La Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) llamó a la Cámara Baja y al Senado a constituir a la brevedad la Comisión Bicameral, instancia aprobada el 6 de enero de 2025,-por 76 votos a favor, 19 en contra y 17 abstenciones- y cuya finalidad original era “abocarse al estudio de una reducción del gasto público y de un Estado más eficiente y responsable”.
Si bien, el 21 de enero el Senado ratificó la solicitud de la formación de la Comisión, ésta aún no se constituye y, a la luz de las recientes denuncias de la Contraloría General de la República, en torno a las licencias médicas fraudulentas, desde la oposición plantean que urge activar la Comisión Bicameral.
LOS RECIENTES ANTECEDENTES DE LA CONTRALORÍA
Según el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero en 2023 y 2024, a pesar de estar con licencia médica y 250 doctores del sector público fueron descubiertos realizando partos en recintos privados. A esto se suma el cobro de hasta $11 millones anuales en horas extras al interior del gobierno.
Desde la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente declararon que “la iniciativa surgió en respuesta a la grave situación fiscal y presupuestaria que enfrenta el país y la necesidad de avanzar en un gasto público más eficiente, transparente y reorientado hacia las reales necesidades de los chilenos, como la seguridad y el crecimiento económico”.
Asimismo, plantean que, entre las medidas que deberían ser, al menos analizadas por la Comisión Bicameral, se encuentran: una reestructuración profunda de los ministerios sectoriales y servicios públicos, la suspensión de los programas mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas y la implementación de un sistema de evaluación de las leyes que irroguen un gasto.
Según los parlamentarios de la UDI, “a partir de los graves hechos denunciados por la Contraloría General de la República, urge discutir -en la misma Comisión Bicameral- una serie de propuestas, tanto legislativas como administrativas que permitan reformar el sistema de licencias médicas en el sector público, estableciendo no sólo mecanismos de fiscalización más estrictos, sino que sanciones más eficaces que impidan su uso fraudulento y abusivo”. Añaden que “es impostergable una reforma al Estatuto Administrativo, agilizando las etapas y plazos de los sumarios administrativos, terminando así con las garantías excesivas que dificultan las desvinculaciones oportunas de quienes han incurrido en prácticas irregulares”.
Además, indicaron que en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, es imprescindible fortalecer las capacidades técnicas y económicas de la Contraloría General de la República, de tal modo que puedan seguir ejerciendo con mayor eficiencia y eficacia su rol fiscalizador.
UN ESCENARIO QUE HACE AÑOS ES COMPLEJO
Hay que señalar que se destina más del 1% del PIB, al pago de licencias médicas, debido al aumento exponencial que ha exhibido esta prestación en los últimos años. Entonces, todo peso mal gastado en licencias médicas es un peso menos para la salud de los chilenos.
Un estudio –de 2024- realizado por Cajas de Chile -gremio que reúne a las cuatro cajas de compensación existentes en el país- y el Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Universidad San Sebastián realizaron un estudio con el objetivo de profundizar en el uso de las licencias médicas. Algunas de sus conclusiones fueron: hay un alto uso del instrumento, un 69% de los encuestados afirmó que ha solicitado una licencia médica en los últimos 12 meses. Un 52% aseguró saber que otra persona ha recibido permiso fraudulento y otro 39% sostuvo que haber obtenido uno era fácil.
El estudio también develó que el 56% de los encuestados indica que existe abuso en el uso de licencias médicas por parte de los trabajadores. De ese total, un 45% cree que son pocos quienes mal utilizan el sistema, mientras que un 11% dice que es una práctica extendida. Además, 41% de los encuestados manifiesta saber que hay médicos que otorgan permisos fraudulentos y un 30% piensa que los doctores incentivan el mal uso de la licencia.
Si bien, el 21 de enero el Senado ratificó la solicitud de la formación de la Comisión, ésta aún no se constituye y, a la luz de las recientes denuncias de la Contraloría General de la República, en torno a las licencias médicas fraudulentas, desde la oposición plantean que urge activar la Comisión Bicameral.
LOS RECIENTES ANTECEDENTES DE LA CONTRALORÍA
Según el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero en 2023 y 2024, a pesar de estar con licencia médica y 250 doctores del sector público fueron descubiertos realizando partos en recintos privados. A esto se suma el cobro de hasta $11 millones anuales en horas extras al interior del gobierno.
Desde la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente declararon que “la iniciativa surgió en respuesta a la grave situación fiscal y presupuestaria que enfrenta el país y la necesidad de avanzar en un gasto público más eficiente, transparente y reorientado hacia las reales necesidades de los chilenos, como la seguridad y el crecimiento económico”.
Asimismo, plantean que, entre las medidas que deberían ser, al menos analizadas por la Comisión Bicameral, se encuentran: una reestructuración profunda de los ministerios sectoriales y servicios públicos, la suspensión de los programas mal evaluados por la Dirección de Presupuestos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas y la implementación de un sistema de evaluación de las leyes que irroguen un gasto.
Según los parlamentarios de la UDI, “a partir de los graves hechos denunciados por la Contraloría General de la República, urge discutir -en la misma Comisión Bicameral- una serie de propuestas, tanto legislativas como administrativas que permitan reformar el sistema de licencias médicas en el sector público, estableciendo no sólo mecanismos de fiscalización más estrictos, sino que sanciones más eficaces que impidan su uso fraudulento y abusivo”. Añaden que “es impostergable una reforma al Estatuto Administrativo, agilizando las etapas y plazos de los sumarios administrativos, terminando así con las garantías excesivas que dificultan las desvinculaciones oportunas de quienes han incurrido en prácticas irregulares”.
Además, indicaron que en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, es imprescindible fortalecer las capacidades técnicas y económicas de la Contraloría General de la República, de tal modo que puedan seguir ejerciendo con mayor eficiencia y eficacia su rol fiscalizador.
UN ESCENARIO QUE HACE AÑOS ES COMPLEJO
Hay que señalar que se destina más del 1% del PIB, al pago de licencias médicas, debido al aumento exponencial que ha exhibido esta prestación en los últimos años. Entonces, todo peso mal gastado en licencias médicas es un peso menos para la salud de los chilenos.
Un estudio –de 2024- realizado por Cajas de Chile -gremio que reúne a las cuatro cajas de compensación existentes en el país- y el Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Universidad San Sebastián realizaron un estudio con el objetivo de profundizar en el uso de las licencias médicas. Algunas de sus conclusiones fueron: hay un alto uso del instrumento, un 69% de los encuestados afirmó que ha solicitado una licencia médica en los últimos 12 meses. Un 52% aseguró saber que otra persona ha recibido permiso fraudulento y otro 39% sostuvo que haber obtenido uno era fácil.
El estudio también develó que el 56% de los encuestados indica que existe abuso en el uso de licencias médicas por parte de los trabajadores. De ese total, un 45% cree que son pocos quienes mal utilizan el sistema, mientras que un 11% dice que es una práctica extendida. Además, 41% de los encuestados manifiesta saber que hay médicos que otorgan permisos fraudulentos y un 30% piensa que los doctores incentivan el mal uso de la licencia.
