Esta semana el Senado aprobó y despachó a la Cámara el proyecto de ley que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes (Boletín 11778-04).
La norma que fue presentada por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Yasna Provoste (DC), José García, Juan Ignacio Latorre (RD), tiene por objetivo el ahorro económico de las familias, al obligar a los sostenedores educacionales, tanto de los establecimientos particulares pagados como de los particulares subvencionados, a cambiar los textos escolares provistos por el Ministerio de Educación, solo si hay acuerdo con los Centros de Padres y Apoderados. La excepción se da solo en caso de cambio de las bases curriculares que determina el ministerio.
El presidente de la comisión de Educación, senador Jaime Quintana (PPD), explicó que, durante el estudio del proyecto, se confirmó la “enorme diferencia de precios de los textos escolares que se entregan por el Ministerio y aquellos que se venden en el mercado, con una calidad similar”.
En su intervención en la sala, el senador de RN José García Ruminot, respaldó este hecho y aseguró que la Fiscalía Nacional Económica ha detectado que “hay enormes diferencias de precio de los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación y aquellos que se comercializan en el mercado, llegando a más de 10 veces de diferencia, que son los que, en muchos casos, deben adquirir los padres y apoderados, siendo que la calidad de ellos es, básicamente, igual”.
La norma pasa a la Cámara para seguir con el segundo trámite legislativo.
