La Sala de la Cámara aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora la cual estará encargada de estudiar las responsabilidades políticas en torno al acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta 2060. Además, la comisión examinará la compra de pertenencias de la mina Salar Blanco en Maricunga que realizó la cuprífera estatal.
Entre medio de esta discusión, se dio a conocer en la prensa que varios parlamentarios recibieron mensajes de representantes de Codelco, quienes insistían en conversar con ellos respecto a la realización de esta Comisión. Respecto a esto, en redes sociales se dieron a conocer mensajes que recibieron por Whatsapp, para concretar estas reuniones, lo que fue considerado un acto de obstrucción a la labor legislativa, sin embargo, a pesar de los intentos, la Comisión será una realidad.
Los fundamentos para solicitar la creación de la comisión investigadora plantean una falta de transparencia. Los solicitantes afirman que desconocen las razones concretas por las que el directorio de Codelco decidió no llamar a licitación para definir la empresa asociada en la explotación de litio desde enero de 2031. Tampoco existe información sobre si el directorio de Corfo conoció y se pronunció sobre este tema en una sesión formal con acta.
Los diputados señalan que solo han conocido versiones parciales y cambiantes del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Codelco ni Corfo han remitido copias de acuerdos de directorio sobre este tema a la Comisión de Minería de la Cámara. Tampoco han entregado información que justifique el descarte de una licitación en favor de una negociación a puerta cerrada con SQM, pese a la solicitud formal de varios diputados.
Decisión trascendental
Si bien SQM, Codelco y el Gobierno han insistido en que el acuerdo beneficia al Estado, han surgido dudas que exigen una aclaración. La decisión sobre el futuro del Salar de Atacama, la mayor reserva mundial de litio, representa la decisión más trascendente de este gobierno y, probablemente, la más importante para el Estado de Chile en décadas, debido a sus implicancias sociales, económicas y ambientales. Los solicitantes de la comisión enfatizaron la necesidad de actuar con transparencia, priorizando el interés general del país.
