tenemos que tomar conciencia y actuar de manera drástica para cambiar nuestras conductas, lo cual implica también cambios legislativos que permitan desincentivar y sancionar drásticamente el daño medioambiental”, dijo Soto.
El concepto de ECOCIDIO, es definido internacionalmente como omisión o acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves o extensos al medio ambiente.
El texto propone penas de cárcel, que van desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, es decir, personas que cometan delitos de Ecocidio, tendrán privación de libertad hasta 15 años, además de multas que llegan a mil 9 mil UTM, cerca de 460 millones de pesos.
La iniciativa fue apoyada y firmada por los diputados Ricardo Celis (PPD), Patricia Rubio (PPD), Carolina Marzán (PPD), Cristina Girardi (PPD), Andrea Parra (PPD), Karim Bianchi (IND) y Felix González (PEV).
