El martes 3 de diciembre pasado, el Senado aprobó el informe elaborado por la Comisión Mixta que establece la creación del Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N.º. 14.614-07) institución que estará destinada a coordinar el trabajo conjunto de las fuerzas de orden y seguridad: Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. Tras ser aprobado por la Cámara Alta, el proyecto de ley deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados en la votación de este miércoles.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró el apoyo de los parlamentarios al proyecto, y señaló “esta iniciativa lleva varios gobiernos intentando ver la luz. Ha habido auténticos esfuerzos en distintos momentos, pero no han logrado, en definitiva, dar resultado. Y hoy estamos ad portas”, luego de que el Senado aprobó el informe de la comisión.
“Hay muchas otras reformas que se podrían hacer para mejorar la institucionalidad. Este proyecto es un paso positivo en ese sentido, porque vamos a darle a la seguridad una institución dedicada exclusivamente a ello y con muchas innovaciones respecto a un ministerio tradicional”. Añadió.
Para convertirse en Ley, el proyecto será votado por la Cámara de Diputados durante este miércoles 4 de diciembre. Al ser ratificado por la cámara revisora, el proyecto quedará despachado a ley y el Ministerio de Seguridad Pública se hará una realidad, convirtiéndose en uno de los logros más importantes para el legado del Gobierno, y en particular, de la ministra del Interior.
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Cuál será el rol de la institución
La nueva cartera ministerial propone la unión de Carabineros, la PDI, Gendarmería, además de otras instituciones públicas y privadas bajo una misma estrategia, con el objetivo de diseñar e implementar programas más eficientes en materia de seguridad.
A nivel regional, el nuevo ministerio establecerá equipos especializados que trabajarán de manera coordinada con las policías locales. Cada región contará con un Seremi de Seguridad Pública, encargado de liderar estos equipos y de implementar medidas específicas para combatir la delincuencia en sus respectivas zonas. El Delegado Presidencial Regional será quien tendrá la facultad de instruir al Seremi a actuar ante cualquier alteración del orden público.
Definiciones del Ministerio en el Proyecto de Ley
En el proyecto de ley, se define al futuro Ministerio de Seguridad Pública de la siguiente manera: “Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, la protección de las personas en materias de seguridad, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias”.
En cuanto a la labor conjunta que deberá desarrollar Carabineros y PDI, el proyecto establece que las fuerzas de orden y seguridad “en su calidad de instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes dependerán del Ministerio de Seguridad Pública y ya no del Ministerio del Interior.”
Según estipula el proyecto de ley, las funciones de este nuevo ministerio serán “planificar, diseñar, formular, coordinar, sancionar, supervisar y evaluar las políticas, planes y programas relativos a las materias indicadas en el inciso precedente, y a las relacionadas con atención y asistencia a víctimas”.
Disconformidad de los Gobernadores Regionales
La iniciativa no ha estado exenta de polémica y desacuerdos. Un grupo de gobernadores regionales se reunió con la ministra para señalar su disconformidad con la norma, la cual entrega mayor poder a los delegados presidenciales. Esto debido a que serán ellos los encargados de coordinar esta materia con los Seremi de Seguridad de cada región. A juicio de los gobernadores, la reforma debilita el proceso de descentralización.
Tohá aseguró que “hay un debate pendiente de cómo terminar de resolver materia de descentralización, pero no le pidamos al proyecto de ley del Ministerio de Seguridad que resuelva ese tremendo debate. No es el lugar para zanjarlo y es necesario zanjarlo”. Además, señaló que “el Gobierno no es partidario de que la seguridad pública se descentralice”. Desmarcándose de la discusión y los puntos presentados por la organización de Gobernadores Regionales.
