La Sala despachó a segundo trámite el texto que determina un reajuste salarial de 4,9%, el cual se pagará en tres etapas y llegará a su máximo en junio del próximo año. El proyecto seguirá su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado.
El proyecto de ley (boletín 17286), fue aprobado por la Cámara de Diputados con 101 votos a favor y 8 en contra. Contempla en su punto central, un incremento total de 4,9% para los trabajadores del sector público, el cual se pagará en tres etapas. Particularmente, los salarios para el sector se incrementarán a contar de diciembre de 2024, en un 3,0%. Luego, se efectuarán nuevas alzas a contar del 1 de enero y 1 junio de 2025. Estas serán de un 1,2% y 0,64%, respectivamente. Con ello se completa el mencionado 4,9% total.
La iniciativa incluye el aguinaldo de fiestas patrias, así como los tradicionales aguinaldos de navidad y de septiembre del sector pasivo. También, los bonos de escolaridad y vacaciones, los que se ajustarán vía IPC. Estos beneficios se incorporan desde este año de manera permanente. Anteriormente se incluían año a año en cada proyecto de reajuste.
En cuanto a montos, se incluye un bono de aguinaldo de navidad de $68.685 pesos para todos aquellos funcionarios públicos que durante noviembre de 2024 hayan recibido una remuneración líquida inferior a $1.025.662. Para quienes perciban una renta líquida mayor a ese monto, el bono será de $36.427. Dentro de la discusión, el ministro Mario Marcel destacó que este es el tercer año que se logra un re ajuste al presupuesto junto a la Mesa de Trabajo del Sector Público, y catalogó como un triunfo para el sector, la incorporación de aguinaldos, bonos de vacaciones y escolaridad, junto otros beneficios de manera permanente.
Costos y magnitud del proyecto:
En términos de cifras, el reajuste aprobado beneficiará a un total de 930.918 funcionarios activos del sector público. Respecto al sector pasivo, serán 1.833.234 pensionados los que recibirán un aumento en sus ingresos. Respecto a esta materia, la normativa también contempla la ampliación hasta los 75 años para ejercer una función pública, que comenzará a regir en 2027.
Según consta el informe financiero aprobado por la Cámara, el costo contemplado para la ejecución de este proyecto es de $357.182 millones el año 2024; de $2.016.914 millones el año 2025; y de $1.892.800 millones en régimen.
Respecto a la magnitud y costos de este proyecto, diputados oficialistas y de oposición mantienen una mirada distinta, y esto fue lo que encendió la discusión, cabe destacar que este proyecto contó con solo 8 votos en contra. El diputado Luis Sanchez (P. Republicano) sostuvo que “El funcionario público ha recibido los últimos años todos los reajustes a través de la crisis económica en la que nos tiene este gobierno. Los trabajadores del sector privado han sufrido una precarización de su economía como no se veía hace años. Seguir profundizando estas diferencias entre chilenos es absolutamente insensible”.
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Discusión en la Cámara y futuro del proyecto
Gran parte de las intervenciones de los parlamentarios fueron en apoyo del proyecto de ley, se reconoció la labor pública y se valoró que el Gobierno y los trabajadores llegaran a un acuerdo en torno al reajuste.
El diputado Jaime Naranjo (ex PS) valoró positivamente el proyecto, asegurando que “en nuestro país, a pesar de las dificultades y problemas que tenemos, estamos aprobando un reajuste de salario para los funcionarios públicos que no solamente les permite recuperar el poder adquisitivo, sino que también aumentar sus ingresos reales”.
En la misma línea que el ministro Marcel, los diputados señalaron que avanzar en materia de bonos y otros beneficios de carácter permanente era una iniciativa necesaria de implementar. En este marco hubo una mención especial a la incorporación de una asignación especial para Carabineros de Chile y se llamó a extenderla también a la PDI. De igual modo, se pidió entregar un aporte permanente a las viudas e hijos/as de mártires de dichas instituciones.
El ministro Mario Marcel anticipó que el bono para Carabineros entregado en esta ley es un paso transitorio hacia una norma definitiva. Respecto al caso de la PDI, señaló: “es un mecanismo de transición a una propuesta más permanente sobre un mecanismo para reconocer el desempeño en la función policial. Así que no quepa duda que esa propuesta va a estar dentro de pocos meses”.
