- El momento que atraviesa la Convención es, a lo menos, complejo. Yan han pasado 9 meses desde su instalación y en todos y cada uno de ellos, ha tenido que ir a contrapelo de las sucesivas campañas de desprestigio, como sortear los errores propios y sus autogoles, lo que en la práctica ha jugado en contra de comprender el intrincado sistema de debate y votación, eclipsando muchas veces el extenso trabajo realizado, los plazos que se han cumplido y las etapas que se han superado.
- Es cierto que los constituyentes, tanto en las comisiones como en el pleno, han trabajado -sobre todo el último mes- de lunes a sábado, sin pausa, en largas y agotadoras sesiones hasta tarde en la noche, debatiendo y votando artículos para la propuesta de nueva Constitución. De hecho, entre los propios constituyentes reconocen que el cansancio está pasando la cuenta y está mermando el clima interno.
- Pero, además, el sistema de trabajo no es fácil de seguir y comprender, tanto, que pocos recuerdan o saben que ya hay 161 artículos en el borrador de la nueva Constitución. Entre lo que se aprueba en las comisiones, lo que vota el pleno, las dos oportunidades extras que tienen cada norma rechazada por más de la mayoría para ser reformulada, es difícil separar la paja del trigo. Si a eso se le suma lo que dice cada convencional públicamente y a lo que pone acentos en sus redes sociales, más las agendas personales, la obsesión identitaria de algunos colectivos y la estrategia de bloqueo de la derecha más dura, lo menos que se puede esperar es que la evaluación ciudadana sea adversa, crítica y que no se comprenda bien lo que se está elaborando.
- Otro factor no menor, es que muchos temas sensibles y que sí hacen sentido en la ciudadanía, como los principales derechos sociales, aún no se votan, y exceptuando casos aislados como los reproductivos, descentralización y a la identidad, buena parte de la discusión -las funciones de la Cámara Territorial, el Poder Judicial, el Banco Central- es más sensible para la elite, que copa los medios de comunicación cuestionando casi todo.
- No por nada, esta semana la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, recalcó que “cuando tengamos el borrador será más simple comunicar, porque no habrá procesos intermedios, sino va a estar lo definitivo y eso será más sencillo de llevar a todas las personas, con las cosas mucho más claras que con los procesos que tenemos ahora”.
- En los últimos días han circulado una tras otras distintas encuestas, todas de diversa calidad y metodología que solo coinciden en algo: la opción del Rechazo en el plebiscito de salida ha ganado terreno (9 puntos según Criteria de 21% al 30%), empata con la alternativa del Apruebo (39% /38% en Tu Influyes) o lisa y llanamente, ya lo supera (44% en Feedback).
- Sobre este punto, el propio Presidente, Gabriel Boric, hizo un llamado a los constituyentes: “A buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro, y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas. Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora, para modificar lo que haya que modificar. Y yo tengo una profunda confianza en la Convención. Respeto su autonomía y, a la vez, no pretendo ser indiferente”.
- Mucho tiempo no le queda a la Convención Solo tres meses. Esta semana ya comenzó a correr la prórroga legal a la que podía recurrir por una sola vez la Convención, para terminar su mandato el 4 de julio y ese día, entregar al Presidente, Gabriel Boric, la propuesta de nueva Constitución. El Gobierno ya fijó la fecha del plebiscito de salida, el de septiembre. El reloj corre implacable para la Convención.
El flanco comunicacional.
- Ha sido la mayor debilidad de la Convención estos 9 meses. No solo por las dificultades para difundir el trabajo y los aciertos, sino que nunca se ha podido contrarrestar la estrategia de la derecha más dura, que semana a semana cambia de foco. El discurso de la “casa de todos” ha permeado con fuerza en los medios de comunicación, el filibusterismo -163 indicaciones subsidiarias en un solo pleno para retrasar el proceso- ha mermado la eficacia del trabajo y las permanentes denostaciones y provocaciones de convencionales como Teresa Marinovic o Rocío Cantuarias, encuentran terreno fértil en sus pares de la Coordinadora Plurinacional o Pueblo Constituyente, que responden todas con nuevos embates.
- Durante marzo, la mesa de la Convención, liderada por Quinteros y el vicepresidente, Gaspar Domínguez, desplegó un intento de difusión masiva: una cadena de televisión semanal para informar sobre el trabajo realizado y aclarar dudas. Así, el punto de prensa de ambos los miércoles en la mañana ahora es transmitido por la televisión abierta, donde exponen los énfasis que quieren destacar y responden preguntas contingentes.
Ajustes del cronograma.
- El fantasma de no poder cumplir el plazo del 4 de julio para entregar el borrador, ha llevado a la necesidad de ajustar más de una vez el cronograma de trabajo, precisamente para optimizar el tiempo lo más posible, como cuando en el verano se decidió postergar las semanas territoriales.
- Así, el 25 de marzo el pleno aprobó -141 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones- nuevas modificaciones: se alargó el tiempo de trabajo de las comisiones temáticas hasta el 29 de abril (debían concluir el día 13) y se postergó para el 17 de mayo, el inicio de la Comisión de Armonización, que estará integrada por 40 convencionales -elegidos vía patrocinio- que deberán revisar, corregir y darle coherencia al borrador de nueva Constitución.
- La propuesta fue de la mesa y fue previamente conversada con los coordinadores de las siete comisiones temáticas y también, con representantes de todos los colectivos que integran la Convención.
- Hasta el 29 de abril las comisiones podrán sesionar los días lunes y de martes a viernes siempre que no se realicen sesiones de pleno; tienen hasta el 8 de abril para entregar los informes de bloques temáticos pendientes (primeras propuestas), y entre el día 18 y hasta el término del plazo, se deberán abocar a los informes reemplazo y segundas propuestas, que implican las normas que ya fueron rechazadas en general o particular por el pleno y deben ser reformuladas. La mesa tendrá facultades para extender extraordinariamente el tiempo de trabajo de todas o una en particular, más allá del 29.
- Con este nuevo orden, el cronograma precisa que el lunes 16 de mayo se podrá presentar al pleno el borrador de la nueva Constitución, para que desde el día siguiente la Comisión de Armonización inicie su tarea. Tendrá 28 sesiones de trabajo en doble jornada, cada una de 4 horas, salvo los lunes que lo hará solamente en la mañana y los viernes, solo en la tarde. El término de su trabajo quedó establecido para el jueves 9 de junio y la presentación de su informe ante el pleno para ese lunes 13. Entre el martes 14 y el sábado 16, se podrán presentar indicaciones.
- Luego viene la elaboración del compilado, para que los días 23 de junio, viernes 24, martes 28 y miércoles 29 (hasta total despacho), el pleno vote las propuestas de armonización e indicaciones. Con este esquema, el cronograma fijó el lunes 4 de julio la fecha de la ceremonia oficial para la entrega de la propuesta final de nueva Constitución al Presidente Boric.
El filtro de los 2/3
- El quorum de 2/3 del pleno (103 votos) para aprobar las propuestas de normas y que estas pasen al borrador de nueva Constitución, fue un punto resistido en sectores de la Convención, especialmente desde el PC a la izquierda. Hubo más de un intento por querer modificarlo que no llegó a puerto.
- Desde que se comenzaron a votar los primeros informes, quedó demostrado que el umbral de votos requerido ha servido de filtro para obligar a las comisiones a revisar sus propuestas, morigerar el tono, hacerlas más realistas y buscar consensos amplios.
- Fue lo que pasó con la comisión de Sistema Político el 19 de marzo. Tras cinco horas de debate y otras cuatro de votaciones consecutivas, solo se aprobaron 3 de los 95 artículos que contenía el informe. Fue más que un revés, porque se trataba de las normas sobre régimen de gobierno, el tipo de Congreso, el sistema electoral y las organizaciones políticas, la llamada “sala de máquinas” del poder en la nueva Constitución, que requiere sí o sí una mirada integral.
- Ese era precisamente el problema, en el informe no había una propuesta, un diseño claro del tipo de sistema político que se quiere plasma, sino que era una mera suma de propuestas de distintos colectivos, en base a diversos acuerdos políticos, sin coherencia y por lo tanto, ninguna chance que el engranaje del poder funcionara adecuadamente.
- Las semanas siguientes, la comisión logró un nuevo acuerdo -respaldado por 17 de los 25 convencionales- con un sistema presidencial atenuado y un bicameralismo asimétrico, en el que se eliminó la figura de un vicepresidente y un supra ministro de Gobierno, junto con aumentar las facultades de la Cámara Territorial. La próxima semana debería someterse a votación del pleno y si bien es posible que más de un artículo vuelve a la comisión para una segunda propuesta constitucional, se espera que el esqueleto de la propuesta pase al borrador.
- Lo mismo pasó con la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. La primera semana de marzo, el 85% del informe -solo 6 normas aprobadas de 40- fue rechazado por el pleno, algo que se sabía que sucedería, porque desde enero que en los pasillos de la Convención se comentaba que el documento se “iba a caer” por el tenor poco realista de las iniciativas.
- Tras varias semanas de trabajo en la comisión, el escenario en el pleno del 26 de marzo fue totalmente distinto. Hubo un cambio de tono y consenso en los nuevos informes que presentó la comisión, porque la tónica fue negociar y ceder, buscar acuerdos transversales para asegurar el quorum de 2/3. Ese día, previó a la votación, el coordinador de la comisión, Juan José Martín (INN), dijo que las nuevas propuestas “son el fruto de los consensos tomados entre todos los colectivos progresistas. Nos sentamos absolutamente todos en una mesa a lograr estos consensos, y eso tiene que reflejarse en el voto”. Así fue.
El borrador
- Dado el distinto grado de avance de las comisiones y el resultado de las votaciones en el pleno, efectivamente aún no hay capítulos completos de la nueva Constitución.
- Pero sí hay 161 normas de distintas áreas que ya han sido aprobadas en el pleno, algunos justo con 103 votos y otros, no pocos, con mayorías más amplias aún. Son los primeros artículos de la propuesta de nueva Constitución.
- En materia judicial, están listas normas como la que señala que “las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes” (133 votos) y el que establece que “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establece esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.
- Sobre el derecho al acceso a la justicia, “la Constitución garantiza el pleno acceso a la justicia a todas las personas y colectivos. Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos” (129 votos).
- De la estructura del Poder Judicial, quedó que “Corte Suprema es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país, que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley” (149 votos) y que las Cortes de Apelaciones “son órganos colegiados con jurisdicción sobre una región o parte de ella, cuya función principal es resolver las impugnaciones que se interpongan contra resoluciones de los tribunales de instancia, así como las demás competencias que establezca la Constitución y la ley” (139 votos).
- El principio de unidad jurisdiccional señala que “los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento, estando sujetos al mismo estatuto jurídico y principios” (129 votos) y que el Sistema Nacional de Justicia “está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema” (130 votos).
- Con otros 111 votos, se visó el artículo 3 que establece que los juezas y jueces “cesan en sus cargos por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción”. Y también, por 135 votos, la autonomía financiera del Sistema Nacional de Justicia, que garantiza que en la Ley de Presupuestos del Estado se desinarán los fondos necesarios para su adecuado funcionamiento.
- Por otros 114 a favor se aprobó que los tribunales de ejecución de penas “velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad, conforme a lo reconocido en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, procurando su integración e inserción social”. Sobre sus funciones habla de “ejecución de penas y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, protección de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley”.
- La justicia vecinal establece que se compone por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecina y que “en cada comuna del país que sea asiento de una municipalidad habrá, a lo menos, un juzgado vecinal que ejerce la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas, que se susciten a nivel comunal que no sean competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito” (111 votos).
- Justicia Feminista. Por 110 votos se aprobó que el sistema de justicia “deberá adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, disidencias y diversidades sexo genéricas, en todas sus manifestaciones y ámbitos”. Agrega que “el Consejo de la Justicia deberá asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la administración de justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminación en la administración de justicia”.
- El Consejo de la Justicia “es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial”, que estará a cargo “del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad” (113 votos). Sobre sus atribuciones, el pleno aprobó (117 votos a favor) la de nombrar, “previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia”.
- En materia de Medio Ambiente, se aprobó el artículo que consagra que “la Naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad” (110 votos) y que “son principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa” (115 votos).
- También que “es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica” (133 votos); que los animales son “sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato” (106 votos) y que “el Estado protege la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción” (104 votos).
- En la Forma del Estado, se aprobaron las asambleas regionales, las que deberán fiscalizar los actos del Gobierno Regional según el procedimiento establecido en el Estatuto Regional (114 a favor); fiscalizar los actos de la administración regional (139 votos); y solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su participación en el Consejo de Gobernaciones (146 votos a favor); “aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional, el Plan de Desarrollo Regional y los Planes de Ordenamiento Territorial (119 votos); aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificación del Consejo Territorial, la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales (106 votos); dictar las normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional (109); e iniciar el trámite legislativo ante el Consejo Territorial en materias de interés regional (110 votos).
- Las asambleas también podrán “concurrir, en conjunto, con el gobernador regional, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes” (112 votos); ejercer “la potestad reglamentaria de ejecución de ley cuando esta lo encomiende y dictar los demás reglamentos en materias de competencia de la región autónoma”; y “solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de interés de la Región Autónoma respectiva, en conformidad a la ley”.
- En materia de derechos, se consagra que “las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente”.
- Se aprobó el artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos que comprenden, entre otros, el de “decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción” (113 votos) y que el Estado debe garantizarlos “sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones” (108 votos).
- El derecho a la privacidad establece que “ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio del derecho a la privacidad salvo en los casos y formas que determine la ley. Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento sólo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley, salvo las hipótesis de flagrancia” (124 votos). Agrega que “toda forma de documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión sólo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en la forma y para los casos específicos que determine la ley”.
- Otro derecho consagrado es “al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas” (112 votos).
- Por otros 133 votos a favor, el pleno aprobó que “el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna medida podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio”.
- También está en el borrador la norma que “prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará las medidas de prevención, sanción y erradicación de la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas, y de protección, plena restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas” (105 votos).
- Con 146 votos se aprobó la norma que consagra que “toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada”.
- Con 106 votos, pasó al borrador la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía para “los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión, desaparición forzada, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que estos “no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación”.
- También está consagrada la “libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Ninguna religión, ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza” (150 votos), las personas “podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto; mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado” (146 votos) y se “reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano” (121 votos). Además, “las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley. Respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Éstas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley” (111 votos).
- El derecho de propiedad consagra que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica” (132 votos). Y sobre la expropiación, podrá “ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador” (107 votos).
- Otro artículo ya en el borrador es la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas: “Toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza” (104 votos), “el contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores” (105 votos) y “las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables” (108 votos).
- Sobre los medios de comunicación, se aprobó que se impedirá su concentración, que el Estado debe garantizar que “en ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos” (108 votos) y que fomente “la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario” (113 votos). Además, “debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa” (119 votos).
- Con 126 votos, se aprobó el artículo que resguarda que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” y que
“no existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley” (144 votos).
- El estado deberá promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información (113 votos) y todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia, lo que significa que “el Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas” (104 votos).
- En materia política, en el borrador de la nueva Constitución ya está que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado” (115 votos) y el el reconocimiento constitucional de los pueblos “Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley” (110 votos).
- Estos pueblos “tienen derecho al pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales. En especial, a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado” (104 votos).
- Y “es deber del Estado Plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares” (111 votos).
