Durante el martes pasado, la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados en torno al proyecto que reforma la normativa vigente en la Ley Antiterrorista (Boletín N.° 16224-25), inició sus trabajos con un intenso debate. En dos sesiones consecutivas, los parlamentarios, el Ejecutivo, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública intercambiaron opiniones sobre los puntos más controvertidos de la iniciativa.
Entre los temas más álgidos se encuentra la regulación de la interceptación de comunicaciones, y si bien ambas cámaras coinciden en la necesidad de esta herramienta para combatir actos de terrorismo, existen divergencias respecto a los alcances de la tecnología Imci Catcher y las garantías para proteger la privacidad de los ciudadanos.
La posibilidad de que este sistema intercepte los metadatos de una amplia cantidad de dispositivos ha generado preocupación entre algunos parlamentarios, quienes consideran que se trata de una medida excesivamente intrusiva. En contra parte, el Gobierno defendió la necesidad de contar con esta herramienta para investigar delitos complejos y aseguró que existen mecanismos para garantizar que la información obtenida se utilice de manera adecuada y eliminada una vez que haya cumplido su propósito.
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Otro punto en disputa es el cambio de jurisdicción en los casos de delitos terroristas. El Ejecutivo propuso que esta materia sea abordada en el proyecto de ley sobre “Fiscalía Supra territorial” (Boletín N.º 16.850-07), mientras que algunos legisladores consideran que debe ser resuelta en el marco de la reforma a la ley antiterrorista.
Lo que se viene en futuras sesiones de la comisión
En la última sesión de la Comisión Mixta, se logró un acuerdo respecto a la inclusión de dos disposiciones relativas al cumplimiento de las dos terceras partes de las penas para acceder al beneficio de libertad provisional, un tema que había quedado pendiente en la tramitación del proyecto.
Se espera que en la sesión de la próxima semana, la Comisión continúe trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo entre parlamentarios y Ejecutivo sobre los puntos en los que aún existen diferencias, con el objetivo de avanzar en la aprobación de esta reforma que busca derogar la ley vigente N.° 18.314.
