- Lo anunciaron la semana pasada y así se lo notificaron a los delegados de Chile Vamos y republicanos la semana pasada. Las bancadas oficialistas formalizaron ante la Corte Suprema un reclamo por cinco enmiendas que crean nuevos capítulos al anteproyecto constitucional sobre FFAA, Seguridad y Defensoría de las Víctimas.
- Las enmiendas reclamadas son dos de Republicanos y Chile Vamos para crear un capítulo sobre “Defensa nacional” para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; y otras dos de los mismos autores sobre Seguridad, donde republicanos propone un acápite de “Paz, orden y seguridad interior” y Chile Vamos uno de “Seguridad Pública”. La última enmienda cuestionada es la de RN-Evópoli, sobre para la Defensoría de las víctimas.
- El escrito tiene 37 páginas y fue firmado por 14 consejeros de todos los partidos: Julio Ñanco, José González, Paloma Zúñiga, Kinturay Melin, Alihuén Antileo, Christian Suárez, Alejandro Köhler, Marcela Araya, Jocelyn Ormeño, María Pardo, Yerko Ljubetic, Nancy Márquez, Karen Araya y Fernando Viveros.
- Será alegado por el abogado William García.
- Durante este lunes, la Corte Suprema sorteó entre sus integrantes a los cinco ministros que serán parte de la comisión que deberá analizar y resolver el reclamo. Quedó integrada por los jueces Arturo Prado, Andrea Muñoz (pdta), Jorge Dahm, Mario Carroza, y María Cristina Gajardo.
- Este martes, la comisión resolverá sobre la admisibilidad del reclamo. Si lo acogen, se debe solicitar un informe al Consejo Constitucional, que tiene un plazo de dos días para responder, para proseguir con una audiencia pública para los alegatos. Todo el proceso no puede exceder los 10 días hábiles.
- Esta es la primera vez que la Corte Suprema es involucrada en el proceso constitucional. Si bien durante el desarrollo de la Convención entre 2021 y 2022 la derecha evalúo la opción en varias ocasiones, nunca la concretó.
- Argumentos. El oficialismo precisó en su reclamo que estas cinco enmiendas son una “infracción a las normas establecidas en los artículos 71 y 72 del Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional (en adelante ‘el Reglamento de Funcionamiento’) y 152 de la Constitución Política de la República, provocando un vicio esencial, que afecta la posibilidad de la deliberación democrática en el consejo, en tanto sólo podemos aprobar o rechazar el texto propuesto, sin que éste pueda ser objeto de enmiendas por parte de los reclamantes».
- Agrega el reclamo que el reglamento del Consejo «no contempla la presentación de enmiendas que contengan propuestas de capítulos distintas a las fijadas por la Comisión Experta, debido a que el reglamento aseguró la debida discusión y deliberación democrática de cada una de las propuestas».
- Se señala que “la presentación intempestiva y con infracción a las normas de procedimiento de capítulos nuevos, nos impide poder participar con nuestras propuestas de norma, no pudiendo intervenir en la deliberación sobre el contenido normativo de estas. De este modo, se nos ha dejado en la posición de limitarnos solo a aprobar o rechazar el texto propuesto en las enmiendas antes señaladas por quienes infringieron las normas de procedimientos, sin posibilidad de ser modificadas. Este es el perjuicio que provoca el vicio antes señalado, debiendo anular S.S. Excma. los actos individualizados».
- Un punto relevante del reclamo es la consideración que “los capítulos no tienen carácter normativo en sí mismos: no son normas, en tanto no prescriben ni constituyen nada. Se trata, más bien, de elementos de organización interna de un texto jurídico, en virtud de los cuales se agrupan las normas, bajo ciertos títulos que anuncian su contenido”.
- Clima tenso. El reclamo oficialista a la Suprema no es un tema menor, se concretó justo en medio de algunas conversaciones para tratar de instalar una mesa de negociación sobre las 1.069 indicaciones, cuyo proceso de debate formal votación en las cuatro comisiones temáticas se inicia este martes 1 de agosto y se prolonga por todo el mes.
- Oficialismo insistió que el reclamo no debería romper el diálogo, porque la aclaración jurídica que hará el máximo tribunal del país es necesaria para avanzar.
- Pero en la derecha igual no cayó bien. Tras lamentar el hecho, el delegado de republicanos, Luis Silva, dijo que todos en la campaña hablaron de la Constitución de la seguridad y que ahora no se explica por qué “el oficialismo propone, a través de un mecanismo judicial, sacar de la estructura de la Constitución aquellos capítulos que tienen por objeto propio y específico la seguridad de las personas en Chile». Añadió que este reclamo refleja “la escasa, por no decir nula sintonía del oficialismo con uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy que es la seguridad”.
- Desde RN-Evópoli, su delegada, Pilar Cuevas, hizo el punto sobre las conversaciones en desarrollo para lograr acuerdos y que, en ese contexto, le sorprende la decisión del oficialismo. «No se condice con las conversaciones que hemos estado teniendo este tiempo. Nosotros no vamos a descansar en defender esos capítulos, porque están en plena sintonía con la ciudadanía (…) la voluntad de conversar sigue absolutamente vigente, eso no se ha abandonado por ninguna de las bancadas”.
- Los consejeros oficialistas hicieron un punto de prensa pasado el mediodía. Ahí, Yerko Ljubetic (CS), se hizo cargo de las críticas de la derecha sobre la importancia de los temas de seguridad: “Pensar que esto se resuelve mejor vulnerando el reglamento, presentando capítulos, es un gesto absolutamente populista, no va a haber ningún delito menos porque el tema de la seguridad haya sido tratado por la vía de un capítulo”.
