- Ya la semana pasada, la Comisión de Forma del Estado marcó el inicio de la ronda de votaciones en general, con la definición de un Estado Regional y descentralización efectiva para las regiones. El lunes 24 partió la de Sistema de Justica, seguida en los días siguientes por la de Medio Ambiente y Modelo Económico; Sistema de Conocimiento; Sistema Político y Principios Constitucionales.
- Las siete comisiones temáticas tienen distinto número de integrantes y las votaciones de normas son por mayoría de éstos.
- Las normas aprobadas pasan a fase de presentación de indicaciones para su posterior votación en particular, etapa que recién parte desde el 2 de febrero. Después de eso, son incorporadas a un informe que cada comisión elabora para el pleno, donde nuevamente son debatidas y votadas en general y particular, pero esta vez requieren un quórum mínimo de 2/3 (103 votos) para su aprobación.
- Si una propuesta de norma es rechazada en el pleno, vuelve a la comisión respectiva para su modificación en un plazo de 15 días, luego vuelve al pleno para una segunda votación y si no logra los 2/3, se extingue su tramitación.
- Por eso, son claves los acuerdos y consensos que se construyan entre los colectivos, para generar las mayorías necesarias en los plenos de votación. En ese sentido, las normas que han obtenido amplios respaldos en general en las comisiones permiten ya marcar una tendencia, mientras que aquellas aprobadas por estrecho margen auguran una tramitación más dificultosa.
Comisiones temáticas
- Sistema de Justicia. Los 19 integrantes de esta comisión, en sesión extraordinaria, iniciaron el lunes la votación en general del primer paquete de 24 normas constitucionales, de las cuales fueron aprobadas 20. La primera fue la propuesta de “Principios de la Jurisdicción”, aprobada unánimemente, que propone la creación de un órgano colegiado, especializado, paritario, autónomo e independiente, al cual se le mandate la selección, nombramiento, destino, traslado, perfeccionamiento, profesionalización y promoción de jueces. También ejercerá bajo los principios de independencia, imparcialidad, gratuidad, igualdad, plurinacionalidad, perspectiva de género, publicidad, accesibilidad, descentralización y cercanía territorial.
- Otras dos normas fueron aprobadas unánimemente: una, sobre el poder judicial y la función jurisdiccional, para que toda persona tenga el derecho a obtener una tutela judicial efectiva ante ellos, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, debiendo remover todos aquellos obstáculos que le impidan ejercer el derecho a la acción. La otra, relativa al ejercicio y regulación de la función jurisdiccional, que precisa que el Estado deberá promover el empleo de métodos autocompositivos de resolución de conflictos, como la conciliación o la mediación, lo que no podrán restringir, sustituir o impedir la garantía de la tutela jurisdiccional.
- El derecho de acceso a la justicia se aprobó por 13 votos a favor, 4 rechazos y 3 abstenciones; la propuesta sobre estructura y composición del poder judicial -establece tribunales administrativos, uno en cada región- se aprobó por 14 a favor y 5 en contra; y la creación de un Consejo Supremo de Justicia, encargado de salvaguardar la independencia del sistema judicial y los jueces, promover la eficacia de la justicia y definir ascensos y traslados de jueces bajo criterios objetivos de mérito, aptitud y capacidad, fue aprobado por 17 votos a favor, 1 rechazo y 1 abstención.
- Por 18 votos se aprobó la incorporación de la justicia vecinal, por otros 15 la creación de juzgados comunitarios y por 16 votos a favor, la inclusión de mecanismos colaborativos para la resolución de conflictos en el sistema de justicia.
- En materias de enfoque de género, se aprobó por 17 votos a favor y 2 abstenciones la norma que garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas; por otros 14 votos la propuesta que establece pautas para una administración de justicia con equidad y perspectiva de género, y observancia de los derechos humanos; y por 14 a favor, 4 rechazos y 1 abstención, un sistema de justicia feminista.
- Una de las iniciativas rechazadas -solo 6 a favor, 13 en contra- fue sobre Justicia Militar, que proponía una jurisdicción especializada que garantizará el pleno respeto a los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, u otros que sean aplicables, y que hayan sido ratificados por Chile y que se encuentren vigente. Se excluirá absolutamente la pena de muerte aún en caso de guerra.
- Sistema Político. Fueron 60 votaciones en total, que se realizaron en una larga, pero expedita sesión el jueves 27. La comisión tiene 25 integrantes, por lo que el umbral de aprobación era de 13 votos. La ronda se dividió en bloques temáticos: plurinacionalidad, régimen de Gobierno, Congreso, sistema electoral.
- El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios fue aprobado por 19 votos, 3 en contra y 3 abstenciones, propuesta de Rosa Catrileo, Elisa Loncon, Adolfo Millabur y otros, que “promueve que se reconozca a las naciones preexistentes y afirma que son titulares de derecho de libre determinación. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos por la ley”. Agrega que tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.
- La propuesta de norma de la convencional Tiare Aguilera (Rapa Nui) sobre el reconocimiento e implementación de tratados y acuerdos históricos fue aprobada por 16 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones.
- En el segundo bloque sobre régimen de gobierno, tras cinco propuestas rechazadas, se aprobó -16 a favor, 5 en contra y 4 abstenciones- la fórmula planteada por el PC de un sistema presidencial atenuado, que consiste en una dupla paritaria de Presidente y Vicepresidente de la República, elegidos por la ciudadanía, con reelección inmediata o posterior por una sola vez. Se reduce la edad para postularse a 30 años.
- El Presidente deberá “dirigir la administración del Estado; conducir las relaciones exteriores; declarar los Estados de Xxcepción; dictar decretos con fuerza de ley previa autorización del Congreso Plurinacional y ejercer la jefatura suprema de las FF.AA. permanentemente”. En tanto, el vicepresidente será el responsable de la conducción del Ejecutivo en caso de cesación del cargo del Presidente, coordinar normalmente el gabinete de ministros, remover subsecretarios y otros funcionarios.
- La propuesta de la convencional Bárbara Sepúlveda y firmada por el resto de sus pares del PC, más Renato Garín (Independiente), se superó el umbral de 13 votos con los respaldos del PS, la UDI, Evopoli, RN, Catrileo y los dos constituyentes de la ex Lista del Pueblo. Eso, porque estos convencionales compartían la idea de la fórmula de la dupla de presidente y vicepresidente por elección popular, a diferencia del Frente Amplio, Movimientos Sociales e Independientes No Neutrales que optaban por la de un Mandatario con un ministro de Gobierno ratificado por el Congreso.
- Sepúlveda accedió a votación separada de las causales de cesación del cargo del Presidente: terminación del período presidencial, muerte, renuncia aceptada por el Congreso, incapacidad total declarada por el Congreso o revocatoria de mandato, tema resistido por la derecha. El punto fue rechazado por 13 en contra, 11 votos a favor y 1 abstención.
- En el tercer bloque se definió la conformación del Congreso. Se rechazaron todas las propuestas que mantenían la lógica bicameral, con matices desde mantener el parlamento con sistema de espejo hasta cámaras asimétricas, que implicaban funciones distintas.
- Luego se pasó a la propuesta liderada por Alondra Carrillo, Jaime Bassa y Sepúlveda con las firmas del PC, FA, Movimientos Sociales, FRVS, PC y Pueblo Constituyente, que establece un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados indígenas y diversidades sexuales, con 205 integrantes y decisiones se toman por quorum de mayoría. Los diputados serán elegidos por un sistema de votación mixto de listas cerradas, con tres componentes – “político sustantivo”, territorial y plurinacional- por cuatro años en el cargo, con solo una reelección. Fue aprobada por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.
- También se aprobó -por 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones- la creación de un distrito especial y único de escaños reservados para Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, con criterios de paridad y representando a todos los PPOO. El mínimo de escaños reservados para el Congreso unicameral es 17 escaños, tal como en la Convención.
- Se rechazó crear Congresos Macro Regionales (19 votos en contra) y rebajar la edad para postular como diputados a 18 años (14 votos en contra).
- El cuarto bloque correspondió a materias del sistema electoral. Se aprobó -19 votos a favor y 6 en contra- que el Estado garantice la representación paritaria de mujeres y diversidades sexo genéricas, y por 18 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la inscripción automática y voto obligatorio para mayores de 18 años, voluntario para mayores 16 y chilenos residentes en el exterior, para lo cual se establecerá circunscripción en el extranjero.
- También se aprobó – 22 votos a favor y 3 en contra- la creación de un registro electoral indígena y por otros 16 votos, 5 en contra y 4 abstenciones, garantizar la participación de los pueblos indígenas en todos los órganos de elección popular, a través de escaños reservados.
- Se rechazó -11 a favor, 11 en contra y 3 abstenciones- crear al menos 3 distritos electorales para chilenos residentes en el exterior, lo que les permitía el derecho a votar y, también ser elegidos en cargo de elección popular aun cuando no se encuentre en el país, cumpliendo el requisito de una residencia de 5 años o más en el exterior.
- También se rechazó -16 votos en contra y 9 a favor- la disposición transitoria para no alterar el periodo ni las atribuciones de las autoridades electas recientemente. Sobre este punto, hay que recordar que en la reforma constitucional que dio vida a la Convención y la ruta constituyente, se señala que se terminará el mandato de cargos en ejercicio en los casos que sean eliminados o modificados sustancialmente.
- Medio Ambiente y Modelo Económico. El martes 25 comenzó el proceso de votación en general y continuó el resto de la semana. Tiene 19 miembros. Entras las normas se aprobaron está la nulidad “de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica” que estén en territorios indígenas cuando hayan sido otorgados o implementadas sin la debida consulta o consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas. La votación fue 11 votos a favor, 6 en contra – Jorge Abarca (INN), Rodrigo Álvarez (UDI) Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), Bernardo Fontaine (RN), Pablo Toloza (UDI), Roberto Vega (RN)- y dos abstenciones (de Juan José Martin y Carolina Sepúlveda de INN).
- La propuesta añade que los permisos nulos serán reevaluados en un plazo máximo de dos años, con la debida consulta y consentimiento de las comunidades, que una comisión del Estado desarrolle una “política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados” y que se priorizará “la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural”.
- Además, la defensa del bosque nativo y límite a la actividad forestal, se aprobó por 15 votos a favor y 3 abstenciones, y también – por 14 a favor y 4 en contra- la norma transitoria que señala que “el Estado reconocerá y deberá mantener la superficie total de los bosques nativos existentes en Chile al entrar en vigencia esta Constitución, como patrimonio cultural y natural del país, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, definido por medio de un catastro nacional con plazo máximo de un año, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución”.
- También la sobre soberanía alimentaria -15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones- entendida como “el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país”. Establece que el Estado debe asegurar a “sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar, y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible”.
- El derecho a la libre iniciativa económica y empresarial fue defendida y explicada por los convencionales Harry Jurguensen (RN) y Rodrigo Álvarez (UDI), establecía que “la economía de la República de Chile tendrá su base en los principios de la Economía Social de Mercado, garantizando la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes. El Estado de Chile protegerá la Libre Competencia a través de un Tribunal de Defensa, cuya misión será conocer y juzgar los conflictos derivados de atentados en contra de la libre competencia”.
- En la deliberación de la comisión se criticó que la norma era parecida a lo que ya establece la actual Constitución y que no resuelve los problemas de la ciudadanía. Fue votada por separado y rechazada en todos sus puntos.
- Lo que sí se aprobó -por 15 votos a favor y 4 en contra- fue que el Estado debe reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica comunitaria, que señala que se garantiza “el aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales, e impulsar la producción con tecnologías limpias, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la diversidad productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la prevención, la recuperación y el fortalecimiento de las fuentes regeneradoras de los ciclos naturales, el equilibrio de los ecosistema y la preservación de la biodiversidad para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.
- Establece que “el Estado garantizará las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública”.
- También se aprobó la protección de las pequeñas y medianas empresas. “El Estado fortalecerá mediante la ejecución de planes y programas el Rol de las Organizaciones Gremiales Mipymes, promoviendo su participación en las instancias nacionales e internacionales relativas al comercio, el trabajo, el medio ambiente, entre otras”; y “fomentará el cooperativismo como una forma de agrupar empresas de menor tamaño con objetivos ligados al buen vivir, la agregación de oferta, a la generación de valor agregado en la producción, la integración productiva, circuitos cortos de producción y el uso de tecnologías limpias, entre otras formas que promuevan el buen vivir y la solidaridad”.
- Lo mismo el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua: “los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna, lo que el Estado de Chile asegurará a todas las personas, garantizando agua potable y saneamiento de manera suficiente, segura, salubre, culturalmente adecuada y de forma física y económicamente accesible. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo a los requerimientos de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales y zonas extremas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.
- Se reconoce “el rol histórico e insustituible que, en el ámbito de los territorios rurales y sus habitantes, ha cumplido y desempeña la gestión comunitaria de agua y las organizaciones que la encarnan. La gestión comunitaria de agua en Chile constituye un patrimonio inmaterial de orden bio-cultural, el cual representa un modelo cooperativo e identitario de nuestros mundos rurales, capaz y eficaz al momento de proveer a los habitantes de dichas zonas de agua potable y saneamiento, de un modo culturalmente arraigado y ecológicamente sostenible”.
- El jueves se aprobó que toda actividad económica y social se desarrollará en armonía con el medio ambiente de forma tal de asegurar su protección, sustentabilidad intergeneracional, equilibrio ecosistémico y prosperidad común. Además, la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. El Estado protege los patrimonios naturales y culturales del país.
- Sistema de Conocimientos. La comisión, que tiene 15 integrantes, partió el martes 25 de enero con la votación de 35 iniciativas, proceso que continuó durante toda la semana. Las dividió en grupos temáticos: comunicación, cultura, derechos digitales, patrimonio, propiedad intelectual o derechos de autor, rol del Estado, libertades y otros conocimientos.
- De forma unánime se aprobó el derecho a la comunicación y a la conectividad digital; la eliminación de la violencia digital; el rol del Estado para garantizar la participación de individuos, colectividades y pueblos en la vida cultural, artística y patrimonial; y el reconocimiento y protección de los derechos del autor sobre las creaciones o producciones literarias, artísticas o culturales.
- Derechos Fundamentales. La comisión comenzó hoy la deliberación de propuestas sobre libertad de conciencia, libertad de emitir opinión, de culto, de prensa, de expresión y consagrar el derecho a la seguridad. En ese contexto, también deliberó sobre la iniciativa popular de norma -que ya cumplió el requisito de las 15 mil firmas- sobre libertad Religiosa y de conciencia en nueva Constitución, tema sobre el que expusieron su autor, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, autor de la iniciativa, y su par evangélico Francisco Javier Rivera.
- Estos temas responden al segundo bloque temático. El miércoles, la discusión que se tomó la agenda en la discusión fue el de la iniciativa popular de ley que reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, que permite el aborto legal y seguro.
- De forma telemática una de las autoras de la iniciativa, Siomara Molina, de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, expuso los aspectos centrales de la propuesta: “Esta iniciativa fue construida desde la noción de la justicia reproductiva con base en los principios de igualdad sustantiva, libertad, autonomía y dignidad, identificando que necesitamos, no solamente el derecho a abortar, sino que construir condiciones sociales y materiales que posibiliten ejercer nuestra sexualidad y habitar nuestros cuerpos de forma libre y en igualdad de condiciones”.
- Desde la derecha, las detractoras del aborto cuestionaron la propuesta. La constituyente, Teresa Marinovic, afirmó que “he estado cerca de mujeres que han enfrentado embarazos difíciles, por lo tanto, entiendo lo que es. Tengo claro que no las voy a convencer, pero en lo que coincidimos, supongo, es en entender que cada vez que se plantea la posibilidad de un aborto es en un contexto dramático, y mi pregunta es ¿por qué lo tratan de una manera tan festiva, casi carnavalesca?, ¿por qué esta conducta alegre frente a una situación penosa?”.
- El tema continuó con la presentación de otra iniciativa popular que consagra el derecho a la vida. Expuso y respondió preguntas uno de sus autores, Vicente Hargous, de la organización “Siempre por la Vida”, quien recalcó que “la vida es un derecho que tiene que ser necesariamente anterior a los demás, a todas las otras libertades que tenemos”.
- Forma del Estado. Esta semana la comisión trabajó en el informe sistematizado de las 23 normas y artículos ya aprobados, al cual se le incorporaron las indicaciones de los convencionales, para empezar la votación en particular la próxima semana, el miércoles 2 de febrero.
- Principios Constitucionales. La comisión, integrada por 18 convencionales, votó más de 40 normas en general. Por unanimidad aprobó que Chile “es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de la República de Chile”.
- También, por 13 votos a favor y 3 en contra, el ejercicio de la función pública “obedecerá a los principios de probidad, imparcialidad, honestidad, ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, y estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.
Iniciativas populares de norma.
- Al final fueron 6 mil 105 propuestas populares que se ingresaron desde el 23 de noviembre al 20 de enero en la plataforma digital de la Convención. De esas, más de 2 mil 500 están publicadas para el proceso de recolección de las 15 mil firmas de apoyo que necesita cada una para poder ser tramitada, discutida y votada por la Convención.
- Si el lunes 24 de enero 18 iniciativas populares habían logrado el umbral de15 mil, el viernes 28 estas llegaron a las 37.
- Hay propuestas de todo tipo. Algunas sobre la protección de los animales, el derecho a la salud mental gratuita y de calidad, el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad, hasta iniciativas sobre minería sustentable, protección del medio ambiente, y el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad.
- El plazo para patrocinar iniciativas populares -hasta un máximo de 7 por persona- vence el 1 de febrero. Las que no logren el umbral de las 15 mil firmas no serán consideradas en la discusión de la CC.
Consulta Indígena exprés y un ajuste de cifras
- El miércoles 26, tras meses de discrepancias entre los propios escaños reservados, atrasos y dudas, la mesa de la CC inició oficialmente el proceso de Consulta Indígena, en una ceremonia en la terraza Neptuno del Cerro Huelen-Santa Lucia, en el que participó la directiva, los escaños reservados e integrantes de la comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas.
- Esta consulta es una obligación legal para la Convención, porque el año 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales -que entró en vigencia en septiembre del 2009-, lo que implica que el Estado tiene el deber de consultar “a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad con sus características socioculturales”, las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar, directamente, a los pueblos originarios.
- La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, destacó que se estaba iniciando “un proceso histórico” y que, tanto los acuerdos como las propuestas que surjan de los pueblos originarios, “serán consideradas en deliberación de la nueva Carta Magna”. Insistió que la responsabilidad de la implementación es de la Convención y no de la secretaría técnica ni de la comisión, como también que ya se empezó a desplegar la estrategia para informar a las comunidades de las reuniones de trabajo.
- Luego de los 15 días de difusión, el cronograma establece la consulta se realizará entre el 14 de febrero y el 4 de marzo; que abarcará 4 mil 158 comunidades y 2 mil 916 asociaciones indígenas. Concluida esa fase, la Secretaría Técnica de Participación Popular y Consulta Indígena de la Convención sistematizar la información obtenida, con plazo hasta el 25 de marzo y, con ese insumo, proceder a “elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos”. Entre el 28 de marzo y el 4 de abril se deben entregar los resultados del proceso.
- Los encuentros con las comunidades y asociaciones indígenas podrán ser presenciales o telemáticos. La discusión -que debe respetar las formas y cultura de cada pueblo- se guiará en base a un documento que elaboró la Comisión de Derechos Indígenas de la CC sobre principios como plurinacionalidad, buen vivir y libre determinación; derechos colectivos de los pueblos originarios sobre tierras, recursos naturales, vivienda, autogobierno y no discriminación; además de un paquete de preguntas para proponer normas, incorporar más derechos y si falta abordar alguna temática relevante.
- Si bien el miércoles Quinteros afirmó que el costo aproximado del proceso bordea los $1.400.000.000, desglosado en las remuneraciones para unos 444 facilitadores, 415 digitadores, 410 moderadores, además de combustible y colaciones, 24 horas después Quinteros y Domínguez salieron a hacer un ajuste de mil millones en las cifras: “Transparento que el costo inicial propuesto por la Secretaría de Participación y Consulta Indígena eran de $1.400 millones, se actualizó a $1.500 millones y, ahora, tenemos el cómputo final que es de $2.400 millones, esa es la propuesta de la Secretaría. Esa propuesta está en evaluación, por su puesto, y recordar que tenemos muchos convenios”, explicó la presidenta de la CC.
- Agregó que “hay alrededor de mil millones en el Consejo de Rectores de las Universidades (Cuech), ese dinero está disponible y lo que nos falte, una vez que hagamos el cómputo final real, descontando todas estas colaboraciones que tenemos, lo solicitaremos a la Segpres como estimula el acuerdo por la paz, en el caso de que se requiera”.
- Domínguez, en tanto, puso el foco en las conversaciones con municipios y gobiernos regionales para obtener apoyo logístico en transporte, recursos humanos y físicos: “Por cierto que tienen un equivalente en dinero que no gastará la Convención y es necesario concretizar y materializar todo el apoyo de la sociedad civil para poder hacer efectivamente la estimación de cuánto es el dinero que tendrá que salir de la propia CC”.
- Este viernes 28, la Segpres mandó un oficio a Quinteros. “Nos preocupa el que pocos días atrás (21 de enero de 2022) se haya señalado que se requería un presupuesto de más de 1.410 millones de pesos para la realización de la consulta indígena. Lo anterior, pues dicho monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención Constitucional, incluso considerando el monto de 974 millones de pesos transferidos el año recién pasado al Consorcio de la Universidad del Estado de Chile, que además de la consulta, deben utilizarse para la Secretaría de Participación Popular y la Secretaría de Comunicaciones”, reza el texto.
Round con la Suprema
- La votación en general el lunes 24 de enero en la Comisión de Sistema de Justicia donde se aprobó limitar la duración en el cargo de los ministros de la Corte Suprema a un máximo entre 10 a 15 años y también la de los jueces de cortes de apelaciones y de primera instancia a ocho años, no pasó desapercibida en el máximo tribunal del país.
- Tras un pleno realizado el mismo lunes, al día siguiente la Corte Suprema sacó una declaración pública, redactada por el juez Sergio Muñoz y leída por su par, Ángela Vivanco, en que argumentaron cumbres y acuerdos internacionales de magistrados y advirtieron que limitar el cargo de los jueces atenta contra el principio de independencia e inviolabilidad. “Un juez debe ser nombrado sin ninguna limitación de tiempo. Si un sistema legal proporciona una cita por un período limitado de tiempo, esto sólo podría ocurrir bajo condiciones previamente determinadas, siempre que la independencia judicial no esté en peligro”.
- En la declaración se insistió en que la carrera judicial “es una opción profesional. Las funciones de la magistratura poseen características profesionales que exigen conocimientos especializados adquiridos luego de largos años de experiencia y formación, como de permanencia en la institución, lo que puede implicar que en su desempeño corresponda trasladarse a diferentes zonas del país”.
- Si bien en el texto se reconoce la atribución de la Convención para determinar los años de permanencia de los jueces en los cargos, se defendió la capacidad del sistema para renovarse desde la entrada en vigencia de la reforma de 1998: “Se han realizado 53 designaciones, 7 de las cuales son consecuencia de la dictación de la reforma que incluye ministros externos y vacantes internas. 32 por vacantes relativas a cese de funciones, 5 a vacantes por fallecimiento y 9 por renuncia. Desglosado por año se puede extraer una cantidad de nombramientos de 2.12 por año”.
- La ministra Vivanco aseguró que “la afectación de la independencia y de la inamovilidad de los jueces, no es un tema de privilegios judiciales, es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales. Si contamos con jueces que son inamovibles e independientes el gran beneficiado es el administrado, aquel que es destinatario de sus decisiones, aquel que ha de acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos”.
- En la corte consideran que la norma sobre los tribunales inferiores dejaría a los jueces expuestos a presiones externas, ya que al acercarse el término de su mandato podrían empezar a fallar pensando más en el siguiente paso de su vida laboral y evitar enemistarse con algún afectado por las posibles resoluciones.
- En la comisión defendieron la propuesta. El objetivo, explicaron, es que la asignación de jueces se realice a través de un órgano técnico, en un proceso transparente y en base a altos estándares de mérito profesional. Esa sería la razón de ser de crear un Consejo Supremo de Justicia, iniciativa que también fue aprobada en general el lunes.
- La declaración de la Suprema cayó como piedra. Un grupo de convencionales de la comisión de Sistema de Justicia -Manuela Royo, Mauricio Daza, Fernando Atria y Hugo Gutiérrez- hizo un punto de prensa en la tarde para acusar la “intromisión indebida” del máximo tribunal y sentenciar que representa “uno de los peores ataques a la autonomía de la CC desde su instalación”.
- El miércoles el gallito siguió latente hoy, por lo que la presidenta de la CC salió a poner paños fríos al asunto: “Todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente, así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes (…) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país, valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación”.
- En la misma línea, el vicepresidente Domínguez recalcó que la Convención “es un proceso ciudadano amplio de deliberación y discusión, yo diría que la voz de los jueces y los ministros de la Corte Suprema es una voz más dentro de la discusión, puesto que son personas con vasta trayectoria y es razonable escucharlos (…) lo más importante es precisar y dejar en claro que las decisiones finales de esta discusión las tendrán los propios convencionales de esa comisión, luego el pleno y la ratificación por la ciudadanía en el plebiscito. Las otras voces que llegan de otros poderes u organizaciones son voces dentro de la participación, pero no definen cuál va a ser la resolución que se tome”.
- La Suprema igual mantuvo el despliegue comunicacional para defender su punto. Vivanco salió públicamente a asegurar que el máximo tribunal no busca “mantener ni crear ningún tipo de privilegio”, que la declaración pública está lejos de ser una “intromisión” y que están tratando de resguardar a “las personas que van a los tribunales, que son especialmente vulnerables, necesitan que sus jueces estén preocupados de la administración de justicia, no de qué es lo que les va a pasar en dos o tres años”.
- Además, varios ex supremos – Ruben Ballesteros y los exministros Héctor Carreño, Lamberto Cisternas, Rosa María Maggi, Carlos Künsemüller, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Patricio Valdés- sacaron una carta pública respaldando a la corte: “Entre los principios fundamentales en que descansa el correcto ejercicio de la judicatura, la independencia se erige como una garantía indispensable para asegurar juezas y jueces imparciales, capaces de administrar justicia con los debidos conocimientos, integridad ética, honestidad y prudencia”.
- Y desde el Gobierno también defendieron la postura de la suprema. El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, afirmó que “no queremos entrometernos en materia que no nos competen, pero nosotros creemos que la idea de la Convención es redactar una Constitución que sea la casa de todos, debiese ser oír a todas las instituciones y, en ese sentido, respaldamos que la Corte Suprema debiese ser oída”.
Cabildos Penitenciarios
- El miércoles 26 de enero la mesa de la Convención firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para realizar cabildos penitenciarios, con el objetivo que grupos históricamente excluidos como las personas privadas de libertad, participen en el proceso constituyente.
- El acuerdo -firmado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la presidenta de la CC, María Elisa Loncon- establece un protocolo para el ingreso de convencionales a establecimientos penitenciarios, otro para la realización de los cabildos y el compromiso de ambas instituciones para generar las “condiciones óptimas para la participación efectiva e incidencia de las personas privadas de libertad que decidan, voluntariamente, ser parte del proceso constituyente mediante su participación en los cabildos penitenciarios”.
- Los cabildos se realizarán en 38 recintos penitenciarios: Arica, Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Copiapó, Vallenar, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Quillota, Isla de Pascua, Santiago Sur, San Miguel, San Joaquín, Santiago I, Colina I, Puente Alto, Talagante, Rancagua, Santa Cruz, Talca, Cauquenes, Chillán, Biobío, Concepción, Yumbel, Temuco, Angol, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Coyhaique, Puerto Aysén y Punta Arenas.
