Este lunes se constituyó la comisión mixta que debatirá el proyecto “para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país (Boletín 13823-06), luego que la Cámara rechazó en general el proyecto.
El presidente de la comisión, Carlos Bianchi (IND), explicó que la idea de llevar el actual proyecto a esa instancia es poder avanzar en establecer de una vez la autonomía regional, “no vamos a negarnos a discutir temas que son de la mayor controversia. Anhelo que la posición que hoy nos muestra el gobierno no sea la posición que tenga el Presidente de la República cuando se reúna con los gobernadores. (…) Espero apertura, dialogo y encontrar acuerdo”.
En la sesión el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, declaró que el gobierno considera “fuera de toda lógica de buena fe” la negativa de la Cámara a la idea de legislar. “No estamos disponibles a buscar un acuerdo que después sea desconocido en la Cámara y nos quedemos sin ley, por eso proponemos mantener el proyecto aprobado en el Senado”, dijo la autoridad del Ejecutivo.
Si bien el objetivo es resolver las diferencias entre ambas Corporaciones, los senadores gremialistas Luz Ebensperger y Claudio Alvarado, coincidieron en que el debate debe estar enfocado exclusivamente en los articulados aprobados en el Senado. “Me parece que no se pueden crear falsas expectativas. (…) no estoy para incluir materias nuevas, no me parece que sea esta mixta y este proyecto -que es una ley corta- la instancia para solucionar temas de fondo”, aseguró Ebensperger. El proyecto de ley corta de descentralización busca avanzar en el adecuado proceso en las regiones. Esto luego que las autoridades regionales asumieran en julio pasado y se diera cuenta de las dificultades que han tenido para desarrollar sus programas de gobierno y, en particular, con el delegado presidencial. El texto pretende definir, lo relativo a las “competencias”; establecer un procedimiento de seguimiento y evaluación de estas, y la revocación por ley. Asimismo, crear un procedimiento que resuelva las cuestiones de competencias que puedan surgir a partir del nuevo procedimiento, entre otras materias. Y, finalmente, establecer al gobernador como superior jerárquico de directores de servicios públicos regionales.
