La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
La iniciativa, además, crea una inhibición para las principales autoridades del país, impidiéndoles ejercer su cargo si presentan dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para ello, se efectúan modificaciones a la Ley de Drogas, al Código Orgánico de Tribunales y a las leyes orgánicas constitucionales del Congreso Nacional, de Bases Generales de la Administración del Estado, de Gobierno y Administración Regional, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público y del Banco Central de Chile.
El proyecto contó con 110 votos a favor, 11 en contra y 18 abstenciones en sus normas generales y 122 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones en lo relativo a las normas de quórum de ley orgánica constitucional, la normativa —cuyo contenido fue dado a conocer por el diputado Sebastián Torrealba (RN) en representación de la Comisión de Constitución— pasará ahora a su segundo tramite constitucional en el Senado.
Diferentes perspectivas sobre el combate al narcotráfico
En el debate, si bien las y los legisladores estuvieron de acuerdo en la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, no hubo consenso respecto a si este proyecto de ley era la vía correcta para ello. En ese marco, algunos parlamentarios sostuvieron que la iniciativa ataca a los consumidores en vez de ir en contra de los grandes traficantes a la vez que reclamaron falta de apoyo a la prevención y la rehabilitación.
Otro punto controvertido fue el planteamiento de despenalización del consumo de determinadas drogas para enfocarse en el tráfico. En ese sentido, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) enfatizó en que se debe legislar una política que legalice las drogas para así terminar con este delito, agregando que todas las otras normas que se gestionen son “parches”.
Otras normas contenidas en el proyecto de ley
- Se modificarán las leyes orgánicas de Partidos Políticos y sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral con el fin de regular el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, prohibiendo, por ejemplo, recibir aportes de personas naturales respecto de las cuales se hubiese formalizado una investigación por delitos relacionados con el narcotráfico.
- Se enmendará la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios para prohibir que sean candidatos a ninguna elección popular quienes se encuentren formalizados por delitos relacionados con el narcotráfico.
- Se agravarán las penas por usar a menores de edad para la comisión de un delito y se sancionará a quienes administren drogas sin el consentimiento de la persona.
- Se amplía el catálogo de quienes deben estar inscritos en los registros relacionados con precursores o sustancias químicas que pueden ser usadas para la fabricación ilícita de estupefacientes o drogas.
Todas las disposiciones impuestas en esta normativa deberán ser actualizadas dentro de tres meses, contados desde la publicación de la ley.
